lunes, 14 de mayo de 2018

Gobierno de Emergencia Nacional

Por Luis Manuel Aguana

En un premonitorio editorial del 15 de febrero de 2016, Analitica.com titulaba “Se requiere un gobierno de emergencia nacional” (ver https://www.analitica.com/opinion/se-requiere-un-gobierno-de-emergencia-nacional/). A más de dos años, el editorial terminaba sentenciando: “De persistir el gobierno en el estéril enfrentamiento con la Asamblea, que en el fondo es también con la mayoría del pueblo venezolano, el desenlace puede ser trágico y nefasto para la recuperación del país y para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.”. El editorial mostraba la preocupación de todos los venezolanos de la decisión del régimen de ignorar a pocos días de ser instalada la oposición en la Asamblea Nacional, la voluntad del pueblo soberano expresada en las urnas el 6D-2015.

Y fue trágico y todavía no toca fondo. El régimen todavía sigue ignorando la voluntad popular. Pero lo más trascendental de eso es que cuando todos hablábamos de la necesidad de un gobierno de transición, lo que en realidad se requería, ante el grado de destrucción de ese entonces, era un gobierno de emergencia, como lo sugería el editorial al comparar la destrucción de la Venezuela de hace dos años con Europa al concluir la II Guerra Mundial, con Plan Marshall incluido. Si en ese entonces se justificaba ese Gobierno de Emergencia Nacional, ni decirles que ahora es una necesidad perentoria.

¿En qué se diferencian ambos términos y porque debemos comenzar a pedir ese Gobierno de Emergencia Nacional y no un Gobierno de Transición? En que a raíz del comienzo del proceso de destitución por delitos de corrupción iniciado por el TSJ legítimo en contra de Nicolás Maduro Moros, lo que está constitucionalmente establecido es que una vez depuesto el ocupante ilegitimo de la Presidencia de la República y sustituido por alguien constitucionalmente válido (no incluido al actual ocupante de la Vicepresidencia de la República), debe procederse a concluir el período constitucional y llamar a elecciones legítimas.

Pero, ¿es realmente eso lo que es más conveniente para el país en el actual estado de cosas donde la gente se está muriendo en los hospitales y por hambre en las calles? ¿Llamar a un proceso electoral en un entorno completamente inhóspito, con un país y una burocracia gubernamental secuestrados por hambre a través de una tarjeta de alimentación? Algunos dirán, “bueno, es que ya en ese momento habremos cambiado a Maduro y esos detalles se corregirían antes del proceso”.

Nada más alejado de la realidad. Solamente si consideramos que el sistema electoral venezolano está completamente viciado y distorsionado a favor del régimen y su partido, no es posible realizar ni siquiera la elección de una reina de belleza sin que el resultado sea modificado. Y para comenzar a depurar técnica e institucionalmente todo el sistema se requiere de un tiempo importante que debería comenzar por la depuración del Registro Electoral. La intervención del CNE debería ser lo primero que tiene que acometer un Gobierno de Emergencia Nacional.

Por otro lado, la designación de un nuevo Gobierno, que debe asumir la Asamblea Nacional en una atribución que no pueden eludir porque forma parte de sus responsabilidades constitucionales, requiere de un acuerdo político que de suyo es complejo. Ya van tarde porque el mandato expresado contundentemente el 16J-2017 fue deliberadamente ignorado, con la intención expresa de negociar con el régimen en República Dominicana. Ahora teniendo una exhortación del TSJ legitimo designado por ellos para iniciar el procedimiento constitucional correspondiente, la Directiva de la Asamblea decidió de nuevo cometer el error de ignorar la designación de un nuevo gobierno. Están a tiempo de cambiar eso.

Una vez designado al sucesor de Maduro, ese sucesor debe conformar un gobierno que lejos de llamar a un proceso electoral debe acometer “la ciclópea tarea de corregir todo aquello que ha conducido a Venezuela a la peor crisis de su historia republicana” como lo indicaba el editorial citado, sin perder un segundo de tiempo. Es por eso que lo que Venezuela necesita es un Gobierno de Emergencia Nacional, no uno de transición para llamar a elecciones. ¡Estamos en emergencia! Pero voy más allá.

Ese Gobierno de Emergencia Nacional, en uso de sus atribuciones, tiene que tener la obligación de consultarles a los venezolanos acerca de su futuro, acerca de la refundación del país. Un país destruido y necesitado de un Plan Marshall, del que seguramente nos proveerá la comunidad internacional, debe plantearse una reforma institucional a fondo que arranque luego de concluido ese Gobierno de Emergencia, que debería estar en funciones al menos dos años, mientras se resuelven los ingentes problemas del corto plazo. Y esa consulta no es otra que el pueblo se pronuncie acerca de un proceso Constituyente de carácter Originario por iniciativa popular.

