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Por Luis Manuel Aguana
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Nadie podría poner en duda que uno de los problemas políticos más graves
e importantes de la Venezuela de hoy es la actual permanencia de Delcy Eloína
Rodríguez Gómez en la presidencia de la República. Podría decirse incluso que,
de resolverse ese único asunto, al menos avanzaríamos un trecho importante en
el resto de los problemas que agobian a los venezolanos.
La ilegitimidad abierta, manifiesta e inconstitucional de quien hoy
ejerce la primera magistratura es una afrenta abierta a todo venezolano con un
mínimo de decencia pública. ¿Cómo una persona que no fue electa, ni designada
por algún proceso legítimo y constitucional, puede todavía, luego de haberse
terminado el plazo para llamar a elecciones, seguir ejerciendo el cargo? ¿Dónde
están las instituciones del país? Lo que sucede con Delcy Rodríguez no es más
que la demostración clara y palpable de la necesidad urgente de un cambio
institucional de proporciones en Venezuela.
El secreto a voces de que su sostenimiento se debe al reconocimiento que
de ella han hecho los EEUU, no es más que una bofetada abierta a la soberanía
del país. Y esto no lo digo por patrioterismo. El hecho de que sea la potencia
hemisférica la que haya decidido por nosotros quién ejerce la presidencia de la
República enardece innecesariamente los sentimientos antinorteamericanos en el
país, a pesar del agradecimiento general a los EEUU por haberse llevado a
Maduro por narcotraficante el 3 de enero.
Y eso a mi juicio es un error de los EEUU en la evaluación que debieron
haber realizado al apoyar la continuidad del gobierno de Maduro con su
vicepresidente al llevarse a Nicolás Maduro Moros. Y ese error llevó al
siguiente, al continuar apoyando su presidencia luego de los 180 días
constitucionales posteriores a la extracción del jefe del Cartel de los Soles.
Pero el mayor error y el que derrama el vaso fue la firma del llamado
“acuerdo petrolero” con el régimen de los Rodríguez, que profundiza los EEUU aún
más en el error de mantenerla en el poder, al subestimar el rechazo nacional e
internacional por un acuerdo celebrado con la intermediación de un delincuente
buscado en Europa por lavado de dinero.
Por un lado, los EEUU firman un acuerdo de participación accionaria con
una empresa propiedad de un delincuente internacional y, por otro, una
usurpadora del poder concede una concesión petrolera a esa misma empresa sin
tener la legitimidad para poder hacerlo porque técnica ni jurídicamente puede
firmar absolutamente nada por Venezuela, porque NO ES presidente, ni interino
ni permanente. Entonces, ¿cómo podría sostenerse eso en el largo plazo? ¿Qué
corporación seria pondría su dinero en ese trato?
Entonces, la única salida para ese desastre es que los venezolanos
puedan obtener una representación legítima para firmar acuerdos de concesión,
no solo con compañías de los EEUU sino con las de cualquier otro país. Y eso no
se logrará hasta que se regularice la situación de ilegitimidad de la
presidencia de la República.
Pero, ¿cómo lograr de la noche a la mañana una representación legítima
de los venezolanos, y sustituir adecuadamente a Delcy Rodríguez, con el apoyo
institucional de los EEUU?
Si los EEUU insisten en continuar apoyando a Delcy Rodríguez,
difícilmente la situación mejorará en Venezuela. No hay ni una sola variable
económica que se mueva positivamente si la apuesta es por la continuación del
régimen de Maduro. Ni tampoco las ansiadas inversiones provenientes de un
“acuerdo petrolero” insostenible. La situación política en el país continuará o
empeorará debido a que ningún capital se moverá a un lugar sin seguridad
jurídica ni Estado de derecho, sin contar que estarían haciendo negocios con un
país cuyas autoridades desconocen acuerdos y atropellan los derechos
humanos de su población.
Pero si, por otro lado, los EEUU rectifican su política en Venezuela en
aras de un arreglo que implique renegociar con autoridades legítimas,
renegociando el “acuerdo petrolero”, la situación podría cambiar sustancialmente.
Sin embargo, no existen muchas opciones disponibles para regresar la
legitimidad a la presidencia de la República: a) Elecciones inmediatas; b)
Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial; c) Reconocimiento de los
EEUU de las elecciones del 28J-2024. Veamos cada una por separado:
Elecciones inmediatas
Eso es lo que han estado gritando los sectores políticos desde el 3 de
julio al vencerse el periodo de 180 días que da la Constitución, declarando de
una vez la ausencia absoluta de Nicolás Maduro Moros. Pero eso no pasó, y Delcy
Rodríguez continuó en Miraflores con el apoyo militar de los EEUU. De hecho,
esa es la discusión.
Los voceros de los EEUU y hasta el mismo presidente Trump han insistido
hasta el cansancio en que los venezolanos debemos esperar hasta que “existan
las condiciones”. Incluso la presidente de la Asamblea Nacional de 2015,
Dinorah Figuera, ha indicado que “Hay que mantener a Delcy Rodríguez en el
poder para construir garantías y poder hacer elecciones” (ver declaraciones de
Figuera en https://www.costadelsolfm.org/2026/09/hay-que-mantener-a-delcy-rodriguez-en-el-poder-para-construir-garantias-y-poder-hacer-elecciones-esa-es-la-tesis-de-dinorah-figuera/).
Y la pregunta sigue siendo: ¿y cuáles son esas condiciones?
Se podrían realizar “elecciones YA”, como exigen algunos sectores
políticos venezolanos. Allí todavía están las máquinas del CNE y el sistema
automatizado de votación de Jorge Rodríguez para quien lo desee usar y al
régimen le encantaría que lo hiciéramos. Pero, ¿es eso lo que queremos? Veamos
las implicaciones de eso.
Un grupo de venezolanos hemos señalado
reiteradamente la necesidad de “intervenir al Consejo Nacional Electoral,
previo a cualquier siguiente elección, para garantizar elecciones auténticas en
Venezuela”. Debe nombrarse una Junta Interventora del Sistema
Electoral, con poderes suficientes y extraordinarios para intervenir en todos
los organismos y componentes técnicos que tengan incidencia en el sistema
electoral que tenemos ahora en Venezuela (ver Intervención Electoral: Garantía de soberanía, en https://ticsddhh.blogspot.com/2026/04/intervencion-electoral-garantia-de.html).
Esta ruta técnica pasa por establecer que no se
puede acudir a comicios bajo la estructura electoral del régimen actual. La
ruta planteada se fundamenta en los siguientes pilares de restitución soberana:
- Sustitución e
Independencia Orgánica: Desmantelar el actual sistema electoral coercitivo
y sustituir integralmente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral
(CNE) por un organismo técnico, imparcial y despartidizado, restituido con
arbitraje y asistencia técnica de la comunidad internacional,
reestructurando en su totalidad las leyes y reglamentos electorales del
país.
- Auditoría y
Depuración del Registro Electoral: Realizar un censo real del Registro
Civil y Electoral (Registro de venezolanos cedulados del SAIME y el
Registro Electoral del CNE) de ciudadanos dentro y fuera del país,
garantizando el derecho al voto de toda la diáspora venezolana sin trabas
administrativas ni condicionamientos políticos.
- Sistema Manual y
Transparencia Verificable: Eliminar la caja negra del voto electrónico
viciado y retornar al voto manual con escrutinio público, contaje voto a
voto al cierre de cada mesa y verificación de cuadernos de votación, con
sistemas de transmisión y totalización automatizados plenamente auditables
y sometidos a licitación pública.
- Garantías de
Libertad Política y Campaña Equitativa: Cese inmediato de inhabilitaciones
políticas arbitrarias, libertad de prensa total y eliminación del uso
indebido de recursos públicos para coaccionar al electorado.
Solamente refundando el sistema electoral se podrá
restituir el hilo constitucional y garantizar comicios cuyos resultados sean
plenamente auditables y reconocidos internacionalmente.
Pero esto ni siquiera se ha reconocido públicamente
en las negociaciones que se han llevado a cabo hasta ahora entre las dos
Asambleas Nacionales, siendo su única preocupación el posible nombramiento sin
fecha de unos nuevos rectores, desestimando la importancia de demoler la
estructura principal sobre la cual ha estado montado el poder autoritario del
régimen por casi 30 años. Sin realizar las tareas anteriores, ninguna elección
podría realizarse inmediatamente sin correr el altísimo riesgo de perpetuar al
régimen de Delcy Rodríguez.
Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial
Esta ruta sería posible con un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ,
completamente nuevo, legítimo e IMPARCIAL. Pero lo que se terminó negociando
entre las dos Asambleas, la del “rodrigato” y la Asamblea de 2015, es un comité
de postulaciones que incluye a los partidos, a contrapelo de lo que establece
el artículo 270 Constitucional: “Académicos, juristas y miembros de ONG han
advertido que el comité no debería contar con la presencia de legisladores, tal
como lo establece el artículo 270 de la Constitución donde se señala que el
comité es un órgano asesor de la AN, conformado por miembros de la sociedad
civil. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ desde el año 2004 instituyó la
participación de los diputados que tienen la mayoría para designar a los
magistrados en ese comité, pese a que además son los legisladores quienes los
escogen en la plenaria de la Cámara” (ver Asamblea Nacional chavista aprueba
reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, en https://elpitazo.net/politica/asamblea-nacional-chavista-aprueba-reforma-del-articulo-65-de-la-ley-organica-del-tsj/).
