ANCO, el porqué y el para qué de una Constituyente

Por Luis Manuel Aguana

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Intervención en el Foro sobre “Liderazgos naturales y la Constituyente Originaria”, auspiciado por la asociación Fuerza Ciudadana en Acción, en Caracas, 16 de septiembre de 2022

Buenos días. En primer lugar, agradezco a Luis Márquez y a Fuerza Ciudadana en Acción, por esta invitación para compartir con ustedes en ocasión de un tema que nos concierne a todos. Pero el tema no debería ser “la Constituyente”. Y ustedes se sorprenderán del porqué afirmo eso. Después de todos estos años todavía me llama la atención de que el centro del debate sea ese. Nunca he escuchado a nadie preguntarse cuál es la razón, el porqué y para qué insistimos en la convocatoria del Poder Originario. Y está claro para todos que una Constituyente tiene, entre otros, el objetivo de redactar un nuevo texto Constitucional. Pero más allá de eso, nadie pregunta por qué o para qué queremos hacer eso.

Y es por allí que deseo empezar esta conversación. Por el porqué y el para qué. Después ustedes verán si esas motivaciones son ilusas, descabelladas o peor aún sin fundamento.

En estos días publiqué una nota, que recomiendo se lean. La titulé “El Cambio fundamental” (ver El Cambio fundamental, en https://ticsddhh.blogspot.com/2022/08/el-cambio-fundamental.html) porque sentí que en el afán de tratar de explicar toda la complejidad que implicaba nuestra propuesta de cambio estructural del sistema de relaciones de poder en el Estado, debía comenzar por explicar cuál era la principal modificación a realizar. Y esa no es otra que en la concepción que hemos tenido del cómo se deben plantear las relaciones que se estructuran en el Pacto entre quienes nos gobiernan y nosotros, los gobernados, en una Constitución. Porque es en la esencia de ese Pacto donde se encuentra, a nuestro juicio, el gran problema de los venezolanos.

Partiendo de la “Constitución del Estado de Venezuela del 24 de septiembre de 1830”, que así era como se titulaba el texto fundamental de nuestro país aprobado luego de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, hasta nuestros días, la estructura del poder aplicada a la Constitución ha sido la misma: hay una definición mínima de los Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial –en esta última de 1999 hay 5- con delegación al Poder Ejecutivo de la Administración de la Hacienda Pública Nacional y las Fuerzas Armadas, con los controles correspondientes delegados al Poder Legislativo.

Y la Constitución no es otra cosa que la materialización, por escrito y en blanco y negro, de ese Pacto. Fue a través de ese Pacto que los venezolanos decidimos y pusimos en blanco y negro en 1811 las reglas según las cuales se regiría un nuevo país independiente, parido por representantes de las 7 Provincias que constituían la Capitanía General de Venezuela.

Pero yo no deseo irme tan atrás porque implicaría una explicación más larga y el sueño destruido de Simón Bolívar con la Gran Colombia. Quiero comenzar con el origen de Venezuela como República, separada como hermanos siameses, de Colombia y el resto de los territorios liberados por El Libertador.

Desde la primera Constitución venezolana de 1830, luego de nuestra separación de la Gran Colombia, los venezolanos hemos definido en nuestro Pacto fundamental que sería el Presidente de la República, como cabeza del Poder Ejecutivo, el que centralizara el poder de las armas y el dinero de todos los venezolanos, bajo su dominio y administración. Ese es el sistema que nos hemos dado desde el principio de los tiempos republicanos. Pero ese arreglo tiene un defecto estructural: nuestro bienestar depende altamente de la eficiencia y las intenciones –malas o buenas- de quienes ocupan la única posición de poder en el país. O dicho de otra manera, la regla establecida en todos nuestros Pactos fundamentales entre gobernados y gobernantes, le entrega a quienes nos gobiernan en el Poder Ejecutivo, la patente de corso de hacer lo que les venga en gana con lo que es de todos.

