No existe mejor manera de evaluar una situación, cualquiera que esta sea, que revisando lo que ha sucedido antes en Venezuela, tratando de encontrar un patrón que de manera sistemática ocurra dentro de un marco de eventos, para al menos decidir qué hacer ante otra que se presente completamente nueva e inédita. El único hilo referencial presente para este caso ha sido el comportamiento mismo del pueblo venezolano.
En ninguno de los años del siglo XX y los que han transcurrido del siglo XXI venezolano desde que existen elecciones en este país, ha ocurrido lo que está pasando en Venezuela. Una campaña presidencial opositora dirigida y realizada, no por el candidato oficial opositor, sino por quien debió serlo, porque el régimen en el poder lo impidió arbitrariamente, provocando un estado natural de exaltación del pueblo frente a quienes ejercen el poder.
El pueblo venezolano en toda la geografía nacional se ha volcado de manera inusitada a las calles del país a respaldar la salida pacífica y electoral de quienes gobiernan en Venezuela, encausada a través del liderazgo casi místico y único de María Corina Machado (MCM). Lo que hay en Venezuela no es una campaña electoral, es una cruzada que, aplicada de una manera pacífica, solo puede tener un resultado: el desplazamiento del poder de quienes han destruido nuestro país.
Pero eso no será así de simple ni está siendo comprendido a cabalidad por quienes todavía después de todo lo que ha pasado en Venezuela se niegan a admitir que nos encontramos en una tiranía. Sorprendentemente, se piensa que las fuerzas contrarias al cambio del poder solo se harán de lado porque tengamos, en la práctica, en la candidatura de Edmundo González Urrutia (EGU) y el liderazgo de MCM, más votos que el candidato del régimen, Nicolás Maduro Moros. Nada más lejano a la realidad. Eso reduciría este problema a un simplismo electoral incomprensible a estas alturas en Venezuela.
El régimen tiene 20 años refinando en cada elección un fraude multifactorial, no solo para evitar a discreción que la oposición gane elecciones en Venezuela, sino que se garantiza que las cuentas cuadren al final de cada elección a través de un sofisticado mecanismo tecnológico protegido por una legislación electoral inconstitucional. Aunque tengamos los testigos, el régimen deja solo contar, o “verificar” como lo llaman en su ley electoral, un máximo del 54% de los votos emitidos en cada elección para contrastarlos con el resultado de sus máquinas. El resultado del 46% restante queda cerrado y bajo el control electrónico del régimen. Ese 46% de votos puede y se ha volteado electrónicamente a voluntad a favor de quien controla las máquinas y los resultados, al no poder verificarse por ley a la vista de todo el mundo, y siempre cuadrarán con la totalización.
Es por eso que se inventó esa trampa en el año 2004 al cambiar el sistema manual de contar todos votos de los venezolanos, entregando a las máquinas la capacidad de “escrutarlos” por ley, sin que la oposición jamás se opusiera a esa aberración. Las denuncias del Comisario Iván Simonovis y comentadas en mi pasada nota (ver Cómplices necesarios, en https://ticsddhh.blogspot.com/2024/06/complices-necesarios.html) corroboraron años de denuncias públicas hechas por calificados profesionales, que mostraban indicios técnicos y estadísticos que demostraban que habían ocurrido cambios en los resultados electorales del CNE, arrojados por las máquinas del “mejor sistema electoral del mundo”. ¿Y por qué cambiar el sistema con tanta tecnología? Para que precisamente nadie pueda poner en duda los resultados publicados de cada elección, evitando legalmente contar todos los votos de los venezolanos.
¿Cómo podemos evitar que el régimen nos aplique ahora lo mismo que ha venido haciendo desde hace 20 años? La respuesta es que ya no se puede evitar. La única manera es pasando por encima de esa legislación electoral ilegítima que atropella la Soberanía Popular, que le concede al CNE a través de su reglamento electoral, la potestad de prohibirle a los venezolanos contar todos los sufragios emitidos durante una elección. La manera de combatir eso es no aceptando ningún resultado que no se corresponda con lo que estamos viendo en las calles de toda Venezuela, conformando de esa manera una rebelión cívico-electoral para exigir que se cuenten todos y cada uno de los sufragios emitidos en todas las mesas electorales del país.
En efecto, el Artículo 439 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que “El Consejo Nacional Electoral determinará mediante resolución, el número de Mesas Electorales que serán objeto de Verificación Ciudadana para cada proceso electoral”. Y yo me pregunto, ¿está el CNE por encima del pueblo venezolano, dueño legítimo de la Soberanía Popular y propietario de esos votos? El Artículo 5 Constitucional establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley…”. Y no le hemos cedido esa soberanía al CNE a través de una reglamentación de tercer nivel.
Lo anterior es corroborado por el Magistrado Rommel Gil, ex Presidente de la Sala Electoral del TSJ en el exilio, quien en el Capítulo 8 de la serie "Venezuela Elecciones y Apartheid", de la periodista Maibort Petit, sugirió a los venezolanos aplicar lo siguiente el 28J:
“Sáquenle copia al Artículo 5 de la Constitución. Si usted ve que en alguna de las mesas donde inevitablemente gana una tendencia y están dándole la ganancia a otra, pidan que abran todas las cajas. El Artículo 5 le ampara sobre cualquier ley, además, amañada por ellos. Pidan esa contraloría directa de todos esos votos con la autoridad que le da el Artículo 5 Constitucional donde la soberanía reside en el pueblo venezolano…” (ver declaraciones del Magistrado Rommel Gil, El Gran Acuerdo, Maduro vs. los venezolanos, en https://youtu.be/CRelEZQdf28?t=1123, min 18:44).
Si el régimen decide cambiar los resultados que percibimos desde ya en toda Venezuela, a favor de la opción que representa a MCM y el candidato EGU, nos encontraremos muy probablemente frente a una rebelión popular. Pero esta no sería la primera vez que los venezolanos nos rebelamos pacíficamente ante una situación que consideramos lesiva a nuestros intereses y la Constitución.
Sin desmedro a que lo sucedido el 11 de abril de 2002 fuera considerado por algunos posteriormente como un golpe de Estado, en palabras del desaparecido historiador Jorge Olavarría, lo que ocurrió inicialmente ese día fue una rebelión popular:
“En primer lugar yo creo que eso fue una rebelión popular, que se fue creando con una gran presión, que se inició básicamente con la huelga de la gerencia de PDVSA, que fue creciendo, que se fue radicalizando, que las posiciones se fueron radicalizando hasta que la huelga general que había anunciado la CTV, como una especie medida de presión para el gobierno, ¿para qué? ¡Para que renunciara Chávez! No nos vamos a engañar, eso era lo que la gente pedía: ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Renuncia, Renuncia¡¡Renuncia! Para que renunciara Chávez. ¡Eso no es un golpe de Estado! ¡Eso no es una sublevación! Eso no es una instigación para la sublevación. Eso es el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido. Y la renuncia es una de las maneras de ausencia definitiva del Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución vigente…” (ver Olavarría y el 11 de abril, Pastillas de Memoria, Entrevista de José Israel González a Jorge Olavarría, Historia Viva, en https://youtu.be/68JadxKJMzQ?t=268).
Mi interpretación de esta tesis, en este caso, es que una rebelión cívico-electoral, como la planteada ante un robo por fraude de las elecciones del 28J, ejercería un derecho constitucionalmente protegido establecido en el Artículo 5 Constitucional, como ocurrió el 11 de abril de 2002. Y por supuesto no estaría exenta a cualquier pronunciamiento que posteriormente hagan las FFAA, protegiendo precisamente esos derechos, y acompañando al pueblo venezolano a constatar si efectivamente el resultado que dictamine el CNE se corresponde con todos los sufragios emitidos por los venezolanos. Eso sería proteger el derecho del dueño de la Soberanía a unas Elecciones Auténticas, evitando la pérdida de vidas y preservando la paz y la tranquilidad de la Nación.
Pero además de todo lo anterior, existe históricamente el derecho a la rebelión: “El derecho a la rebelión, al igual que el derecho a la legítima defensa, puede ejercerse cuando un cúmulo de hechos graves, plenamente comprobados, conforman un estado de necesidad de inminente y extrema peligrosidad para la preservación de la libertad, la vida y los bienes de los ciudadanos. Esto se hace una vía inevitable cuando la ciudadanía se encuentra en estado de indefensión por cuanto las agresiones a sus derechos más sagrados -vida, libertad y propiedad- vienen por omisión de cumplir su función constitucional, de quienes deben ampararlos y se convierten por ello en cómplices o coautores de la agresión…” (ver Jorge Olavarría, El derecho a la rebelión, Jorge Olavarría, 19 de febrero de 2002, en https://goo.su/CUV7).
Cualquier parecido a la realidad actual NO es pura coincidencia. El 28J el pueblo se encontrará al frente de los peligros mencionados allí y con lo único que cuenta para defenderse de un poder que lo sobrepasa, es una rebelión cívico-electoral ante cualquier resultado que no se corresponda con la realidad que todos hemos percibido en las calles de Venezuela. Y si quienes deben amparar los derechos electorales de los ciudadanos, los violan y se convierten en cómplices y coautores de esa agresión, los venezolanos deberán cerrar filas pacíficamente, como el 11 de abril de 2002, para exigir que se cuente la Soberanía Popular, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la participación política. Nadie nos puede negar el derecho a rebelarnos que nació de nuestros fundadores, un día como hoy, el 5 de julio de 1811. Esa es la esencia de nuestra nacionalidad…
Caracas, 5 de Julio de 2024
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