jueves, 30 de agosto de 2018

El carnet de una patria secuestrada

Por Luis Manuel Aguana

En el momento de la efervescencia de los movimientos de calle del 2014 escribí una nota que titulé “País Secuestrado” (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2014/04/pais-secuestrado.html). Recibí algunas invitaciones de medios de comunicación de radio y televisión para explicar esa nota, en la que comparaba a Venezuela con una vivienda secuestrada por una banda de delincuentes y se presenta una situación de rehenes. Cada personaje en esa trama tenía un rol y un comportamiento: los secuestradores, la familia secuestrada, los policías afuera y los vecinos de la casa.

En aquel entonces, hace 4 años cuando di cuenta de este secuestro, decía que consideráramos que Venezuela era “la casa donde vivimos y un día dejamos entrar pacíficamente a unos individuos porque pensábamos que iban a ayudarnos a arreglar nuestra casa. Al pasar el tiempo los individuos se adueñaron de la casa y lo relegaron a usted y a su familia a un solo cuarto e instauraron reglas draconianas para comer, usar el baño y circular por la casa”. Pues bien, el secuestro no ha terminado y por el contrario se ha profundizado con herramientas sofisticadas para la dominación de los dueños de la casa.

Esas herramientas producto de la utilización impropia de la tecnología para el control de las personas, se ha sofisticado cada día que pasa, al no resolverse todavía el problema político del país. Los secuestradores poco a poco, y haciendo uso de la fuerza han obligado a punta de pistola a hacer que la gente haga lo que desean para mantenerse en el control de la situación, valiéndose de los instrumentos de vigilancia y control más sofisticados de la era tecnológica en la que vivimos, lo que les ayuda muchísimo a continuar en el poder. Es en ese contexto que debemos analizar el uso de una tarjeta que ha ido evolucionando hasta convertirse en eso que llaman “Carnet de la Patria”.

Comencé al dar cuenta de este fenómeno en el 2013 (ver Más allá del racionamiento electrónico, en
http://ticsddhh.blogspot.com/2013/06/mas-alla-del-racionamiento-electronico.html): "El gobierno al hacer un uso intensivo de estas herramientas para incidir en la vida de las personas sin el debido control ciudadano, como existe en otras partes del mundo-menos en Venezuela-, nos deja solo a nosotros, los técnicos, con alguna responsabilidad ética de no permitirlo, en la medida de nuestras posibilidades. Pero de permitirlo, los expertos se hacen cómplices. Ya hemos publicado de la inexistencia en Venezuela del Derecho de Autodeterminación Informativa y que es en cierta medida la causa por la cual los gobiernos pueden hacer uso indiscriminado de la información de los ciudadanos (ver Censo 2011 y el Derecho a la Autodeterminación Informativa en http://ticsddhh.blogspot.com/2011/08/censo-2011-en-venezuela-y-el-derecho-la.html)".

Sin embargo, la oposición no tomo debida cuenta de la advertencia.  El régimen continuó su labor de araña tejiendo una red que dura mucho en tejer envolviéndonos en ella a todos los venezolanos.  Los políticos deben entender que no se le pueden dar largas a este problema. Y eso es lo que están haciendo ahora los Diputados en la Asamblea Nacional al no tomar las decisiones que el país les reclama. Un minuto que pasa, un minuto en el que perdemos más de nuestros derechos. De allí que no se puede seguir esperando.

Al año siguiente 2014 volví sobre el tema (ver Control del Racionamiento o de la Insurrección,  en http://ticsddhh.blogspot.com/2014/03/control-del-racionamiento-o-de-la.html): "Como ya lo había señalado el año pasado, con un gobierno que ha demostrado hasta la saciedad ser criminal, retaliativo y practicante abierto del apartheid político, todos los venezolanos deberíamos estar muy preocupados porque se cruce esa base de datos de compras con la muy triste célebre Lista de Tascón y de la importancia de evitar que esto se desarrolle.¿Por qué el régimen anuncia esa tarjeta ahora? ¿Por qué se profundiza el esquema cubano en este preciso momento? Alguno pudiera decir que la crisis económica, de la que por cierto son ellos los responsables,  les obliga a racionar y controlar la venta de los productos de primera necesidad. Pero por la experiencia y los golpes recibidos desconfiamos que ese sea el único propósito de este sistema".

