Imagen resumen de la nota cortesía de AI Google Gemini
Por Luis Manuel Aguana
Versión
en inglés.
Voy a comenzar por disculparme de antemano por
“autocitarme”. Y no es que no lo haya hecho antes. Tengo acostumbrados a mis
lectores a las concatenaciones de alguna reflexión o argumento hecho en el
pasado en mi blog, citando pasajes de artículos anteriores. Pero en esta
ocasión la “autocita” es especial porque se refiere a una de las bases
fundacionales de mi tesis doctoral: la protección de datos y la privacidad de
la información de carácter personal.
“Históricamente, antes de la llegada de sistemas
automatizados de manipulación de datos masivos, siempre fueron las autoridades
estadísticas de los países los guardianes de los datos masivos de las personas
por las obvias razones de planificación. Sin embargo, no siempre su uso fue
ese. La información estadística de los ciudadanos de los Países Bajos
(Netherlands) estaba tan pormenorizada antes de la ocupación alemana que les
permitió a los nazis el registro de la población judía y gitana para su
deportación a los campos de exterminio ((1) Seltzer y Anderson, 2001, Pág.
486). Las mayores cifras de exterminio de “grupos vulnerables” se registraron
en lugares donde mejor estaban catalogados los datos de los ciudadanos”.
“Tomando en consideración la grave historia de
brutales violaciones y abusos a los Derechos Humanos señalada, se pone
expresamente de manifiesto la importancia de la conservación y regulación de
los datos de los ciudadanos, ya que su mal uso puede conducir a violaciones
masivas de los Derechos Humanos, como indica la misma historia en el mundo,
independientemente que se hayan usado o no sistemas automatizados de
manipulación de datos, como en el caso de Rwanda, donde se procesaban reportes
estadísticos y listados mensuales de nacimientos, muertes, matrimonios y listas
anuales de la población clasificados por etnia, lo que permitió las operaciones
de exterminio ((2) Seltzer y Anderson, 2001, Pág. 493). Esta posible
utilización agrava notablemente el problema, teniendo una incidencia directa en
el desarrollo de los países” (Luis Manuel Aguana, Tesis Doctorado: El uso
de las Tecnologias de Informacion y comunicaciones (TIC) para el control
político y la limitacion al derecho a la privacidad: desarrollo de indicadores
para su medición y su aplicación en America Latina, Pág. 166, en https://tinyurl.com/mkwvan4m)
¿Por qué me remito al pasado sangriento del
exterminio en Europa? Porque la gente olvida la razón por la cual surgió el
concepto de la protección de los datos de las personas en el mundo, y en
especial en aquellos países que vivieron el horror persecutorio en carne
propia. Es por eso que nacen las regulaciones férreas de protección de datos,
especialmente en el viejo continente, y que aún no se comprenden completamente
en nuestros países, incluyendo los EEUU, a pesar de haber vivido en Venezuela
episodios traumáticos como el de las listas de Tascón y Maisanta.
Cuando escuché las explicaciones acerca del
empadronamiento a la población dentro y fuera del país que ya están llevando a
cabo desde el partido Vente y su coordinador electoral, el Arq. Humberto
Villalobos, en nombre de María Corina Machado (MCM), me parecieron bien
intencionadas y técnicamente viables, aun cuando a mi juicio se encuentren mal
orientadas (ver Programa Venezuela Late – Entrevista a Humberto Villalobos, en https://youtu.be/vVCIn0Nkgr4).
¿Y por qué afirmo lo anterior? Veamos unos pasajes
importantes de la conversación del Arq. Villalobos en el citado programa para
comentarlo en cada parte:
“…nuestra legislación tiene el concepto de grupos
de electores y la realidad es que prácticamente ningún partido está validado. Entonces,
es casi como empezar de nuevo, pero resulta que estamos montando un sistema de
identidad para todos los venezolanos y a mucho nos va a tocar a ir a o
a hacerlo vía digital colocar nuestra firma, colocar nuestro rostro, colocar
nuestras huellas” (resaltado nuestro).
La responsabilidad de la identificación ciudadana
no le corresponde a un particular o entidad privada. Debido a que el ente del
Estado responsable es el Consejo Nacional Electoral, CNE, poder que se
encuentra en la actualidad en situación de ilegitimidad y en las manos de
criminales electorales, la respuesta no puede ser que un privado haga o
“adelante” ese trabajo, así sea por la mejor causa y buenas intenciones que
demuestre. Simplemente no le corresponde.