Para remate de esta decisión “negociada”, Jorge Rodríguez enfatizó que “será
esa Cámara la que escogerá a los magistrados del máximo tribunal venezolano,
con lo que aclaró que no saldrá de la mesa de diálogo sino de la instancia
controlada por el chavismo”. ¿Qué tal? En otras palabras, será el régimen
DE NUEVO quien escogerá a quienes conformarán el “nuevo” TSJ. Vaya negociación
amparada con el visto bueno de los EEUU…
¿Cómo se podría evitar este nuevo engaño a la población, luego de
haberle asegurado al país que las cosas serían distintas en Venezuela con un
nuevo Poder Judicial? Se los digo rápido: Que los EEUU reconozcan a los
Magistrados LEGITIMAMENTE DESIGNADOS EN EL AÑO 2017 POR 12 AÑOS POR LA ASAMBLEA
NACIONAL DE 2015 EN EL MOMENTO DE SU PLENA VIGENCIA, Y QUE FUERON PERSEGUIDOS
POR EL RÉGIMEN, Y SE ENCUENTRAN FUERA DE VENEZUELA.
Estos Magistrados pueden y deben regresar al país para asumir sus cargos
vigentes hasta el año 2029. Se podría decir sin ninguna duda que ellos
conforman el ÚNICO PODER LEGÍTIMO EN VIGENCIA EN VENEZUELA.
Si los EEUU reconocen a esos Magistrados, ese NUEVO Alto Tribunal podría
designar una Junta de Gobierno de Transición INMEDIATAMENTE que se
haga cargo del Poder Ejecutivo. Dudo mucho que el “rodrigato” ponga objeciones
a ese reconocimiento. Lo he dicho antes, “donde ronca tigre no hay burro con
reumatismo”. Y estos “burros” ya están coaccionados. Los 23 Magistrados
legítimos que se encuentran fuera del país pueden ser la clave para la
sustitución LEGÍTIMA de Delcy Rodríguez hasta el cambio de raíz del sistema
electoral viciado del país y la celebración correcta de unas elecciones libres,
justas y verificables.
Reconocimiento de los EEUU a las elecciones del 28J-2024
Esta sería una vía expresa que, aunque tardía, podría ser efectiva.
Edmundo González Urrutia (EGU) fue electo presidente de la República el 28 de
julio de 2024. Le robaron las elecciones y huyó del país. ¿Por qué los EEUU no
lo colocó en sustitución de Nicolás Maduro Moros después de su extracción, como
sí colocó a Guillermo Endara en Panamá en 1989? Porque la torpeza opositora es
tan grande como la infinitud del universo, Einstein dixit. EGU debió
juramentarse el 10 de enero de 2025, como se ordenaba en la Constitución. Allí
no existía excusa política ni interpretaciones. Estaba en la OBLIGACIÓN
CONSTITUCIONAL de hacerlo, así no estuviera en el país.
Posteriormente, EGU “renunció” a una presidencia que nunca había
juramentado, pero quedó en el imaginario popular que él continúa siendo el
verdadero presidente legítimo de los venezolanos. Solo quedaría ratificarlo
políticamente como tal.
A la torpeza de no juramentarse se unió otra: el divorcio de la
oposición liderada por María Corina Machado (MCM) con la Administración del
presidente Trump, al punto de que esta desconoció los resultados de las actas
electorales venezolanas del 28J-2024 depositadas en el Banco Central de Panamá.
Si por alguna razón esta decisión cambia, debe y tiene que ser por una
negociación de MCM con los EEUU, que
incluya de primero el “acuerdo petrolero” írrito de Delcy Rodríguez,
convirtiendo el fracaso actual de Trump en un éxito comercial, diplomático y
político antes de las elecciones de medio término. MCM podría convertirse en vicepresidente
de la República mañana si los EEUU reconocen a EGU como presidente de la
República. Los EEUU pasarían a ser el sostén armado del gobierno de EGU hasta
una reestructuración a fondo de las Fuerzas Armadas.
Las tres opciones están sobre la mesa. Queda de los verdaderos políticos
saber qué hacer con ellas. Pero lo que sí no es aceptable es continuar en el
limbo de no hacer nada y esperar que las cosas se arreglen solas. Eso
generalmente no sucede...
Caracas, 16 de septiembre de 2026
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