Y en efecto ese no fue su único propósito.  Ahora pretenden controlar quien puede cobrar su pensión que con todo derecho los trabajadores pagaron durante su vida laboral,  quien puede comprar gasolina, quien puede o no disponer de su dinero desde el exterior, y en el futuro quien puede o no puede hacer cualquier cosa en esta prisión en que se ha convertido Venezuela.

Ante las innumerables reacciones preguntándose que hacer con esto, las respuestas no son fáciles.  El régimen va cercando los pocos espacios de libertad restantes y la gente está empezando a entender que aquí hay un régimen autoritario que pretende gobernar sobre lo más íntimo de su vida personal.  Algo que yo ya advertía al negarme a censar en el 2011 (ver Porque no les abriré mi puerta, en http://ticsddhh.blogspot.com/2011/07/porque-no-abrire-mi-puerta.html), y en el 2013 al negarme a votar y colaborar a partir de ese año con un sistema electoral corrupto, hasta que retornara el Estado de Derecho y tengamos elecciones auténticas en Venezuela (ver Porque no les daré mi voto, en http://ticsddhh.blogspot.com/2013/11/porque-no-les-dare-mi-voto.html).

En esas ocasiones, tome una decisión personalísima, sin recomendarle a nadie que hacer. Cada venezolano debe tener una posición clara en relación a cómo proceder frente a lo que el régimen hace y actuar en consecuencia.  Mi posición ha sido y seguirá siendo la misma: Resistencia Civil frente a estos delincuentes.

Debemos tomar decisiones basándonos en el hecho que estamos secuestrados, y en situación de resistencia a los secuestradores, a la espera de una ayuda que debería aparecer pronto y de alguna forma. Es posible que la policía afuera decida entrar o no, pero mientras tanto, no cooperaré como rehén con los delincuentes que irrumpieron en mi casa, ni me echaran de ella porque es mi herencia de más de 200 años.

Es también posible que impidan que cobre una pensión que yo pagué y a la que tengo derecho, así sea poco.  Pero al igual que en una situación de rehenes nadie pensó que ocurriría, pero ocurrió; y todo el que coopere no ayuda a que termine el secuestro. Y si eso ocasiona que no cobre mi pensión, porque no suscriba ese "carnet" que viola mis derechos, eso lo consideraré la agresión que reciben los rehenes que no cooperan con los secuestradores, y contra los que seguiré luchando con lo único que manejo: ideas y convicciones. Eso si será imposible que me lo arrebaten.

Caracas, 30 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana

lunes, 27 de agosto de 2018

Ni un minuto más

Por Luis Manuel Aguana

A una semana del Acuerdo realizado en la Asamblea Nacional en relación a la sentencia realizada por el TSJ legitimo condenando a Nicolás Maduro Moros a 18 años y 3 meses de prisión, los venezolanos nos quedamos esperando que pasara algo, y paso lo que algunos esperábamos: NADA. La Asamblea Nacional muy hábilmente ratifico la decisión de enero del año pasado relativa al famoso “abandono del cargo” de Nicolás Maduro, Acuerdo sobre el que nunca iniciaron los  procedimientos correspondientes.

Emplazaron a los organismos de seguridad a cumplir con los Acuerdos de la Asamblea Nacional, reiteraron que está roto el orden constitucional, confirmaron que existe un vacío de poder en Venezuela, e instaron a iniciar una consulta con “todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo ordenan los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tal y como fuera reiterado en la consulta popular del 16 de julio de 2017.” (ver Acuerdo del 21 de Agosto de 2018, Ratificación de la decisión de la AN de declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros sobre su responsabilidad penal por hechos de corrupción, en http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-la-decision-de-la-asamblea-nacional-de-declarar-el-abandono-del-cargo-de-nicolas-maduro-moros-y-sobre-su-responsabilidad-penal-por-hechos-de-corrupcion-vinculados-a-la-empre).