Vente Venezuela, con el Arq. Villalobos al frente,
se ha atribuido una labor —la identificación ciudadana nacional e
internacional— que solo puede realizar el Estado venezolano, con todos los
recursos que tal labor amerita. Ciertamente, la identificación de los
ciudadanos venezolanos que se ha hecho hasta hoy en Venezuela ha sido
completamente desnaturalizada, con registros de datos distorsionados y
adecuados a los intereses políticos del régimen. Aun así, ningún particular
puede asumir esa tarea por su cuenta en lugar del Estado. Eso es como tomar las
armas como lo hicieron las autodefensas de Colombia porque el Estado colombiano
fue incapaz de proteger a los dueños de fincas de la guerrilla.
El orden correcto es liberar primero al Estado del
secuestro de sus captores (que todos sabemos quiénes son) para que un gobierno
legítimo y con todo el poder constitucional ubique e identifique correctamente
a los ciudadanos venezolanos en donde se encuentren, no solo para ir a una
elección con un Registro Electoral limpio, sino para toda aplicación donde el
Estado requiera conocer de los datos de los ciudadanos, con un Registro
Nacional de Venezolanos Cedulados, completamente saneado de toda la basura que
el régimen le inyectó en casi 30 años en el poder. Esto es, los datos
necesarios para áreas fundamentales como salud, vivienda, seguridad,
elecciones, etc. Es por eso que será necesario realizar un nuevo Censo Nacional
de Población y Vivienda con todas las garantías, intervenir al SAIME y rehacer
el Registro Electoral cuando Venezuela sea liberada de estos bárbaros.
El plan técnico que presenta el Arq. Villalobos
luce perfectamente válido para el Registro Electoral, aunque lo que
correspondería de un grupo que pretende el poder como Vente Venezuela, es que ejerciendo
posteriormente el gobierno, procedan a elaborar las especificaciones técnicas
en un requerimiento de propuesta (Request For Proposal, RFP) para reconstruir
el Registro Electoral, tal y como se necesita para realizar unas elecciones
justas, libres y verificables, sometiendo ese RFP a una Licitación Pública
Internacional (LPI). O bien no hacerlo si se decide que se pueden realizar los
cambios con recursos técnicos propios, siguiendo esos requerimientos.
“Ese día que tomemos esos datos, lo vamos a
aprovechar para que adicionalmente cada venezolano diga en todos los ámbitos
que tenemos a nivel de municipio, a nivel de Estado, a nivel de nación, a qué
partido o grupo de electores tú quieres apoyar y solo se aceptarán a aquellos
que cumplan las condiciones mínimas establecidas en el reglamento donde se
regirá esta elección. Entonces, eso lo vamos a resolver. ¿Qué estamos haciendo
para que el resto se pueda resolver? Estamos tratando de adelantar procesos. Estamos
aprovechando estos cuatro meses, no solo para adelantar lo del registro, sino
para dar soluciones tecnológicas que les faciliten el trabajo al nuevo CNE. No
estamos diciendo que nosotros vamos a hacer lo que hagamos eso porque sería muy
loco que un partido fuera el que lo hiciera”.
Es importante que el Arq. Villalobos reconozca que
ese trabajo para un “nuevo CNE” no es tarea de un partido. El problema es que
desde ahora se está adelantando una labor que no le corresponde a un privado. Y
aquí me remito a la acumulación de datos por parte de una entidad que aún no
ejerce el gobierno, y los peligros que los ciudadanos están corriendo si esos
datos caen en manos criminales.
Independientemente de que podamos creer —y yo lo
creo seriamente— que las personas que están en esa labor son honorables, no
existe ninguna garantía de que esos datos no sean violentados externamente o
que el régimen, con la ilimitada cantidad de dinero que dispone, pueda
obtenerlos corrompiendo personas. Todo esto sin contar que cualquiera pueda
poner en duda el proceso, y que lo que se acusa al régimen al tergiversar los
datos, también pueda ser atribuido ahora a quienes los levantan por ser parte
interesada. No existe un tercero o garante en el medio que dé fe cierta de que
eso no sea así. Es por eso que existen limitaciones en el mundo para que los
privados y los públicos puedan almacenar información de las personas, y
en especial sus preferencias políticas o de otra índole.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
de la Unión Europea es tajante a ese respecto en su Artículo 9 “Tratamiento de
categorías especiales de datos personales”: “1. Queda prohibido el
tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las
opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, o la afiliación
sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos destinados
a la identificación unívoca de una persona física, datos relativos a la salud o
datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física”
(ver RGPD de la UE, en https://tinyurl.com/v26kxjvw).
