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sábado, 18 de febrero de 2017

Política, Ciudadanía y Constitución

Por Luis Manuel Aguana

¿En qué momento se separó la política de los ciudadanos? O tal vez la pregunta debería ser, ¿en qué momento la ciudadanía se distanció tanto de la política al punto que ésta dejo de ser, literalmente hablando, la relación entre la ciudad y el hombre, como indicaba Aristóteles? En la respuesta a esa pregunta posiblemente radique el porqué en Venezuela no existan “ciudadanos” tal y como se les conoce en otras partes, a las personas que ejercen unos derechos concebidos en términos políticos y se subroguen a unos deberes para con la ciudad donde viven y el país en general.

La política en Venezuela es concebida como una actividad conducida por los partidos políticos que electoralmente buscan el Poder. No es percibida como una actividad del ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su responsabilidad cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su calidad de vida y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen personas que viven juntas en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como habitantes. Esa es la razón fundamental por la cual la actividad política no se corresponde con una actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los habitantes de las ciudades en Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?

Una vez alcanzada la liberación del territorio que ahora lleva el nombre de Bolivia, El Libertador, consciente que el esfuerzo de la libertad era inútil sin educación, envió a su propio maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla en esa nueva República. Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo, al pasarle a Simón Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que piensan muy adelantados a su tiempo: no fue comprendido.

El Maestro Rodríguez sostenía una tesis, a mi juicio muy avanzada tanto para su época como para la nuestra, según la cual es una contradicción desear Repúblicas sin  republicanos. ¿Y cómo se resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De la única manera que hay: formándolos en las escuelas para que las Republicas que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa formación debía ser “la sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se llamaría “ciudadanía”.

Decía el Maestro Rodríguez citado por Arturo Uslar Pietri: “el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En las múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis de Simón Rodríguez, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez” en Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4, https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4). De acuerdo a esa enseñanza, una primera aproximación conceptual del ciudadano sería aquel que no puede ser engañado porque tiene una educación, ni tampoco puede ser comprado porque tiene una base productiva que lo impediría, basada en esa misma educación. Paradójicamente, si en el siglo XIX un planteamiento como ese pudo haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos porque todavía fracasa en pleno siglo XXI.

Debemos entonces crear el sustrato necesario para que nazcan y se desarrollen aquellos que deben realmente hacer la política: los ciudadanos. Si esto no es así, quienes terminarán haciéndola serán los aventureros y los oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la ciudad y el país, quienes buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio. No en vano los resultados catastróficos que hemos tenido de las gestiones de gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi 60 años desde 1958.

¿Se puede civilizar la política? Esto es, ¿se puede hacer que quienes hagan la política sean los ciudadanos? Yo creo que si es posible. A más de dos siglos de haber fracasado el Maestro Rodríguez en su intento de crear ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer Repúblicas sin republicanos. Salvo honrosas excepciones, quienes han ocupado las principales posiciones en Venezuela han desestimado esa preocupación del Libertador al enviar a su maestro a Bolivia.

Es imposible someter a un pueblo culto consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo social y económico.

Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo del modo equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema condiciona y genera de por si la lucha por el poder de quienes buscan repartir en su propio beneficio.

No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su calidad de vida.

Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, generando corrupción y elites corruptas.

El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social, desde hace varias Constituciones aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los ciudadanos reciben la menor parte y solo gana quien reparte, que se queda con el 80%.

En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de la parte más grande. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.

¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo pueden las personas consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.

Tenemos entonces ciudades repletas de personas -habitantes- esperando que “alguien” resuelva que las calles están rotas, que llegue el agua, que funcione el servicio eléctrico, que haya trabajo, y pare usted de contar. Con las complejidades de hoy, los problemas se han multiplicado exponencialmente y es imposible para pocas personas, aun teniendo los recursos, poder administrarlos eficiente y oportunamente para las grandes mayorías. Y cuando los recursos son escasos esa tarea es virtualmente imposible.

Entonces debemos empezar por el principio: volver al ciudadano. Plantearnos que un sistema que se base en que alguien lejos del propio ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades mejor que aquellos que habitan en sus propias comunidades, es un sistema que debe ser sustituido por otro que efectivamente esté consustanciado con los problemas de la gente. Pero que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder político sino también los recursos y las responsabilidades, a fin de que las comunidades puedan hacer contraloría y seguimiento cercano.

Para cambiar esa relación tóxica que tenemos en la actualidad entre el Estado y la sociedad debemos discutir de nuevo los términos de ese Pacto constitucional. No es el Estado el que debe “darle” a los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben ejercer sus derechos al asumir a conciencia su responsabilidad de conducir el Estado en todos sus niveles. Y en ese Pacto establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.

