martes, 21 de agosto de 2018

Almagro, una carta premonitoria

Por Luis Manuel Aguana

Tenía la lejana esperanza que como consecuencia de la debacle económica y el agravamiento de la situación de vida de los venezolanos, los Diputados de la Asamblea Nacional se hubieran sensibilizado al extremo de asumir la responsabilidad histórica de designar un nuevo Gobierno de Emergencia como consecuencia de la sentencia condenatoria del juicio a Nicolás Maduro Moros por corrupción propia y legitimación de capitales.

Pero no, escurrieron el bulto escabulléndose en un tecnicismo jurídico y procedimental, al indicar que no habían recibido formalmente la sentencia definitiva del juicio de Maduro, y peor aún, utilizando un informe de la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, convenientemente fechado el 30 de julio de 2018 –antes de la sentencia definitiva de Maduro el 15 de agosto-, cuyo mayor argumento se centra en que no existía sentencia firme (para el 30 de julio obviamente no existía) que dictaminara un vacío constitucional, cuando el TSJ legitimo invocó el “vacío constitucional” en la Presidencia de la Republica, por haber sido derogado el Artículo 380 del COPP por la Constitución de 1999: “Al respecto, debe advertirse que el artículo 380 del COPP, invocado en la decisión notificada para sostener que se ha producido un vacío constitucional, es un precepto que fue derogado, al menos parcialmente, por la Constitución de 1999, cuyo artículo 42 excluye cualquier suspensión del ejercicio de los derechos políticos que no se fundamente en “sentencia judicial firme” (ver Dictamen de la Consultoría Jurídica sobre notificación recibida de magistrados designados por la AN, en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_dictamen-de-la-consultoria-juridica-sobre-notificacion-recibida-de-magistrados-designados-por-la-an).

Obviamente para la fecha de ese informe no había “sentencia judicial firme” de Maduro. Pero para la fecha de la discusión en la Asamblea Nacional si la había porque ya había sido sentenciado. De esa manera astutamente desestimaron a posteriori, hoy 21 de agosto de 2018, un mandato del 2 de julio de 2018 del TSJ legitimo de designar un nuevo gobierno. Un tecnicismo leguleyo pues.

Fuera del atrevimiento de la Directiva de la Asamblea Nacional de someter a “examen” de su Consultoría Jurídica una sentencia del Alto Tribunal legitimo de la Republica, el dictamen reafirma el Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 9 de enero de 2017 y sus consecuencias. Y de allí sale el Acuerdo de hoy de ratificar la decisión de la AN de “abandono del cargo” de Nicolás Maduro (ver Acuerdo de ratificación de la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo sobre Nicolás Maduro Moros y sobre su responsabilidad penal por hechos de corrupción, en http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-la-decision-de-la-asamblea-nacional-de-declarar-el-abandono-del-cargo-de-nicolas-maduro-moros-y-sobre-su-responsabilidad-penal-por-hechos-de-corrupcion-vinculados-a-la-empre).

De allí que vuelva señalar lo que ya he recalcado en otras ocasiones: Si bien es cierto que los Diputados DECLARARON el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro aplicando el Artículo 233 constitucional, lo cierto es que NO INICIARON NINGUN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ni en el momento que hicieron esa declaratoria, ni ahora cuando les fue requerido formalmente por los Magistrados del TSJ legítimo a consecuencia de un juicio penal en contra de Maduro. Hábilmente los honorables Diputados escurrieron el bulto de enfrentar la decisión política que conlleva asumir que ellos tienen la responsabilidad ante los venezolanos de iniciar ese procedimiento (ver La disyuntiva de la Asamblea Nacional, en  http://ticsddhh.blogspot.com/2018/05/la-disyuntiva-de-la-asamblea-nacional.html).