Ese arreglo hace que todo el mundo político busque esa posición. Que toda la estructura política que se organice en el país gire en torno a conseguir esa posición privilegiada. El Presidente de la República -en la práctica- se hace dueño de Venezuela. Y ustedes me dirán: ¡pero eso no es así! ¡Existen los contrapesos institucionales! Están los Poderes Legislativo y Judicial, ¡el Presidente no puede hacer lo que le de la gana! Pero en Venezuela lo ha hecho y no de ahora, sino desde que somos República. El sistema de relaciones de poder no ha funcionado eficientemente y lamentablemente en toda nuestra historia, estos mecanismos definidos como tales en el Pacto Fundamental, la Constitución, no han sido lo suficientemente eficientes para evitar los desmanes de quienes han ocupado el poder en Venezuela.

No ha existido nunca un equilibrio entre los Poderes Públicos, ocasionando que quienes han ejercido el Poder Ejecutivo, hayan tenido permanentemente una influencia perniciosa en la administración de lo que es de todos, trayendo como consecuencia subdesarrollo y pobreza, y últimamente destrucción institucional del Estado y éxodo masivo de la población. No hemos podido evitar que quienes controlen ese Poder definido en el Pacto fundamental corrompan el resto de los Poderes, así estén definidos 5 como están establecidos en Venezuela en nuestra actual Constitución. Y a las pruebas me remito: un Poder Electoral corrupto y subrogado al régimen no nos ha permitido salir pacíficamente de esta grave situación.

En la Constitución de 1925 aparece por vez primera la figura de algo que consideramos completamente decimonónico, injusto y perjudicial para los ciudadanos: el Situado Constitucional. La aparición de esta figura coincide con los años iniciales de la producción petrolera en la Venezuela de Juan Vicente Gómez. ¿Y por qué? Porque toda esa riqueza debía ser distribuida de alguna manera formalmente en la población. La última revisión de ese arreglo que define los ingresos de los Estados del país está establecido en el Artículo 167.4 de la Constitución de 1999, que dice y cito: “… El Situado es una Partida equivalente a un máximo del Veinte por ciento del total de los Ingresos Estimados anualmente por el Fisco Nacional…”. Fin de la cita.

Poca gente se pasea por el hecho de que esa parte del Pacto es completamente perjudicial para nosotros,  los ciudadanos, favoreciendo claramente a quienes llegan a ejercer el poder en Venezuela. En el año 2016 solo el 3,67% del presupuesto Nacional fue a parar a los Municipios del país, y el 14,71% fue para la administración de los Estados, reservándose el Ejecutivo Nacional el 81,61%. Y unas cifras semejantes se han repetido durante más de 60 años, los 40 del Pacto de Punto Fijo y los más de 20 del castro-chavismo-madurismo. Díganme ustedes si todos los Alcaldes de Venezuela pueden hacer algo con 3, 67% del ingreso del país para mejorar la calidad de la vida cotidiana de sus ciudadanos, esto es, agua, luz, seguridad, transporte público, mantenimiento escolar, etc., etc., etc..

Pero lo peor no es que los Municipios, que es donde realizan su vida los ciudadanos, no tengan con que hacerle frente a las cada vez mayores necesidades que demanda la población. Lo peor es que más del 80% del dinero se encuentre a la discreción de un puñado de políticos que se hacen ricos y hacen ricos a quienes les dé la gana, decidiendo en que parte del territorio se invierte lo que es de todos. Ese Pacto no es de ninguna manera equilibrado. Es por esta razón por la que Chávez, Maduro y su entorno se llevaron la riqueza del país, arruinándonos a todos. Y la razón por la cual los partidos se matan entre ellos para estar en su misma situación.

De lo anterior podemos inferir que un Pacto de semejante naturaleza debe ser cambiado a la brevedad posible. El poder debe ser despiezado y entregado a los ciudadanos, volteando profundamente la pirámide del poder en Venezuela.

Los partidos políticos, que debieran ser los principales agentes modificadores de esta situación, no están interesados en cambiar de ninguna manera el sistema de relaciones de Poder establecido en la Constitución. Son usufructuarios de ese sistema. Los ciudadanos nos encontramos entonces en lo que yo llamo un estado de indefensión Constitucional.

Pero por si fuera poco el desequilibrio existente en las cuentas constitucionales, un estudio realizado en el año 2006 por Primer Poder, Asociación Civil, (https://www.facebook.com/PrimerPoderAC/) titulado “El Estado Plural”, encontró que, y cito: “El Presidente de la República entre 1958 y 1998 tenía responsabilidad directa sobre más del 80% de las Políticas de Estado y sus respectivas áreas operativas de control y servicio. Todas sumaban 230 de las 279 responsabilidades que correspondían al Estado Nacional. Sin olvidar un total de unas 500 empresas e institutos autónomos bajo la tutela presidencial. A partir de 1999 el régimen castro-chavista trasladó paulatinamente el control absoluto del Presidente sobre el 100% de las responsabilidades estatales agregando otras 22 para totalizar 317. Es decir. Una sola persona tiene la responsabilidad directa sobre el diseño de 103 áreas de políticas de Estado; más 105 áreas del controles estatales y 109 áreas de servicios estatales. Sin olvidar un total de unas 5.000 empresas e institutos autónomos bajo la tutela presidencial (10 veces el estimado de 1998)”. Fin de la cita.

Ese apoderamiento del Poder Ejecutivo, de la vida de la Nación y de todos nosotros, los ciudadanos, es lo que hay que cambiar URGENTEMENTE en Venezuela. Y la ÚNICA manera de hacerlo es convocando a quien Constitucionalmente puede lograrlo que no es otro que el Pueblo de Venezuela a través de un mecanismo establecido en la Constitución de 1999, una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario.

Hasta ahora hemos definido entonces el porqué queremos esa Asamblea Nacional Constituyente. Veamos ahora el para qué.

Al establecer una nueva relación de Poder en el Pacto, donde se coloque al Poder Ejecutivo en un lugar verdadero de representación de los ciudadanos, implica que ese 80% deberá ir a los Estados y Municipios, pero principalmente a los Municipios, dentro de una nueva propuesta de distribución político-territorial. Más para los Municipios, luego a los Estados y luego al Poder Federal. En ese orden. Se desaparecería la figura del Situado Constitucional, porque serían los Estados, ahora en contrario, quienes decidan el aporte para el sostenimiento de un Gobierno Federal, asumiendo en la práctica el control de su desarrollo, de acuerdo a sus propias potencialidades. Esto es lo que he llamado la inversión de la pirámide del Poder en Venezuela.

Los Estados establecerían el modelo de desarrollo que más les convenga de acuerdo a su perfil económico, histórico y cultural, y esto deberá estar plasmado en la propia Constitución del Estado, que deberá ser aprobada por su población, luego de sancionarse el cambio trascendental que proponemos en una verdadera Constitución Federal para Venezuela. Eso es lo que ANCO en esencia plantea en su propuesta El Gran Cambio (ver El Gran Cambio, Una propuesta para la Refundación de Venezuela, en https://tinyurl.com/5n6enjrr).

Pero los cambios propuestos van más allá: la actualización y reorganización político-territorial de los Municipios, la recomposición de territorial de las capitales de los Estados, comenzando por la capital de Venezuela, Caracas, y sugerencias propuestas para el modelo de desarrollo de los Estados. Todo esto está contenido en la obra del Coordinador Nacional de ANCO, el Ing. Enrique Colmenares Finol, titulada “El Delirio Manifiesto, Venezuela, Política, Región y Ciudadanía” (1). No existe hasta ahora ninguna otra propuesta estructurada de cambio político-territorial del país de esa envergadura, lo que demuestra la seriedad del planteamiento político hecho por ANCO a los venezolanos.

Nadie en Venezuela está preparado para estos cambios, pero eso no significa que no sean posibles. No estamos planteando un programa de gobierno como cualquier partido político. NO. Estamos planteando una nueva estructura de relaciones de poder y desarrollo para los venezolanos, y establecerla en nuestro Pacto fundamental, puesto en blanco y negro en la Constitución. Y una vez que el Constituyente la haya aprobado, entonces será cuando comenzará el trabajo de construcción de una nueva Venezuela. Nos vamos a equivocar, como cualquiera que comienza una nueva manera de hacer las cosas. Pero la creatividad y el empuje del pueblo venezolano se pondrán por encima de ese estado de indefensión constitucional y ciudadana, al que nos han sometido por casi dos siglos. Ese es nuestro reto…

Muchísimas gracias.

Caracas, 16 de septiembre de 2022

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Twitter:@laguana

(1)   Enrique Colmenares Finol, Mi Delirio Manifiesto, Venezuela, Política, Región y Ciudadanía, Ed. Punto, ISBN 9789807801096, 2018