sábado, 27 de mayo de 2023

Gómez del siglo XXI

Por Luis Manuel Aguana

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Habida cuenta de los procesos políticos que se están llevando a cabo en Latinoamérica, los venezolanos caemos frecuentemente en la costumbre de buenas a primeras de compararlos con lo que está ocurriendo en nuestro país. Y a veces esas comparaciones no son posibles porque cada pueblo tiene su propia manera de afrontar los mismos problemas, y precisamente las comparaciones tienen lugar porque se refieren al problema y no a la forma que cada uno tiene de resolverlo, porque somos seres humanos, cuya respuesta como sociedad pasa por el gentilicio, las costumbres y su historia.

Los venezolanos solo podemos compararnos con nosotros mismos, y más allá que otros pueblos del continente estén pasando por una situación que eventualmente podríamos extrapolar, difícilmente la manera como lo están resolviendo no podría ser traspasada sin pasar antes por el filtro de quiénes somos y lo que hemos hecho.

Los venezolanos somos poco dados a mirar el pasado, y nos encuadramos más en aquella célebre frase del “como vaya viniendo, vamos viendo”, que encierra una respuesta diferente a cada situación, sin prestar atención a que en un pasado no tan lejano tuvimos una situación similar, y ahora no estamos aplicando nada de lo aprendido de ella, sino que fabricamos cada vez una respuesta nueva, sin pensar.

Estas breves líneas no cambiarán nuestra manera de asumir la realidad. Pero los venezolanos, como indique, solo podemos compararnos con nosotros mismos, de allí que sea interesante contemplar por un momento un período de la historia contemporánea del país que nos haga ver como en un espejo que fue lo que pasó y como las fuerzas políticas y el contexto histórico derivado de una situación muy semejante a la actual, sumado a nuestra manera de ser y de afrontar los conflictos, parió una respuesta política de la cual todavía quedan restos en la conciencia colectiva de los venezolanos.

No es la primera vez que un gobierno ha arruinado a los venezolanos de todas las formas posibles, como lo ha hecho la dupla Chávez-Maduro. El ejemplo histórico del gobierno de Cipriano Castro a principios del siglo XX es tal vez el ejemplo más cercano a nuestra realidad actual. Y cuando una enfermedad, sumada a sus propios miedos de ser eliminado por sus enemigos políticos, le cede el poder “temporalmente” a su compadre Juan Vicente Gómez, a la postre vicepresidente de la República, para ir a tratarse médicamente al exterior. Es ese el momento que aprovecha Gómez para deponerlo del poder en diciembre de 1908.

Pero la cosa no fue tan simple. Previamente, habían ocurrido eventos muy graves durante el gobierno de Castro que fueron protagonizados por la entonces Comunidad Internacional en contra de Venezuela, como lo fue el bloqueo a nuestras costas de diciembre de 1902, protagonizado por buques de Gran Bretaña y Alemania. “Como excusa, se invocaron las deudas no pagadas y los daños causados, verdaderos o supuestos, según se alegaba, a bancos y personas naturales de esas naciones” (1)(Pág. 69). Esa agresión no fue de ninguna manera espontánea, y esos barcos no llegaron a Venezuela sin el conocimiento previo del gobierno de los Estados Unidos. Hubo un año de preparación antes de ese incidente.

Efectivamente, la intención de esos países expuesta en Washington por el embajador de Alemania al Secretario de Estado, John Hay, fue doblegar a Castro a la fuerza por el cobro de deudas, y ocupar “temporalmente”, en una especie de alquiler, las aduanas de La Guaira y Puerto Cabello, si el bloqueo a las costas no era suficiente Eso fue autorizado por el gobierno de los Estados Unidos, en tanto y en cuanto no existiera ocupación del territorio venezolano por parte de esas potencias, en respeto a la Doctrina de Monroe (1)(Pág.70).

Pero las potencias se excedieron en su reclamo, entrando a la fuerza al país, y los EEUU intervinieron a favor de Venezuela, obligándolos a retirar sus naves, previa negociación por Venezuela en Washington: “El bloqueo fue suspendido luego de la firma de los “protocolos de Washington” a la medianoche del 14-15 de febrero de 1903” (1)(Pág.75).

Pero pese al retiro de los barcos, la deuda siguió allí: “El Tribunal de Arbitraje de la Haya dictaminó a favor de Alemania, Gran Bretaña e Italia en la prioridad que solicitaban para el pago de sus reclamaciones sobre los otros acreedores. Este fallo se produjo el 22 de febrero de 1904”… “No solo eran Alemania, Gran Bretaña e Italia los supuestos acreedores. A la lista se añadían Estados Unidos, Bélgica, México, Francia, Los Países Bajos, España, Suecia y Noruega que tenían diversos reclamos…”. (1)(Pág. 80-81). En esa negociación Venezuela dio en garantía los ingresos de las aduanas de la Guaira y Puerto Cabello.

A mediados de 1908 ya la situación de Castro es insostenible frente a la Comunidad Internacional: “El 13 de junio de 1908 el Secretario de Estado, Elihu Root, instruyó al Encargado de Negocios de los EEUU en Caracas, Jacob Sleeper, cerrar la legación y romper relaciones” (1)(Pág. 94). Al decir del historiador, político y periodista, Simón Alberto Consalvi, “Al dar el golpe de Estado, piensa en las grandes alianzas con naciones poderosas. Tenía muy claro que Castro se había granjeado su enemistad y, de allí en adelante, todo cambiaría en las relaciones exteriores de Venezuela con el mundo. Una demostración de júbilo mundial la dio el New York Times al registrar la noticia de la caída de Castro, al titularla así: “All civilized Nations Rejoiced”, o sea, la gran euforia universal en Europa y en Estados Unidos, únicos lugares civilizados de la tierra…” (1)(Pág. 96).