Quedaron bien con todo el mundo, y de manera gatopardiana cambiaron los argumentos de antes pero para que todo quedara igual que el 9 de enero de 2017: congelado. La diferencia radica en que la situación política del país del 9 de enero de 2017 era muy diferente a la del 21 de  agosto de 2018, fecha del último Acuerdo. ¿Qué esperanza podemos tener los venezolanos que pase algo distinto, con un nuevo Acuerdo ratificatorio del que se hizo el 9 de enero de 2017, si hasta ahora no ha pasado nada con el Acuerdo de esa fecha? ¿Será que nos vieron cara de estúpidos?

¿Podía la Asamblea Nacional ratificar el “abandono del cargo” de Nicolás Maduro al 21 de agosto de 2018, cuando se había producido una elección presidencial inconstitucional en fecha anterior, el 20 de Mayo de 2018, que invalidaba completamente cualquier acto que realizara Maduro al juramentarse ante un ente ilegítimo? ¿Podía ignorarse que se habían convocado inconstitucionalmente unas elecciones a través de una ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, que no existía en enero de 2017?

El año pasado la Asamblea Nacional pudo perfectamente convocar al entonces Vicepresidente de la Republica Tarek El Aissami a que asumiera el cargo como Presidente o decidir acerca de su doble nacionalidad, como consecuencia del Acuerdo de Abandono del Cargo, para que este llamara a elecciones en los siguientes 30 días consecutivos, porque para esa fecha se estaba en los primeros 4 años del mandato constitucional, tal y como reza el Artículo 233 constitucional. Si el Vicepresidente lo ignoraba, la Asamblea debía tomar las decisiones a las que hubiera lugar para subsanar el vacío correspondiente. Ese era el procedimiento a seguir y deliberadamente lo ignoraron para perjuicio de los venezolanos.

El Acuerdo de la Asamblea Nacional del 21 de Agosto de 2018 pretende dejar en el limbo la designación de un Gobierno en sustitución del actual, con el peregrino argumento de la “imposibilidad” de poder llevar a cabo esa designación al detentar el régimen el poder de facto. Nada más lejano a la realidad. Independientemente que su designación no llevara un nuevo Presidente a Miraflores, era obligación constitucional de la Asamblea Nacional designarlo, de acuerdo a la Sentencia del 2 de julio de 2018 del TSJ legítimo:
                        
“SEGUNDO: Se impone a este Tribunal en cumplimiento del mandato supremo de asegurar la integridad de la constitución y el orden en ella establecido (artículo 334 del texto magno) poner fin al desorden institucional que reina actualmente en el Estado, el cual, en caso de extenderse, pudiera atentar contra las bases fundacionales de nuestra República; por lo que, LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por aplicación extensiva en la línea de suceder en el cargo de Presidente de la República, en virtud de la evidente falta absoluta que rodea actualmente la Presidencia de la República y la renuncia tácita en que incurrió el Vicepresidente Ejecutivo al optar por otro cargo público indebidamente asignado, QUE DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER APARTE DEL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUPRA MENCIONADO, PROCEDA A LLENAR EL VACIO CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales, previo nombramiento de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, depuración y actualización del Registro Electoral y Voto Manual, entre otras condiciones mínimas necesarias, ajustado en todo, a lo ordenado en la  sentencia de la Sala Electoral de este Máximo Tribunal de fecha 13/06/2018, Expediente SE-2018-001.” (ver Sentencia del TSJ-L declarando la Falta Absoluta en la Presidencia de Venezuela y decreta URGENCIA de llenar el vacío de poder conforme a la Constitución de la República, en el Twitter oficial del TSJ-L en https://twitter.com/TSJ_Legitimo/status/1014611587745886211) (subrayado nuestro).

Es sumamente importante el punto “hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales” de acuerdo “a lo ordenado en la sentencia de la Sala Electoral” de fecha 13 de junio de 2018: esto es básicamente el nombramiento de Rectores legítimos, Depuración del Registro Electoral, y Voto Manual.  Nada más lejano a la conveniencia del gobierno ni de su oposición.

Aun si ese gobierno nombrado resultara perseguido, su legitimidad seguiría siendo incuestionable. Es exactamente el mismo caso cuando la Asamblea Nacional designó a los Magistrados legítimos el año pasado. Fueron perseguidos, pero eso no impidió que fueran designados, en sustitución de los Magistrados “express”, nombrados ilegalmente por la pasada legislatura presidida por Diosdado Cabello, en diciembre de 2015, porque esa era la obligación de la Asamblea Nacional.