Lamentablemente tengo la sensación que ningún partido de la oposición oficial está viendo el problema de esta manera. Viven de las glorias del pasado. Creen que volverán al país de 1998 y están equivocados. Creen que será suficiente con ir a una transición y elegir a un nuevo gobierno sin cambiar las estructuras fundamentales del país, en una suerte de “quítate tú para ponerme yo”. Y eso es un error monumental porque el país debe cambiar para mejor y asegurar el futuro de las nuevas generaciones. No murieron cientos de jóvenes en estos años para jugar al “gatopardismo” de cambiar para que todo quede igual. Aquí deberemos convivir con una suerte de nuevo “peronismo democrático” (si es que eso posible) que quedará luego de esta debacle chavista-madurista. Y ese país nuevo deberemos diseñarlo y construirlo junto con ellos para que pueda haber estabilidad política, no es de otra manera. Es así que a todos nos conviene ese llamado al Constituyente.

Resulta paradójico que el frustrado Decreto No. 1 de los golpistas del 4F-1992 contemplara un Gobierno de Emergencia Nacional con la obligación del llamado a un proceso Constituyente durante su desarrollo (ver  Los decretos del 4F, http://quintodia.net/los-decretos-del-4f/): “Artículo 4.- Estas funciones legislativas asumidas por decreto por esta máxima instancia de poder público de la República de Venezuela, durarán el tiempo necesario hasta que una próxima Constituyente, tomando en cuenta los cambios políticos fundamentales que este corte histórico en la vida política nacional haya producido a partir de la acción victoriosa del Movimiento Cívico-militar, los plasme en una nueva Constitución bajo cuya referencia se convocará al país para que libérrimamente se pronuncie por la constitución de todos los poderes públicos fundamentales de la Nación.”.

Como pueden ver, nunca como ahora el país se reencuentra con sus propios fantasmas. Ojalá que esta vez no volvamos a equivocarnos y se entienda correctamente un Gobierno de Emergencia Nacional a favor de todos los venezolanos, que nos conduzca a salir de la crisis y a la refundación del país.

Caracas, 14 de Mayo de 2018

Twitter:@laguana

martes, 8 de mayo de 2018

La disyuntiva de la Asamblea Nacional

Por Luis Manuel Aguana

“En consecuencia, este máximo Tribunal, EXHORTA a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (subrayado nuestro) (Decisión del TSJ legítimo ordena continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros, en

Este fue el exhorto que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado por el Parlamento, única institución de representación popular de Venezuela reconocida en todo el mundo, para que se procediera inmediatamente a la designación de un Gobierno de Transición en Venezuela de acuerdo con la Constitución. Léase bien, el TSJ legítimo fue muy claro a la Asamblea Nacional: “iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República”.

¿Ha iniciado la Asamblea Nacional algún procedimiento para la transición Constitucional de la Presidencia de la República? ¿Ha convocado la Asamblea Nacional al Vicepresidente de la República –al margen de que este tampoco cumple con los requisitos para el cargo de Presidente- para iniciar el proceso de transición del gobierno de Maduro a otro gobierno distinto y legítimo? ¿Han debatido los ciudadanos Diputados de la Asamblea Nacional qué hacer con el gobierno ante la falta simultánea del Presidente y del Vicepresidente no prevista en la Constitución?

La Directiva de la Asamblea Nacional en una sorpresiva comunicación al TSJ legítimo el 7 de Mayo de 2017, indicó que “la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada por esta Asamblea Nacional al decidir que Nicolás Maduro abandonó el cargo de Presidente de la República” (ver Carta de la Asamblea Nacional a los Magistrados del TSJ legítimo  https://twitter.com/AsambleaVE/status/993653953538744327?s=03).

Si bien es cierto que los Diputados DECLARARON el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro aplicando el Artículo 233 constitucional, lo cierto es que NO INICIARON NINGUN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ni en el momento que hicieron esa declaratoria, ni ahora cuando les fue requerido formalmente por los Magistrados del TSJ legítimo a consecuencia de un juicio penal en contra de Maduro. Hábilmente los honorables Diputados escurrieron el bulto de enfrentar la decisión política que conlleva asumir que ellos tienen la responsabilidad ante los venezolanos de iniciar ese procedimiento.

Pero tal vez estemos ante algo de una mayor envergadura aquí. ¿Quiénes enviaron esa comunicación al TSJ legítimo? Una Directiva de la Asamblea Nacional compuesta por Diputados de dudosa calificación opositora. Para nadie es un secreto que el partido a quien corresponde la Presidencia de esa Asamblea Nacional (UNT) ha sido sospechoso en reiteradas oportunidades de proteger al régimen. Basta recordar de cual partido fueron los Diputados que no asistieron al momento de la designación de los Rectores del CNE (ver http://sunoticiero.com/por-ausencia-de-tres-diputados-de-unt-an-no-pudo-nombrar-a-rectores-del-cne/).