Y eso fue lo que encarecidamente les solicitó hoy 21 de agosto a la Directiva de la Asamblea en sesión extraordinaria el Diputado Juan Pablo García, de la Fracción 16 de Julio, no ya sobre la base de una falta absoluta del Presidente, sino de una sentencia firme del TSJ legitimo: “El 2 de julio de 2018 ese Tribunal Supremo legítimo dictamina que la Asamblea Nacional debe llenar la vacante constitucional de la Presidencia de la República. Más recientemente, el 15 de agosto, en su dispositiva condena a Nicolás Maduro a 18 años de prisión y 3 meses. ¿Que nos queda a nosotros como legisladores? Cumplir con el mandato de ese TSJ. Nosotros aquí designamos un TSJ legitimo que por fuerza mayor está afuera pero que lo he dicho varias veces, que está creando doctrina y jurisprudencia internacional y nacional y sus decisiones son vinculantes. Y así lo ha reconocido la OEA, así lo ha reconocido Almagro. Y ayer decía muy valientemente que tenemos que cumplir con ese mandato…Yo les hago un llamado a la Directiva de la Asamblea Nacional, ¡cumplamos con el mandato! ¡Ese es el paso hermanos! ¡Ese es el paso inmediato para conseguir la libertad del pueblo de Venezuela!...¡Asumamos nuestra responsabilidad y las consecuencias!...”(resaltado nuestro) (Asamblea Nacional sesiona en rechazo a las medidas económicas, intervención del Diputado Juan Pablo García, Fracción 16J en https://youtu.be/GsTrD9xDZkI, min 25:25).

Sin embargo ya estaba cuadrada la defensa de la posición de la Directiva de congelar esa decisión con la intervención del Diputado Simón Calzadilla (MPV), quien más allá de eso, asumió la defensa de la Asamblea por el supuesto “ataque” del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza. El Secretario Almagro  en su comunicación del 20 de agosto a la Asamblea Nacional conminaba a la institución que preside Omar Barboza al acatamiento de las decisiones del TSJ legitimo por el bien de los venezolanos (ver Comunicación de Luis Almagro a Omar Barboza, OSG/388-18 del 20 de agosto de 2018, https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1031626342318661632).

Bien vale la pena analizar en detalle lo mas importante dicho por el Diputado Calzadilla en su intervención: “…Las decisiones de esta Asamblea Nacional las toma el cuerpo, es decir en Cámara los diputados. Las competencias de la Junta Directiva están debidamente reglamentadas en nuestro Reglamento y en la Constitución….El señor SG de la OEA sabe que esta es una Junta Directiva democrática y sabe que el Presidente de la AN, Diputado Omar Barboza, no tiene competencia para conocer sentencias de tribunal alguno, porque en dado caso si llega una sentencia a la Asamblea Nacional la competencia de su decisión sería del cuerpo… (Porqué el SG de la OEA) no utilizo la formula de la cooperación, de la diplomacia, de alzar un teléfono y comunicarse con el representante de nuestra Junta Directiva y Parlamento para ver cuál era el status de la llamada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que para información del pueblo venezolano de manera formal no la conocemos ni conocemos los términos de la misma. Y según lo que ha salido por los medios de comunicación hay una sentencia que ordena la detención y apresamiento del Presidente de la República, y bien como lo dijo la Diputada Delsa Solórzano eso es competencia de los organismos de seguridad del Estado porque en ninguna parte de la Constitución eso es competencia de la Asamblea Nacional.” (resaltado nuestro) (Asamblea Nacional sesiona en rechazo a las medidas económicas, intervención del Diputado Simón Calzadilla, Movimiento Progresista de Venezuela, MPV en https://youtu.be/GsTrD9xDZkI, min 44:33).

El solo decir que un Diputado, ni siquiera el Presidente de la Asamblea Nacional, cualquier diputado, no le corresponda atender la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación al cuerpo en el cual están colegiados, es por decir lo menos una barbaridad. Si el TSJ legitimo dicta una sentencia como la del 3 de Mayo de 2018 exhortando “a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, todos y cada uno de ellos son responsables colegiadamente de la ejecución de esa sentencia (subrayado nuestro) (Decisión del TSJ legítimo ordena continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros, en

La insistencia del Diputado Calzadilla y el Presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza en desconocer el dictamen del Alto Tribunal en relación a la sentencia de Maduro en Bogotá, pretende tomar a los venezolanos por idiotas. Toda Latinoamérica vio por los medios digitales cuando el Magistrado Rommel Gil leyó la sentencia completa, con puntos y comas, desde el lugar donde se sentenció a Nicolás Maduro Moros oralmente. La Asamblea Nacional puede ver al Magistrado Gil en YouTube cuando lo desee en el video “TSJ en el exilio sentencia a Maduro a 18 años en Ramo Verde”, leída por el Magistrado Rommel Gil https://youtu.be/FOABxN8BfKY. Si pretenden desconocer un hecho público, notorio y comunicacional porque están esperando a la usanza del siglo antepasado un papel con la firma de los Magistrados del TSJ legítimo para que ellos se dignen a resolver lo que Venezuela urgentemente clama para sobrevivir esta tragedia, entonces esos no son los representantes que necesitamos para resolver la crisis, porque deliberadamente están retrasando su solución.

