Por Luis Manuel Aguana
Algunos países, como el caso de Singapur, China y Cuba, han negado históricamente a sus ciudadanos las libertades civiles fundamentales, en especial el acceso a las herramientas tecnológicas más relevantes del siglo XX. Aproximadamente dos tercios de la población de Singapur vino a tener acceso a la Internet en el año 2006. Sin embargo, el gobierno tiene restringido el acceso a la Red mundial y no tiene tolerancia con aquellos sitios y blogs que se le opongan . Paradójicamente estos países han utilizado las herramientas de la más alta tecnología para apalancar su crecimiento económico y el bienestar de sus ciudadanos. En el caso de Cuba, la limitación de estos derechos utilizando las TIC’s aunque no está principalmente relacionada con el crecimiento económico, si lo está con el control de la información ciudadana para la consolidación y perpetuación de un sistema de gobierno.
La importancia de este tema radica no ya en el hecho de que algunos países hayan sido sojuzgados por sus gobiernos en aras de un crecimiento económico con la entronización de políticas que no hayan sido decididas de una manera democrática por esas sociedades, el problema va mucho más allá. El altísimo grado de informatización de esas sociedades, gracias al cual se han obtenido altas tasas de crecimiento y ventajas competitivas internacionales, ha llevado de manera concomitante a un control tecnológico de esas mismas sociedades, trayendo como consecuencia un férreo control político que le permite a esos gobiernos de corte autoritario mantener controlados a sus ciudadanos, no sólo en su ámbito económico sino también en el social, tratando de eternizarse en el poder utilizando esta novedosa y relativamente encubierta forma de violación de las libertades fundamentales. El esfuerzo realizado por diferentes países de hacer realidad la creación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento, irónicamente ha traído como consecuencia, además del crecimiento económico, el control de los gobiernos sobre la información que los ciudadanos reciben, así como el conocimiento y control detallado de todas las actividades de la población.
Se hace imperativo entonces hacer un seguimiento internacional de este fenómeno, proponiendo medir a través de instrumentales metodológicos desarrollados para esos efectos, el grado de utilización de las TIC’s en los diferentes países y su uso a favor o en contra de las libertades fundamentales y la democracia. Esta medición periódica permitiría a los investigadores sociales estudiar el fenómeno del desarrollo de las TIC´s en cada país y su evolución, la disminución de la llamada “Brecha Digital” y su impacto en el desarrollo social, económico y político. La medición de un Derecho como lo es el Derecho a la Intimidad, no es un tema de fácil abordaje. Al haberse establecido el marco legal en casi la mayoría de los países latinoamericanos para salvaguardar la intimidad de las personas, un estudio que sistematice todas esas legislaciones y establezca un marco mínimo de referencia, nos serviría para elaborar un instrumento de control y seguimiento de esas legislaciones en los diferentes países para poder comparar su cumplimiento y en consecuencia lograr indicadores de aplicabilidad de las leyes de intimidad en cada país. De acuerdo con los casos llevados a la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la mayoría, sino la totalidad de ellos, se basan en violaciones de los derechos fundamentales tales como aquellos que tienen que ver con la salvaguarda de la integridad física de la persona humana. Esto es, asesinatos de parte de las autoridades, desapariciones forzadas, torturas, etc. En este caso, las violaciones al derecho a la intimidad en nuestros países son poco denunciadas ante los organismos internacionales al ser consideradas como “de menor valor” si se las compara con la vida de las personas. En ese sentido estos derechos son considerados como “exquisiteces” en comparación con el resto de los derechos fundamentales dadas las grandes dificultades, tanto económicas como procesales, que deben enfrentar las organizaciones de derechos humanos en llevar un caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Ahora bien, la utilización de medios técnicos, en especial las tecnologías del manejo de información y comunicaciones, TICs, por parte de los Estados con el fin de manipular, controlar y en algunos casos perseguir a los ciudadanos, ya está ocurriendo en Venezuela al haberse aplicado listas de exclusión política (Tascon). ¿Es esta una consecuencia propia de la evolución de los Estados dentro de la llamada Sociedad de la Información? ¿Hasta donde debe protegerse un Estado de sus ciudadanos, sin violentar los derechos humanos y la intimidad de estos, con el fin de perseguir males mayores como el terrorismo? Esta desviación en países como el nuestro, profundamente presidencialista y de tendencias históricas autoritarias, hace aún más vulnerables los derechos ciudadanos de las personas.
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