Estas ausencias dieron lugar a que el gobierno a través del TSJ de entonces nombrara a los Rectores con todas las implicaciones electorales que ello trajo para Venezuela. Y aunque estos Diputados fueron “sancionados” por su partido con suspensión, siempre quedó la duda razonada de la “ayudita” que UNT le prestó muy a tiempo al régimen.

Ahora bien, al margen de las sospechas fundadas que tenemos los venezolanos en relación con ese partido, queda por saber si todos los Diputados de la oposición en la Asamblea Nacional están de acuerdo con esa comunicación encabezada por UNT, salida entre gallos y medianoche. ¿Están de acuerdo AD, PJ o Voluntad Popular en dejar eso así como lo acaba de dejar UNT y sus acompañantes en la Directiva de la Asamblea Nacional, en un descubierto respaldo al régimen? A los venezolanos nos encantaría saber en una votación abierta del Parlamento, quienes quieren y quienes no quieren que Maduro salga de Miraflores. Ese es el verdadero fondo el problema.

Desnudar a quienes encubren al régimen desde la Asamblea Nacional es un imperativo del cual no se podrán escapar los Diputados por más que la Directiva que preside Omar Barboza desee proteger a los traidores, y seguir disfrutando de una posición que el pueblo les dio, sin responder a las urgentísimas necesidades que presentamos los venezolanos, y que se comenzarían a resolver con un cambio inmediato de gobierno.

Estoy muy consciente de que no todos los Diputados de la Asamblea Nacional concuerdan con el criterio de su Directiva. Ya la llamada Fracción 16J solicito la discusión de la decisión del TSJ legítimo y fue arbitrariamente rechazada por la Directiva de la Asamblea Nacional. Ningún Diputado puede permanecer callado o indiferente ante ese atropello y deben someter a votación esa decisión de su Directiva. De esa manera al menos sabremos quienes de ellos están resueltos a promover un cambio en nuestro país a riesgo de sus propias vidas y bienes, tanto las de ellos como las de sus familiares.

Los jueces del Tribunal Supremo de Justicia legítimo ya están pagando -empezando por el propio Presidente, Miguel Ángel Martín- con el exilio, el encarcelamiento, los allanamientos y persecución de sus familias, la decisión que tomaron de trabajar en el exilio para encontrar una solución legítima y constitucional a este régimen de criminales y terroristas. Los Diputados de la Asamblea Nacional les deben al menos ese apoyo, sin buscar subterfugios legales, cumpliendo con las decisiones que los magistrados legítimos están tomando con miras a la recuperación de la República.

En una nota pasada señalaba el término “inmolación política” (ver Inmolación política, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/04/inmolacion-politica.html) como la que cabe para las acciones que le corresponden ahora a los Diputados de la Asamblea Nacional, porque señalaba que todavía a ellos les faltaba la peor parte, luego de autorizar el juicio a Nicolás Maduro después de la decisión del TSJ legítimo de enjuiciarlo por Corrupción Propia y Legitimación de Capitales. Y esa parte no es de ninguna manera fácil, y en lo personal no creía que tuvieran las intenciones de acometer eso. Esa pobre comunicación que enviaron me dio la razón, aunque aun espero que el cuerpo legislativo pueda corregir el entuerto.

Ser Diputado de la Asamblea Nacional en esta hora aciaga del país comporta un sacrificio para con el pueblo venezolano. Ya los Magistrados del TSJ legítimo están poniendo su parte en ese sacrificio. No es como solía ser en la época democrática del país. Y si aquellos que se postularon para ser Diputados esperaban otra cosa, entonces se engañaron a sí mismos, como tal vez algunos de ellos pretenden engañar a Venezuela con esa comunicación infeliz.

A mi juicio la Asamblea Nacional está en una disyuntiva. O inician el procedimiento para la transición constitucional, como les exhorta el TSJ legítimo ahora, exponiéndose a un cierre y persecución por retaliación del régimen, o igualmente serán cerrados y perseguidos cuando la Constituyente ilegitima decida definitivamente anularlos y perseguirlos una vez consumado el atraco electoral del 20 de Mayo. Al menos ahora mismo existe la oportunidad de constituir un Gobierno de Emergencia constitucional porque todavía existen como institución, independientemente que el régimen acate o no sus decisiones. Cualquier gobierno que ustedes designen será legítimo con todas las implicaciones nacionales e internacionales que eso tiene.

Bien decía Sir Winston Churchill: “El que se humilla para evitar una guerra, se queda con la humillación y con la guerra”. Sres. Diputados: no se humillen para evitar la guerra, van a tenerla igual solo por el hecho de estar allí. No podrán escapar al juicio de la historia. Es tiempo de terminar el trabajo que comenzaron con la autorización del juicio a Maduro. No defrauden a Venezuela…

Caracas, 8 de Mayo de 2018

Twitter:@laguana