Por Luis Manuel Aguana
En un importante acto celebrado el viernes 11
de Octubre en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con la asistencia de un
nutrido grupo de ciudadanos preocupados por el país, se realizó el lanzamiento
oficial de la propuesta de la Consulta Popular Plebiscitaria en el marco de una
nueva agrupación de la sociedad civil: Integración Ciudadana (ver https://twitter.com/integracionciu1/status/1182845095734849536).
Esta nueva agrupación nace acompañando la
propuesta de una de sus principales organizaciones fundadoras, la Alianza
Nacional Constituyente Originaria, ANCO, quien conjuntamente con el Grupo de
Análisis Político, GAP y otras organizaciones de la sociedad civil acogieron
favorablemente la idea fundamental de convocar la Soberanía Popular para que
decida el futuro de Venezuela a través de un instrumento que la Constitución
brinda a los ciudadanos por encima de los Poderes Constituidos del Estado: una Consulta
Popular,
Sin embargo lo que nos convoca a los
venezolanos, no es deshacernos solamente de un régimen usurpador y castrador de
libertades, sino para REPARAR LA
SOBERANIA POPULAR seriamente dañada en 20 años de desmontaje por una
organización criminal internacional. La institucionalidad venezolana está
destruida. No es posible la convocatoria a un proceso electoral nuevo en
Venezuela sin haber reparado la institucionalidad como un todo. ¿Y a quién corresponde
hacer eso? ¿Al Gobierno Encargado de Juan Guaidó? ¿A las Fuerzas Armadas, que
ya están destruidas? ¿O peor aún, a algún país extranjero? No. A
nosotros, a todos y cada uno de los venezolanos.
La intervención del Dr. Pedro Urrieta
Figueredo, Coordinador de Desarrollo Ciudadano de ANCO, lo describe a
cabalidad: “Como ciudadanos,
identificamos que la mayor
usurpación que se ha cometido en Venezuela ha sido contra la soberanía popular,
manifestada en: el no acatamiento del resultado electoral del pasado 6 de
diciembre de 2015; la suspensión de la tramitación del referendo revocatorio en
el año 2016; la autorización por parte del Tribunal Supremo de Justicia del
proceso constituyente sin convocatoria popular, y sin la posibilidad de
convocarse el referendo consultivo constitucional; la inobservancia de los
resultados vinculantes de la Consulta Popular realizada el 16 de julio de 2017;
la celebración de procesos electorales, entre ellos, el presidencial, sin las
garantías establecidas en el artículo 298 constitucional, durante los años 2017
y 2018”. Esta lesión debe ser
reparada. Es de demócratas y de las democracias hacerlo. Entonces, si
registramos la magnitud del antagonismo y de la desinstitucionalización
imperante, podemos entender nuestra obligación de producir el restablecimiento
de los derechos del pueblo venezolano a través de la aprobación de un proceso
cívico-democrático afincado en la soberanía popular, con reglas claras y
compartidas, cuyos resultados sean aceptados incuestionablemente por la base
social, los principales actores institucionales del país y la comunidad
internacional, utilizando para ello cualesquiera de los medios de participación
y protagonismo del pueblo enunciados en la Constitución, y abordando las
materias y casos que vulneran la dignidad de las personas, la justicia y la
vigencia de los derechos humanos”. (ver intervención del Dr. Pedro Urrieta
Figueredo, en http://vitolopez.blogspot.com/2019/10/hay-que-estrablecer-la-constitucion-y.html).
¿Y en base a qué? Como bien indicó Urrieta
Figueredo en su intervención, la Constitución vigente establece claramente una
responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad Civil en los
“Principios de Seguridad de la Nación”:
Artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad del
Estado y la Sociedad Civil para dar cumplimento a los principios de
independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así
como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas
de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable
y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político,
cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Si el Estado dejo de cumplir su
responsabilidad como consecuencia de un secuestro criminal, nosotros no podemos
evadirla. Eso es como la corresponsabilidad de los padres en el cuido de los
hijos en un matrimonio: si uno falla o muere, el otro la asume.
Y esta corresponsabilidad no es nueva. En el
trabajo de mi padre para optar el Doctorado en Derecho en la Universidad de
Carabobo, datado en los años 60’s (ver Raúl Aguana Figuera, Consideraciones sobre el Derecho
Militar Venezolano,
en https://tinyurl.com/y4kw78s2), el Dr. Aguana establecía que la concepción
ampliada de la Defensa Nacional incluía a todos los venezolanos, no solo a los militares: “…La continuidad del Estado en el orden del
tiempo y del espacio descansa en la defensa de su existencia, protegiéndose de
los agentes de descomposición que de manera constante inciden sobre el mismo,
poniendo en peligro la comunidad organizada en Estado en cuanto a su seguridad
interna y a su seguridad externa. Defensa
nacional corresponde a todos los miembros de esa comunidad, esto es, a toda la
ciudadanía compete, al igual que a los órganos públicos, la realización de los
llamados grandes objetivos de carácter permanente de la defensa, que abarcan
los campos políticos, económicos, social, militar, la promoción del bienestar
ciudadano y de la sociedad en general, la supervivencia de nuestra cultura y
los objetivos estratégicos”. (resaltado nuestro)
Y de acuerdo a esa conceptualización todos estamos involucrados en el
problema de defender la Nación, no solo los militares. La Constitución de 1999 les
asigna a ellos responsabilidades muy claras en su Artículo 328, y a la Sociedad Civil en el
Artículo 326. Estamos ante una amenaza cierta a nuestra
Seguridad Nacional y los militares, quienes deben ser los llamados a defenderla
han sido neutralizados, y su cúpula se ha aliado a una organización criminal
con vínculos extranjeros, dejando a la población desprotegida.
Nos toca entonces a los venezolanos una clara
responsabilidad en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, por lo
demás ya establecida como un deber en el Artículo 333. Integración Ciudadana es algo
más que un grupo de organizaciones y ciudadanos comprometidos para darle
cumplimento a lo que es un deber de todo venezolano. Es el primer paso de una
ciudadanía que se ha dado perfecta cuenta de esta responsabilidad y está
actuando en consecuencia, haciendo una propuesta diáfana a los venezolanos. Sumemos
todos a ese esfuerzo para rescatar a Venezuela.
Caracas, 14 de Octubre de 2019
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