Igualmente los nuevos Magistrados no pudieron ni llegar a su sede porque el gobierno desató una cruel persecución y cárcel para ellos. Entonces ¿cuál es el juego ahora? ¿Por qué no designar un nuevo Gobierno? ¿Es porque sería igualmente perseguido por el régimen? ¡No me digan! Aunque pudieron tomar previsiones para eso, no tenían intenciones de hacerlo porque los más fuertes (AD y compañía) ya tienen compromisos con el régimen de llegar al proceso electoral con el gobierno para el próximo diciembre. El tema para estos partidos no es cambiar a Maduro sino convivir con él y dar el chance a todos para llegar a diciembre para una nueva fiesta electoral, mientras todos nos morimos de hambre tratando de comprar comida con una moneda que cada día vale menos que el anterior y los venezolanos huyen en masa del país. Eso es criminal.

El escenario ahora es diferente de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional declino la designación de un Gobierno, y aun mucho mas diferente que cuando el pueblo se lo volvió a solicitar en la Consulta Popular del 16 de julio de 2017. Ahora hay una sentencia condenatoria a Nicolás Maduro Moros por corrupción propia y legitimación de capitales, que amerita no solo la urgencia de cubrir ese vacío constitucional de cara a la Comunidad Internacional, sino la de resolver de manera inmediata una situación de gravedad extrema de la economía y una crisis humanitaria con implicaciones de éxodo masivo de la población. Ahora más que nunca se justifica un Gobierno que urgentemente asuma la responsabilidad de tomar las decisiones que comiencen a resolver, con auxilio del continente, la situación crítica que padecemos los venezolanos, así no despache desde Miraflores, sino fuera del país.

No dudo que saldrá alguno a decir que si no es desde Miraflores no se puede gobernar. Y yo les diría que el TSJ legítimo está produciendo sentencias de validez incuestionable, como la sentencia de Maduro, y no están en la sede de Tribunal Supremo de Justicia en la Avenida Baralt. Esa insistencia de la Asamblea Nacional de auto limitarse porque “no se puede gobernar desde Venezuela” deja indefenso de una manera criminal al pueblo al que dicen representar. Pues bien, cuando los órganos del Poder Público se niegan a reconocer las demandas de los ciudadanos, tenemos el derecho legítimo de defendernos y concurrir a los órganos jurisdiccionales para solicitar lo que se nos niega.

A partir del 21 de Agosto de 2018 la Asamblea Nacional y la mayoría de las fracciones políticas que la conducen, decidieron por razones de su conveniencia –y no la del pueblo al que representan- alargar indefinidamente un problema que requiere de una atención inmediata, desatendiendo el grito de urgencia del país. Los venezolanos no podemos esperar ni un minuto más para que comiencen a llegar las soluciones y parar la destrucción de Venezuela. Desde el  28 de junio de 2018, un grupo de ciudadanos entre los que me honra participar, concurrimos al TSJ legítimo para solicitar la urgente designación de un Gobierno de Emergencia Nacional (ver solicitud completa en https://tinyurl.com/y7x87ldb) para comenzar a darle solución a los problemas que los venezolanos padecemos. Los Tribunales no están para decidir por sí solos una situación política sino a requerimiento de los ciudadanos impartiendo justicia. Y esa es la que ahora esperamos del TSJ legítimo. Ahora ellos tienen la palabra.

Caracas, 27 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana

jueves, 23 de agosto de 2018

Los empresarios y la lección de la dictadura

Por Luis Manuel Aguana

Luego de las medidas económicas anunciadas, el régimen de Maduro volvió por sus fueros a intentar amarrar los precios de la comida. Después de quitarle 5 ceros a los montos de todas las cuentas bancarias de la población económicamente activa, en lugar de tomar medidas que incidieran directamente sobre las causas que ocasionan la abrasadora hiperinflación que nos azota, el régimen se fue a controlar precios. En otras palabras, vuelta al comienzo del ciclo. Pretenden que después de 90 días el sector privado pague un salario mínimo impagable que el régimen dice que cancelará al comienzo, pero que las empresas no pueden pagar porque carecen de la maquinita de fabricar billetes.