Como se puede notar, la Comunidad Internacional, no ha cambiado ni un ápice en sus decisiones de política, a pesar de los años, así como el tratamiento repleto de intereses que dan a sus amigos, que pudo utilizar Gómez a su favor, porque Castro no era ninguna garantía para el pago de deudas. Pero ¿y Venezuela? ¿Cómo se encontraba el país que dejaba Cipriano Castro y que  encontraría un individuo cuya situación única lo ponía al frente de un país destruido y endeudado? Eso nos lo cuenta Arturo Uslar Pietri:

“Indudablemente, la Venezuela que recibe Gómez el año 1908, es un país desangrado por la guerra civil, un país arruinado, un país destruido económicamente, un país profundamente dividido por el caudillismo histórico, y que en el fondo de su alma deseaba paz, deseaba sosiego, deseaba orden, deseaba disciplina, y esto es lo que Gómez instintivamente le va a dar. Le va a dar porque él es un hombre de esa condición que siente que el bien, de la disciplina, del trabajo es el primer bien, cuyo programa de gobierno es sencillamente “Unión, Paz y Trabajo”, es decir, vamos a acabar con las divisiones, vamos a poner a la gente a trabajar, vamos a mantener a la gente bajo una disciplina paternal que él iba a ejercer con una mano dura…” (ver Juan Vicente Gómez, por Arturo Uslar Pietri, en  https://youtu.be/UtoqFpj2_eI?t=622)

¿Les parece conocida esa situación? Nunca, como antes, esta tiranía de casi 24 años nos ha hecho retroceder al menos un siglo al mismo o peor lugar. Un país desangrado por una guerra civil que hemos confrontado con el régimen, con muertos, perseguidos, presos, torturados y exiliados, con un componente adicional de movilización forzada al exterior de la población civil de casi 8 millones de personas; un país arruinado, destruido y endeudado económicamente; un país profundamente dividido por sus caudillos políticos, cuyos egos y apetitos han destruido la gobernabilidad de Venezuela. Y todavía seguimos siendo a la vez el mismo país que desea con ansia, paz, sosiego, orden y disciplina. Lo que nos falta, de acuerdo a ese espejo de la historia, sería un Gómez del siglo XXI. ¿Y qué debería hacer ese supuesto personaje? Arturo Uslar Pietri lo pone en el espejo, para que los venezolanos nos reflejemos y aprendamos de la historia en esta realidad:

“Esa situación la va él a completar con dos cosas muy importantes: va a sanear la situación financiera del país, el país había vivido en quiebra financiera durante todo el siglo XIX, y el Gral. Gómez va a ser una especie de maniático de que el país no tenga deudas, de que el país no tenga problemas con las potencias extranjeras, de que el país esté al día en sus recursos, de que el país tenga reservas, y esto lo logra. Logra poner orden en las finanzas, logra acumular reservas cuantiosas para su tiempo. Y luego hace una obra también que va a destruir a los caudillos, va a acabar con los ejércitos personales de los caudillos, y va a crear un Ejército Nacional. Esta obra de la creación de un Ejército Nacional es una obra que él realiza lentamente con la ayuda de muchos hombres que entendieron esa necesidad para cambiar la situación de Venezuela…” (ver Juan Vicente Gómez, por Arturo Uslar Pietri, en  https://youtu.be/UtoqFpj2_eI?t=660). ¿Existirá entre nosotros ese maniático que desee ver al país sin deudas? No lo sé, pero se necesita.

En resumen, luce simple, pero no lo es: pagar lo que se debe fuera y unificar al país. En la época de Juan Vicente Gómez, eso último significo acabar con los ejércitos personales de los caudillos con la creación de una Fuerza Armada bajo su único mando. En la actualidad ese Gómez del siglo XXI se encontrará igualmente con frentes armados en todo el país, producto de la irresponsabilidad de este régimen, y deberá combatirlos a la fuerza que tuvo Gómez en su tiempo, hasta alcanzar la paz. Pero también tendrá que acabar con el caudillismo de los partidos, y eso solo lo logrará a través de un proyecto común de país que unifique a los venezolanos, con un solo propósito: Refundar la Nación para construirla nuevamente a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. De otra manera, la historia que no se aprendió se repetirá de nuevo…

Caracas, 27 de Mayo de 2023

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(1) Simón Alberto Consalvi, Juan Vicente Gómez – Biografía, Libros El Nacional, Editorial SEC, S.A. 2007

lunes, 22 de mayo de 2023

¡Sorpresa! Estamos en una tiranía

Por Luis Manuel Aguana

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En una jugada, que bien podría calificarse como una inyección de “ubicatex” a la oposición oficial, el régimen se estaría preparando desde el TSJ ilegítimo para aclararle a los venezolanos y a todo el mundo, que en Venezuela mandan ellos. De acuerdo a la primera plana del semanario La Razón del pasado fin de semana, el régimen prepara un “Zarpazo a las primarias” (ver Zarpazo a las primarias, TSJ de la dictadura prepara pronunciamiento contra reglamentos de la CNP, La Razón, del 21 al 27 de mayo de 2023, en https://larazon.net/).

Y es hasta natural. Todos los que estamos clarísimos de que en Venezuela existe una tiranía (que no una dictadura, ver Presidente Guaido, Maduro es simplemente un tirano, en https://ticsddhh.blogspot.com/2022/07/presidente-guaido-maduro-es-simplemente_26.html) debemos convenir que mal pudiera una Comisión Nacional de Primarias de la oposición, CNP, establecer reglas para ser acatadas dentro y fuera del país por la población opositora al régimen, en abierta contradicción con las ya establecidas por la tiranía a través de su sistema electoral, y pretender que el régimen acepte que el candidato que salga de allí se vaya a medir con ellos, así como así, en una elección presidencial. ¡Qué falta de respeto! ¡Hasta les doy la razón a esos Magistrados ilegítimos!

