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martes, 12 de septiembre de 2017

El discurso de Arria

Por Luis Manuel Aguana

Ciertamente en otras oportunidades he reseñado las permanentes intervenciones que ha hecho el Embajador Diego Arria, ex Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, en relación a la tragedia política, social y económica que aqueja a los venezolanos, ya que sin lugar a dudas, en mi modesta opinión, Arria se ha convertido en el mejor embajador ante el mundo de la causa por la libertad en Venezuela.

Sin embargo en esta oportunidad, el Embajador Arria dio definitivamente un paso adelante y mas allá de ese rol, luego de su discurso en el Palacio de las Naciones en Ginebra el 11 de septiembre, al darle respuesta a la intervención del Canciller del régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU quien ha acusado de mentir, no solo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino a todos los venezolanos, por el informe publicado por el ACNUDH el 30 de agosto (ver Venezuela acusa a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de mentir
http://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-acusa-oficina-derechos-humanos-mentir-201709111317_noticia.html). No creo que exista algún venezolano que de una u otra manera no haya sufrido en carne propia lo indicado por el ACNUDH en ese histórico informe, dejando claramente establecido quien está realmente mintiendo.

Definitivamente el régimen cree que puede engañar al mundo de la misma manera que lo hace en Venezuela su red informativa y de medios públicos secuestrados. La rigurosa investigación realizada por el ACNUDH ya es avalada en todo el mundo y se constituye como prueba de respaldo a las innumerables denuncias realizadas de violación de Derechos Humanos por parte de los principales funcionarios del régimen, comenzando por el mismo Nicolás Maduro.

En el Foro “The Response: The Truth About Human Rights in Venezuela” (La respuesta: La verdad sobre los derechos humanos en Venezuela) auspiciado por UN Watch, una organización independiente reconocida por la ONU con sede en Ginebra, y cuyo mandato es supervisar la actuación de las Naciones Unidas de acuerdo a la propia Carta de las Naciones Unidas, se le dio respuesta a las afirmaciones del Ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Jorge Arreaza Montserrat, habida cuenta que el mismo Nicolás Maduro declinó su participación sin explicación alguna, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esta respuesta fue considerada necesaria y pertinente al ser Venezuela paradójicamente miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, membrecía a todas luces considerada contradictoria e ilegitima dada la actuación del régimen de Nicolás Maduro, y más aun luego del informe presentado al mundo por el ACNUDH. De allí que Julieta López, tía de Leopoldo López, Rosaura Valentini, esposa de Jon Goicoechea y Zahir Mundaraín, ex Fiscal del Ministerio Público venezolano, confirmaran lo señalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe (ver el video de las intervenciones de los ponentes en (https://www.facebook.com/unwatch/videos/10154759904836561/).

Pero más allá de la confirmación de los delitos cometidos -y que aun comete- el régimen, y que fue claramente establecida por las intervenciones de López, Valentini y Mundaraín, el Embajador Arria precisó en su intervención los tres aspectos fundamentales que caracterizan al régimen de Nicolás Maduro como una narco tiranía militarizada, como el mismo Arria la ha bautizado: quienes son, que nos están haciendo y que podemos hacer para remediarlo.

De acuerdo a Arria: a) No estamos en manos de un gobierno, sino de un cartel delictivo. Sus principales representantes han sido señalados por la justicia internacional e impuestos de sanciones por graves delitos: “No existen precedentes en el mundo. Narcos y criminales en pleno control de una nación con la complicidad de generales corruptos y traidores a la Patria, que están sentados sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Representa sin duda la más seria amenaza para la estabilidad de la paz regional. Nunca, nunca en ningún lugar del mundo, el crimen organizado ha tenido semejante poder. Y para vergüenza de la ONU también están sentados en el Consejo de los Derechos Humanos”; b) “El balance del terror y el indescriptible dolor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos… estoy convencido que el uso de la tortura, los crímenes sexuales, y los asesinatos metódicos de civiles desarmados que protestan en las calles equivalen a crímenes de Lesa Humanidad definidos por el Estatuto de Roma…”; c) “¿Qué hace y que puede hacer la comunidad internacional?” : “la iniciativa de la OEA en materia de crímenes contra la humanidad en Venezuela: los tres informes de Luis Almagro, Secretario General de la OEA sobre la grave situación de Venezuela (Mayo 2016, Marzo 2017, Julio 2017) y la decisión de reclutar al ex fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para analizar las denuncias por violación a los Derechos Humanos en Venezuela” (ver Almagro recluta ex fiscal de la Corte Penal Internacional para estudiar denuncias contra gobierno bolivariano