El Estado fallido donde nos encontramos puede dar
lugar a que la advertencia que nos ha dado la historia de los Países Bajos o
Rwanda reseñada al comienzo no pueda ser desestimada en estos tiempos. Aún no
hemos salido de la barbarie del régimen castro-chavista-madurista que nos ha
desgobernado por casi 30 años. Una pérdida de datos como los que se están
recolectando en ese empadronamiento tendría implicaciones gravísimas que no
deseo ni comentar en esta nota. En Venezuela no existen leyes de protección de
datos y menos aún un respeto por la Constitución.
“Ok, punto número uno, no hay forma de que sea una
lista Tascón, porque está dirigido a todos los venezolanos. O sea, no está
dirigido a los azules, está dirigido a azules a rojos y a todos los
venezolanos. Está dirigido a 31,6 millones de cédulas, las cuales ya están
identificadas. O sea, la ventaja del arranca de empadronamiento es que arrancó
contra una base de datos. O sea, cuando tú trabajas, si no estás en esa base de
datos, nosotros no tomamos en cuenta tu dato para esto, Ok? La segunda parte
que te estamos pidiendo, ubicación, una mejor ubicación, si está fallecido la
persona, le estamos dando la oportunidad de que nos digan sus familiares que
está fallecido. Y el último dato son tus datos filiatorios para darle una
puntuación a cada ficha que creamos. Nosotros podemos recibir 10 fichas de la
misma persona. Entonces, eso nos permite definir cuál fue la que obtuvo la
mejor información y esa es la que usamos. Esto que estamos usando, básicamente,
va a servir para generar un estudio que nos permita hacer la actualización del
registro. Estos datos no son la modificación del registro, pero si nos van a
permitir prepararnos para lo que eso significa”.
Lo que nos está indicando el Arq. Villalobos es que
ya están en posesión de un Registro Electoral de 31,6 millones de personas que
están depurando, intentando establecer datos que no se conocen, como ubicación
actual de una persona y datos filiatorios, estableciendo que la operación es
generalizada, sin color político. Pero el uso que se le puede dar a esa
información depende de quien la posea. Y si el que la tiene decide ir contra
alguien en especial y su familia, ya podría ubicar toda la cadena filiatoria.
En la actualidad existen 9 millones de venezolanos
exiliados que no se sabe dónde están porque el registro de venezolanos está en
ruinas. Pero eso paradójicamente es una protección para la gente en el contexto
de un régimen autoritario que ha demostrado tener una mano muy larga para
hacerse cargo de personas en otros países. Incluso dentro del mismo territorio
venezolano es imposible conocer la ubicación de las personas porque han
existido migraciones internas no detectadas porque no se ha realizado ningún censo
desde hace poco más de 15 años. En estos momentos nadie puede saber si la
muestra de una encuesta es representativa de una población porque esta se ha
movido de lugar en todo ese tiempo. Nadie sabe con exactitud el número de
personas en ninguna población del país. Este es un país sin estadísticas de
ningún tipo desde hace más de una década. Imaginen lo grave de este asunto.
Cualquier grupo de datos de ciudadanos con
direcciones actualizadas, afiliaciones políticas y conectores filiatorios sería
un arma de incalculable valor para un régimen que persigue personas, las
encierra, las tortura y las desaparece. Un régimen de la naturaleza del que
tenemos esperaría que la depuración de ese registro avance para buscar
apropiárselo porque tienen los recursos para lograrlo. Y nosotros le estamos
haciendo el favor para avanzar en esa tarea con la ayuda de venezolanos llenos
de buenas intenciones.
“Entonces, todos esos estudios son los que se van a
resolver mediante este empadronamiento. Es un estudio. Es una encuesta
gigantesca, porque es uno a uno. Y yo he aprendido en el tiempo que las
encuestas uno a uno son como contar palitos. Cuando uno cuenta palitos, no hay
apelación. O sea, tengo tanto rojo, tengo tantos azules, tengo tantos verdes.