En palabras más sencillas, los ciudadanos no necesitan que la Constitución diga, por ejemplo, que los Estados y Municipios tienen el derecho de recibir un Situado Constitucional de X porcentaje de parte de un Estado benefactor, sino que diga que sus administradores tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de cobrar los impuestos en todos los órdenes que correspondan y la obligación de administrarlos y ejecutarlos a favor de los ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y que los ciudadanos de esas comunidades tienen el derecho y el deber de realizar la contraloría ciudadana necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra. La vieja máxima de no dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera más antigua y elemental de crear responsabilidad ciudadana.

Y dadas esas atribuciones constitucionales, entregarles asimismo la responsabilidad de velar por la salud, seguridad, infraestructura, etc., que hasta ahora detenta el Estado centralizadamente por construcción constitucional. Romper constitucionalmente con la forma de Estado centralizada en los hechos, entregando a los Estados y Municipios la autoridad y el derecho de administrar los recursos del país que hasta este momento detenta un solo administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza está el Presidente de la República.

El lugar por excelencia para discutir ese nuevo estado de cosas y debatir un nuevo Pacto Social constitucional, político y ciudadano se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo Pacto para las nuevas generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel del ciudadano en la política y a su vez por la redefinición del papel del Estado en esta nueva ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e imponerlo como una nueva forma de cultura ciudadana de concebir la política en el país, dejando a un lado de una vez y para siempre, la separación y el enfrentamiento de la política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al finalizar este sueño, la política será la obra perfecta de los ciudadanos.

Caracas, 18 de Febrero de 2017

Twitter:@laguana

lunes, 17 de octubre de 2016

Venezuela, República Federal (VI)

Por Luis Manuel Aguana

Tengo una deuda con mis lectores en relación a esta serie que decidí escribir, como notas particulares acerca de Venezuela como un Estado Federal, en marzo del año pasado. Innumerables razones podría esgrimir haber congelado la serie por más de un año, dedicándome más a analizar la situación política venezolana, pero de ellas la más importante ha sido la discusión misma de la pertinencia a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, precisamente para discutir los términos de ese mismo Estado Federal en el cual nos hemos empeñado desde la Alianza Nacional Constituyente que anunciamos al país el 17 de marzo de este año (http://ancoficial.blogspot.com/2016/03/lanzamiento-de-la-alianza-nacional.html). Mucho que decir y poca gente que lo diga…

Retomando el tema, como quise escribir esta serie en la misma línea de pensamiento que abordó el Federalista en 1787 en los Estados Unidos (ver al final los enlaces de todas las entregas a la fecha) para convencer a los ciudadanos de aprobar una forma de Estado federal propuesta en una nueva Constitución, la intención aquí tiene una pretensión mucho mayor: convencer a los venezolanos de la necesidad de cambiar la Constitución que tenemos – que no es “la mejor constitución del mundo”-, a contravía de lo que muchos todavía piensan, a una nueva federal y descentralizada, y que debemos entre todos discutir un texto que no está todavía escrito, porque este debe ser el producto de un Pacto Social que tenemos parir entre todos. Al menos en los Estados Unidos, James Madison (1751-1836), Alexander Hamilton (1755-1804) y John Jay (1745-1829), se dispusieron a escribir artículos en The Independent Journal y The New York Packet, dos periódicos de Nueva York, para convencer a su gente de la necesidad de aprobar una que ya estaba escrita. Entonces la cosa no la tenemos fácil…

Si nos planteamos un Estado Federal, donde los 23 Estados de Venezuela tengan la autonomía en los términos que planteamos en el Proyecto País (ver Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente en http://ancoficial.blogspot.com/p/documentos-fundamentales.html), cada uno de los Estados debe tener claramente definido el papel que le corresponderá jugar en ese concierto de Estados Federados. Esto pareciera sencillo pero definitivamente no lo es. 200 años de centralismo no pasan en vano. Todavía los habitantes de los Estados de toda Venezuela esperan que alguien de Caracas les explique qué deben hacer y que les van a dar. Y la cosa pasa precisamente en que se pongan los pantalones largos y se conviertan en ciudadanos, y comiencen a dibujar el sueño para su Estado basado en sus propias potencialidades, sin esperar que alguien les diga que deben hacer.