Es claro que lo que corresponde a los cuerpos de seguridad en relación a la detención de Maduro es de su absoluta y propia responsabilidad, como bien señalara la Diputada Solórzano en su intervención parafraseada por el Diputado Calzadilla. Pero lo que corresponde a la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que la designación de un Gobierno de Emergencia que sustituya al régimen, como consecuencia del juicio y la sentencia de Maduro, es de la absoluta responsabilidad de la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que señaló acertadamente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro en su comunicación, al decir: “El acatamiento, así como el respaldo y la confianza de la Asamblea Nacional (AN) hacia el TSJ legítimo, son pasos esenciales para una transición a la democracia en Venezuela por la vía de la justicia y la reinstitucionalización. Su no acatamiento lo situaría a Usted al margen de la institucionalidad democrática y lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido al país”. Y es por eso que no les gustó que se lo dijeran crudamente, siendo eso exactamente lo que ocurrió. Después de ese desacato se convirtieron formalmente en cómplices de la dictadura.

Y no fue en “un falso supuesto” en el que se sustentó la carta de Luis Almagro, como lo dijo Omar Barboza en su intervención (ver Asamblea Nacional sesiona en rechazo a las medidas económicas, intervención del Diputado Omar Barboza, Presidente de la Asamblea Nacional, cierre de las intervenciones, en https://youtu.be/GsTrD9xDZkI, min 1:13:22), ni dijo “cosas que tienen una fundamentación totalmente falsa”, porque no podía suponer absolutamente nada cuando está referenciando una sentencia publica, notoria y comunicacional, que al parecer quienes la quieren ignorar son precisamente aquellos en que el pueblo de Venezuela deposito su confianza el 6D-2015.

Almagro no dice que el Presidente de la AN no ha querido ejecutar una sentencia del TSJ legítimo, sino lo que hace es advertir que de no hacerlo por “El uso ligero de formalismos para dar la espalda al acervo de pruebas presentado y analizado por el TSJ mediante el Juicio Oral y Público iniciado el 2 de agosto, es excusar desde la AN a la dictadura a pesar de sus acciones criminales ya juzgadas por el poder judicial legítimo”. (resaltado nuestro)

Pues eso fue lo que exactamente sucedió. Ligera y deliberadamente usaron formalismos leguleyos para darles la espalda a los venezolanos y evitar el nombramiento de un nuevo Gobierno de Emergencia como lo esperaba el pueblo de Venezuela. Lamentablemente la comunicación de Luis Almagro fue premonitoria y extraordinariamente acertada. No fue extraño entonces que el Diputado Presidente de la Asamblea Nacional se haya sentido aludido previamente en una advertencia que se hizo realidad, no cuando le enviaron la comunicación como el mismo señaló, sino después de esa lamentable sesión extraordinaria, ya que la advertencia del Secretario Almagro se evidenció como un hecho contundentemente cierto. Sería que se sintió culpable antes de lo que sabía que iba a suceder. Le corresponde ahora al pueblo de Venezuela, quien a diferencia de quienes lo representan, si mantiene los principios citados por el Secretario General de la OEA, asumir en su lugar con coraje y valor lo que no quisieron encarar hoy en la Asamblea Nacional, haciendo uso de las herramientas y recursos constitucionales disponibles para la restitución del orden y la legalidad en Venezuela.

Caracas, 21 de Julio de 2018

Twitter:@laguana

domingo, 19 de agosto de 2018

Gobierno de Emergencia: ¿quien debe decidir?

Por Luis Manuel Aguana

Es todavía muy pronto para evaluar en su justa dimensión y profundidad el alcance de las decisiones tomadas por el régimen de Nicolás Maduro en materia económica. Después de su sentencia condenatoria, Maduro y su régimen huyen hacia delante con unas medidas económicas desesperadas que intentan cuadrar un círculo imposible de cuadrar, tratando de inventar una economía diferente de la que rige en el mundo civilizado. Pero el análisis que priva aquí no es económico, es profundamente político. A ningún economista serio le cuadrará un tipo de cambio anclado a una criptomoneda inexistente, ni que el salario mínimo se multiplique por 36 de la noche a la mañana sin ninguna base de sustentación.

Aunque Maduro jure encima de la Biblia que no seguirá imprimiendo billetes sin respaldo, la maquinaria de la economía se moverá inexorablemente sola con sus propios mecanismos, como bien lo saben los economistas. Tratando de resolver el problema facial de poder manejar cifras inimaginables hasta hace pocos años en Venezuela, en el medio de la hiperinflación jamás vista antes en este planeta, no se está incidiendo en las causas sino en las consecuencias del desastre provocado por estos aprendices de brujo.