Arria nos informa que “En la OEA de los 35 países, 28 de ellos son signatarios del Estatuto de Roma, y basta que un solo país refiera el caso a la Corte Penal Internacional para que haya la obligación para considerarlo. Esta iniciativa se acelera. Dentro de tres días estarán en Washington en sesión pública víctimas venezolanas de este régimen. Un día después, habrá militares. Hay dos generales venezolanos y un coronel, que van a precisar cuál era la cadena de mando, cual era la manera en cómo operaban las Fuerzas Armadas en la comisión de estos crímenes y delitos. En el tercero habrán ex fiscales, y fiscales en ejercicio y ex jueces y jueces en ejercicio que van a presentar pruebas de cómo se manejaban estas materias para cometer estos delitos. Y finalmente un grupo de especialistas contratados por la OEA bajo un fondo especial van a producir un informe. Ese informe el Secretario General se lo va a entregar al Consejo Permanente de la OEA y lo va a remitir a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que les repito, tiene la obligación de proceder a investigarlo con un solo país. Confío que ese país aparecerá. No cabe duda que el informe del Alto Comisionado de la ONU representa una conclusión importantísima y será por primera vez un hecho sin precedentes, en el cual la organización regional que es la OEA coopere con la cúpula política del mundo que es realmente las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, para presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia al régimen narco militarizado…” (min 58:54 del video de los ponentes mencionado). (Es importante mencionar que el procedimiento ante la Corte Penal Internacional fue explicado en mi nota anterior “Enjuiciados pero no sentenciados” en http://ticsddhh.blogspot.com/2017/09/enjuiciados-pero-no-sentenciados.html).

Además de mencionar su compromiso para llevar a Nicolás Maduro y sus cómplices ante la justicia internacional, y yendo más allá del su condición autoimpuesta de portavoz y defensor internacional de nuestros Derechos Humanos, Arria se revela como el más calificado representante de los venezolanos en el exterior, considerado plenamente legítimo para encarnar ese rol por las organizaciones más importantes de la región (OEA) y del mundo (ONU), para representar nuestro caso, dada su condición única de venezolano, diplomático y ex Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Conociendo la modestia del personaje, es posible que ni él mismo se haya percatado del rol que, sin pretenderlo, le esta correspondiendo jugar en la escena internacional actual por la misma situación a la que ha llegado nuestro país.

La figura de Diego Arria deberá aglutinar de ahora en adelante a todas las fuerzas democráticas que desde el exterior empujan de manera inmediata por la libertad para nuestro país, con el pleno consenso del concierto de las naciones que desean una solución democrática para Venezuela. Esto va más allá de las miserias y mezquindades de la política local y los pseudo liderazgos que en la actualidad la controlan. Y es un hecho sobre el cual deberán pensar los venezolanos ante los próximos acontecimientos políticos que están por venir…

Caracas, 12 de Septiembre de 2017

Twitter:@laguana

viernes, 1 de septiembre de 2017

Enjuiciados pero no sentenciados

Por Luis Manuel Aguana

Todos hemos visto en las películas el momento culminante donde un jurado de “doce hombres justos”, luego de haber oído y examinado las pruebas y las exposiciones del fiscal y la defensa, se retira a deliberar, para luego salir a dar su dictamen de culpabilidad o inocencia de un acusado en un juicio. Si el acusado resulta culpable, entonces le corresponde al Juez dictar sentencia.

Algo así le ha ocurrido al régimen de Nicolás Maduro el día de ayer cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe relativo a la observación de los Derechos Humanos en Venezuela titulado “Violaciones y Abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela de 1 de abril al 31 de julio de 2017” (ver Informe completo en español en http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf).
                                                    
Luego de revisados los hechos y analizadas todas las pruebas y argumentos, el régimen ha sido declarado culpable de violación de Derechos Humanos por “un jurado de 12 hombres justos”, si así podemos llamar a un organismo imparcial internacional como las Naciones Unidas. Aún falta la sentencia del Juez para aquellos a quienes corresponda. Pero eso vendrá después y en otra instancia internacional denominada Corte Penal Internacional. No creo que el régimen este totalmente consciente de la gravedad de la situación y la niega, como nos niega a los venezolanos la mas mínima justicia. O tal vez si lo está y quizás por eso salió a rechazar inmediatamente el informe de la ONU (ver Venezuela rechazó informe de la ONU sobre DDHH en Venezuela, en http://www.eluniversal.com/noticias/politica/venezuela-rechazo-informe-onu-sobre-ddhh-venezuela_665157) pensando que con esa débil argumentación podrá detener lo que viene a continuación.

En este caso, no es a nosotros a quienes deben convencer. Ya el jurado dio su veredicto. Y es un veredicto con el que los venezolanos estamos totalmente de acuerdo porque lo padecimos durante el período de ese Informe, y todavía lo padecemos. Pero eso no es lo importante en este momento. Que el régimen atropelle los Derechos Humanos de los venezolanos es moneda de circulación común en Venezuela. Lo importante es que salgan a la luz pruebas y evidencias certificadas que la comunidad internacional acepte como válidas, porque ahora vienen con el sello del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de este Informe publicado en Ginebra el 30 de Agosto. Esto es lo completamente novedoso y determinante.

Es muy importante precisar que si hay algo que ha sido complicado de demostrar de manera independiente es que los actos que ha realizado el gobierno en contra de los venezolanos son parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”, tal y como lo establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional, como definición de Crímenes de Lesa Humanidad (ver Estatuto de Roma
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Estatuto_Roma.pdf); y eso es lo que este Informe del ACNUDH ha establecido a pesar de lo que el régimen diga.

Ciertamente se han hecho gestiones previas ante la Corte Penal Internacional para acusar al régimen de crímenes de Lesa Humanidad, pero hasta ahora completamente infructuosos (ver Ya son cuatro las denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional http://efectococuyo.com/principales/ya-son-cuatro-las-denuncias-contra-maduro-en-la-corte-penal-internacional). Es por eso que los venezolanos debemos conocer cómo es que ocurren las cosas en el ámbito de ese Tribunal Internacional para poder comprender porque hasta ahora no ha sido posible enjuiciarlos, a pesar de lo evidente de las violaciones de los Derechos Humanos por parte de Nicolás Maduro y los principales responsables de su gobierno.

En primer lugar, no es suficiente con llevar denuncias ante la CPI, por más válidas que estas sean, y esperar que esa instancia se mueva. De acuerdo al Artículo 13 del Estatuto de Roma, son tres los entes competentes para iniciar un proceso en la CPI: a) Un Estado firmante del Estatuto; b) El Consejo de Seguridad de la ONU; y c) el Fiscal de la CPI por oficio “sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte” (Artículo 15.1 Estatuto de Roma) (ver Sobre la instrucción del proceso penal ante el Tribunal Penal Internacional http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_90.pdf).

Hasta ahora, ni un Estado firmante del Estatuto de Roma, ni el Consejo de Seguridad de la ONU, han tenido la iniciativa de llevar nuestro caso a la CPI. Nos queda que lo haga por oficio el Fiscal de la CPI (OTP, Office of The Prosecutor) sobre la base de documentación entregada por denuncias que nosotros generemos, y que este considere suficiente para iniciar la investigación, previa autorización de una instancia de la CPI denominada Sala de Cuestiones Preliminares (SCP).

Entonces, a) si la Fiscalía de la CPI, en este momento a cargo de la Fiscal Principal de la CPI, Fatou Bensouda, se convence de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, debe presentar la petición a la SCP; y b) “Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa (Artículo 15.4)”.

Hasta el día de hoy solo existe un caso venezolano presentado a la consideración de la CPI, pero no ha pasado los filtros arriba descritos. En efecto, lo último procesado por la CPI y publicado en su página en la web fueron algunas denuncias formuladas a partir de julio de 2002 y que no pasaron el examen preliminar de la Corte, por lo cual el caso fue cerrado (ver Caso de Venezuela en https://www.icc-cpi.int/venezuela). Hasta ahora solo existen diez (10) casos bajo examen preliminar en la CPI, sin siquiera haber comenzado la investigación: Afghanistan, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Irak/UK, Nigeria, Palestina, Unión de Comoros, Ukraine (Ucrania) (ver https://www.icc-cpi.int/Pages/Preliminary-Examinations.aspx).

Entonces el camino que tenemos es largo pero no imposible. Hay que convencer a la Fiscal Bensouda que ya se establecieron las premisas del Estatuto de Roma. El hecho que en las conclusiones y recomendaciones el Informe del ACNUDH indique: “El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados…” (Pág. 35), demuestra que el es el Estado el que está aplicando la persecución generalizada y sistemática a la población, lo que se ajusta perfectamente a las premisas de delitos de Lesa Humanidad del Estatuto de Roma; lo que hace a Nicolás Maduro y todos los que movilizaron el aparato represivo del Estado que causaron los muertos, los heridos, los atropellos y las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, sujetos a ser procesados por Delitos de Lesa Humanidad en la Corte Penal Internacional de la Haya. Queda en nosotros hacer valer el veredicto de la ONU y que en definitiva sea el Juez de la CPI el que determine la sentencia.

Caracas, 1 de Septiembre de 2017

Twitter:@laguana

lunes, 23 de noviembre de 2015

La Constituyente como Derecho Humano

Por Luis Manuel Aguana

Una de las facetas menos respetadas de la extraña “colcha de retazos” en que resulto la Constitución vigente, es la de nuestros derechos humanos de naturaleza política. Y digo menos respetadas porque si bien sabemos es uno de los aspectos más atropellados por el régimen, es significativo que resulte ser uno de los más resaltados en todos los convenios firmados por la Republica, en especial aquellos firmados por el difunto Comandante Galáctico.

En efecto, la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, firmada por el Comandante Eterno el 26 de Julio de 2002 (verla en http://www.sice.oas.org/labor/Carta%20Andina.pdf), conjuntamente con los Presidentes de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, paradójicamente después de la masacre de su régimen el 11 de abril, da cuenta de esa locura de proteger afuera lo que atropellaba adentro. En esa Carta se reafirmaba el compromiso de la Carta Democrática Interamericana del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países andinos.

Y otra vez digo “colcha de retazos”, porque si por un lado nuestra Constitución tiene bien definidos los derechos políticos de los venezolanos, también permite un desafuero tan descomunal como la disolución del Poder Legislativo por parte del Presidente de la República (Art. 236.21), actuando como un monarca, en una de las super atribuciones concedidas al personaje que elegimos como un rey constitucional, por ordenes del mismo Comandante Supremo a la mayoría del Constituyente electo en 1999.

Estos desbalances tan pronunciados hacen que, por un lado el régimen se aproveche de esa posición de fortaleza monárquica y autoritaria, y por otro lado hagan que la oposición diga que es la "mejor constitución del mundo".  El peor de los mundos, pues. No puede ser que en nuestro Pacto fundamental la mitad de los artículos vayan de acuerdo con un país respetuoso de los derechos humanos y la otra mitad permita que el Presidente los atropelle. La resultante no puede ser una buena constitución.

De allí que en lugar de quejarnos por lo que no podemos cambiar por ahora -Chávez dixit-, como por ejemplo que el Presidente pueda constitucionalmente nombrar más Generales para Venezuela de los que tiene toda la OTAN junta, nos enfoquemos en lo que si podemos hacer con el lado civilista de nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho que tenemos en ella de convocar al Poder Constituyente Originario, haciendo uso del dispositivo consagrado en el Artículo 70, como lo es el derecho humano de carácter político de los venezolanos para activar la iniciativa constituyente.

Si un Presidente puede, en virtud de sus atribuciones, desajustar una institución que debe mantener un equilibrio que nos afecta a todos, y que estaba garantizado en la Constitución de 1961 al dejarle a un Senado la decisión última de su crecimiento armónico, entonces estamos frente a una situación de una gravedad extrema que debe ser corregida a la brevedad posible.

Luego entonces la Constituyente, no solo se establece en nuestra Constitución como un Derecho Político al cual podemos concurrir si se ignoran las consecuencias de mantener este estado de cosas para el futuro, como el caso de los Generales sin control, sino que no depende de mas nadie sino de nosotros mismos, sin gobierno alguno que pueda impedirlo, al ser un derecho humano garantizado para los venezolanos.

Es interesante que estando allí al frente de todos, sin más requisito que la aplicación de la Constitución vigente,  muchos venezolanos todavía insistan en soluciones a la crisis del país que pasan por los Poderes Constituidos, como la renuncia, el revocatorio o las enmiendas constitucionales.

Lo que sucede es que hace falta aterrizar la iniciativa constituyente, cosa que la tradicional dirigencia política no estaría interesada en realizar, por aquello de perder los “espacios” conquistados. Pero la verdad es que resulta una suerte mucho peor para ellos porque sería un borrón y cuenta nueva para todos, permitiendo el surgimiento de nuevos actores y nuevas propuestas políticas muy necesarias para un país en estas circunstancias. Pero los venezolanos lo necesitan, por encima de cualquier circunstancia política egoísta. A mucho dirigente le hace falta la grandeza y la estatura de Estado necesaria para pensar y decidir a favor de la Nación.

Sin embargo, los acontecimientos en pleno desarrollo en Venezuela pueden cambiar la situación de los actores políticos de un momento para otro. La iniciativa Constituyente continuará allí, esperando, como un derecho humano al que tenemos acceso y derecho todos los venezolanos sin distingo de condición política, para todo aquel que quiera verla, o mejor dicho activarla....

Caracas, 23 de Noviembre de 2015

Twitter:@laguana