Cuando llegamos a cada región de Venezuela lo primero que hacemos es explicar la Venezuela posible en ese Estado, para que de esa elaboración inicial las fuerzas vivas de esa región construyan una maqueta de desarrollo. En algunos casos avanzados esa maqueta ya existe desde hace muchísimo tiempo, pero en otros no. Y el planteamiento no es que de una manera populista preguntemos que necesitan para dárselo en un futuro supuesto “nuevo gobierno” opositor, como se lo plantea el “establishment” político tradicional, sino que sin siquiera pensar lo que otros podrían hacer por ellos, que es lo que ellos podrían hacer por ellos mismos.

Eso voltea de entrada la forma de pensar. Cada región en Venezuela tiene sus propias características y potencialidades, y la idea es que en un esquema descentralizado y  autónomo, cada región se plantee cual debería ser su mejor plataforma de desarrollo y realizarla. A la pregunta: ¿Y de donde saldrán los recursos? Les decimos de ustedes mismos. ¿Qué pasaría si los impuestos nacionales y municipales se quedan en un 80% en sus Estados y Municipios? ¿Qué pasaría si eliminamos el IVA y lo transformamos en un impuesto a las ventas cuyo 80% se quede en la propia región, administrado por los Estados y Municipios?

¿Qué pasaría si cada Estado decide qué hacer con su ambiente, sus puertos y aeropuertos, la explotación de sus propios recursos naturales? ¿Qué pasaría si cada Estado tiene la discrecionalidad para decidir en su parlamento regional la localización de empresas internacionales que generen empleo especializado? ¿Qué pasaría si cada Estado decide su propia justicia en Cortes Regionales, incluyendo la más alta instancia? ¿Qué pasaría si cada Estado decide cuantos Municipios debe tener de acuerdo con su distribución poblacional y los administre con autonomía? Estamos hablando de generar autonomías locales que generen riqueza y calidad de vida a los ciudadanos.

En otras palabras estamos cambiando la relación básica de poder entre los gobernantes y los gobernados. No más uno que decida por todos. Sería un todos decidiendo por nosotros mismos. Bajar el poder al ciudadano es la clave de esta propuesta. Siendo todos los Estados autónomos, entonces estos deben federarse, esto es, hacer un Pacto Federal que decida qué hacer en relación con los aspectos que le son comunes: esto es las Fuerzas Armadas, la Política Exterior, el Banco Central y la moneda, los ingresos petroleros que aún queden, el Parlamento y los nuevos alcances de la figura del Presidente de la República, así como otros aspectos de una Federación.

Como se plantea que aspectos fundamentales como la administración de la Educación –en todos los niveles-, la Salud, la Seguridad Interna deben ser del dominio de cada Estado y Municipio, lo Federal debe centrarse en las políticas comunes pero sin afectar ni interferir con la competencia de los Estados en esas materias. Las instituciones federales como la Presidencia de la República y un Congreso Nacional de dos Cámaras, así como el resto de las instituciones que por su naturaleza sean de ámbito nacional deberán ser financiadas por los aportes de los Estados a la Federación. Este esquema termina con el paradigma del Estado todopoderoso cuyos administradores le entregan recursos al más pequeño de los municipios sin saber cuáles son sus necesidades. Son los ciudadanos los que deciden que darle al Estado de su propio trabajo. Termina con el esquema toxico de partidos políticos peleándose por administrar a su favor una renta que ahora no existe.

Un esquema como el anteriormente descrito, pone a cada región del país a ser garante, no solo de los recursos que aporta al común, sino de su correcta aplicación. Los representantes de los Estados a ese Congreso Federal ya no serían los “levantamanos” de los partidos y obedientes a una fracción política, sino verdaderos representantes de sus regiones ante un Parlamento Federal, pudiendo estos ser sustituidos y/o rotados por sus respectivas legislaturas si estos no cumplieran con su cometido cabalmente.

A un sistema como ese debemos movernos. Debemos pensar en una reingeniería completa del Estado y del sistema político en Venezuela. Si bien es cierto que debemos solucionar inmediatamente esta coyuntura histórica que representa el castro-chavismo-madurismo, no menos cierto es que la estructura institucional que existe ahora, y la que existía antes de 1998, no está en capacidad para enfrentar los retos de la Venezuela del Siglo XXI. Y lamentablemente la dirigencia política venezolana ha demostrado no estar a la altura de ese reto histórico. El mecanismo para plantearnos y discutir esa nueva estructura para las nuevas generaciones de venezolanos es una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Nadie la convocará por nosotros porque quienes deben hacerlo solo están pensando en quien se quedará mandando después de Maduro, por lo que entonces deberemos hacerlo los ciudadanos. En la Alianza Nacional Constituyente ya comenzamos. Convoquémosla entre todos ya…

Caracas, 17 de Octubre de 2016

Twitter:@laguana

Venezuela, República Federal