jueves, 1 de septiembre de 2011

De Censos, Censistas y Censores

Por Luis Marín
31-08-2011

Una familia está maniatada en la sala de su casa y de repente el jefe de los secuestradores le pregunta al dueño: “Por favor, ¿me permite el teléfono?” La pregunta es absurda, como cualquier respuesta que pueda darse, por lo que la situación entra en el campo de l0 cómico.

Los viejos profesores de Derecho usaban este chiste para ilustrar que el significado de las palabras depende del contexto en que se utilicen, so pena de caer en el absurdo; por eso causa gracia, sino conmiseración, que haya técnicos que declaren que las preguntas del Censo son las mismas que se han utilizado otras veces, aunque ciertamente haya que admitir que el contexto actual ha cambiado mucho y no es el mismo que nunca antes.

Es menos risible decir que “todas” las preguntas del Censo se ajustan a los “parámetros internacionales”, no sólo porque con esto no se diga nada en realidad, sino que conduce a pensar que los tales parámetros, si existe tal cosa, deben ser igualmente absurdos.

Agarre cualquier pregunta al azar, por ejemplo, aquella dirigida a mayores de tres años, en que se les pregunta dónde estaban en octubre del 2006 y una de las opciones de respuesta es “no había nacido”.

Uno puede pasarse el resto del día pensando, ¿por qué octubre del 2006? ¿Qué les importará un segmento del 2006 al 2008 o más de 3 pero menos de 5? Y así sucesivamente; pero dónde no puede perder un segundo es preguntándose si eso puede corresponder a algún “parámetro internacional”.

¿Durante la semana pasada realizó en su casa o fuera de ella, al menos por una (1) hora, alguna actividad por la cual recibió o va a recibir pago en dinero o en especie? No parece una pregunta para un ama de casa, sino para una “mujer de la vida”. ¿En qué estaban pensando cuando hicieron esto? ¿Qué quieren conseguir?

La verdad es que la tendencia de ciertos colaboracionistas es a “banalizar el mal”. Todo les parece normal, eso se había hecho antes, así se hace en otros países y ponen como ejemplo incluso a los mismos Estados Unidos, cuando no a Gran Bretaña o España; pero nunca a Cuba, Corea del Norte o Siria, que son los verdaderos modelos.

Pero en cambio callan vergonzosamente sobre lo que sí les concierne como profesionales, que deben conocer y están obligados a pronunciarse, que es sobre un proyecto inconfesable y un instrumento de recolección de datos deplorable. Sobre el primero seguro que no tienen la menor noticia y sobre éste segundo confiesan que nunca les fue consultado.

¿Cuáles son las políticas públicas que están detrás del Censo 2011? ¿Quién diseñó el instrumento de recolección de datos? ¿De qué manera se engranan ambos aspectos? ¿Cuándo y cómo fueron aprobados por la Asamblea Nacional, como manda la ley y el reglamento que ellos mismos hicieron?

Nadie responde nada pero, eso sí, “tú cuentas para Venezuela”.

¿QUÉ HACER?

La pregunta más frecuente y angustiante es qué hacer ante esta invasión a nuestras casas, a nuestro hogar. La respuesta fácil es, no responder. No decir nada.

Incluso en los procesos criminales y a flagrantes delincuentes se les garantiza el derecho a guardar silencio. ¿Por qué no habría de tener este derecho un ciudadano común que, en principio, no está siendo acusado de nada?

De manera que no contestar a un interrogatorio público parece un derecho elemental muy difícil de cuestionar.

Viene el segundo problema que es el de las sanciones. Alguna gente teme al régimen sancionatorio de la Ley, que es de carácter administrativo y sólo amenaza con multas escalonadas.

Pero no hay que ser abogado, ni siquiera estudiante de leyes para advertir que las normas sancionatorias están condicionadas al suministro de datos “cuando hubiere obligación de suministrarlos”, o que “sean de obligatorio suministro”, “cuándo deban hacerlo” y expresiones de ese tipo.

Las obligaciones nacen de convenios o bien de leyes que, al fin y al cabo, también tienen un fundamento contractual. De allí que sean aprobadas por la Asamblea Nacional, según el régimen representativo.

Habría que pensar en médicos o farmacéuticos, que tengan que informar de la incidencia de una enfermedad o la demanda de medicamentos sobre los que haya algún interés público. Este no es el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, sobre los que no pesa ningún convenio o ley en este sentido, aprobada por la AN.

Desde el punto de vista activo se habla de “obstaculizar” o de “oposición”, que implica acciones prácticas, no pasivas, que no tienen nada que ver con no contestar que debería ser una opción rutinaria para las preguntas: “no sabe, no contesta”.

El único caso en que se admite la respuesta “no sabe”, es cuando se les pregunta a las madres si sus hijos están vivos o muertos. Lo que parece algo de humor negro, pero podemos confiar en que se ajuste a los “parámetros internacionales”.

Las sanciones se vinculan también a un procedimiento administrativo, dónde deberían cumplirse las condiciones del debido proceso. Así como se exige para las multas proporcionalidad con los daños y perjuicios causados, debe determinarse el daño y su cuantía, el porqué y para quién una omisión es dañina.

Pero aquí caemos en el terreno en que no se debería caer: en que estamos bajo un régimen de legalidad formal o un Estado de Derecho, lo cual no es el caso.

VALE TODO

Este es el quid de la cuestión: ¿Cuáles son los derechos y acciones que tienen los ciudadanos ante esta actividad de la Administración? Por supuesto, que no sea el incondicional sometimiento, que es propio de súbditos, no de ciudadanos.

La cruda realidad de la vida es que esto es un “sálvese quien pueda”, que estamos solos y no contamos con ayuda ni asistencia de nadie. Fue Bertrand Russell quien irónicamente comparó a la comunidad internacional con un club de granjeros, en que ellos se autorizan mutuamente el sacrificio periódico de algunos animales de sus respectivos corrales.

De manera que si no existe obligación en sentido jurídico para responder al Censo, porque las obligaciones suponen reciprocidad, es decir, que frente a quien tiene el deber de responder haya alguien con derecho a preguntar; tampoco existe ninguna obligación moral para cooperar con esta sangrienta farsa.

El Censo es una fachada porque no se revela qué es lo que realmente se persigue, más allá de una propagando estúpida y cansona, ni cuáles son las políticas públicas que lo motivan y que deben servirle de justificación.

Vuelve a resultar cómico que un antro como el INE, absolutamente consagrado a la mentira disfrazada de estadística oficial, exija a los ciudadanos veracidad, sinceridad y espíritu de cooperación, cuando no pocos de sus directivos todavía se identifican con el “alias” que usaban cuando eran aguantadores de las guerrillas.

Morales son las obligaciones consigo mismo, que atienden a la propia integridad, por cierto, no exigibles por terceros, el Estado y tanto menos por una banda de asaltantes. Como el ladrón que pregunta ¿dónde está el dinero? Y si no se lo dicen o le dan una información falsa, entonces mata a la víctima “por mentiroso”.

No hay dilema moral ni pregunta que no haya sido resuelta hace casi mil años (por Maimónides) en no cooperar con los verdugos, ni facilitarles el trabajo.

El derecho inmanente a la defensa también está reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, así que se ajusta a los “parámetros internacionales”.

Lo demás queda al arbitrio de la imaginación.

Fuente: Dr. Luis Marín, Universitarios en Red

martes, 30 de agosto de 2011

Informática Cubana

Por Elizabeth Burgos
Polis (Chile) - 28/08/11

Parece inverosímil que en el país en donde el control de la información es absoluto, en donde el uso de computadoras hasta fecha reciente era considerado un delito, en donde el acceso a Internet está sometido al control del Estado y es un privilegio al que sólo tiene acceso libre la oligarquía que detenta el poder, exista una Universidad de ciencias Informáticas (UCI).

En verdad, en materia de formación académica en Cuba existe la mayoría de las disciplinas de las que debe disponer cualquier país, en particular cuando ese país se jacta de haber formado el mayor número de universitarios de América Latina. Pero la condición es que tanto las instituciones universitarias como el personal que de ellas egresa, deben supeditarse al control absoluto de Fidel Castro.

La especificidad de la UCI, como todo en Cuba, se debió a una decisión del Fidel Castro quien decidió proveerse de un instrumento que le permitiera formar profesionales en el marco de la llamada “Batalla de las Ideas”, como llamó el artefacto ideológico creado para contrarrestar las ideas de libertad que lograron imponerse en el ámbito de la izquierda y terminaron por derrocar los regimenes totalitarios de Europa del Este y comenzaban también a hacerse sentir en Cuba.

Fundada en 2002, el objetivo de la UCI es de informatizar el país y desarrollar la industria del sofware. Construida en 106 días, situada a 15 km. de La Habana, cuenta con un perímetro de 72 hectáreas, 80 edificios y su acceso está rigurosamente prohibido a quien no sea estudiante o miembro del personal. Las personas extrañas al centro deben contar con una autorización especial. El número de estudiantes alcanza los 10.000. No es necesario ahondar en el origen de los medios para la creación de dicho centro universitario en La Habana, si no es para recordar la reducción presupuestaria de los centros de estudios universitarios de Venezuela.

El otro elemento de interés, es que en ese mismo lugar, desde 1964, estaba emplazada la base de radares soviéticos, Centro de Exploración y Escucha Radioelectrónicos, popularmente llamado Base Lourdes, que le permitía a Moscú someter a control las radiocomunicaciones de EE.UU.: elemento decisivo de la batalla entre ambos imperios durante la Guerra Fría. Método que se impuso tras la crisis de octubre o Crisis de los Misiles. Los radares remplazaron los misiles. El pretexto era velar por el cumplimiento de los acuerdos de desarme nuclear entre la URSS y EE.UU. Washington consideraba al contrario, que se trataba de un centro de espionaje del cual Moscú obtenía información de alto nivel estratégico y militar relativo a la política estadounidense. La Habana percibía 200 millones de US Dólares por el alquiler de dicho emplazamiento. Se establecía así una suerte de simetría con la Base de Guantánamo por la cual Cuba percibe también un alquiler que el gobierno de Castro se ha negado cobrar desde 1959.

Adivinen con qué dinero fue construida en 106 días la inmensa Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, que ahora controlará todo lo electrónico en… Venezuela, elecciones incluidas.

Universidad
Al igual que cuando la Crisis de los Misiles, Moscú y Washington negociaron a espaldas de Fidel Castro y tras los atentados de las Torres Gemelas, el gobierno ruso decidió el desmantelamiento de la Base Lourdes, dejando fuera de la decisión a Fidel Castro. Una vez más Castro se vio enfrentado a la humillación y a constatar que la política mesiánica que había pretendido imponer en América Latina y en África se revelaba una quimera, pues dependía de los medios provenientes de la ex URSS.

Solamente después de la llegada al poder de Hugo Chávez y de disponer del petro-Estado venezolano, es que Fidel Castro ha podido con toda independencia dedicarse de nuevo a su proyecto de convertir a Cuba en el País Faro del cual ha pretendido imponer su “destino manifiesto”. Para Fidel Castro, la Base Lourdes significó solventar la decepción del despojo de los misiles. La decepción del despojo de los radares rusos, la solventó Hugo Chávez con sus petrodólares. Demás está decir que la Universidad de las Ciencias Informáticas está dedicada a la formación de expertos en la guerra cibernética y al espionaje cibernético.

El pilar del totalitarismo cubano, el Minint, contará desde ahora con expertos y con una dotación técnica del nivel de cualquier superpotencia, lo cual no deja de recordar el centro que abriga los locales de la CIA. En relación a América Latina y a los países del ALBA, se han firmado convenios, en particular con Venezuela a la que la UCI proveerá de “soluciones tecnológicas integrales”. Y como no podía faltar: “La UCI respalda la Misión Médica Cubana en Venezuela garantizando el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos, hay un estudiante en cada Centro de Diagnóstico Integral y en cada Centro Médico de Alta Tecnología donde están instaladas las aplicaciones informáticas que desarrolla la UCI, un estudiante se integra al personal de la Misión Médica cubana para tender los temas informáticos”

Ya lo dijo Fidel Castro cuando los sandinistas perdieron la elección presidencial que dio paso al gobierno de Violeta Chamorro: “Nunca más 'perderemos' una elección. A Fidel Castro nunca más se le tomará desprevenido. Ante un aparato de tecnología informática de esa envergadura costeado por Venezuela, y la instalación del cable óptico entre Caracas y La Habana, no hace falta adivinar desde dónde se controlará el sistema de votación del cual se ha equipado Venezuela.

Fuente: Soberania.org / http://www.soberania.org/Articulos/articulo_6623.htm