Me hizo acordar del famoso chiste que cuenta la reacción de un capitalista, un fascista y un comunista ante la infidelidad de sus esposas. El primero la golpea, el segundo la mata pero el tercero se va a protestar ante la embajada de los Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo los comunistas que manejan la economía de Nicolás Maduro, siguen culpando a la “guerra económica” del imperio. Quieren hacerle creer a la población que poniendo presos a los gerentes de supermercados u obligando a los empresarios de la producción a colocar un precio obligado, eso controlará la inflación.

Mientras tanto por 90 días los venezolanos tendrán la ilusión de haber “incrementado” su salario mínimo de un solo golpe a 30 dólares, cortesía de los payasos del circo de magia económica del régimen de Maduro. Ya comenzaron mal diciendo que pagarán las pensiones en tres partes a partir de septiembre y que las empresas deberán registrar sus nóminas para que la diferencia del salario mínimo del actual al nuevo (180 millones de Bolívares fuertes o 1800 Bolívares soberanos) fuera pagada por el régimen a través del Carnet de la Patria durante los primeros 90 días. Es claro que en ese lapso los empresarios estarán sacando las cuentas para deshacerse de los empleados o cerrar sus empresas. De no hacerse algo diferente no pasara mucho tiempo para que esos ceros vuelvan de nuevo a crecer.

“En la mayoría de las mesas de trabajo entabladas entre el Gobierno nacional y empresarios, para la discusión de precios de 25 productos de la canasta básica, no se alcanzaron acuerdos, según indicó el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.” (ver Panorama, El Presidente de Fedecámaras aseguró que la mayoría de precios de productos no fueron acordados, en https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Presidente-Fedecamaras-aseguro-que-la-mayoria-de-precios-de-productos-no-fueron-acordados-20180823-0026.html).

Pero los precios aun sin acordar fueron publicados en la resolución N° VSE-001-2018 de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397 con fecha del martes 21 de agosto (ver Contrapunto, Se acabo la espera: los 25 productos con precios acordados en bolívares soberanos, en

De acuerdo a esa nota, empresas muy importantes como Arroz Cristal, La Lucha, Industrias Diana, Coposa, Central Azucarero El Palmar, Pastas Capri, Pastas Sindoni, la Corporación Venezolana de Café, Cargill de Venezuela y Alimentos Polar acordaron con el régimen, aun en contra de la estructura de sus costos, como lo dio a entender el Presidente de Fedecámaras. ¿A qué se está jugando aquí? ¿Están estos importantes empresarios aceptando la imposición del régimen asumiendo en su estructura de costos una diferencia que destruiría a sus empresas, o están haciéndole el juego a Maduro aceptando un subsidio inflacionario para la producción alimentaria? En cualquiera de los dos casos la situación es perversa y muy peligrosa.

Esto nos pone aquí en una discusión compleja y a la vez muy delicada: ¿Hasta que punto los empresarios están sosteniendo al régimen? ¿Cuál es el límite al que se puede llegar para darle continuidad a una situación imposible de sostener? Nadie como los empresarios para saber que en un régimen comunista no existe la posibilidad de supervivencia de la empresa. La propiedad privada no tiene cabida en esta forma de visualizar las relaciones económicas entre las personas. Entonces, ¿Por qué darle oxigeno al régimen para seguir alargando el sufrimiento de la gente? Han expropiado, humillado y arruinado al sector privado, y destruido más de la mitad del PIB de este país en 5 años. Seguir produciendo con lo que queda para que esta gente se siga enriqueciendo a costillas de los alimentos de la población, porque son ellos los que han encarecido brutalmente la cadena de distribución alimentaria a través de sus mafias bachaqueras, es poco menos que suicida.

