Por Luis Manuel Aguana
Intervención en la reunión nacional extraordinaria de Coordinadores ANCO
7 de julio de 2026
Buenas tardes a todos. Les hablo hoy como ciudadano venezolano, en nombre de un clamor al que ANCO se ha sumado y que ya no admite más espera. Debo disculparme por anticipado de comenzar esta intervención por algo que creo que la gente ya sabe pero que la experiencia previa me ha enseñado que no debo dar por descontado y que es importante destacar.
Venezuela lleva veintisiete años de destrucción institucional sistemática. El régimen instaurado en 1999 desmontó la Fuerza Armada como institución al servicio del país, vació de contenido al Poder Judicial, anuló al Poder Electoral y convirtió al Estado en un mecanismo de enriquecimiento para unos pocos. El 3 de enero de este año, fuerzas de los Estados Unidos extrajeron de Venezuela a Nicolás Maduro Moros. Ese hecho, aunque bienvenido por millones de venezolanos, no significó la caída del régimen: significó apenas un golpe a su cabeza visible. Quien lo sucedió, Delcy Rodríguez, no representa una ruptura con ese pasado, sino su continuidad. Y su legitimidad, ya frágil por sucederle a un presidente que nunca fue reconocido como tal, se agotó formalmente el 2 de julio, al vencerse la prórroga constitucional de noventa días que la propia Constitución de 1999 le otorgaba para convocar elecciones. Desde entonces, Venezuela no tiene, en sentido estricto, gobierno constitucional.
Este no es un vacío inédito en la historia. Cuando una potencia extranjera como EEUU interviene y desplaza a un régimen, el camino de regreso al Estado de derecho ha tenido, en otros países, una ruta reconocible: en el Japón de 1945, los aliados gobernaron por persona interpuesta hasta redactar una nueva Constitución y devolver la soberanía plena. En el Irak de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció la ocupación, y en apenas dos años se transfirió el poder a un gobierno provisional, se convocó una Asamblea Constituyente y se eligieron autoridades legítimas. Venezuela no tiene hoy ni las Fuerzas Armadas institucionales de Japón, ni el respaldo de Naciones Unidas que tuvo Irak. Lo que tenemos es un cuerpo pretoriano sin valores y una clase política —oficialista y opositora— incapaz de administrar un Estado. Por eso insistimos: se necesita una fórmula propia, adaptada a nuestra realidad, y se necesita ahora.
Y digo ahora, porque el 24 de junio de 2026 Venezuela sufrió la mayor tragedia sísmica de su historia reciente. Dos terremotos —de magnitud 7,2 y 7,5— sacudieron el país, y en cuestión de segundos, La Guaira, Caracas y otras ciudades vieron colapsar edificios completos, muchos de ellos con familias adentro, en un día feriado. Las cifras oficiales reconocen ya varios miles de fallecidos y más de once mil heridos, y muchos de nosotros sabemos por experiencia propia, que, dada la opacidad histórica de este régimen para informar, la cifra real será sin ninguna duda considerablemente mayor. Se paralizó el aeropuerto principal del país. Y durante las horas más críticas, las que deciden entre la vida y la muerte de quienes quedan atrapados bajo los escombros, el país comprobó algo que ya sabía: no hubo Estado que respondiera.
Los hospitales no tenían equipos ni presupuesto. Los cuerpos de bomberos y protección civil, desmantelados durante años, no pudieron desplegarse. La Fuerza Armada Nacional, la misma que durante veintisiete años se dedicó a perseguir venezolanos, estuvo prácticamente ausente en las primeras horas, cuando cada minuto contaba. Y cuando aparecieron finalmente fue para entorpecer y aprovecharse políticamente de la ayuda. Y quienes debían coordinar el auxilio a la ciudadanía son, en buena parte, las mismas autoridades señaladas internacionalmente por represión y corrupción.
Miles de familias buscaron con sus propias manos a sus seres queridos bajo los escombros, mientras funcionarios del régimen se limitaban a recorrer las zonas devastadas sin prestar auxilio efectivo. Esa imagen —la del abandono absoluto— es la que ha terminado de convencer a millones de venezolanos de que este gobierno interino, y ahora mas inconstitucional que nunca, no puede, ni debe, seguir un minuto más al frente del país. Y esto lo debemos hacer un grito nacional e internacional tan alto para que lo escuchen todas las naciones.
No podemos permitir que la ayuda humanitaria que hoy llega generosamente desde decenas de países —con los Estados Unidos al frente, con sus equipos de rescate y su asistencia— termine, como ha ocurrido antes con las medicinas enviadas a nuestros hospitales, en manos de quienes han hecho del saqueo su forma de gobierno. Eso sería añadir una segunda tragedia a la primera.
Por todo esto, ANCO dirigió formalmente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, solicitando con carácter de urgencia y en su condición de tutores del proceso político venezolano, que procedan al desplazamiento definitivo del régimen y a la instalación de una Junta de Gobierno de Transición en Venezuela, encabezada por la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada Emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Su trayectoria de independencia, integridad y compromiso democrático la distingue en un país donde esas cualidades escasean entre quienes han ejercido el poder.
No hablamos de un cálculo político ni de un reparto partidista. Hablamos de entregarle la conducción del país, en su hora más difícil, a alguien en quien los venezolanos —más allá de sus diferencias— puedan reconocer autoridad moral. No creo que exista en Venezuela otra persona con mayor reconocimiento, prestigio moral y empatía en esta hora menguada y difícil del país. Solicito desde aquí su ayuda y colaboración para distribuir nuestra petición para que todo venezolano con un celular pueda firmarla (pueden suscribirla en Carta Pública al presidente de los EEUU, Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, en https://www.gopetition.com/petitions/carta-pública-al-presidente-de-los-eeeuu-donald-trump-y-al-secretario-de-estado-marco-rubio.html).
Esta Junta, además, deberá estar además integrada por otros venezolanos de reconocida solvencia moral y capacidad técnica, ajenos a intereses partidistas y económicos, dispuestos a comprometerse de manera inequívoca a no participar en el proceso electoral que ellos mismos convoquen. Debe tener las facultades necesarias para atender la emergencia humanitaria sin interferencia política, restablecer el hilo constitucional roto desde el 2 de julio, y conducir al país hacia un proceso constituyente originario y hacia elecciones libres, transparentes y verificables, con un sistema electoral renovado que garantice el voto manual y el sufragio de los venezolanos en el exterior.
Esa es, en definitiva, la única forma de ejercer plenamente lo que consagra el artículo 5 de nuestra Constitución: que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los venezolanos debemos generar la máxima presión cívica que podamos en cada rincón de Venezuela a través de los mecanismos de expresión establecidos constitucionalmente, para hacer realidad esta propuesta frente a los EEUU.
Estoy consciente que esta solicitud implica una decisión difícil para el gobierno de los Estados Unidos, que ha optado hasta ahora por sostener una transición negociada a través de las estructuras remanentes del régimen. Pero esa vía, pensada antes del 24 de junio, ya no responde a la realidad venezolana. Pretender resolver una emergencia de esta magnitud dialogando con instancias profundamente deslegitimadas, incapaces incluso de sacar a sus muertos de los escombros, solo prolongaría el sufrimiento del pueblo venezolano y pondría en riesgo el propio éxito de la política que los EEUU han impulsado.
Esta no es la petición egoísta de un grupo cualquiera de la sociedad civil. Es la exigencia de un grupo como el nuestro en ANCO, con la suficiente autoridad ética y moral para hacerla, cosa que pocos en la Venezuela actual pueden exhibir. Pero también es el clamor de un país que ha llorado a sus muertos sin que nadie viniera a rescatarlos a tiempo, y que hoy exige que la reconstrucción de lo que la naturaleza y el régimen destruyeron no quede, ni un día más, en las mismas manos que llevan casi 30 años destruyéndolo.
Venezuela necesita, con carácter de urgencia, una conducción firme, honesta y técnica, capaz de garantizar que la ayuda internacional llegue de verdad a quien la necesita, de abrir el camino a la libertad, y de devolvernos, por fin, la soberanía que nuestros fundadores conquistaron para nosotros hace 215 años. Y creo que ustedes como integrantes y coordinadores de ANCO a nivel nacional son los mejores mensajeros y protagonistas de esa exigencia.
Muchísimas Gracias….
Caracas, 8 de julio de 2026
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