No es una encuesta estadística. Y eso es uno de los grandes formatos que nos va
a permitir exigir. Cuando discutamos con el gobierno de los Estados Unidos, con
la actual régimen venezolano, cómo debe ser la modificación, cómo debe ser la
elección, vamos a tener un conteo de palitos que nos va a permitir decir con
muchísima decisión lo que hay que hacer es esto, para tranquilidad de las
personas”.
Es claro que un empadronamiento no es una encuesta
estadística, pero se estaría utilizando como tal porque permitirá, como indica
el Arq. Villalobos, discutir con el gobierno de los EEUU y el régimen
venezolano cómo sería la elección. Pero hay un detalle que pareciera no haber
entendido todavía después de más de una docena de pasadas negociaciones con
quienes detentan el poder: el régimen no discute condiciones con la oposición,
las impone. Lo hizo para el 28 de julio de 2024, donde obligó a MCM a presentarse
a su Tribunal Supremo de Justicia para que le fuera revocada su inhabilitación,
burlándose de ella y de los venezolanos, y que ni siquiera le fuera inscrita la
candidatura a la persona por ella escogida para esas elecciones.
Si en realidad lo que desean en ese punto es
información para una negociación con quien sea, conviertan ese empadronamiento
en una encuesta anónima para ubicar venezolanos en todo el mundo para poder
establecer con cierto grado de certeza la ubicación de los centros electorales
necesarios en los países con mayor cantidad de venezolanos. Pero seguir la ruta
de actualizar el registro sin ser un órgano del Estado venezolano pone en
peligro a quienes huyeron de Venezuela y a los que aún se encuentran en el país.
Fuera de lo comentado, lo restante de la entrevista
del Arq. Villalobos, que plantea elecciones manuales y transparencia del voto,
se corresponde con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el
exilio del 13 de junio de 2018, que lamentablemente no he oído citar del Arq.
Villalobos en sus intervenciones públicas. Sin importar que las organizaciones
políticas y sus liderazgos no reconozcan el trabajo de la sociedad civil,
celebro que MCM, como la principal líder opositora del país, y su partido hayan
entendido la necesidad de un cambio en el sistema electoral y se encuentren
trabajando para obedecer esa sentencia, que en 6 puntos resume lo que hay que
hacer con el sistema electoral venezolano desde ya casi 8 años:
PRIMERO: Declaró nulo e inaplicable el sistema
automatizado de votación y escrutinio para toda elección de cargos de
representación popular.
SEGUNDO: Declaró la inconsistencia del Registro
Electoral y ordenó al CNE depurarlo y actualizarlo, con participación
obligatoria de universidades, partidos y la academia, antes de cualquier nuevo
proceso electoral.
TERCERO: Ordenó al CNE diseñar e implementar un
sistema de votación fundamentalmente manual, donde la tecnología sea auxiliar
—no protagónica— en beneficio de la transparencia y la confianza pública.
CUARTO: Exhortó a la Asamblea Nacional a designar
nuevos Rectores del CNE, independientes e imparciales, no vinculados a
organizaciones políticas.
QUINTO: Ordenó al Ministerio Público iniciar
investigaciones penales contra Rectores y funcionarios del CNE, así como por
los delitos cometidos en los contratos con Smartmatic y Bitza.
SEXTO: Remitió copia a la Sala Constitucional para
el control de constitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales que imponían la automatización obligatoria.
(ver Sentencia Electoral, Expediente No.
SE-2018-001 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en
el exilio de fecha 13 de junio de 2018, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/tribunal-supremo-de-justicia-declara.html).
Mis disculpas adelantadas por lo extenso de esta
nota, pero consideré necesario alertar a quienes sin saberlo pueden estar
cayendo en una trampa. Sin esperarlo, ojalá que los protagonistas políticos de
esta nueva etapa electoral del país tomen en cuenta esta larga historia en
beneficio y protección de los venezolanos, y no acepten por razones políticas
participar nunca más en unas elecciones con el sistema electoral automatizado
del régimen. Espero de verdad no equivocarme en esa aspiración…
Caracas,
11 de mayo de 2026
Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
(1)(2)
Seltzer, William y Anderson, Margo (2001). The Dark Side of Numbers: The Role
of Population Data Systems in Human Rights Abuse. Social Research, Vol. 68, No.2 (Summer 2001).
Ver referencia en https://tinyurl.com/y9fzdpcr