Nadie en el régimen se está ocupando de la producción, porque ese nunca ha sido el problema de los comunistas, odian todo aquello que represente esfuerzo para producir porque viven del esfuerzo de otros. Han destruido en 5 años el 50% del tamaño de la economía venezolana, como lo destacó recientemente el economista José Guerra (ver Guerra: En cinco años Venezuela ha perdido el 50% del tamaño de su economía, en http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/guerra-en-cinco-anos-venezuela-ha-perdido-50-del-tamano-de-su-economia/), y ahora pretenden terminar lo que comenzaron, destrozando lo que queda del sector privado, el último bastión de la producción del país.

Pero de lo que se trata aquí es de una cuestión de supervivencia: o sobreviven ellos intentando imponer a troche y moche un modelo económico fracasado en el mundo, o sobrevivimos los venezolanos saboteando a como de lugar ese intento. Por alguna razón han visto que no es viable lo que hasta ahora ha pasado creando dinero inorgánico y produciendo una terrible hiperinflación. Ven con asombro que ellos mismo se han empobrecido y empobrecido al resto de los venezolanos, y creen que solo con tener una riqueza no realizada debajo de la tierra es suficiente para fundamentar un sistema económico.

Que por favor alguien le explique a este régimen que no es suficiente con estar sentado sobre un barril de petróleo. Hay que sacarlo, venderlo y cobrarlo con todos los costos asociados que ello implica, para que eso pueda ser considerado como un valor de cambio en el mercado internacional, como hasta ahora se ha hecho con la riqueza petrolera en Venezuela desde hace mas de 100 años, con la explotación del pozo Zumaque I en 1914. Pero eso no lo quieren o no lo pueden entender.

Y como creo que el régimen no lo puede y no lo quiere entender, ha llegado a una etapa en la que ya nada de lo hagan no logra sino agravar la situación de los venezolanos, haciendo que el problema, no económico sino político, se reduzca a una solución simple pero increíblemente difícil: Maduro y su régimen deben ser desplazados del poder.

Aquí ya deben cesar las discusiones de economía o si la agenda económica del régimen es o no es una locura. Esa dejo de ser la discusión desde hace varios años. Solo que ahora el problema es de una gravedad extrema, de vida o muerte: “Me lleva el o me lo llevo yo, pa’ que se acabe la vaina” como bien decía el estribillo de una vieja canción de Carlos Vives.

En este sentido está planteada una discusión ahora mismo en la Asamblea Nacional en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legitimo acerca de la condena a Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales, y que di a conocer en mi nota anterior (ver Una decisión del Soberano, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/08/una-decision-del-soberano.html). Luego de ese nuevo “programa económico” (porque hay que llamarlo de alguna manera) dado a conocer por el gobierno hace pocas horas se multiplica la responsabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional de sustituir en gobierno de Nicolás Maduro a consecuencia de la sentencia del TSJ legitimo.

Los diputados no deberían de ninguna manera irse a un receso parlamentario dada la grave situación del país y mucho menos dejar su responsabilidad en manos de un super cogollo establecido en la Comisión Delegada para decidir cuál será la posición del Poder Legislativo en torno al vacío de poder constitucional de Maduro que sale como consecuencia de esa sentencia. Los venezolanos exigimos que se nos represente de manera adecuada para tomar las decisiones trascendentales a las que haya lugar como consecuencia de ese paquete económico que nos acaba de anunciar el régimen, que quiebra en la práctica a todo el mundo en este país.

Pero esa quiebra generalizada no le importa al régimen. Lo importante aquí es lo que haremos nosotros frente a esa nueva realidad. Si frente a esa nueva realidad anteponemos una actitud cobarde de aceptar sin chistar lo que nos imponen, eso es lo que precisamente tendremos. Y eso es lo que está haciendo el Presidente de la Asamblea Nacional al decir que la sentencia de Maduro “es inejecutable sin Estado de Derecho” (ver Barboza: Sentencia contra Maduro es inejecutable sin estado de derecho, en http://cronica.uno/barboza-sentencia-contra-maduro-es-inejecutable-sin-estado-de-derecho/). Yo me preguntaría que si como consecuencia de no haber Estado de Derecho en Venezuela dejaríamos lo que tenemos que hacer para el retorno de la legalidad. Eso es como si detuvieran a Omar Barboza por cualquier razón y sus defensores no ejercieran lo que tienen que ejercer en su defensa porque en Venezuela “no hay Estado de Derecho”. Se pudriría en las mazmorras del régimen.