Y también añadiría, ¡qué falta de ubicación! Razón por la cual el gobierno se prepara para inyectarles una gran dosis de “ubicatex” y ponerlos en su sitio. Deberían adicionalmente obligarlos a todos en esa sentencia a realizar planas, escribiendo diariamente “estamos en una tiranía, estamos en una tiranía, estamos en una tiranía…”, como el castigo que los maestros les ponían a los muchachos de primaria cuando no entendían nada o estaban en la luna cuando se les explicaba algo.

La Comisión Nacional de Primarias designada por los partidos como “independiente” para seleccionar un candidato de la oposición (nótese que pongo la palabra entre comillas) se ha visto sometida a graves presiones que exigen, precisamente eso, independencia, para que no tomen decisiones que impliquen poner en peligro la identidad de los electores, haciendo partícipe al CNE en la selección del candidato opositor, rechazando el sistema automatizado del régimen a favor de un sistema de elección manual. Esta presión también es ciudadana.

Pero, por otro lado, también hay presiones a la Comisión de candidatos que sorprendentemente si quieren la intervención del CNE. Entre estos destacan aquellos que fueron en su oportunidad candidatos presidenciales y que en su momento declararon que “perdieron limpiamente” con el régimen. Y esos son precisamente los que la tiranía preferiría como contrincantes en una “elección”.

¿Cómo podría esa Comisión “independiente” tomar una posición en contra de la participación del CNE del régimen si precisamente lo que desean los partidos que la designaron es mostrar ante la ciudadanía una cara “opositora”, cuando la verdadera negocia con el régimen, sin mostrarse traidora a esa supuesta independencia? Entonces sorpresivamente la solución la da el TSJ ilegítimo, obligando al uso del CNE y sus máquinas fraudulentas.

¿Y cómo lo hace? ¡Fácilmente! Inyectándole “ubicatex” a los opositores, obligándolos a respetar el marco jurídico de la tiranía, como bien lo titula La Razón: “Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen madurista, estudia la legalidad de seis reglamentos aprobados por la Comisión Nacional de Primaria, con motivo de la realización de las elecciones internas para seleccionar al candidato presidencial unitario de la oposición, el próximo 22 de octubre de este año”.

Y en especial la participación del CNE en las Primarias, principal dolor de cabeza de la CNP, se arregla con lo siguiente: “En relación con la participación del CNE en el evento electoral de la oposición, el criterio dominante en el alto gobierno es que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral, en su artículo 33, parágrafo segundo, el Consejo Supremo Electoral es el organismo competente para organizar las elecciones en sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, “respectando siempre la autonomía de dichas organizaciones”. Y se acabó la vaina, donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo.

¿Y los votos de los venezolanos en el exterior? ¡Bien gracias! Como se esperaba de aquel que no quiere contarse: “Se espera que igualmente se pronuncie en contra del voto en el exterior, tal como ha sido concebido por el “Reglamento para la participación de electores venezolanos en el exterior”, aprobado por la Comisión Nacional de Primaria, por encontrarse en contradicción con el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual dispone que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral determinará mediante reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior”. ¿Qué tal? Es la tiranía la que decidirá con su TSJ ilegítimo las condiciones para que voten los millones de venezolanos que fueron desplazados fuera del país precisamente por ellos. Es como para un Guiness.

Y para ponerle una guinda a la torta, el TSJ del régimen también decidirá sobre las condiciones de inscripción de los candidatos a las primarias: “Finalmente, el TSJ podría pronunciarse también autorizando la inscripción de varios precandidatos presidenciales, cuya inscripción sería rechazada por la CNP de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del “Reglamento sobre postulaciones, sustituciones y manifestaciones de apoyo a candidaturas”, el cual señala en su parágrafo 3 que el aspirante deberá “haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados”, lo cual podría ser considerado discriminatorio al igual que el parágrafo siete, referido a la contribución de los gastos del evento”. La CNP y la llamada Plataforma Unitaria que la nombró, ya deben estar aliviados por esa pequeña ayuda de sus amigos…

¿Qué parte de “estamos en una tiranía” no han acabado de entender aquellos que insisten en vendernos, que un candidato que salga de una Comisión designada por unos partidos que le han hecho una y otra vez el juego al régimen, no va a ser otro títere más que la tiranía use en unas elecciones arregladas para perpetuarse en el poder? ¿Hasta cuando el insulto a la inteligencia de los venezolanos? Ya es hora de ir pensando en otra fórmula opositora para el 2024 o antes, porque ya esta solución “electoral” difícilmente ahora se la compraremos los venezolanos…

Caracas, 22 de Mayo de 2023

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jueves, 18 de mayo de 2023

Por qué hay que cambiar la Constitución

Por Luis Manuel Aguana

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Les parecerá una locura que hoy aborde esta pregunta, y en realidad lo es. Después de años de escribir y abordar ese tema en múltiples foros, debido al daño que este régimen ha causado a la institucionalidad del país, a mi juicio es una locura que todavía haya importantes personalidades que tengan que explicarlo, y comunicadores sociales que todavía se pregunten el porqué es necesario un cambio en la actual Constitución de 1999, y qué tiene que ver eso con el bienestar de la población, habida cuenta que, de acuerdo a sus criterios, lo que ha existido es “violación a la Constitución”, y no otra cosa.

Y para ir directo al grano, me refiero al reciente programa del canal de YouTube del conocido periodista Napoleón Bravo, en entrevista con el Dr. Humberto Calderón Berti, titulado “De los tres momentos de la destrucción del país a la experiencia para recuperarlo” (ver programa completo en https://youtu.be/JH3P6Hpxlus).

