miércoles, 24 de enero de 2018

Una solución política

Por Luis Manuel Aguana

En una escena de la extraordinaria producción cinematográfica “El Patriota”  (“The Patriot” en idioma original), cuando se debatía en una asamblea en Charleston, Carolina del Sur, ir a la guerra o no con los ingleses para independizar a los Estados Unidos, Benjamín Martin, el personaje protagonizado por Mel Gibson, se oponía a ir a la guerra con los ingleses. Dijo claramente: “Esta guerra no se peleará en las fronteras ni en los campos apartados, la batalla vendrá a nosotros. Los niños la verán como es de cerca y muchos de ellos morirán…”. La participación de los ciudadanos en esa guerra se terminó imponiendo y Martin tuvo que meterse de lleno, perdiendo a dos de sus hijos en ella, no porque él la buscara sino porque la guerra lo encontró a él. No quería la guerra pero no pudo hacer nada para evitarla.

La llamada “Masacre del Junquito” donde perdieran la vida el ex Inspector del CICPC Oscar Pérez y su grupo de la resistencia armada en contra del régimen de Nicolás Maduro a manos de los cuerpos de seguridad del régimen y un colectivo armado de la parroquia “23 de Enero”, ha desatado una reacción en cadena inesperada por el régimen, pero también la exacerbación hacia una salida violenta de esta pesadilla que ya lleva casi 20 años.

Ya muchos venezolanos creen que no existen soluciones distintas a la violencia para acabar con este grave estado de cosas en Venezuela. La creación de una matriz de opinión que apunta a la multiplicación de grupos semejantes a los que organizó Oscar Pérez van precisamente en el sentido de una “solución” violenta del conflicto que se nos presenta ante un régimen que pretende sojuzgar al pueblo venezolano mediante el uso de la fuerza. Es claro que al régimen ya no le queda otro camino que masacrar a los opositores a fin de imponerse y mantenernos a todos en un estado de pánico porque ellos usufructúan inconstitucionalmente el poder. De eso se trata una dictadura.

Sin embargo, algunos venezolanos no nos dejamos llevar por esa amenaza para argumentar que la solución de este conflicto no puede ni debe seguir por el camino que el régimen trata de imponer que no es otro que el de la violencia desatada. En el terreno de la violencia ellos llevarán siempre la ventaja porque ilícitamente disponen a su antojo de la violencia del Estado, que por su propia naturaleza debe ser ilimitada porque sobre ella debe descansar el cuido final de los ciudadanos. Pero al estar la violencia institucional en las manos de un régimen forajido, el resultado es el que vimos el 15 de enero en El Junquito.

¿Por qué razón creen ustedes que los conflictos que se dan en el mundo se tratan de resolver desde la arena política? Porque apartando la secuela de muerte que trae el no hacerlo, la solución violenta no es duradera. Siempre queda alguien descontento cuando la imposición es por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón. Y es por eso que la convención general es que quienes detentan las armas institucionales en todo el mundo deben estar subordinados al poder civil y no al revés. Esa es la gran conquista de la civilización.

Pero cuando, como en nuestro caso, las cosas se voltean y se salen de control quedando la violencia institucional al mando de quienes tienen un comportamiento delictual, una de las reacciones naturales más comunes de la gente es solucionar el problema con más violencia, cuando precisamente transitar ese camino es tratar de apagar un fuego con gasolina.

Sin embargo el problema lo tenemos todavía. ¿Cómo solucionarlo sin acudir a la violencia? ¿Es posible una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral del problema? El régimen tiene de rehén a la institución del voto, que es el instrumento fundamental de resolución de conflictos en democracia. Sin un voto administrado por una entidad independiente y no controlada por el gobierno, se desnaturaliza su finalidad y en lugar de ser un instrumento de resolución de conflictos, se convierte en el elemento más útil del autoritarismo para legitimar el secuestro institucional del país.

Lamentablemente el grado de degradación moral e institucional al que ha llegado la oposición oficial hace que el régimen juegue con ellos al ejercicio electoral permanente a su antojo, trayéndolos a ese terreno a su discreción y bajo sus condiciones. Los venezolanos presenciamos de nuevo un llamado ilegal a unas elecciones presidenciales con unas condiciones en las cuales el gobierno tiene todas las de ganar de nuevo, alargándose así el sufrimiento de un pueblo que no ve cómo “salir” de este desgobierno sin hacer uso de la violencia.

La dirigencia política venezolana ha sido incapaz de parir una solución de estadistas capaz de conducir a la población indignada fuera de esta tragedia, subrogándose una vez más a los designios de una dictadura que usa el voto para atornillarse en el Poder. Son ellos los primeros en hablar de primarias y precandidaturas para “competir” en una elección arreglada, bajo la rectoría de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué puede salir de allí? Claramente más hambre y desesperanza para los venezolanos.

¿Qué podemos hacer los venezolanos? ¿Ir a votar por ese fraude ya cantado? ¿Concurrir a ese carnaval electoral que ha tapado una masacre de la que todavía los venezolanos no se sobreponen? Es hora de escuchar otras soluciones que salgan del seno de las instituciones más respetadas de la sociedad y que ya se están dando a conocer.

De la Exhortación de los Obispos venezolanos en la Conferencia Episcopal Venezolana en ocasión de la celebración de su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria realizada el 12 de Enero(http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/273-exhortacion-de-la-cev-en-ocasion-de-celebrar-su-cix-asamblea-ordinaria-plenaria-dios-consolara-a-su-pueblo-isaias-49-13), extraemos este punto de una extraordinaria importancia en esta hora aciaga donde los venezolanos no saben que hacer:

“6. Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71). Si se negara este derecho o se entorpecieran las iniciativas para concretarlo, sólo quedarían dos posibilidades: pérdida definitiva de la libertad, con todas sus consecuencias, o acciones de resistencia y rebeldía contra el poder usurpador. Es el pueblo organizado quien tiene la última palabra. En unión con la mayoría de los venezolanos anhelamos que la dirigencia política y la sociedad civil presenten un proyecto de país creíble y realizable.”

Ya la Iglesia Católica venezolana señaló un rumbo posible. ¿Por qué no lo recorremos? Queda de nosotros en la sociedad civil instrumentar esa solución asumiendo nuestra responsabilidad como sujeto social con capacidad para cristalizar esa iniciativa. Ya lo hicimos una vez el 16J-2017. Ahora debemos mejorar sustantivamente esa experiencia, pero esta vez garantizando su efectivo cumplimiento. El cómo hacerlo es perfectamente posible pero hay que trabajar inteligentemente por ello.

Eso es lo que se llama una solución política al problema y es lo que espera de nosotros desde hace rato la comunidad internacional para poder canalizar la ayuda que desean darnos fervientemente. Desde fuera los gobiernos amigos no nos enviarán armas para resolver este conflicto. Y aquellos que apuestan por una salida violenta alargarán amargamente el sufrimiento de la población. Hay que apurarse, no esperemos que la guerra nos encuentre a nosotros porque no hicimos nada para evitarla…

Caracas, 24 de Enero de 2018

Twitter:@laguana