Algunos de ellos podrán argumentar amenazas como expropiaciones o cárcel para los empresarios o que es necesario seguir produciendo porque hay mucha necesidad en Venezuela. Todo eso es verdad, pero todas esas razones pudieron ser validas al comienzo de esta tragedia que ha llegado en la actualidad a niveles insostenibles. Hoy por hoy ya estamos en una disyuntiva de vida en la que se debe decidir si o son ellos o somos nosotros. En esto hay una extraordinaria componente ética y moral que cada empresario debe sopesar muy al interior de su propia situación. Si no lo pierde hoy, con seguridad lo perderá dentro de muy poco mañana.

Franklin Brito hizo una indeclinable huelga de hambre que le costó la vida porque le expropiaron su finca y no se doblegó con los sobornos que le ofreció el régimen (ver El Estímulo, Franklin Brito, la inmortalidad cumple 7 años
http://elestimulo.com/climax/franklin-brito-la-inmortalidad-cumple-siete-anos/). De la misma manera, en una faceta poco conocida de empresario, le fue expropiada igualmente al ex Embajador Diego Arria su hacienda productora “Las Carolinas” por su abierta oposición al régimen. Este lugar  producía “2,500 litros diarios de leche, cuenta con unas 250 cabezas de ganado, tiene unas 80 hectáreas de sembradíos y genera 30 empleos directos” (ver Confiscan hacienda a crítico de Chávez, en https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2004973.html). Y así, las más de 200 mil empresas que se han esfumado en los últimos 20 años son un cementerio demasiado escandaloso para que los empresarios miren para otro lado. Todos hemos llegado al llegadero, y de eso no se pueden escapar los empresarios que todavía quedan, quienes tarde o temprano se verán obligados a enfrentar la situación.

No es la primera vez que los empresarios creen que a través de una dictadura pueden sobrevivir. En un excelente trabajo que relata la situación empresarial de España en la época de Franco se destaca: “Aquellos que pensaban que la dictadura traería el ansiado orden para los negocios, se encontraron con un Estado autoritario, protector, de partido único, intervencionista y dispuesto a sacrificar el desarrollo y el bienestar de la población en aras de su consolidación. La política económica fue diseñada por un gobierno militar, que se reservó una capacidad de intervención superior a la de etapas anteriores, transformando la tradicional vinculación entre el mundo de los negocios y el de la política…” (ver Empresarios y política en la dictadura de Franco
https://www.jstor.org/stable/41325087, Dictadura y Empresarios, pág. 149). En Venezuela no está ocurriendo nada diferente con esta dictadura, incluso peor, ya que en un sistema comunista el sector privado tiene los días contados.

Pero no será hasta que los empresarios “aprendan la lección de la dictadura” cuando las cosas comiencen a cambiar, como efectivamente cambiaron en 1958. Así lo afirmó el Ex Presidente Don Rómulo Betancourt en una histórica entrevista realizada por Carlos Rangel y Sofía Imber en su extraordinario programa de las mañanas, “Buenos Días”, en 1978. Decía Don Rómulo: “…Y además algo muy importante: además de las fuerzas obreras que siempre habían estado dentro de su sindicato militantemente luchando por la democracia, el 58 hubo una toma de conciencia del sector empresarial. Entonces el sector empresarial que ya había aprendido también la ruda lección de los 10 años de dictadura, entonces cooperó en la formación de ese gran frente democrático. Las Fuerzas Armadas también habían aprendido la lección de la dictadura. Una dictadura que hablaba en nombre de las Fuerzas Armadas pero de la cual se beneficiaban el dictador, una pequeña camarilla de incondicionales suyos en uniforme y una vasta cauda de civiles, de contratistas, de abogados, de ingenieros, y el tal gobierno de las Fuerzas Armadas era un gobierno del dictador y de una camarilla de aprovechadores…” (ver Sofia Imber y Carlos Rangel entrevistan a Rómulo Betancourt, en https://youtu.be/_ZlZm5Uxg00 min 10:30).

Cuando los verdaderos empresarios, aquellos que anteponen los principios sobre los bolsillos, aprendan esa “lección de la dictadura”, al separar la paja del trigo, diferenciándose plenamente de esa “vasta cauda de civiles, de contratistas” y “camarilla de aprovechadores” del régimen que mencionaba Betancourt, podrán dar un paso adelante en la recuperación definitiva de la libertad en Venezuela. Sin el concurso de ellos, el régimen nunca podrá subsistir…

Caracas, 23 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana