Dos actos, un mismo propósito: el relanzamiento de la MUD

Por Luis Manuel Aguana

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Muy difícil ignorar lo que ocurrió el martes 6 de marzo de 2018 en la UCV y el relanzamiento de la MUD dos días después con otro nombre. Más difícil todavía es creer que ambos actos no estén relacionados, por más que se lo quiera negar. La habilidad política con la cual la vieja MUD se mueve para no morir es espeluznante, por decir lo menos. Primero, generar la matriz de opinión de un lanzamiento de la sociedad civil de las manos de dos pilares fundamentales de la conciencia creíble de Venezuela: la Iglesia Católica y la Universidad venezolana; y luego, el relanzamiento de la MUD en unión con esa misma sociedad civil que se expreso en la UCV dos días antes, pero rebautizándola como Frente Amplio Venezuela Libre, para volver a plantear la salida electoral en la agenda del país.

Es de hacer notar que en los Manifiestos de ambos actos se insiste en elecciones como la salida al problema venezolano: el de la UCV se plantea como el “ejercicio libre del derecho al voto, con un árbitro imparcial y en las condiciones y plazos previstos en la ley, que permita votar para elegir…”, y el del nuevo Frente Amplio Venezuela Libre: “Proponemos una amplia alianza que exige elecciones libres y justas para cambiar y reconciliarnos…”. Y en ambos casos ir a elecciones sin resolver el fondo que no es otro que una Constituyente inconstitucional sobre todos los Poderes Públicos. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero se bañaron de sociedad civil legítima en la UCV y luego se relanzaron pública y muy hábilmente dos días después. El resto lo hicieron los medios y las redes sociales.

Y si leemos en detalle ambos Manifiestos, descubriremos entre líneas los mismos puntos que la MUD le exigía al régimen antes de irse corriendo a República Dominicana a negociar con Maduro: apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos, reconocimiento a la Asamblea Nacional y…elecciones generales. Es impresionante como los venezolanos caemos de nuevo con estos vendedores de espejitos.

Quiero dejar algo claro: a la sociedad civil puede convocarla cualquiera–hasta la MUD-, incluso se puede auto convocar, y ciertamente es necesario que lo haga en esta hora crítica del país. Pero de allí a una manipulación de factores encubiertos de la MUD para usar posteriormente ese acto en la UCV para el refrescamiento de aquellos que persistentemente nos han llevado al fracaso, pretendiendo lograr que la “sociedad civil olvide” el pasado reciente, yendo “todos juntos” al rescate del país, es pedir demasiado. Si dejamos pasar eso, entonces dejamos pasar los muertos, dejamos pasar la traición del 16J, dejamos pasar el fracaso de esos factores que insisten en una solución que pretende validar al régimen de Nicolás Maduro mediante elecciones. Eso es inaceptable.

Pero hay algo peor que sale de toda la manipulación de ese nuevo Frente MUD+“sociedad civil”: que todos aquellos que no estamos de acuerdo con esa nueva máscara, somos divisionistas, los que no quieren una solución “unitaria” a los problemas del país, los radicales, los malos de la película que son necesario excluir, con una matriz de opinión creada con los reales de la MUD. La percepción general es que nadamos a contracorriente de una matriz de opinión, que luciría “mayoritaria” porque la “Iglesia Católica y las Universidades” bendijeron en un acto en la UCV a una sociedad civil que ahora trabaja “unida” a esa MUD, y que ahora se lava la cara tranquilamente cuando nos llevo a un barranco durante todo el año pasado. De nuevo, eso es inaceptable.

Pero la realidad dista mucho de ser la percepción de esa matriz de opinión. La Conferencia Episcopal Venezolana no es el Padre Ugalde o el Rector Virtuoso, personajes muy respetables, quienes tienen todo el derecho de respaldar a la MUD en su pretensión que las elecciones son la solución del país o que Maduro sale con votos. O incluso que la solución está en el “chavismo light” en el poder.

La posición oficial de la CEV está por escrito desde el 12 de Enero de 2018 en su Exhortación Pastoral “Dios Consolará a su Pueblo” del 12 de Enero de 2018 y el Comunicado de la CEV ante la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas: donde establecieron claramente: “5.- Debemos recordar lo que dice la Constitución Nacional: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo..." (Art. 5), por tanto, es el pueblo el que debe asumir "su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71)" (n.6). Es el propio pueblo, y no una instancia espúrea el que sitúe las cosas en su justo lugar.”

Por otro lado tampoco puede afirmarse que la posición oficial de los Rectores universitarios que conforman la Asociación de Rectores Universitarios-AVERU concuerda con la salida electoral de la MUD (y ahora la de su nuevo Frente) tolerando la Constituyente del régimen. Muchos Rectores de universidades muy importantes tienen una opinión muy diferente, aunque respeten por mucho la posición de algunos de sus colegas que si están de acuerdo. Todos están tan divididos en opinión como el resto de los venezolanos.

El acto de UCV aun cuando haya sido concurrido y respetable en su Manifiesto final, no representa la posición final de la sociedad civil y mucho menos la opinión oficial de la CEV y la AVERU en su conjunto, ni de allí se pueden derivar matrices de opinión que nos lleven a pensar que la sociedad civil venezolana apoye esta nueva iniciativa de la MUD, llamada ahora Frente Amplio Venezuela Libre, ni a sus descalificados dirigentes políticos. Asimismo, es difícil disociar un acto del otro, o que el segundo sea consecuencia de una manipulación del primero. Podrán manipular a algunos pero no a todos. Ese chantaje “unitario” fue descarado y pretende llevar de nuevo la situación política del país al estado previo de República Dominicana.

En consecuencia, la posición de la Alianza Nacional Constituyente-ANCO sigue imperturbable y consecuente con la posición oficial ya expresada de la Iglesia Católica: “…que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71)" (n.6). Es el propio pueblo, y no una instancia espúrea el que sitúe las cosas en su justo lugar”.  Esto solo se traduce en nuestra única y categórica afirmación a la sociedad civil venezolana: Que el pueblo venezolano decida.

Caracas, 11 de Marzo de 2018

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Una agenda alternativa para Venezuela

Por Luis Manuel Aguana

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Ya es pública, notoria y comunicacional la intención del régimen de adelantar las elecciones que constitucionalmente están establecidas para el 2018, independientemente del resultado del llamado dialogo en República Dominicana. Se ha confundido el deseo de salir de este régimen lo antes posible, con el deseo de cambiar constitucionalmente a un gobierno, y son dos cosas completamente diferentes.

El régimen está usando ese primer deseo de los venezolanos para continuar en el poder, utilizando los medios que ya conocemos de secuestro de la institución electoral, la propensión natural del venezolano de votar como medio de cambio político pacífico legítimo, y una oposición entregada que usa el argumento electoral como chantaje para continuar aprovechándose de los espacios opositores, indicando que esa es la única manera de solucionar de manera pacífica el problema político de los venezolanos. Esa confluencia de factores tiene como resultado que los venezolanos no hayamos podido escapar de esta trampa que lleva casi 20 años.

Los venezolanos hemos caído de nuevo en el dilema equivocado entre votar o no votar, llevados a eso astutamente por este régimen, cuando en realidad la disyuntiva está entre aceptar o no aceptar una solución engañosa a la crisis venezolana. Por un lado el gobierno desea que los opositores no voten porque tienen una población de rehenes chantajeados por comida que si votarán por él, y por otro lado la oposición oficial disminuida por su condición de colaboracionista intentando sobrevivir, tratando de convencernos que si vayamos a hacerle el juego a este régimen, porque “esa es la única manera constitucional, pacífica y electoral para cambiarlo”. Resultado: de vuelta al círculo vicioso de legitimación en las urnas de unos delincuentes por seis años más. Me resisto a creer que estemos condenados a eso sin ninguna salida.

Y cuando digo que son dos cosas diferentes salir de este régimen lo antes posible y cambiar constitucionalmente a un gobierno, fundamento mi apreciación en que ninguna elección en Venezuela, adelantada o no, es válida si esta se realiza en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente erigida de manera inconstitucional, y que pretende constituirse en un suprapoder por encima del poder electoral venezolano para convocar elecciones. Cualquier cosa que salga de ella, ya sean decisiones, decretos, leyes, llamados a elecciones, designación de funcionarios, etc., son írritos, nulos e inválidos por más que los pseudo opositores de la MUD se los avalen. Por lo tanto no podemos continuar la vida institucional de Venezuela sin antes desmontar ese mamotreto que impuso el régimen para perpetuarse en el poder.

Cualquier discusión en torno a elecciones que no tome en cuenta ese pequeñísimo detalle es por decir lo menos, colaboracionista. Entonces no es que digamos “No y Si” a las elecciones presidenciales, como señala el Padre Luis Ugalde en su última disertación (Ver No y Si de las elecciones presidenciales, en http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/las-elecciones-presidenciales_221353), es que NO se pueden hacer elecciones en Venezuela si antes no desaparece esa Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional, punto.

Me pregunto porque importantes analistas políticos como el mencionado dejan de lado sin discutir ese “pequeño” detalle cuando ese es precisamente el problema que tenemos en Venezuela. ¿Es que pretenden tolerarlo y convivir con eso, en el supuesto caso llegaran a ganar? Creo que la razón reside en que muchos venezolanos creen –y algunos con buenas intenciones- que pueden lograr cambiar un régimen de las características del actual solamente con elecciones, cuando lo que hace falta es una propuesta alternativa que aplique un procedimiento de restablecimiento constitucional que desarrolle a cabalidad los Artículos 333 y 350 de la Constitución.

Y ese es precisamente es el planteamiento de la Alianza Nacional Constituyente. ¿Quién es el UNICO que puede desmontar políticamente el parapeto constituyente de Maduro? El Soberano Pueblo de Venezuela, a quien le fue conculcado ese derecho el 1ro de Mayo de 2017 con los Decretos inconstitucionales 2.830 y 2.831. Y solamente el Soberano puede desmontarlo mediante una Consulta Popular a la que debe ser llamado por todas las fuerzas vivas de la Nación, especialmente la Iglesia y las Universidades, las dos instituciones de más credibilidad del país y que pueden conformarse como los ductores principales de la solución.

Ya la Iglesia Católica se pronunció en ese sentido el 12 de Enero 2018 en su Exhortación Pastoral “Dios Consolará a su Pueblo”, exponiendo que la sociedad civil “asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).” (Nro. 6 de la Exhortación Pastoral http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/273-exhortacion-de-la-cev-en-ocasion-de-celebrar-su-cix-asamblea-ordinaria-plenaria-dios-consolara-a-su-pueblo-isaias-49-13). La Alianza Nacional Constituyente asumió completamente ese planteamiento y tomado acciones para ese llamado, con la intención de hacerlo realidad porque creemos seriamente que esa es la vía correcta para la recuperación de Venezuela.

Entonces esta Consulta Popular que planteamos no puede ser vista como una mera consulta inocua en la que resultó la consulta del 16J, ni puede ni debe ser comparada con ella. Forma parte de un procedimiento de restablecimiento constitucional basado en los Artículos 5, 70, 333, 347, 348 y 350 que a) solicita el desmontaje de una Constituyente no convocada por su legitimo depositario, el Pueblo de Venezuela y anulación de todos sus actos ilegítimos; b) pregunta al Pueblo si quiere o no una Constituyente con bases legitimas de amplia participación; c) empodere al Constituyente para una renovación inmediata de los Poderes Públicos, comenzando por el Poder Ejecutivo, y estableciendo un Gobierno de Transición y Unidad Nacional, que termine con elecciones generales en el marco de una nueva Constitución.

La presión nacional e internacional derivada de tal planteamiento conduciría a la convocatoria de tal Consulta Popular antes que dar paso a unas elecciones con resultados cantados a favor del régimen, si es que esta es acogida por todos los sectores que rechazamos unas elecciones presidenciales que no resolverán la grave crisis por la que atravesamos los venezolanos y ni restituirá el Estado de Derecho en Venezuela.

Deseamos asimismo que la comunidad internacional acoja y presione por esta solución como la salida constitucional que están pidiendo para obligar al régimen a contarse debidamente y que definirá el futuro político del país, y no unas elecciones que dejan fuera a mas de 4 millones de venezolanos que prácticamente han huido de Venezuela y que no serán contabilizados en ese proceso electoral tramposo del CNE, pero si en una Consulta que los convoque. Esta solución desmonta el suprapoder inconstitucional inventado por el régimen y pone de nuevo al país en un estado de gobernabilidad inmediato, para el comienzo de una etapa de reconciliación, reencuentro y reconstrucción del país.

Esta agenda alternativa para Venezuela es una solución constitucional, pacífica, electoral y democrática que contraponemos al dilema de votar o no votar que nos están imponiendo desde el régimen y su oposición entregada como la única solución de la crisis. Los venezolanos creemos en el voto pero también creemos, como dijo Aquiles Nazoa, en los poderes creadores del Pueblo. Hagamos efectiva esa esperanza inmediatamente.

Caracas, 3 de Febrero de 2018

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Una solución política

Por Luis Manuel Aguana

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En una escena de la extraordinaria producción cinematográfica “El Patriota”  (“The Patriot” en idioma original), cuando se debatía en una asamblea en Charleston, Carolina del Sur, ir a la guerra o no con los ingleses para independizar a los Estados Unidos, Benjamín Martin, el personaje protagonizado por Mel Gibson, se oponía a ir a la guerra con los ingleses. Dijo claramente: “Esta guerra no se peleará en las fronteras ni en los campos apartados, la batalla vendrá a nosotros. Los niños la verán como es de cerca y muchos de ellos morirán…”. La participación de los ciudadanos en esa guerra se terminó imponiendo y Martin tuvo que meterse de lleno, perdiendo a dos de sus hijos en ella, no porque él la buscara sino porque la guerra lo encontró a él. No quería la guerra pero no pudo hacer nada para evitarla.

La llamada “Masacre del Junquito” donde perdieran la vida el ex Inspector del CICPC Oscar Pérez y su grupo de la resistencia armada en contra del régimen de Nicolás Maduro a manos de los cuerpos de seguridad del régimen y un colectivo armado de la parroquia “23 de Enero”, ha desatado una reacción en cadena inesperada por el régimen, pero también la exacerbación hacia una salida violenta de esta pesadilla que ya lleva casi 20 años.

Ya muchos venezolanos creen que no existen soluciones distintas a la violencia para acabar con este grave estado de cosas en Venezuela. La creación de una matriz de opinión que apunta a la multiplicación de grupos semejantes a los que organizó Oscar Pérez van precisamente en el sentido de una “solución” violenta del conflicto que se nos presenta ante un régimen que pretende sojuzgar al pueblo venezolano mediante el uso de la fuerza. Es claro que al régimen ya no le queda otro camino que masacrar a los opositores a fin de imponerse y mantenernos a todos en un estado de pánico porque ellos usufructúan inconstitucionalmente el poder. De eso se trata una dictadura.

Sin embargo, algunos venezolanos no nos dejamos llevar por esa amenaza para argumentar que la solución de este conflicto no puede ni debe seguir por el camino que el régimen trata de imponer que no es otro que el de la violencia desatada. En el terreno de la violencia ellos llevarán siempre la ventaja porque ilícitamente disponen a su antojo de la violencia del Estado, que por su propia naturaleza debe ser ilimitada porque sobre ella debe descansar el cuido final de los ciudadanos. Pero al estar la violencia institucional en las manos de un régimen forajido, el resultado es el que vimos el 15 de enero en El Junquito.

¿Por qué razón creen ustedes que los conflictos que se dan en el mundo se tratan de resolver desde la arena política? Porque apartando la secuela de muerte que trae el no hacerlo, la solución violenta no es duradera. Siempre queda alguien descontento cuando la imposición es por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón. Y es por eso que la convención general es que quienes detentan las armas institucionales en todo el mundo deben estar subordinados al poder civil y no al revés. Esa es la gran conquista de la civilización.

Pero cuando, como en nuestro caso, las cosas se voltean y se salen de control quedando la violencia institucional al mando de quienes tienen un comportamiento delictual, una de las reacciones naturales más comunes de la gente es solucionar el problema con más violencia, cuando precisamente transitar ese camino es tratar de apagar un fuego con gasolina.

Sin embargo el problema lo tenemos todavía. ¿Cómo solucionarlo sin acudir a la violencia? ¿Es posible una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral del problema? El régimen tiene de rehén a la institución del voto, que es el instrumento fundamental de resolución de conflictos en democracia. Sin un voto administrado por una entidad independiente y no controlada por el gobierno, se desnaturaliza su finalidad y en lugar de ser un instrumento de resolución de conflictos, se convierte en el elemento más útil del autoritarismo para legitimar el secuestro institucional del país.

Lamentablemente el grado de degradación moral e institucional al que ha llegado la oposición oficial hace que el régimen juegue con ellos al ejercicio electoral permanente a su antojo, trayéndolos a ese terreno a su discreción y bajo sus condiciones. Los venezolanos presenciamos de nuevo un llamado ilegal a unas elecciones presidenciales con unas condiciones en las cuales el gobierno tiene todas las de ganar de nuevo, alargándose así el sufrimiento de un pueblo que no ve cómo “salir” de este desgobierno sin hacer uso de la violencia.

La dirigencia política venezolana ha sido incapaz de parir una solución de estadistas capaz de conducir a la población indignada fuera de esta tragedia, subrogándose una vez más a los designios de una dictadura que usa el voto para atornillarse en el Poder. Son ellos los primeros en hablar de primarias y precandidaturas para “competir” en una elección arreglada, bajo la rectoría de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué puede salir de allí? Claramente más hambre y desesperanza para los venezolanos.

¿Qué podemos hacer los venezolanos? ¿Ir a votar por ese fraude ya cantado? ¿Concurrir a ese carnaval electoral que ha tapado una masacre de la que todavía los venezolanos no se sobreponen? Es hora de escuchar otras soluciones que salgan del seno de las instituciones más respetadas de la sociedad y que ya se están dando a conocer.

De la Exhortación de los Obispos venezolanos en la Conferencia Episcopal Venezolana en ocasión de la celebración de su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria realizada el 12 de Enero(http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/273-exhortacion-de-la-cev-en-ocasion-de-celebrar-su-cix-asamblea-ordinaria-plenaria-dios-consolara-a-su-pueblo-isaias-49-13), extraemos este punto de una extraordinaria importancia en esta hora aciaga donde los venezolanos no saben que hacer:

“6. Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71). Si se negara este derecho o se entorpecieran las iniciativas para concretarlo, sólo quedarían dos posibilidades: pérdida definitiva de la libertad, con todas sus consecuencias, o acciones de resistencia y rebeldía contra el poder usurpador. Es el pueblo organizado quien tiene la última palabra. En unión con la mayoría de los venezolanos anhelamos que la dirigencia política y la sociedad civil presenten un proyecto de país creíble y realizable.”

Ya la Iglesia Católica venezolana señaló un rumbo posible. ¿Por qué no lo recorremos? Queda de nosotros en la sociedad civil instrumentar esa solución asumiendo nuestra responsabilidad como sujeto social con capacidad para cristalizar esa iniciativa. Ya lo hicimos una vez el 16J-2017. Ahora debemos mejorar sustantivamente esa experiencia, pero esta vez garantizando su efectivo cumplimiento. El cómo hacerlo es perfectamente posible pero hay que trabajar inteligentemente por ello.

Eso es lo que se llama una solución política al problema y es lo que espera de nosotros desde hace rato la comunidad internacional para poder canalizar la ayuda que desean darnos fervientemente. Desde fuera los gobiernos amigos no nos enviarán armas para resolver este conflicto. Y aquellos que apuestan por una salida violenta alargarán amargamente el sufrimiento de la población. Hay que apurarse, no esperemos que la guerra nos encuentre a nosotros porque no hicimos nada para evitarla…

Caracas, 24 de Enero de 2018

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