Por Luis Manuel Aguana
Según una nota de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, a través del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) se procederá a digitalizar todas las huellas que se almacenan en el Archivo Central de venezolanos y extranjeros para crear una Base de Datos que pueda ser usada por los diferentes organismos de seguridad. Asimismo, se pretende utilizar esa información para validar transacciones financieras. También informa el SAIME que las nuevas cédulas que el gobierno nacional pretende poner en circulación a través de la Misión Identidad, contendrá información y data personal.
La manera en la que se han usado en el pasado reciente los datos personales de los venezolanos, nos pone a dudar a todos que estos datos, ahora recolectados de una manera más rigurosa, no sean utilizados de una manera impropia por un Estado que ha dividido al pueblo venezolano entre “amigos” y “enemigos” de “La Revolución”.
Aun cuando nuestra Constitución en su Artículo 28 garantiza nuestro derecho de acceder e incluso destruir datos que afecten ilegítimamente nuestros derechos, es de una gravedad extrema que un gobierno de tendencias autoritarias pueda disponer a su discreción de información, que utilizada de una manera impropia y con un Sistema Judicial altamente politizado, afecte y discrimine gran parte de la población. Les doy solo un ejemplo: Una Cédula de Identidad que haya sido catalogada y marcada centralmente como “enemiga” del “La Revolución” puede ser bloqueada para realizar transacciones bancarias o peor aun para adquirir ciertos bienes y servicios que solo el Estado puede dar (pasaportes, licencias de conducir, matriculación de vehículos, etc.). Esto es solo un ejemplo de una larga lista de exclusión cibernética a las que nos veríamos expuestos los ciudadanos al poseer el gobierno maneras de acelerar la identificación uno a uno de los ciudadanos.
Es claro que un Estado debe mejorar con el paso del tiempo los mecanismos de identificación de las personas a fin de mejorar los procesos de interacción con el ciudadano común. Pero en el marco de un estricto respeto a los Derechos Humanos y Privacidad de las personas. En este sentido deberá existir una plataforma institucional, que no existe en nuestro país, a fin de monitorear y proteger la privacidad de las personas y sus derechos ciudadanos. Una normativa legal y técnica que permita establecer los mecanismos institucionales necesarios, ajustados a la realidad de nuestro país y que de alguna manera pueda garantizar la vigencia plena del derecho a la privacidad de las personas y que sus datos solo sean utilizados por el Estado para fines de mejora de su relación con el ciudadano se hace imprescindible en la Venezuela actual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario