domingo, 12 de febrero de 2017

Verdades evidentes

Por Luis Manuel Aguana

Todo el mundo tiene el derecho a tener una opinión y sostener su propia verdad. Y en todo sistema que se diga democrático esa opinión debe ser respetada, aun cuando difiera de la tuya. Pero, ¿qué es lo que hace que una opinión prevalezca sobre la otra y se convierta en verdad? O preguntado de otra manera ¿Qué es lo que hace que algo que sabemos que no es verdad prevalezca sobre cualquier otra cosa?

Cuando Galileo Galilei se enfrenta a la inquisición romana porque había probado matemáticamente que lo que hasta ese momento el mundo consideraba la verdad, la Iglesia lo calló a la fuerza y le obligó a retractarse so pena de prisión perpetua. En este caso la verdad conveniente fue impuesta por la fuerza, y la verdad objetiva fue ocultada. Eso es lo que hace que las verdades permanezcan ocultas o fuera del alcance de la gente.

Algunas opiniones indican que no tenemos el derecho de convocar al Poder Constituyente Originario sin la intervención de los poderes constituidos, o que ellos nos impedirán convocarlo. Que hasta Chávez que fue un tirano, tuvo que solicitar el dictamen de la antigua Corte Suprema de Justicia para hacerlo. Chávez tuvo claramente que solicitarlo porque convocar al pueblo en Constituyente no estaba previsto en la Constitución de 1961.

Nosotros argumentamos que se puede convocar, porque ahora si está en el Artículo 348 de la Constitución de 1999, a nuestra voluntad expresa, incluso por encima de las reglamentaciones CNE porque tenemos el derecho de hacerlo. La Constitución de 1999 establece el principio de la participación ciudadana en los asuntos que le competen, a diferencia de la anterior que garantizaba el principio de la representación. En otras palabras, podemos meter nuestra cuchara en la sopa del gobierno si consideramos que lo están haciendo mal.

Nuestro fundamento no está en que Chávez lo hizo utilizando al Poder Constituido de 1999 con una sentencia que le dio la luz verde, sino que su accionar quedó establecido por el Constituyente de ese entonces en la actual Constitución. Si Chávez podía hacer lo que hizo o no, no es lo que está en discusión. Eso es materia de académicos. Lo que quedó escrito en la Constitución es nuestro fundamento. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad objetiva? La historia nos dice que existen verdades que se hacen objetivas por ser evidentes. Veamos:

Hace pocos años unos profesores de derecho me insistían que no podíamos pasar por encima de la norma del CNE ni de los Poderes Constituidos para realizar este proceso, en otras palabras, del “establishment” legal para llamar al constituyente (ver  Principios Constituyentes
http://ticsddhh.blogspot.com/2014/09/principios-constituyentes.html). En ese momento me hice, y todavía me hago estas preguntas: ¿Cómo podríamos aceptar como buena la normativa del CNE, no solo para elegir una Constituyente sino para elegir a cualquier autoridad en nuestro país? ¿Cómo todavía se nos argumenta en contra de convocar al Soberano depositario de la Soberanía pensando que vamos a subrogar su manifestación de voluntad a órganos pervertidos? La nuestra es una lucha de y por principios fundamentales.

Siempre me he dicho que los profesionales del Derecho (en su conjunto, porque hay extraordinarias excepciones) deberían ser los primeros en alinearse a favor de esta lucha por el restablecimiento de la legalidad en el país. Son ellos los que más están sufriendo porque todos los principios y valores sobre los que se sustenta lo que está escrito en la ley y la Constitución –el Derecho- está siendo vejado y pisoteado por un régimen castrador de libertades, impidiendo el ejercicio libre y correcto de su profesión. ¡Por supuesto que el régimen no permitirá que el Poder Constituyente Originario– esto es la voluntad de todos los venezolanos- se imponga sobre quienes han montado su bota sobre el cuello de la gente! Y precisamente están usando para eso todo lo que sale de los Poderes Constituidos, absolutamente secuestrados por ellos, en particular la principal sede del Derecho que es el Tribunal Supremo de Justicia.

¿En cuál principio fundamental se sostiene el edificio sobre el cual construimos nuestra propuesta Constituyente? En que nosotros, la mayoría de los venezolanos, decidimos y nos convocamos espontáneamente para contarnos y convocar al Constituyente, dándonos nuestras propias reglas por encima de cualquier Poder Constituido, como el que ahora tenemos, que se ha negado a contarse pacifica y constitucionalmente, para cambiar el gravísimo estado de cosas en nuestro país. Y cualquier iniciativa de cualquier grupo de venezolanos que se una en una idea para realizarlo tiene el perfecto derecho de hacerlo porque así está establecido en la Constitución.