¡Y claro que no hay Estado de Derecho! La situación dejo hace mucho tiempo de ser jurídica para ser política. Dada la trama de corrupción de Odebrecht, donde fueron repartidos millones de dólares tanto al régimen como a su oposición oficial para favorecer contratos de la República con esa empresa, veo sumamente cuesta arriba que la oposición oficial reunida en los partidos de la MUD en la Asamblea Nacional reúna las condiciones necesarias para decidir el curso de acción política para el bienestar de Venezuela.

Si bien es cierto que los partidos reunidos en la Asamblea Nacional tienen la responsabilidad constitucional para decidir un nuevo gobierno como ha sido de hecho desde el 9 de enero de 2017, cuando se declaró el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro, no es menos cierto que esa Asamblea se encuentra disminuida, contaminada y corrompida por fracciones que han sido socias del régimen para mantener a Maduro en el poder, tratando de destrozar desde su Directiva el trabajo del TSJ legitimo, así como de partidos políticos que han sido acusados con sus principales dirigentes de haber aceptado sobornos de Odebrecht, y que buscarán desesperadamente asumir el control del país para evitar investigaciones posteriores. Si a eso se le añade la persecución política de diputados y dirigentes de partidos que no se han doblegado, ¿cuál puede ser el resultado de un acuerdo político para formar un gobierno hecho entre corruptos y perseguidos? Entonces la Asamblea Nacional no sería el mejor escenario político para que nazcan quienes conducirían al país en el peor momento de la historia de Venezuela.

Se explica entonces que la Directiva de la Asamblea Nacional no haya querido lavar ni prestar la batea en el nombramiento de un Gobierno de transición. Saben que tienen la responsabilidad constitucional, pero tampoco desean que sea el TSJ legítimo quien tome la decisión donde ellos no tengan el control. Y en el medio de esa tragedia estamos los venezolanos muriéndonos aceleradamente en el medio del más espantoso escenario económico jamás visto por la humanidad.

¿Debemos entonces aceptar ese chantaje de Barboza y su Directiva al decir que la sentencia de Maduro es “inejecutable” porque no hay Estado de Derecho en Venezuela para no hacer lo que les corresponde hacer? Eso es inaceptable. El debate inmediato planteado por la fracción 16J en la Asamblea Nacional (ver Fracción 16J tras madurazo: Exigimos la inmediata convocatoria a sesiones extraordinarias de la AN, en https://www.lapatilla.com/2018/08/18/fraccion-16-j-tras-madurazo-exigimos-la-inmediata-convocatoria-a-sesiones-extraordinarias-de-la-an/) es la respuesta legitima de la decencia que aún queda en la Asamblea Nacional al indicar: “Definitivamente firme la sentencia del legítimo TSJ, por todos conocidas, la Asamblea Nacional no puede evadirla e incumplir con sus responsabilidades evidentemente de carácter constitucional. La respuesta al trágico madurazo está en llenar la vacante constitucional. Esto sólo puede hacerlo la Asamblea Nacional, imposible de ser reemplazada por la Junta Directiva o la Comisión Delegada”. Pero eso es lo que desea precisamente hacer Barboza, sustituir la decisión de la Plenaria de los Diputados por lo que arregle un cogollo de una Directiva entregada al régimen.

Pero el país no se encuentra para esperar un segundo más para que se decida un nuevo gobierno en Venezuela. Barboza ni nadie puede ser un obstáculo para evitar que se cambie el rumbo suicida que lleva la República. Se podría decir que no están dadas las condiciones para que un nuevo gobierno sea nombrado desde la Asamblea Nacional por más legal que esta decisión pueda ser. Sería incluso hasta perjudicial para los intereses de Venezuela, que este nuevo gobierno provenga de una negociación con factores opositores agavillados con la corrupción del régimen. Urge entonces una decisión Política (con P mayúscula) no solo lo más apegada a la justicia, sino a la ética y la moral republicanas, como siempre lo exigía el Libertador en sus proclamas. Y quienes hasta ahora han demostrado en su actuar esa conducta que tanto se necesita en Venezuela, se encuentran fuera del país en una lucha sin cuartel para llevar a la cárcel a quienes han destruido a la Nación, en el TSJ legitimo en el exilio. Sumemos todos para que esa decisión sea respaldada por el pueblo de Venezuela.

Caracas, 19 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana