Transición y reconstrucción electoral en Venezuela

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Por Luis Manuel Aguana

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La situación de ilegitimidad constitucional de quienes ahora ejercen el poder ejecutivo en Venezuela deja muy poco espacio para lograr la estabilización política del país. Por un lado, todos los factores políticos exigen elecciones inmediatamente para resolver el problema, y por el otro, la inconveniencia de un apresuramiento electoral para los venezolanos, habida cuenta del tiempo que se precisa para el desmontaje de toda la infraestructura electoral viciada construida por el régimen castro-chavista-madurista durante casi 30 años, precisamente para mantenerse en el poder.

La construcción -prácticamente desde cero- de una nueva infraestructura electoral democrática para garantizar un proceso técnico, legal y administrativo que garantice confiabilidad para los venezolanos de unas elecciones libres, justas y verificables, esto es, auténticas, transparentes y democráticas, no es materia trivial y debe ser estudiada a cabalidad y ser implementada previo a cualquier cronograma electoral.

Desde el vencimiento del plazo de 180 días que exige la Constitución (Artículo 234) para declarar la ausencia absoluta de quien ejercía el cargo de presidente de la República, la ciudadana Delsy Eloína Rodríguez Gómez, al no haberse declarado la falta absoluta del presidente en funciones por la Asamblea Nacional y convocado en consecuencia a elecciones, ejerce de manera ilegítima el cargo de presidente de la República desde ese vencimiento, creándose en el país desde ese mismo instante una presidencia sin ningún asidero jurídico.

Bajo esa misma condición de ejercicio ilegal de la presidencia de la República, se han modificado leyes muy importantes del país y otorgado concesiones petroleras que comprometen al Estado venezolano. Esos contratos y leyes promulgadas deberán ser obligatoriamente revisados y/o modificados, o definitivamente rechazados posteriormente por una representación legítima en el poder ejecutivo.

Esta situación ilegal se resolvería si se pudieran realizar elecciones presidenciales de manera inmediata. Sin embargo, como señalamos antes, tomaría meses la reconstrucción no solo del sistema electoral de Venezuela, sino de toda la institucionalidad que gira alrededor de la elección de cargos públicos.

El presidente de los EEUU declaró en la televisión norteamericana 5 días después de la extracción de Nicolás Maduro Moros que los venezolanos ni siquiera sabríamos “cómo organizar unos comicios en este momento” ni “cómo llevar a cabo unas elecciones”, y que primero se dispondrían a “reconstruir el sector petrolero y su infraestructura” antes de devolverle la soberanía a los venezolanos, al claramente indicar: “Y, en última instancia, se celebrarán elecciones”. Ese ha sido el esfuerzo demostrable de los funcionarios norteamericanos en los siguientes meses de la extracción de Maduro (ver Intervención Electoral: Garantía de soberanía, en https://ticsddhh.blogspot.com/2026/04/intervencion-electoral-garantia-de.html).

La historia venezolana reciente nos da lecciones del camino que debiéramos estar transitando. Al no tener un gobierno legítimo en funciones, difícilmente recorreremos una ruta electoral de la cual no hemos dado ni siquiera el primer paso.

El período de transición posterior a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se realizó entre el 23 de enero de 1958, pasando por las elecciones generales del 7 de diciembre (presidente y Congreso), hasta la entrega del poder al presidente Rómulo Betancourt el 13 de febrero de 1959. Durante el período de la Junta de Gobierno “…se legalizaron los partidos políticos proscritos durante la dictadura de Pérez Jiménez, se designa un gabinete con representación de diversos sectores de la sociedad, se designa un comité para crear un estatuto electoral que permitiera elecciones libres inmediatamente, además de revisión de las finanzas públicas y la declaración de confiscación de los bienes de los principales dirigentes de la dictadura” (ver Wolfgang Larrazabal, Wikipedia, en https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Larrazábal). 

El gobierno de transición de Wolfgang Larrazabal decretó en mayo de 1958 un Estatuto Electoral que creó el Consejo Supremo Electoral, organismo predecesor del CNE, y que sentó las bases para todos los procesos electorales realizados en el país durante más de 40 años (ver Junta de Gobierno de la República de Venezuela, Decreto 234, 23 de mayo de 1958, Ley Electoral, en https://tinyurl.com/2byupt7m).

Entonces, antes de llegar a profundizar en todas las tareas necesarias para asegurarnos unas elecciones libres, justas y verificables, deberíamos estar pensando en primer lugar en cómo llegar de manera pacífica y constitucional a una Junta de Gobierno de Transición en sustitución al régimen ilegítimo de Delcy Rodríguez, que nos pueda garantizar un Estatuto Electoral similar y ajustado a nuestros tiempos, que reviente hasta los cimientos al CNE y construya algo completamente nuevo para los venezolanos. Y eso necesariamente tardará un tiempo indeterminado que no podrá conocerse hasta tener el informe de una comisión interventora del CNE. Mientras tanto deberá existir un nuevo gobierno de transición que ordene esa intervención y genere un nuevo Estatuto Electoral para Venezuela, tal y como se realizó en 1958.

Como no podemos pensar en ningún proceso electoral (consultas y elecciones) que convoque al dueño de la soberanía popular al estar comprometido el sistema electoral vigente, la única ruta constitucional posible es el Tribunal Supremo de Justicia. Al estar en este momento discutiéndose la designación de los magistrados de ese nuevo Tribunal por los primeros acuerdos firmados en la negociación de las dos Asambleas, es a este nuevo Poder Judicial al que le correspondería designar un nuevo Poder Ejecutivo transitorio en sustitución del encabezado por Delcy Rodríguez, que pueda ser reconocido como válido en el país y por la Comunidad Internacional.

La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, le ha propuesto seria y responsablemente a la Administración del presidente Donald Trump la sustitución del régimen írrito de Delsy Rodríguez por una Junta de Gobierno de Transición para el restablecimiento del hilo constitucional (ver Manifiesto a la Nación y a la Administración del presidente Donald Trump JUNTA DE GOBIERNO DE TRANSICIÓN YA - 03-07-2026, en https://ancoficial.blogspot.com/2026/07/comunicado-anco-manifiesto-la-nacion-y.html).

¿Y por qué se lo pedimos a los EEUU? Porque para nadie es un secreto que son ellos los que militarmente y por la fuerza de las armas, desde el 3 de enero de 2026, controlan al régimen y que luego del 3 de julio son su ÚNICO sostén y razón para seguir en el gobierno. No existe fundamento de ninguna naturaleza que justifique legalmente la presencia de Delcy Rodríguez como “presidente interino” de Venezuela.

Y que esa nueva Junta de Gobierno de Transición ordene la intervención del Poder Electoral a los fines de crear un Estatuto Electoral especial, para conducir a unas elecciones libres, justas y verificables, en los tiempos del plan de 3 fases de los EEUU, para restituir el carácter soberano y democrático del pueblo de Venezuela a la brevedad posible.

Al ver el nacimiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, creemos que este se puede abocar a dos tareas iniciales fundamentales: la designación de una Junta de Gobierno de Transición bajo la protección del gobierno de los EEUU, y resolver conjuntamente con las nuevas autoridades un acuerdo petrolero negociado, esta vez ajustado a la legitimidad de quienes deben firmarlo. Esa es la ruta de transición y reconstrucción electoral que nos queda por recorrer antes de llamar a cualquier elección en Venezuela, y que desde ya deberíamos estar negociando con los EEUU. Para ayer es tarde…

Caracas, 23 de septiembre de 2026

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Opciones para la transición de Venezuela

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Por Luis Manuel Aguana

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Nadie podría poner en duda que uno de los problemas políticos más graves e importantes de la Venezuela de hoy es la actual permanencia de Delcy Eloína Rodríguez Gómez en la presidencia de la República. Podría decirse incluso que, de resolverse ese único asunto, al menos avanzaríamos un trecho importante en el resto de los problemas que agobian a los venezolanos.

La ilegitimidad abierta, manifiesta e inconstitucional de quien hoy ejerce la primera magistratura es una afrenta abierta a todo venezolano con un mínimo de decencia pública. ¿Cómo una persona que no fue electa, ni designada por algún proceso legítimo y constitucional, puede todavía, luego de haberse terminado el plazo para llamar a elecciones, seguir ejerciendo el cargo? ¿Dónde están las instituciones del país? Lo que sucede con Delcy Rodríguez no es más que la demostración clara y palpable de la necesidad urgente de un cambio institucional de proporciones en Venezuela.

El secreto a voces de que su sostenimiento se debe al reconocimiento que de ella han hecho los EEUU, no es más que una bofetada abierta a la soberanía del país. Y esto no lo digo por patrioterismo. El hecho de que sea la potencia hemisférica la que haya decidido por nosotros quién ejerce la presidencia de la República enardece innecesariamente los sentimientos antinorteamericanos en el país, a pesar del agradecimiento general a los EEUU por haberse llevado a Maduro por narcotraficante el 3 de enero.

Y eso a mi juicio es un error de los EEUU en la evaluación que debieron haber realizado al apoyar la continuidad del gobierno de Maduro con su vicepresidente al llevarse a Nicolás Maduro Moros. Y ese error llevó al siguiente, al continuar apoyando su presidencia luego de los 180 días constitucionales posteriores a la extracción del jefe del Cartel de los Soles.

Pero el mayor error y el que derrama el vaso fue la firma del llamado “acuerdo petrolero” con el régimen de los Rodríguez, que profundiza los EEUU aún más en el error de mantenerla en el poder, al subestimar el rechazo nacional e internacional por un acuerdo celebrado con la intermediación de un delincuente buscado en Europa por lavado de dinero.

Por un lado, los EEUU firman un acuerdo de participación accionaria con una empresa propiedad de un delincuente internacional y, por otro, una usurpadora del poder concede una concesión petrolera a esa misma empresa sin tener la legitimidad para poder hacerlo porque técnica ni jurídicamente puede firmar absolutamente nada por Venezuela, porque NO ES presidente, ni interino ni permanente. Entonces, ¿cómo podría sostenerse eso en el largo plazo? ¿Qué corporación seria pondría su dinero en ese trato?

Entonces, la única salida para ese desastre es que los venezolanos puedan obtener una representación legítima para firmar acuerdos de concesión, no solo con compañías de los EEUU sino con las de cualquier otro país. Y eso no se logrará hasta que se regularice la situación de ilegitimidad de la presidencia de la República.

Pero, ¿cómo lograr de la noche a la mañana una representación legítima de los venezolanos, y sustituir adecuadamente a Delcy Rodríguez, con el apoyo institucional de los EEUU?

Si los EEUU insisten en continuar apoyando a Delcy Rodríguez, difícilmente la situación mejorará en Venezuela. No hay ni una sola variable económica que se mueva positivamente si la apuesta es por la continuación del régimen de Maduro. Ni tampoco las ansiadas inversiones provenientes de un “acuerdo petrolero” insostenible. La situación política en el país continuará o empeorará debido a que ningún capital se moverá a un lugar sin seguridad jurídica ni Estado de derecho, sin contar que estarían haciendo negocios con un país cuyas autoridades desconocen acuerdos y atropellan los derechos humanos de su población.

Pero si, por otro lado, los EEUU rectifican su política en Venezuela en aras de un arreglo que implique renegociar con autoridades legítimas, renegociando el “acuerdo petrolero”, la situación podría cambiar sustancialmente. Sin embargo, no existen muchas opciones disponibles para regresar la legitimidad a la presidencia de la República: a) Elecciones inmediatas; b) Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial; c) Reconocimiento de los EEUU de las elecciones del 28J-2024. Veamos cada una por separado:

Elecciones inmediatas

Eso es lo que han estado gritando los sectores políticos desde el 3 de julio al vencerse el periodo de 180 días que da la Constitución, declarando de una vez la ausencia absoluta de Nicolás Maduro Moros. Pero eso no pasó, y Delcy Rodríguez continuó en Miraflores con el apoyo militar de los EEUU. De hecho, esa es la discusión.

Los voceros de los EEUU y hasta el mismo presidente Trump han insistido hasta el cansancio en que los venezolanos debemos esperar hasta que “existan las condiciones”. Incluso la presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, ha indicado que “Hay que mantener a Delcy Rodríguez en el poder para construir garantías y poder hacer elecciones” (ver declaraciones de Figuera en https://www.costadelsolfm.org/2026/09/hay-que-mantener-a-delcy-rodriguez-en-el-poder-para-construir-garantias-y-poder-hacer-elecciones-esa-es-la-tesis-de-dinorah-figuera/). Y la pregunta sigue siendo: ¿y cuáles son esas condiciones?

Se podrían realizar “elecciones YA”, como exigen algunos sectores políticos venezolanos. Allí todavía están las máquinas del CNE y el sistema automatizado de votación de Jorge Rodríguez para quien lo desee usar y al régimen le encantaría que lo hiciéramos. Pero, ¿es eso lo que queremos? Veamos las implicaciones de eso.

Un grupo de venezolanos hemos señalado reiteradamente la necesidad de “intervenir al Consejo Nacional Electoral, previo a cualquier siguiente elección, para garantizar elecciones auténticas en Venezuela”. Debe nombrarse una Junta Interventora del Sistema Electoral, con poderes suficientes y extraordinarios para intervenir en todos los organismos y componentes técnicos que tengan incidencia en el sistema electoral que tenemos ahora en Venezuela (ver Intervención Electoral: Garantía de soberanía, en https://ticsddhh.blogspot.com/2026/04/intervencion-electoral-garantia-de.html).

Esta ruta técnica pasa por establecer que no se puede acudir a comicios bajo la estructura electoral del régimen actual. La ruta planteada se fundamenta en los siguientes pilares de restitución soberana:

• Sustitución e Independencia Orgánica: Desmantelar el actual sistema electoral coercitivo y sustituir integralmente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por un organismo técnico, imparcial y despartidizado, restituido con arbitraje y asistencia técnica de la comunidad internacional, reestructurando en su totalidad las leyes y reglamentos electorales del país.

• Auditoría y Depuración del Registro Electoral: Realizar un censo real del Registro Civil y Electoral (Registro de venezolanos cedulados del SAIME y el Registro Electoral del CNE) de ciudadanos dentro y fuera del país, garantizando el derecho al voto de toda la diáspora venezolana sin trabas administrativas ni condicionamientos políticos.

• Sistema Manual y Transparencia Verificable: Eliminar la caja negra del voto electrónico viciado y retornar al voto manual con escrutinio público, contaje voto a voto al cierre de cada mesa y verificación de cuadernos de votación, con sistemas de transmisión y totalización automatizados plenamente auditables y sometidos a licitación pública.

• Garantías de Libertad Política y Campaña Equitativa: Cese inmediato de inhabilitaciones políticas arbitrarias, libertad de prensa total y eliminación del uso indebido de recursos públicos para coaccionar al electorado.

Solamente refundando el sistema electoral se podrá restituir el hilo constitucional y garantizar comicios cuyos resultados sean plenamente auditables y reconocidos internacionalmente.

Pero esto ni siquiera se ha reconocido públicamente en las negociaciones que se han llevado a cabo hasta ahora entre las dos Asambleas Nacionales, siendo su única preocupación el posible nombramiento sin fecha de unos nuevos rectores, desestimando la importancia de demoler la estructura principal sobre la cual ha estado montado el poder autoritario del régimen por casi 30 años. Sin realizar las tareas anteriores, ninguna elección podría realizarse inmediatamente sin correr el altísimo riesgo de perpetuar al régimen de Delcy Rodríguez.

Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial

Esta ruta sería posible con un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, completamente nuevo, legítimo e IMPARCIAL. Pero lo que se terminó negociando entre las dos Asambleas, la del “rodrigato” y la Asamblea de 2015, es un comité de postulaciones que incluye a los partidos, a contrapelo de lo que establece el artículo 270 Constitucional: “Académicos, juristas y miembros de ONG han advertido que el comité no debería contar con la presencia de legisladores, tal como lo establece el artículo 270 de la Constitución donde se señala que el comité es un órgano asesor de la AN, conformado por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ desde el año 2004 instituyó la participación de los diputados que tienen la mayoría para designar a los magistrados en ese comité, pese a que además son los legisladores quienes los escogen en la plenaria de la Cámara” (ver Asamblea Nacional chavista aprueba reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, en https://elpitazo.net/politica/asamblea-nacional-chavista-aprueba-reforma-del-articulo-65-de-la-ley-organica-del-tsj/).

Para remate de esta decisión “negociada”, Jorge Rodríguez enfatizó que “será esa Cámara la que escogerá a los magistrados del máximo tribunal venezolano, con lo que aclaró que no saldrá de la mesa de diálogo sino de la instancia controlada por el chavismo”. ¿Qué tal? En otras palabras, será el régimen DE NUEVO quien escogerá a quienes conformarán el “nuevo” TSJ. Vaya negociación amparada con el visto bueno de los EEUU…

¿Cómo se podría evitar este nuevo engaño a la población, luego de haberle asegurado al país que las cosas serían distintas en Venezuela con un nuevo Poder Judicial? Se los digo rápido: Que los EEUU reconozcan a los Magistrados LEGITIMAMENTE DESIGNADOS EN EL AÑO 2017 POR 12 AÑOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE 2015 EN EL MOMENTO DE SU PLENA VIGENCIA, Y QUE FUERON PERSEGUIDOS POR EL RÉGIMEN, Y SE ENCUENTRAN FUERA DE VENEZUELA.

Estos Magistrados pueden y deben regresar al país para asumir sus cargos vigentes hasta el año 2029. Se podría decir sin ninguna duda que ellos conforman el ÚNICO PODER LEGÍTIMO EN VIGENCIA EN VENEZUELA.

Si los EEUU reconocen a esos Magistrados, ese NUEVO Alto Tribunal podría designar una Junta de Gobierno de Transición INMEDIATAMENTE que se haga cargo del Poder Ejecutivo. Dudo mucho que el “rodrigato” ponga objeciones a ese reconocimiento. Lo he dicho antes, “donde ronca tigre no hay burro con reumatismo”. Y estos “burros” ya están coaccionados. Los 23 Magistrados legítimos que se encuentran fuera del país pueden ser la clave para la sustitución LEGÍTIMA de Delcy Rodríguez hasta el cambio de raíz del sistema electoral viciado del país y la celebración correcta de unas elecciones libres, justas y verificables.

Reconocimiento de los EEUU a las elecciones del 28J-2024

Esta sería una vía expresa que, aunque tardía, podría ser efectiva. Edmundo González Urrutia (EGU) fue electo presidente de la República el 28 de julio de 2024. Le robaron las elecciones y huyó del país. ¿Por qué los EEUU no lo colocó en sustitución de Nicolás Maduro Moros después de su extracción, como sí colocó a Guillermo Endara en Panamá en 1989? Porque la torpeza opositora es tan grande como la infinitud del universo, Einstein dixit. EGU debió juramentarse el 10 de enero de 2025, como se ordenaba en la Constitución. Allí no existía excusa política ni interpretaciones. Estaba en la OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL de hacerlo, así no estuviera en el país.

Posteriormente, EGU “renunció” a una presidencia que nunca había juramentado, pero quedó en el imaginario popular que él continúa siendo el verdadero presidente legítimo de los venezolanos. Solo quedaría ratificarlo políticamente como tal.

A la torpeza de no juramentarse se unió otra: el divorcio de la oposición liderada por María Corina Machado (MCM) con la Administración del presidente Trump, al punto de que esta desconoció los resultados de las actas electorales venezolanas del 28J-2024 depositadas en el Banco Central de Panamá.

Si por alguna razón esta decisión cambia, debe y tiene que ser por una negociación de  MCM con los EEUU, que incluya de primero el “acuerdo petrolero” írrito de Delcy Rodríguez, convirtiendo el fracaso actual de Trump en un éxito comercial, diplomático y político antes de las elecciones de medio término. MCM podría convertirse en vicepresidente de la República mañana si los EEUU reconocen a EGU como presidente de la República. Los EEUU pasarían a ser el sostén armado del gobierno de EGU hasta una reestructuración a fondo de las Fuerzas Armadas.

Las tres opciones están sobre la mesa. Queda de los verdaderos políticos saber qué hacer con ellas. Pero lo que sí no es aceptable es continuar en el limbo de no hacer nada y esperar que las cosas se arreglen solas. Eso generalmente no sucede...

Caracas, 16 de septiembre de 2026

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El insostenible maletinazo petrolero

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Por Luis Manuel Aguana

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Antes de ir al fondo de lo que realmente quiero destacar en esta nota acerca del cuestionado acuerdo petrolero “con los EEUU” (coloco este término entre comillas y lo explicaré más abajo) que ha causado revuelo nacional e internacional, deseo primero poner un orden en las ideas para poder analizar adecuadamente esta situación.

De acuerdo a la Hoja Informativa (Fact Sheet) anunciada por la Casa Blanca el pasado 31 de agosto, el gobierno de los EEUU firmó un acuerdo con una empresa privada que logró una concesión petrolera con el régimen de Delcy Rodríguez (ver Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, The White House, August 31, 2026, en https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/).

Esta empresa, de nombre North American Blue Energy Partners (NABEP), de acuerdo a las informaciones que corren por las redes sociales, es propiedad del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, buscado en varios países de Europa por lavado de activos. Pero esa es otra historia…

La Hoja Informativa de la Casa Blanca solo señala los términos del acuerdo de EEUU con NABEP, sin mencionar —no tenían por qué hacerlo— lo que a su vez está acordado entre NABEP y el Estado venezolano. Esto es, los términos de las concesiones acordadas que cocinó el “rodrigato” con un delincuente buscado internacionalmente, aunque a través de la misma Hoja Informativa publicada se puede derivar que NABEP obtuvo del régimen de Delcy Rodríguez, en el marco de la nueva Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.978 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2026, “concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.

Lo primero entonces que hay que destacar aquí es que el famoso “acuerdo” no está firmado entre el régimen y los EEUU, sino entre los EEUU y una empresa de maletín que fundó el Sr. Betancourt, que obtuvo unas concesiones petroleras del régimen venezolano, y de allí que colocara entre comillas el acuerdo “con los EEUU”. Los términos de ese acuerdo entre los EEUU y NABEP pueden decir “misa” como decían los viejos en mis tiempos de infancia, y en principio no nos afectarían. Lo que sí es importante a los fines del próximo futuro venezolano es la validez de lo que sí pudo firmar un régimen ilegítimo con un delincuente internacional.

Tal fue el salto atrás al que nos ha llevado la destrucción institucional del país de estos delincuentes que han desgobernado Venezuela, que el régimen de los Rodríguez modificó la Ley de Hidrocarburos para romper el monopolio del Estado venezolano para la explotación de nuestros hidrocarburos, al punto de poder concesionar directamente a empresas privadas.

Y eso no es malo en sí mismo porque, en los hechos, hemos regresado al esquema de las concesiones que realizaba el dictador Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX, quien otorgaba a sus más allegados estos contratos para que ellos a su vez las traspasaran a empresas y corporaciones internacionales, como la Standard Oil de New Jersey, adjudicándole a sus allegados los mejores lotes del territorio nacional para que se  enriquecieran conjuntamente con el gobernante de la noche a la mañana.

Digo que no es que no fuera necesario romper el monopolio del Estado venezolano sobre el petróleo, sino el cómo fue el primer paso para realizarlo. Y conociendo la trayectoria de los delincuentes que aún se encuentran gobernando a Venezuela, la manera no podía ser otra: un maletinazo petrolero con testaferros conocidos.

Nada más alejado de sus intenciones hacerlo a través de una licitación pública internacional, ofreciendo el lomito que se le adjudicó en concesión a NABEP “por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.

Allí pudieron perfectamente participar ExxonMobil o ConocoPhillips o todas las grandes del abanico petrolero mundial. Y cualquier deuda que el Estado venezolano pudiera tener con ellas se podía resolver sin problemas entre las partes dentro de la negociación.

Pero muchos de ustedes se preguntarán: ¿y cómo vendrían a participar en esa licitación si Venezuela aún carece de un Estado de derecho reconocido y un gobierno completamente ilegítimo que no puede garantizar inversiones como las que se plantea la recuperación de la producción petrolera venezolana? Y la respuesta es precisamente: NO SE PUEDE. Lo cual nos lleva a la secuencia trancada del plan de Trump-Rubio. No se puede recuperar económicamente a Venezuela sin que exista una transición política que lleve a un gobierno legítimo en Venezuela. Punto.

Este acuerdo entre NABEP-EEUU posterior a la concesión NABEP-Rodrigato NO ES SOSTENIBLE porque el primero depende del segundo y el segundo, la concesión, es revocable cuando exista un gobierno legítimo en Venezuela, así haya que negociar los costos de salida.

La única manera de que el presidente Trump pueda decir en una rueda de prensa que tiene el control sobre el petróleo venezolano, como ya lo ha dicho, es INVADIENDO AL PAÍS. De resto, lo que tiene es la coacción sobre los “extraíbles” para hacer la chapuza que terminaron de hacer con Alejandro Betancourt. Recuerden que la Administración Trump nunca ha admitido en su país una invasión a Venezuela el 3 de enero, sino una operación policial con apoyo militar.

Solo una invasión militar le permitiría a Trump decir lo que dice y garantizar por las armas que los 100 billones de dólares que se requieren invertir en nuestra industria petrolera los pongan las empresas petroleras más grandes y consolidadas con las garantías y la protección adecuada. De resto, deberán pedírselas a Betancourt y a Delsy… ¡Suerte con eso!

Muchos venezolanos continúan escandalizados porque los EEUU “nos están robando” el petróleo con ese “acuerdo”. Tranquilícense, no lo pueden hacer, ni siquiera con esa concesión chimba otorgada a NABEP. A menos que tengan los reales para movilizar eso a los niveles que esperan los EEUU en esa Hoja Informativa, y no los tienen… Y esto me lleva a lo que realmente es mi interés al escribir esta nota: lo que viene después.

Ninguna administración presente o futura de los EEUU puede esperar que un gobierno serio, producto de la voluntad popular en Venezuela, ratifique la concesión otorgada a la empresa de maletín de Betancourt. Lo menos que podría hacer es expropiarla por causa de utilidad pública y renegociar los términos que esa empresa sostuvo con los EEUU, si es que se decide mantener la concesión, en especial su alcance y duración.

Nadie pone en duda el interés histórico de Venezuela de mantener relaciones comerciales con los EEUU y más aún en el sector petrolero. Lo que no puede existir es una relación de subrogación de los intereses venezolanos a los de EEUU mediante un acuerdo que lesiona la soberanía del país.

Si lo que buscaba el presidente Trump era un impacto mediático cortoplacista con el supuesto aumento de la “reserva estratégica petrolera” de los EEUU, por motivos electorales, los hechos han demostrado que logró todo lo contrario. No hay tal “aumento”, ya que en la práctica ese acuerdo no se pondrá en marcha sin el dinero que requiere moverlo, y menos todavía a mes y días de las elecciones de medio término.

Creo que el presidente Trump lograría muchísimo más con su electorado latino en los EEUU si terminara de “extraer” lo que queda del régimen de Maduro, promoviendo una Junta de Gobierno de Transición hasta que ocurran elecciones libres, justas y verificables en Venezuela. Ojalá que el secretario de Estado Marco Rubio, quien es el que ha entendido con más claridad desde hace mucho tiempo la situación política venezolana de cara a los EEUU, pueda hacer reflexionar y corregir ese error cometido por la Administración Trump en Venezuela, para el beneficio futuro de ambas naciones.

Caracas, 7 de septiembre de 2026

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Petróleo venezolano, ¿el nuevo Canal de Panamá?

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Por Luis Manuel Aguana

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No era de ninguna manera extraña la reacción venezolana al anuncio del presidente Donald Trump acerca del acuerdo petrolero cocinado con el interinato de Delcy Rodríguez (ver Commentary Donald J. Trump Truth Social On X, @TrumpTruthOmX, en https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2093471486334181481).

No hay mucho más que decir en relación a su inconstitucionalidad, representación cero de la firmante -Delcy Rodríguez- para suscribir en nombre de los venezolanos semejante cosa, y por supuesto la fragilidad del acuerdo de cara a conseguir lo que se requiere en inversiones. Difícilmente se harán presentes inversiones de la naturaleza de las involucradas allí solo teniendo la presencia en el poder de los herederos del régimen de Nicolás Maduro Moros en un país sin institucionalidad, sin contar con la poca continuidad del mismo Donald Trump en la Casa Blanca en el largo plazo.

Lo que me motiva a escribir estas líneas no es eso, sino lo que viene después. Era obvio el rechazo de todos los venezolanos al atropello de la soberanía que suscitaría un acuerdo como ese. No hay mucho que agregar en torno al tema. Los venezolanos somos culturalmente patrioteros y “antimperialistas”, y si hay algo que nos une a todos los latinoamericanos es el atropello exterior, razón por la cual hemos sido pasto seco para el fuego destructor que los comunistas han prendido en todos nuestros países. Y lamentablemente, los EEUU han dado razones para ello.

Pero no nos equivoquemos, ni comencemos a quemar banderas norteamericanas. Lo que sucede en cada país no es más que el resultado de sus propios errores e imbecilidades. Donald Trump solo se está aprovechando de ambas. O tal vez cualquier otro presidente norteamericano en su posición lo hubiera hecho, ya bien sea buscando votos o para sellar el control sobre un territorio bajo su influencia.

De hecho, no es la primera vez que una situación semejante ha ocurrido en Latinoamérica —preservando las distancias históricas— cuando los EEUU está particularmente muy interesados en algo de nosotros.  Y eso ocurrió en 1903 en lo que hoy conocemos como República de Panamá. Veamos:

“…la afirmación "Estados Unidos separó Panamá de Colombia para quedarse con el Canal" contiene una parte sustancial de verdad, pero es demasiado simplificadora si se utiliza como descripción histórica completa. Una formulación más rigurosa sería:

Existía un movimiento separatista panameño con antecedentes propios, pero la independencia de 1903 difícilmente habría triunfado en esas circunstancias sin el respaldo militar y diplomático de Estados Unidos. Washington tenía, además, un interés estratégico previamente establecido en obtener el territorio y los derechos necesarios para construir y controlar un canal interoceánico. El nuevo Estado panameño, en una posición negociadora extraordinariamente débil, concedió mediante el Tratado Hay-Bunau-Varilla derechos territoriales y jurisdiccionales a Estados Unidos mucho más amplios que los que Colombia había estado dispuesta a aceptar” (ver Separación de Panamá, ChatGPT, en https://chatgpt.com/s/t_6a94658dc92c81919cebdad7632ec27a) (resaltado nuestro).

Y ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros y lo que sucedió hace más de 120 años en nuestra hermana República de Colombia? ¡Muchísimo! Los EEUU deseando algo que geopolíticamente les era urgente y necesario, y que, aprovechando la circunstancia de la presencia de grupos separatistas panameños, los respaldaron luego de haberles planteado a los colombianos un arrendamiento de parte del territorio por 100 años:

“Estados Unidos negoció con Colombia un tratado para obtener los derechos necesarios para construir el canal. El resultado fue el Tratado Hay-Herrán, firmado el 22 de enero de 1903 entre Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos ofrecía, entre otras cosas, una compensación económica y un arrendamiento por 100 años de una franja de territorio para construir y operar el canal. Pero el Congreso colombiano consideró que el acuerdo era desfavorable para Colombia y que comprometía excesivamente su soberanía. El Senado colombiano rechazó el tratado el 12 de agosto de 1903” (ver referencia anterior) (resaltado nuestro).

¿Luego de eso, qué hicieron entonces los norteamericanos? LO TOMARON por otras vías con mejores ventajas para ellos y “a perpetuidad”, como lo indicó el acuerdo suscrito entre la reciente República de Panamá y los EEUU. Posteriormente, esa condición perpetua cambiaría con el Tratado Torrijos-Carter en 1977 y la devolución del canal en 1999.

¿Qué tenía la recién independizada franja que ahora conocemos como Panamá? ABSOLUTAMENTE NADA, salvo su posición geográfica para unir 2 océanos. Para sobrevivir, tener ingresos y lograr reconocimiento internacional, NECESITABAN a los EEUU. ¿Les parece conocida la situación? Pero tenían que venderles el alma.

Los colombianos, enarbolando la bandera de su soberanía, no solo perdieron una parte importantísima de su territorio, sino la posibilidad de hacer un negocio que cambiaría para siempre el futuro de Colombia. ¿Qué ganaron los panameños? Tal vez un país, pero sometido a las reglas y el sustento por parte de otro. Una situación que, a mi juicio, en el neto y en el tiempo, fue un mal negocio tanto para Colombia como para Panamá, siendo los EEUU los únicos beneficiados.

Pero hay un aparte en esta historia muy interesante que puede servirnos para evaluar la situación venezolana: el interés de los EEUU de aquella época en realizar un canal en el medio de la nada. Veamos:

“Había al menos cuatro razones estratégicas:

1)     Interés: Militar; Importancia: Permitir que la Marina estadounidense pasara rápidamente del Atlántico al Pacífico.

2)     Interés: Comercial; Importancia: Reducir enormemente las rutas marítimas entre ambas costas.

3)     Interés: Geopolítico; Importancia: Consolidar la influencia estadounidense en el Caribe y Centroamérica.

4)     Interés: Imperial/estratégico; Importancia: Evitar que una potencia europea controlara una futura vía interoceánica.

El contexto de la época es importante: Estados Unidos acababa de convertirse en una potencia internacional de primer orden después de la guerra de 1898 y estaba desarrollando una política exterior mucho más activa en el Caribe y América Latina” (ver referencia anterior).

Podríamos esgrimir y explicar los mismos intereses norteamericanos descritos y que movieron a esa potencia a ser parte imprescindible en el desmembramiento de Colombia. Esto es, los mismos intereses Militares, Comerciales, Geopolíticos e Imperial/Estratégicos, actualizando su importancia para Venezuela. Pero eso no será necesario, porque el petróleo venezolano los explicaría todos…

Y si tenemos al frente a una potencia capaz de cortar un país en el pasado, entonces hay que sentarse a pensar con la cabeza bien fría y lo más alejada posible de las fiebres patrioteras y de soberanía que hundieron a Colombia en 1903, para lograr un acuerdo acorde con las circunstancias y beneficioso para las futuras generaciones de venezolanos.

No creo que el acuerdo de Trump con el interinato de Delcy Rodríguez prospere en el futuro porque, para lograr lo que pretende, Venezuela debe recuperar su autonomía política, y ya todos sabemos cómo se lograría eso. Pero lo que no podemos obviar es que el interés de los EEUU por nuestro petróleo continuará, el mismo interés en los 4 ejes descritos que tenían por hacer un canal en 1903, y buscarán la manera de lograrlo hasta conseguirlo. No permitamos que nos suceda, tal vez no el desmembramiento territorial de Colombia, pero sí algo de semejante magnitud…

Caracas, 30 de agosto de 2026

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La falsa ilusión del tutelaje venezolano

Imagen resumen de la nota cortesía de AI Google Gemini

Por Luis Manuel Aguana

Versión en inglés

Para poder entender lo que está sucediendo hoy en Venezuela, es necesario entender primero que lo que ejerce la Administración de Donald Trump sobre el país no es un tutelaje, sino coacción. Esto es una amenaza diaria, directa y permanente sobre quienes ejercen el poder en Venezuela, y cualquier fuerza opositora con rabo de paja y expediente abierto de corrupción en los EEUU.

Eso lo expliqué con más detalle hace algunos días en mi nota anterior del 7 de agosto. Sin embargo, aún se le siguen solicitando a los EEUU acciones —como sacar a Delcy y su interinato— que no están en su alcance de acción jurídica realizar (me refiero a acción  jurídica dentro de los EEUU), y que solo pudieran ser posibles si efectivamente los EEUU hubieran invadido a Venezuela con una autorización AUMF de su Congreso, tal y como lo hicieron con Irak en 2003 (Authorization for Use of Military Force against Iraq, Resolution of 2002) (ver Venezuela: La fuerza de la coacción, en  https://ticsddhh.blogspot.com/2026/08/venezuela-la-fuerza-de-la-coaccion.html).

Si se pusiera un poco de atención a lo anterior, se podría entender por qué está sucediendo que el régimen continúe como si Maduro siguiera en el poder. Lo que convierte esa coacción en tutelaje es que, por intermedio de esa amenaza creíble aplicada tanto al régimen como a su oposición, están caminando juntos y agarraditos de la mano por la misma senda, a pesar de que los venezolanos la rechacemos por la calle del medio.

Y no solo eso. Eso explica por qué Delcy sigue en su puesto y la razón por la cual los EEUU no tienen manera de deshacerse de ella, salvo llevándosela como lo hicieron con Maduro. De resto, se tienen que calar, como el resto de todos nosotros los venezolanos, los procedimientos para sustituirla de la institucionalidad restante y retorcida que aún queda en Venezuela.

Pero lo más grave no es solo eso. Mientras Delcy Rodríguez y el resto de los “extraíbles” (designemos con ese término a todos sobre los que pesa amenazante la espada de Damocles que le cayó a Maduro, de la misma manera como llamaron “extraditables” a los narcos colombianos) estén en sus puestos, los EEUU podrán ejercer algún control sobre ellos. Cuando esa situación cese, ya sea porque se los lleven o ellos abandonen el poder con la anuencia de los EEUU, la Administración Trump no podrá, debido a limitaciones de su propia institucionalidad, ejercer ninguna influencia sobre lo que venga luego en Venezuela, ni sobre sus próximos gobernantes. 

Hecha esta aclaratoria, nos podemos explicar por qué María Corina Machado (MCM) no se encuentra en esa “Mesa de Diálogo”: porque es incoercible (al menos en los términos en que el resto sí es coercible), por lo que se constituiría en un obstáculo previsible para los planes de esa Mesa.

De la misma manera, se puede explicar por qué los EEUU no pueden presionar más de lo que han hecho para la liberación de los restantes presos políticos, porque si alguien sabe de las limitaciones de los norteamericanos en Venezuela, son precisamente quienes heredaron el régimen de Maduro. Trump y Rubio prefieren bailar ese tango pegado con el régimen con el fin último de lograr lo que desean de Venezuela, prefiriendo llevar el cortejo en paz con Delcy Rodríguez y su camarilla antes de presionar más de lo debido que los tenga que obligar a la materialización de las amenazas que existen sobre ellos, y perder el control del país.

Y eso lo sabe el régimen. Saben además que no pueden salir inmediatamente de la presidente interina y el resto del aparato represivo, sino de la misma manera que se llevaron a Maduro, y que la única opción que tienen de despacharlos es esperando por los canales institucionales que se están fabricando a través de las dos Asambleas. Así que aquello que creíamos —y todavía algunos creen— de “que los EEUU debe expulsar al interinato ya”, no es posible para la Administración Trump.

EEUU al echar a andar un mecanismo que logra mantener presión directa sobre los “extraíbles”, hace ver al resto del mundo que ejercen un tutelaje de la misma manera que en cualquier país al que hayan invadido en el pasado, cuando en realidad lo que hacen es mover piezas amenazadas en un terreno institucional limitado. Aunque cualquiera pueda decir que en el neto es lo mismo, al comparar amenaza cierta con tutela, el alcance de lo que en realidad pueden hacer está restringido en la realidad institucional venezolana y norteamericana.

Para poder tener éxito en el juego que están realizando, el régimen tiene que cooperar mucho más de lo que han hecho, retrasando todo lo que sea posible las instrucciones de Washington. Haber montado esa estrategia que pone juntas a dos Asambleas Nacionales ilegítimas para lograr un resultado legítimo es en realidad un camino largo y lleno de huecos, que deja al régimen suficiente espacio para controlar los mecanismos de designación tanto del TSJ como del CNE, a través de los medios que siempre han utilizado.

Muchos dirán que, como los EEUU tienen su mano metida para lograr que las designaciones de los magistrados del TSJ y los rectores del CNE sean transparentes, lo cierto es que eso será el resultado de una negociación entre partes que ya se han coludido en el pasado, y no serán los EEUU los que pongan peros en la decisión que tomen unos comités de postulaciones “independientes” que siempre han sido controlados por los partidos de la Asamblea Nacional, ahora licuada con una “oposición” históricamente complaciente.

Al final, ¿cuál es el interés de los norteamericanos? Que la ruta escogida termine en elecciones sin que importe mucho cómo se llegaron a ellas y que los venezolanos nos quedemos tranquilos con el resultado. Eso estaría bien si existieran garantías de la salida de lo que queda del régimen de Nicolás Maduro Moros. Pero lamentablemente no hay tal garantía, solo la palabra de unos negociadores “opositores” que argumentan como aval el supuesto tutelaje de los EEUU.

En la medida en que nos acercamos a noviembre, fecha de las elecciones intermedias norteamericanas, este juego de la Administración Trump en Venezuela se hace más complicado, porque para ese entonces la “Mesa de Negociación” entre las 2 Asambleas debería tener listas las decisiones relativas a los cambios decididos con el TSJ y el CNE. Y si ese proceso no sufre reveses para que luego de esas elecciones el presidente Trump pueda sostener la coerción que tiene sobre los “extraíbles”, quizás los venezolanos podamos llegar a un proceso electoral con la garantía de que los EEUU hagan respetar el resultado.

Pero si, por el contrario, el presidente norteamericano deja de sostener esa coerción sobre los “extraíbles” como resultado de un nuevo Congreso hostil a su administración, el régimen de Delcy Rodríguez manipulará cualquier elección en Venezuela con un sistema electoral automatizado sin cambios, como siempre lo hicieron con Chávez y Maduro. Y a los EEUU no les quedará otra decisión que aceptar el resultado porque fueron ellos los que eligieron esa ruta para Venezuela.

De allí que se haga imprescindible la inmediata discusión de un nuevo sistema electoral para Venezuela, fundamentado en elecciones manuales, limpieza profunda del registro electoral y la incorporación de la diáspora venezolana en el exterior, y del que, hasta donde es nuestro conocimiento, ninguna comisión técnica está trabajando. Y si ni siquiera han comenzado con eso para que sea implementado con una nueva directiva de un CNE que todavía no han nombrado, y del que ni siquiera existe un comité de postulaciones, ¿creen ustedes todavía que hay tutela en Venezuela? Ya es hora de despertar a la realidad, y rezar para que Trump y los republicanos salgan bien parados en noviembre…

Caracas, 26 de agosto de 2026

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