Si no logramos convencer a nadie, obviamente que no podremos convocar un cambio en el actual estado de cosas. Grave sería que no lo intentemos a pesar de aquellos que sumergiéndose en una crítica destructiva, en lugar de aportar ideas constructivas para el cambio, o al menos para mejorar las de aquellos que las tienen, se sientan en una acera a criticar sin indicar como se puede lograr. Es muy difícil tener ideas y muy fácil entrar en derrotismo. ¡Pensar duele! Por eso decidimos que a quienes tenemos que convencer es a la gente, porque son ellos los dolientes finales de su propio país. Eso forma parte de las luchas que se han dado en el pasado alrededor del mundo y que han costado mucha sangre en las guerras de independencia.

Reseño de nuevo como lo hice en mi nota arriba señalada, el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: Sostenemos que estas verdades son evidentes  en sí mismas. Que todos los  hombres son creados iguales. Que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables; Que entre estos derechos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda  de la felicidad  y que para asegurar  esos derechos,  los hombres instituyen gobiernos entre ellos, los cuales  derivan sus poderes  de los ciudadanos. (Subrayado nuestro)

Y como dijo José Piñera, ex ministro chileno citado en mi nota del 2014, “Bueno, en este párrafo está el principio básico de la democracia”. De allí se desprende que los poderes de los gobiernos derivan de sus ciudadanos. De nosotros. Y de nuevo, esa teoría está contenida en el Artículo 347 de la Constitución venezolana. Ese es nuestro argumento fundamental, lo que está escrito allí, no lo que se escribió en una sentencia en 1999. Lo que hemos hecho en la Alianza Nacional Constituyente es ponerle letra y música a ese derecho en un documento llamado Bases Constituyentes, porque esas verdades no necesitan de prueba ni de interpretación jurídica de ninguna naturaleza, como lo indicara Thomas Jefferson en su Declaración de Independencia, al llamarlas verdades evidentes en sí mismas.

Entonces este proceso constituyente, haciendo uso en su esencia plena de esas verdades evidentes, se constituye en una Insurrección Civil Constitucional (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2017/02/insurreccion-civil-constitucional.html) en su más pura esencia, porque nos convoca a todos a desconocer en la práctica a “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Y eso, mis queridos amigos –que se entienda de una vez- no es más que poner en la práctica el último artículo de nuestra Constitución…

Caracas, 12 de Febrero de 2017

Twitter:@laguana

domingo, 5 de febrero de 2017

Insurrección Civil Constitucional

Por Luis Manuel Aguana

“¿Ustedes creen que con unas firmitas recogidas van a tumbar al régimen?” nos preguntan constantemente. Y una vez más intentaré explicar que no deseamos tumbar a nadie, sino imponer, como en cualquier democracia, que el dictamen de la mayoría -esto es, la Soberanía Popular- debe ser respetada y tendrá que finalmente imponerse por encima de cualquier poder que desee someterla. Y más aún cuando ese dictamen está claramente establecido en la Constitución.

Es claro que si aquí se respetara la constitución que tenemos desde 1999, las primeras  firmas que se recogieron para convocarle un Referendo Revocatorio a Hugo Chávez Frías en el 2003 hubieran sido más que suficientes para revocarlo constitucionalmente ese año, y san se acabó. Nos hubiéramos ahorrado 14 años de pesadilla, solo con el respeto a la Carta Magna. Con el Artículo 72 funcionando a la perfección no hubiéramos tenido problemas.

Sin embargo el CNE de entonces despachó de un viaje las 3.236.320 firmas recogidas por el pueblo durante El Firmazo, para solicitarle el revocatorio a Chávez, secuestrando  un derecho que solo tenemos los ciudadanos conforme a la Constitución. De acuerdo con el espíritu del Artículo 72 constitucional, en Venezuela con nuestra sola firma se puede solicitar el revocatorio de cualquier funcionario de elección popular, sin la intervención de ningún poder público constituido. Y no contentos con eso utilizaron esas firmas para la mayor operación de discriminación política jamás vista en el mundo: la Lista de Tascón.

La población volvió a firmar con las reglas de un CNE corrupto con El Reafirmazo hasta convocarle un Referendo Revocatorio a Chávez en el 2004, que de acuerdo a investigaciones técnicas posteriores resultó ser un fraude a los venezolanos (ver La Naturaleza delató al CNE, en http://ticsddhh.blogspot.com/2012/12/la-naturaleza-delato-al-cne.html). Desde mi punto de vista, a partir de ese momento, no hay gobierno legítimo en Venezuela, y es nuestro deber luchar con todas las herramientas pacíficas a nuestro alcance para restituir el Estado de Derecho en nuestro país. De eso se trata el esfuerzo que realizamos en la Alianza Nacional Constituyente.

