Por Luis Manuel Aguana
“Aquellos que hemos abogado por la convocatoria de un proceso constituyente de carácter originario en Venezuela, no lo hacemos solo por la necesidad de la restructuración del Pacto Social que rige la infame relación actual entre gobernantes y gobernados, y que se materializa en una nueva Constitución, sino que como buscadores de la legitimidad perdida del país, consideramos que en este punto la única manera de hallar esa legitimidad a cualquier cosa que venga ante ese hueco inmenso de la falta grave de instituciones legítimas sobre las cuales hacer descansar cualquier gobierno después de esta tragedia, es reuniendo al Constituyente y refundando la Nación”. (ver Buscadores de la legitimidad perdida, en https://ticsddhh.blogspot.com/2025/06/buscadores-de-la-legitimidad-perdida.html).
Me van a tener que perdonar la “auto cita” de la nota referida, pero por más que deseemos que regrese al país la legitimidad para un posible nuevo gobernante, no nos podemos pasar por arriba y a la torera el hecho cierto de que no existe en Venezuela NINGUNA INSTITUCIÓN LEGITIMA que juramente a nadie como gobernante, posterior al este desgobierno, sin contar con la inexistencia de fuerza alguna venezolana comprobada para sostenerlo.
Lo anterior viene a cuento porque he leído por las redes sociales un rumor según el cual Edmundo González Urrutia (EGU) sería eventualmente “juramentado” por la Asamblea Nacional de 2015, en el eventual caso de un Desplazamiento del régimen de Nicolás Maduro Moros. No tengo, ni tendría por qué tener confirmación de semejante rumor. Sin embargo, me angustió que ese pueda ser el piso de legitimidad que alguien de la oposición esté pensando darle a EGU, ante el eventual caso de que tenga la posibilidad de regresar al país para cubrir un vacío de poder ante la ausencia de quienes desgobiernan al país.
Imagínense que se le esté buscando piso legítimo a un nuevo gobernante utilizando a los principales responsables del interinato de Juan Guaidó, que establecieron un gobierno parlamentario ilegal, ilegítimo y posteriormente señalado como corrupto, sin contar con el hecho de ser la peor versión de la oposición política de Venezuela, y razón por la cual María Corina Machado resultó electa como candidata de los opositores venezolanos en unas primarias realizadas el 22 de octubre de 2023, con más del 90% de los votos opositores. En otras palabras, si existe en Venezuela alguien más alejado de la actual representación popular, es esa Asamblea Nacional de 2015. ¿Serán ellos los que “juramentarían” a EGU? Peor servicio al primer paso para la recuperación del país, imposible.
A todo lo anterior se puede añadir lo que también mencioné en la nota previamente citada: “Lamentablemente y pese a que la llamada Asamblea de 2015 se “autoproclamó” en funciones luego de culminar su periodo constitucional de 5 años, difícilmente puede considerarse legítima por nadie fuera del país, considerando que esa condición en el contexto de nuestro sistema republicano, solo proviene de los votos emanados del pueblo venezolano en elecciones libres y transparentes. Y léase aquí que estamos estirando el concepto de que las elecciones presidenciales de 2024 revisten tal condición, considerando así que EGU es Presidente Electo legítimo de Venezuela…”.
Ustedes me dirán, entonces, que lo que tú quieres es que nos coma el tigre, como decía la canción de mis padres. Y el gran error generalizado de esto reside en que el resultado electoral del 28 de julio de 2024, nunca pudo ser debida y correspondientemente validado como legítimo en el país. Ciertamente, existen unas Actas en una bóveda del Banco Central de Panamá, de las que el régimen intentó apoderarse.
Pero el siguiente paso era que un CNE, que siempre supimos que estaba a favor del régimen, nunca las reconocería como válidas, y dándolas como buenas para entregarle al ganador, EGU, el título de Presidente Electo de Venezuela. El régimen desconoció esas Actas y proclamó a Nicolás Maduro Moros como vencedor de las elecciones. Eso lo consideramos en su momento como un golpe de Estado en toda regla.
Entonces, para presentar esos documentos para un cobro efectivo del poder legítimo, era y sigue siendo imprescindible y obligante, la existencia de un Poder Electoral, un Poder Legislativo y un Poder Judicial completamente limpios y legítimos para proceder a este trámite necesario para la restitución del orden constitucional y democrático del país.
De allí que consideremos en el comunicado de ANCO titulado “La Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) a la Nación Venezolana, su Liderazgo Político, Militar, Empresarial, Religioso, Académico, y a la Comunidad Internacional”, publicado el 6 de octubre de 2025, que de existir “cualquier evento sobrevenido o no, que interrumpa el actual estado institucional del país” el Gobierno de Transición que venga a continuación “reconozca la voluntad expresada por la soberanía popular el 28 de julio del 2024, y que sea obligatoriamente ratificada por el pueblo venezolano, y legitimada en su origen y desempeño, mediante una Convención Constituyente” (ver Comunicado ANCO, 06-10-2025 en https://ancoficial.blogspot.com/2025/10/comunicado-la-alianza-nacional.html).
¿Y por qué debe ser ratificada esa voluntad popular del 28 de julio de 2024? Porque en ese año NO EXISTÍA (y todavía no existe) ningún Poder Público con legitimidad, razón por la cual la representación legítima del pueblo reunida en una Asamblea Nacional Constituyente, QUE DEBE CONVOCARSE inmediatamente después del desplazamiento del régimen, debe RATIFICAR esos resultados y hacerlos firmes y legítimos para todo el mundo, en los términos que esa Asamblea Constituyente decida.
Ya he relatado en notas anteriores la experiencia venezolana de 1958, donde luego del Desplazamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, el primer acto de gobierno de esa Junta Militar fue suprimir temporalmente en un Acta todos los Poderes Públicos, sin derogar la Constitución de 1953, a los fines de asumir todas las funciones y comenzar a gobernar. Su sostén era la fuerza de las armas que se usaron para los fines de la reinstitucionalización del país, proceso que vendría posterior al acuerdo entre las principales fuerzas políticas que fueron regresadas a la legalidad por dicha Junta de Gobierno.
Pero la actualidad es de lejos mucho más compleja que en esa época. No existe ahora ningún Poder Público válido adonde llevar ningún resultado electoral, ni validar las acciones que deban acometerse. No se puede simplemente convocar una entelequia ilegítima para validar lo que viene, frente a un pueblo que los rechazara de manera contundente el 2023 y 2024, ni tampoco convocar a nuevas elecciones sin una limpieza a fondo del Poder Electoral ni el resto de los Poderes Públicos. Eso hace insustituible la convocatoria del Poder Originario, no solo para hacer legítimo a quien se desempeñe en el poder, sino para establecer la dirección de lo que venga para una Venezuela post tiranía que nos incluya a todos los venezolanos.
Caracas, 6 de Octubre de 2025
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