De tal manera que la recolección de firmas que impulsamos, no es más que el primer paso constitucional para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, de la misma manera como se intentó con la primera recolección de firmas, la convocatoria a un Referendo Revocatorio en el año 2003, sin un CNE de por medio que regulara planillas, y mecanismos de recolección, y sin la intervención de ningún poder constituido, pero esta vez haciendo valer nuestro derecho ciudadano secuestrado por el CNE desde el año 2003.

Pero la cosa va más allá.  No es una “simple recolección”, que seguramente el régimen rechazará como secuestradores de nuestros derechos humanos de carácter político. Es el comienzo de lo que podemos llamar una Insurrección Civil Constitucional No violenta para el rescate de nuestro derecho soberano de poner y quitar gobernantes establecido en el Articulo 72, y que fuera secuestrado por el régimen desde el 2003 a través de su poder electoral; pero más importante aún, rescatar nuestro derecho soberano como ciudadanos de decidir el destino de nuestro país por encima de los poderes constituidos, ya que su poder nace de nuestras decisiones, de acuerdo al Artículo 347, según el cual “el pueblo de Venezuela es el depositario del Poder Constituyente Originario”.

Una vez recogidas las firmas, como ya se hizo la primera vez en nuestro país en el año 2003, en esta oportunidad no iremos a entregárselas a un régimen corrompido que hizo uso de ellas ese año para perseguir a los venezolanos, sino para iniciar una lucha civil no violenta, nacional e internacionalmente para hacerlas valer. Ese es el verdadero significado, dicho por la calle del medio, de este proceso. Nadie nos va a regalar ese derecho, hay que ganárselo.

Y esas firmas no son para revocar a nadie. Son para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, de la mano del mismo Poder Constituyente Originario, basado en sus propias reglas de convocatoria. Y en ese proceso todos los poderes constituidos deberán ser revisados al constituirse la Asamblea Nacional Constituyente, comenzando por el Presidente de la República. Para aquellos que deseen investigar a fondo como hacer eso busquen los documentos y las declaraciones de los voceros de la Alianza Nacional Constituyente (http://ancoficial.blogspot.com/). Aquí solo diré cual es el sentido de lo que hacemos.

A lo que estamos realmente convocando es a que el pueblo se empodere de un derecho que le ha sido arrebatado, señalando un camino claro de cómo hacerlo constitucionalmente. No planteamos ir a las calles para que “Maduro se vaya”, eso es un argumento sin sentido condenado al fracaso. Planteamos ir a las calles para rescatar como Poder Originario que somos, nuestro derecho de decidir el destino de los poderes públicos a través de la convocatoria del Poder Originario del Pueblo, para transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, habida cuenta de la destrucción institucional masiva que han hecho de nuestro país. Nadie en su sano juicio en este planeta puede negarnos ese derecho.

Y si recogemos, no ese 15% mínimo constitucional establecido en el Artículo 348, sino el 50% o el 60%, políticamente hablando no existirá fuerza en el país, incluyendo a las Fuerzas Armadas, que se pueda oponer a esa decisión soberana del pueblo venezolano, produciéndose así la transformación que Venezuela está pidiendo a gritos.

Y ustedes se preguntarán: ¿y porque si eso es así los partidos políticos de la oposición no han hecho eso? Es una buena pregunta para ellos. Desde hace muchos años se lo hemos planteado pero hemos decidido no seguir perdiendo energías tratándolos de convencer. Ellos se convencerán solos con la fuerza de los hechos. Decidimos salir al encuentro de la gente, porque es ella la que en definitiva hay que convencer para que firme a favor de Venezuela, no a favor “nuestro”.

El camino es largo y no termina con las firmas, empieza con ellas. Pero a diferencia de todas las luchas que hemos emprendido en el pasado, esta no es para tumbar a nadie, sino para recuperar algo fundamental que nos han robado que no es otra cosa que la esencia misma de la democracia: el poder irrenunciable del ciudadano para decidir el destino de su país, sin más limitaciones que su conciencia y su temor a Dios, en la seguridad de estar actuando conforme a los principios de libertad y soberanía que siempre han movido históricamente al pueblo de Venezuela.

Caracas, 5 de Febrero de 2017

Twitter:@laguana