En el minuto 10:18 Napoleón Bravo pregunta “¿Por qué se necesita otra nueva Constitución, para que por ejemplo las sanciones máximas del país no sean solamente 30 años, sino que cuando tú acabas con el país sea la pena de muerte? ¿Por qué quieres una Constitución nueva?”. La respuesta del Dr. Calderón, aparte de ser integral, dado el carácter de hombre de Estado que ha tenido en su vida pública, expresaba lo que todos en Venezuela conocemos: la realidad del país apunta hacia una refundación institucional, eliminando el entramado jurídico que ha construido la tiranía en más de 20 años, y colocando el ejemplo palpable del retorno necesario hacia la descentralización.

Eso debería haber bastado, pero no convenció al entrevistador al insistir “¿En qué parte de la Constitución se habla de que echaron para atrás la descentralización?”, finalizando que el problema es que “no respetan la Constitución”.

En este pequeñísimo espacio de la red intentaré –de nuevo- ampliar un poco en el porqué HAY QUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN, y no solo por la explicación dada en el muy corto espacio de tiempo en un programa por el Dr. Calderón Berti, que no es sino la consecuencia de lo que Sí ESTÁ DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN, y que es la causa fundamental del porqué el país está como está debido a su marco institucional, que fuera distorsionado aún más por los delincuentes que acabaron con el sistema institucional que prevaleció hasta 1999.

¿Por qué se necesita una nueva Constitución?

Comenzaré por la primera pregunta de Napoleón Bravo. Se necesita cambiar la Constitución porque la Constitución de 1999 ELIMINO nuestra condición de ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO establecido por nuestros fundadores en 1811. La Constitución de 1999 eliminó la REPRESENTACIÓN de los Estados de Venezuela en el parlamento, sustituyéndola por un remedo de Congreso llamado Asamblea Nacional. Los Diputados son la representación de las corrientes políticas y el parecer de los ciudadanos en el momento determinado de una elección, pero los Senadores son la representación de todo un conglomerado territorial, que tiene su propia razón de ser como Estado, con igualdad de derechos, independientemente de su número de habitantes que tenga. Es por eso que el Estado Miranda tenía igual número de Senadores que el Estado Delta Amacuro, el Estado Cojedes o el Estado Nueva Esparta, solo por nombrar 3 Estados cuya densidad poblacional es inferior que la de Catia o Petare en Caracas, que ya ni siquiera son Parroquias.

Al realizar las nuevas leyes, los Diputados tenían la obligación Constitucional de entregar el resultado al Senado para su aprobación definitiva. ¿Por qué? Porque era en esa instancia que la representación del país como un todo asumía una nueva legislación para ser aplicada por igual en todos los territorios de la federación. Es también por esa razón que el Presidente del Senado era también el Presidente del Congreso.

Al cambiar esa regla de oro institucional, la Constitución de 1999 relegó a los Estados con menos habitantes, y en general al resto del país que no es Caracas, al peor olvido de las dictaduras de las mayorías, manejadas arteramente por un Poder Electoral secuestrado por una tiranía. De allí que como consecuencia de esto se desmoronara como un castillo de barajas, la descentralización, como el cuerpo fundamental de decisiones para entregarle a los Estados lo que por naturaleza es suyo.

Pero si esto no le es suficiente a aquellos que se preguntan, como lo hizo el periodista Napoleón Bravo en esa entrevista, porque se necesita otra Constitución, la actual estructura Constitucional NO PERMITE que sea otro aparte del Poder Ejecutivo, quien administre la Hacienda Pública Nacional, dejando en manos del Presidente de la República la decisión de quien recibe y quien no recibe recursos en el país, muy conveniente si el Presidente de la República desea eliminar a sus enemigos políticos que aun se eligen en los Estados por una ley de elección de Gobernadores y Alcaldes que me asombra que todavía esté en vigencia.

Y para aquellos que argumenten que porque no soy abogado constitucionalista y por eso no puedo opinar sobre la barbaridad constitucional a la que nos han sometido, les dejo las palabras de uno de los mejores que si lo es, el Dr. Asdrúbal Aguiar, en un Foro realizado en julio de 2014 en El Nacional, refiriéndose concretamente al texto de la Constitución de 1999: “…se crea un Estado Centralizado, se elimina la autonomía municipal, base histórica no solo de la República sino de nuestra experiencia democrática, se condicionan las competencias Municipales y Estadales a las leyes nacionales, se le entregan al Presidente de la República mediante lo que originalmente se llamó en los debates constituyentes, las leyes de base, copia del modelo constitucional cubano, pero para evitar el escándalo, dijeron que la figura se trataba de Leyes Habilitantes, pero habilitantes que en defecto de la tradición constitucional nuestra permite habilitar al Presidente para que pueda hacer todo lo que le de la gana en materia legislativa sin ningún tipo de limitación, y por si fuese poco, se incorpora un Capítulo de Seguridad Nacional en donde el concepto estratégico de la Nación lo define el propio Presidente de la República bajo una perspectiva en donde la Seguridad Nacional incluye todo, hasta la forma de caminar de los ciudadanos en Venezuela. Conclusión: ¿Para qué sirve la Constitución del 99? En perspectiva democrática para nada. Dentro de la perspectiva de lo que ha vivido el país en el curso de los últimos 15 años, ha servido para todo…” (ver Foro de El Nacional, audio del Dr. Asdrúbal Aguiar https://soundcloud.com/laguana-1/intervencion-del-dr-asdrubal-aguiar-foro-el-nacional-21-07-2014).

Sin embargo, no deseo quedarme solo en lo anterior, sino en lo que considero aún más importante: cómo todo esto del cambio Constitucional tiene un impacto fundamental en la vida de los ciudadanos y en especial en la calidad de esa vida.

Si el poder reside actualmente en el tope de la pirámide por disposición de la Constitución, dejando a los ciudadanos de todos los Estados desprotegidos como consecuencia de una distribución desigual de los recursos del país, debemos cambiar la estructura de ese arreglo. El Artículo 167.4 de la Constitución de 1999, indica “Son ingresos de los Estados… 4.- Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El Situado es una Partida equivalente a un máximo del Veinte por ciento del total de los Ingresos Estimados anualmente por el Fisco Nacional…”. Poca gente se pasea por el hecho de que esa parte del Pacto es completamente perjudicial para los ciudadanos, favoreciendo claramente en un 80% a quienes llegan a ejercer el poder en Venezuela.

La propuesta de ANCO para entregarle el poder a los ciudadanos pasa por establecer una nueva relación de Poder en un nuevo Pacto entre gobernantes y gobernados, donde se coloque al ciudadano de primero, lo que implica que ese 80% deberá ir a los Estados y Municipios, pero principalmente a los Municipios, dentro de una nueva propuesta de distribución político-territorial y autonomía regional. Más para los Municipios, luego a los Estados y luego al Poder Federal. En ese orden. Se desaparecería la figura del Situado Constitucional, porque serían los Estados, ahora en contrario, quienes decidan el aporte que dar de manera autónoma para el sostenimiento de un Gobierno Federal, asumiendo en la práctica el control de su desarrollo, de acuerdo a sus propias potencialidades. Esto es lo que he llamado la inversión de la pirámide del Poder en Venezuela. El que tiene los recursos es el que tiene el poder decidiendo su calidad de vida, en otras palabras, el ciudadano. Esa es la propuesta de El Gran Cambio, en pocas palabras… (ver El Gran Cambio, Una propuesta para la Refundación de Venezuela, en https://tinyurl.com/5n6enjrr).

Lo señalado hasta ahora es imposible hacerlo sin la convocatoria del pueblo de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente, que discuta las bases de una nueva Venezuela, que ponga al ciudadano de primero, y ponga en su lugar el papel que deben jugar los representantes de los ciudadanos en los Poderes Públicos. A eso es lo que llamamos Refundación de la Nación.

Entonces, es por eso que se necesita una nueva Constitución, para entregarles el Poder a los ciudadanos. Espero haber ampliado la respuesta, no a Napoleón Bravo, sino a los venezolanos, en especial los que vieron esa entrevista. El cumplimiento de esa nueva Constitución ya no estaría solo en manos de los que hacen política, sino de todo un pueblo. El Dr. Humberto Calderón Berti por su condición de verdadero Estadista, ha entendido a cabalidad la necesidad de ir a un proceso Constituyente, en atención a estas y otras realidades que no caben en solo tres cuartillas. Ojalá que asimismo lo pudieran entender aquellos que pretenden conducir después del régimen los destinos de Venezuela…

Caracas, 18 de Mayo de 2023

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lunes, 15 de mayo de 2023

La lucha cívica que transitamos

Por Luis Manuel Aguana

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La campaña de descrédito al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que opera en el exilio, no solo en ocasión a la sen
tencia publicada el 11 de abril de 2023, restituyendo la figura constitucional de la Presidencia Encargada (ver Sentencia de restitución del Presidente Encargado del TSJ en el exilio, 11-04-2023, en https://ticsddhh.blogspot.com/2023/05/sentencia-de-restitucion-del-presidente.html), sino a la carta que dirigiéramos hace pocos días varios venezolanos residentes en el exilio y en Venezuela, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de su división de desembolsos, OFAC (“Office of Foreign Assets Control”) (ver Carta a la OFAC en apoyo al TSJ Legítimo en el exilio – 10-05-2023, en https://ticsddhh.blogspot.com/2023/05/carta-la-ofac-en-apoyo-al-tsj-legitimo.html), era más que esperable y no hace más que reafirmar lo que escribí en el 2018, a pocos meses de constituirse ese Alto Tribunal en la sede de la OEA en Washington, DC, EEUU., y que denominé “El fenómeno del TSJ legítimo” (ver El fenómeno del TSJ legítimo, en https://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/el-fenomeno-del-tsj-legitimo.html).

Las rémoras de que lo que ocurría en Venezuela antes de 1998 y que dio origen a la aparición de la desgracia de un resentido social a las riendas del Poder Ejecutivo en Venezuela, todavía no han desaparecido. Los venezolanos somos lo que somos y hasta que eso no cambie de forma estructural, permanecerá entre nosotros la semilla de nuestra propia destrucción.

Los venezolanos podemos ser increíblemente gloriosos en nuestras ideas, como lo demostraron los Magistrados que fueron designados por la legítima Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, al constituirse en Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio justo después de que los Magistrados del TSJ en Venezuela, áulicos seguidores del régimen, renunciaran en pleno a una Asamblea Nacional Constituyente írrita e ilegítima, convocada sin la autorización de la soberanía popular.

Esos Magistrados fueron designados en el año 2017 por 12 años. Sí, léase bien, por 12 años. Esto es hasta el 2029. Tienen más años de legitimidad que los mismos diputados de la Asamblea Nacional de 2015, quienes se “auto eligen” en enero de cada año porque en Venezuela no se puede convocar al pueblo para cambiarlos. A mi juicio, por más que sea reconocida internacionalmente, la Asamblea Nacional de 2015 dejo de ser representante del pueblo venezolano a partir de su vencimiento como órgano legislativo, y en consecuencia mal podría avalar representantes en nuestro nombre para discutir el futuro de los venezolanos ante ninguna instancia.

Y ustedes dirán, ¿y entonces que es lo que nos queda? El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que opera en el exilio, cuyos Magistrados colegiadamente están tomando decisiones ajustadas plenamente a Derecho, así no nos gusten. ¿O es que preferimos que esas decisiones las tomen los jueces subrogados al régimen?

En lo personal me hubiera gustado que la decisión que tomaron, publicada hoy, de exhortar a la Asamblea Nacional de 2015 a dar cumplimiento al mandato de la Sentencia 001-AA-2023 del 11 de abril de 2023, por su desacato al negarse a restituir la Presidencia Encargada (ver Sala Constitucional exhorta a la Asamblea Nacional 2015, en https://twitter.com/TSJ_Legitimo/status/1658048686889287682), señalada arriba, hubieran procedido a designar un nuevo Presidente Encargado en el exilio a través de un mecanismo inédito de selección, dado que en Venezuela no están dadas las condiciones para desplazar al régimen a través de quienes fueron los responsables de ese desacato y violación de la Constitución que fue la que precisamente dio, en principio, origen al Recurso de Amparo que motivó esta Sentencia.

Pero en su lugar decidieron exhortar a quienes violaron la Constitución –el G4 y sus cómplices- a cumplirla. Pues sabemos que no lo harán… Esa decisión luce contradictoria, pero si pretendemos que este bache se confunda con la dirección de largo plazo que debemos tener en esta lucha, con la mirada fija puesta en lograr la institucionalidad debida para rescatar el país, retrocederemos frente al régimen que pretendemos deponer.

Y eso es precisamente la institucionalidad. Y con mis disculpas anticipadas por realizar una generalización odiosa, los venezolanos aún desconocen el sentido de esa palabra. Son las instituciones, no a quienes las conducen, las que tenemos que defender y construir como nuevas.  Lo intenté explicar –sin mucho éxito- en el caso de la institución “Presidencia Encargada” al diferenciarla de “Juan Guaidó Márquez” en mi nota de 2020 titulada, Variable principal (ver Variable principal, en https://ticsddhh.blogspot.com/2020/12/variable-principal.html), y que dio origen a que estos pseudo diputados de la Asamblea Nacional de 2015 desaparecieran la Presidencia Encargada, en su ánimo de destruir por razones políticas a Juan Guaidó Márquez.

En el caso del TSJ venezolano, cualquier político, de antes y de ahora, levanta un teléfono para presionar las sentencias de los Magistrados. Y así se continuará haciendo hasta que no exista una verdadera independencia de los jueces en el país. Eso todavía no lo hemos logrado, pero hay que seguirlo buscando, ahora y después que hayamos recuperado la libertad de Venezuela.

Alexander Hamilton (1755-1804), autor de la idea del desempeño vitalicio de los jueces en los EEUU, defendió la idea con el siguiente argumento: “el organismo judicial es el más débil de los tres organismos del Estado, porque no posee el poder militar que tiene el organismo ejecutivo, ni el poder de disponer del tesoro público y de dictar leyes, que tiene el poder legislativo. Solo posee el poder de juzgar; pero con tal poder no puede defenderse del ataque de los otros organismos. Un recurso para evitar ese ataque consiste en que los jueces que tienen buena conducta no puedan ser destituidos; y posean, entonces, independencia para juzgar la licitud o no licitud constitucional de los actos de los otros organismos del Estado (resaltado nuestro) (ver mención de A. Hamilton en Sobre Jueces Vitalicios, Luis Enrique Pérez, en https://tinyurl.com/vr9asyzw).

Alexander Hamilton nunca pudo ni siquiera concebir o imaginar, en la peor de sus pesadillas, que el resto de los poderes públicos se dedicaran a ignorar, y peor aún, a desprestigiar con sus perros del ciberespacio al órgano judicial para evitar sus sentencias, como lo está haciendo la Asamblea Nacional de 2015 de Venezuela, y mucho menos aún, que una Presidencia Encargada, que cuando estuvo en manos de Juan Guaidó Márquez, bailara como un títere al son que le tocaran los políticos de esa Asamblea.

La lucha cívica que transitamos es por instituciones dignas. Y para lograr eso debemos pelear por el reconocimiento de aquellas que apenas sobreviven luego de la masacre del régimen y sus colaboradores de la oposición política, logrando en lo posible que quienes las ocupen merezcan la confianza de los ciudadanos. No es destruyéndolas que lograremos eso.

Ya tenemos al menos un TSJ legítimo en el exilio. Lo siguiente debe ser apuntar en la dirección de su supervivencia, fortalecimiento y reconocimiento internacional, para que de sus decisiones se produzca un órgano electoral libre y legítimo, que dé a luz nuevas instituciones, Presidencia de la República y Asamblea Nacional, que con respaldo del pueblo de Venezuela vayan, verdadera y legítimamente, en la dirección del desplazamiento de este régimen de delincuentes. Necesitamos la ayuda de todos los venezolanos para eso. Esa es la lucha cívica que estamos transitando…

Caracas, 15 de Mayo de 2023

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viernes, 12 de mayo de 2023

Carta a la OFAC en apoyo al TSJ Legítimo en el exilio - 10-05-2023

Versión en inglés

En fecha 10 de Mayo de 2023, se le solicito al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de su división de desembolsos OFAC (“Office of Foreign Assets Control”) que se les entregaran los fondos correspondientes a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo para que puedan cumplir sus funciones desde el exilio. Estos fondos son asignados por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 a través de sus presupuestos anuales llamados “Fondos de Liberacion”.  Estos desembolsos provienen de la cuenta congelada por el Departamento del Tesoro, de los fondos del Banco Central de Venezuela que se encuentran depositados en los EEUU.

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Sentencia de restitución del Presidente Encargado del TSJ en el exilio – 11-04-2023


En fecha 11 de abril de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó sentencia en la cual exigió a los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora electa en 2015, que respetaran el fundamental principio de la separación de poderes y restituyeran, en un tiempo perentorio que venció este pasado 11 de mayo de 2023,  la figura del Presidente Encargado de la República, porque la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no es un Poder Ejecutivo y por ende, no puede decidir en qué gastar y a la vez, controlar, el gasto público y el destino de los activos congelados al Estado venezolano.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela opera en el exilio por cuanto sus Magistrados fueron perseguidos por el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, desde el mismo momento en que fueron designados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, electa en diciembre de 2015.

Los recurrentes ante el TSJ fueron diferentes grupos de venezolanos o individualidades, todos de reconocida trayectoria en la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.

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jueves, 11 de mayo de 2023

Chile, Venezuela, Proyecto y Constituyente

Por Luis Manuel Aguana

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Para sacar alguna conclusión provechosa para los venezolanos de lo que está sucediendo en Chile con el proceso Constituyente, es necesario revisar esa experiencia en las dos etapas que ha tenido, confrontándolas con las expectativas que la gente tuvo de poder llegar a solución de sus problemas a través de la vía Refundacional.

Un proceso Constituyente que se da en una sociedad democrática y políticamente construida como la chilena, tiene una lectura completamente distinta si se plantea en una sociedad deshecha y arrasada como la venezolana, por lo que establecer comparaciones y sacar conclusiones de un proceso como ese en Chile, tiene una distancia medida en años luz que hacerlo en una Venezuela gobernada por delincuentes. Sin embargo, existen aspectos que se pueden revisar sin generalizaciones equivocadas.

En primer lugar, sin ninguna duda los procesos Constituyentes fueron utilizados de una manera artera por la izquierda internacional del Foro de Sao Paulo para desestabilizar los gobiernos en Latinoamérica luego del éxito obtenido por Hugo Chávez en 1999 en Venezuela. De allí que la herramienta Constituyente para la Refundación del Estado se   haya desnaturalizado a los ojos de todo el mundo, y servido para perpetuar regímenes autoritarios con la excusa de la soberanía popular. El Socialismo del Siglo XXI está construido sobre esos cimientos, y ha provocado corrupción ilimitada, pobreza extrema, hiperinflación y éxodo masivo de nuestra población.

En 2019, Chile se vio envuelto en una prolongada protesta social provocada por los mismos factores radicales que hicieron posible la llegada de Gabriel Boric al poder, blandiendo la carta constituyente como respuesta a las diferencias sociales que sufría el país, y que utilizando una narrativa semejante a la sostenida por el golpista Hugo Chávez en 1998, convenció a la población de la necesidad de convocar al proceso Constituyente para resolver esas diferencias.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Venezuela, la barbaridad planteada en el texto constitucional sometido a la consideración del pueblo chileno por la mayoría Constituyente, fue rechazado por el 62% de la población, en fecha 4 de septiembre de 2022: “En retrospectiva, se puede decir que la Constitución propuesta tenía fallas desde el principio y que intentaba cimentar una determinada visión política del mundo en vez de encaminar las reformas tan importantes para el país. En particular, puntos como la abolición del Senado, la restricción de los derechos del Tribunal Constitucional y la ponderación desproporcionada de los votos de la población indígena provocaron resistencia en la mayoría de los chilenos. También se criticó la falta de experiencia política de los miembros electos de la Asamblea Constituyente…” (ver Diálogo Político, La derrota del gobierno de Gabriel Boric, en https://dialogopolitico.org/agenda/derrota-para-gobierno-boric/).

Sin embargo, a pesar de la opinión de algunos expertos que indicaban que el pueblo ya había zanjado con ese plebiscito el cambio de la Constitución, los factores políticos del Congreso chileno convinieron que Chile debía tener una nueva Constitución: “ya que el pueblo así lo había decretado en el plebiscito del año 2020. Por lo tanto, se instaló que la idea colectiva de una nueva carta magna no debía fracasar” (ver Diálogo Político, ¿Cómo llegó Chile a este punto?, en https://dialogopolitico.org/agenda/como-llego-chile-a-este-punto/). Desde ese momento partió un proceso político complejo cuyo procedimiento abordé en mi nota anterior (ver Constituyente chilena, ¿cuestión de procedimiento?, en https://ticsddhh.blogspot.com/2023/05/constituyente-chilena-cuestion-de.html).

Este proceso tuvo un hito crítico importante con la elección, el pasado domingo 7 de mayo, del Consejo Constituyente de 50 representantes electos por el pueblo chileno, a los fines de decidir aprobar o rechazar el anteproyecto presentado por una Comisión Experta. Esos resultados le dieron un triunfo contundente a la derecha chilena del partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, principal contrincante en las últimas elecciones del actual presidente del país, Gabriel Boric, sacando definitivamente al proceso Constituyente de Chile en sí mismo de la agenda de la izquierda latinoamericana del Foro de Sao Paulo, que llevo al país precisamente a ese proceso.

Quedará en manos de esos nuevos representantes del pueblo, con mayoría de derecha, cambiar o no la vigente Constitución, basados en el Anteproyecto que presente la Comisión Experta, y que no es “la Constitución de Pinochet”, como indica la narrativa del radicalismo de la izquierda, ya que esa Constitución vigente ha sido modificada en repetidas oportunidades desde 1980, ajustándola permanentemente a la situación del país.

El caso chileno da algunas enseñanzas al resto de los países latinoamericanos que estamos tratando de solucionar la grave situación política que confrontamos, y donde en algunos casos, como el de Venezuela, en la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, creemos que un proceso Constituyente podría resolver, no solo la crisis institucional creada por Hugo Chávez y su nefasto sucesor, sino establecer las bases para la reconstrucción del país.

Chile llegó al proceso Constituyente de una manera forzada, no para resolver un problema económico porque ya de hecho ostentaba -y ostenta- los mejores indicadores de desarrollo de Latinoamérica, sino para resolver políticamente cómo permear esa riqueza equitativamente entre la población, disminuyendo las diferencias sociales a través de un nuevo Pacto Social de convivencia que les permitiera soluciones inmediatas en todos los órdenes a sus ciudadanos, como salud, educación y seguridad social. ¿Necesitaban los chilenos una Constituyente para eso? No lo sé, pero las fuerzas que eligieron el 7 de mayo para eso lo decidirán.

Pero de lo que sí estoy seguro, es que los venezolanos no la necesitábamos en 1999, y nuestro resentimiento hacia la clase política de ese entonces, por el olvido sostenido de ellos hacia los problemas de la población, logró que Hugo Chávez con una bandera fatua acabara con la institucionalidad conocida, metiéndonos en un hueco negro del cual aún no salimos. Es por eso que si hay algún lugar del planeta donde hace falta un proceso que haga borrón y cuenta nueva a lo que sucede aquí, ese es Venezuela.

Pero eso no puede pasar sin saber cuál es la maqueta del Estado que deseamos construir después que esta mafia delincuente destruyera la institucionalidad del país. No es posible construir las bases de un Estado sin tener una idea precisa del Estado que se desea. Es por eso que le planteamos a Venezuela previamente un proyecto de un nuevo Estado, El Gran Cambio, muy diferente del que existía antes de 1999 y del que existe ahora, que debe ser discutido y aprobado por una representación legítima del pueblo venezolano a través de un proceso Constituyente (ver El Gran Cambio, Una propuesta para la Refundación de Venezuela, en https://ancoficial.blogspot.com/p/documentos-fundamentales.html).

Lamentablemente, dejamos de ser un país con las instituciones sólidas de Chile, ni la madurez de su dirigencia política, porque estas fueron dinamitadas por quienes usurpan el poder. De allí que sea imposible desde un Congreso de dos Cámaras tener previamente un Anteproyecto constitucional de consenso entre todas las fuerzas políticas, como el que se presentará a la consideración del Consejo Constitucional de Chile. Pero si podríamos tener un consenso del país nacional en torno a un proyecto Constitucional como una solución concertada, que refleje una decisión firme y unificada de los venezolanos frente a una Comunidad Internacional que no acaba de entender que el país nunca alcanzará una salida mientras exista una mafia delincuencial que no desea abandonar el poder por ninguna vía, y menos la electoral. En otras palabras, un Proyecto primero que todos acordemos, para debatirlo en una Constituyente después. Y entre todos discutir el cómo llegamos hasta allá a pesar de la tiranía. Esa es nuestra dura realidad. ¿Será eso mucho esperar de lo que queda de la dirigencia política decente del país? Mientras no afrontemos esa realidad, más tarde saldremos de la pesadilla…

Caracas, 11 de Mayo de 2023

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana

domingo, 7 de mayo de 2023

Constituyente chilena, ¿cuestión de procedimiento?

Por Luis Manuel Aguana

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¿Será posible que el día de hoy marque un antes y un después del constituyentismo latinoamericano? Puede ser. Hoy 7 de mayo de 2023, los chilenos eligen 50 representantes populares para llamado Consejo Constitucional, que tendrán la responsabilidad histórica de aprobar o rechazar, de acuerdo al procedimiento establecido, el texto del Anteproyecto de Constitución que será presentado por la Comisión Experta designada por el Congreso de Chile el 6 de junio del presente año.

El nuevo proceso constituyente, en pleno desarrollo en Chile, se da luego del rechazo de un 62% del pueblo chileno al primer proyecto constitucional presentado a su consideración el 4 de septiembre de 2022, y me convence todavía más de las profundas diferencias que tenemos los países latinoamericanos entre nosotros mismos para abordar los cambios, a pesar de la insistencia de muchos de que la llamada “fiebre” de Constituyentes se presenta por las mismas razones en todos nuestros países.

Aún teniendo Chile los más altos indicadores de desarrollo en Latinoamérica, el país político chileno consideró necesario colocarse de nuevo en la “zona delicada” de inestabilidad para revisar su texto fundamental, concepto que definiera  el Dr. Roberto Viciano Pastor, Director del Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, y Coordinador General del Observatorio Latinoamericano sobre el proceso Constituyente de Chile, en la oportunidad de la primera discusión de la Constituyente chilena: “Los procesos constituyentes han surgido en América Latina, como también en otras partes del mundo, cuando aparece una importante crisis social. Si no hay una importante crisis social ningún Estado, ningún país se introduce en una zona delicada, en una zona en la cual es inestable, por definición, como es la de definir de nuevo las reglas de funcionamiento del Estado, de la economía, de la sociedad…” (ver Ideologización Constituyente, en https://ticsddhh.blogspot.com/2022/09/ideologizacion-constituyente.html).

Y al parecer, a pesar de tener los mejores indicadores de desarrollo de Latinoamérica, los chilenos consideran que existe una crisis social en el país que amerita un ajuste en el Pacto Social que los rige como Nación. Es importante señalar que la discusión de si esa crisis fue inducida o no por factores radicales de la izquierda chilena todavía está en el tapete. Pero esa no es la razón de esta nota, ya que independientemente del cómo se llegó a la convocatoria Constituyente, lo que sí es relevante para el destino de los chilenos es como se abordó en principio esa discusión, y como se desarrollará hasta parir un nuevo Pacto Social que le de estabilidad política a Chile

Luego del desastre político ocurrido para el Gobierno del Presidente Boric con el rechazo popular al proyecto constitucional en septiembre de 2022, los factores políticos agrupados en el Congreso diseñaron un mecanismo muy distinto para abordar la discusión Constituyente. En lo que al parecer todos acordaban fue que era necesaria una nueva Constitución para Chile. Y en un procedimiento mucho más controlado que el anterior, los políticos chilenos decidieron que el nuevo texto Constitucional no fuera redactado de buenas a primeras por unos Constituyentes electos, sino por una Comisión Experta de 24 personas, designada por el mismo Congreso, que produjera un Anteproyecto para someterlo a la consideración de un grupo más reducido de representantes populares, llamado Consejo Constitucional, constituido por 50 personas.

Tal vez el nombre de Comisión Experta no fuera el más apropiado porque era claro que estaría compuesta por políticos de todas las tendencias. Debió quizás haberse llamado Comisión Política. Pero como en todos los países, incluyendo el nuestro, los políticos están devaluados, de allí que el Congreso chileno decidiera crear un Comité de Admisibilidad (llamado también de Arbitraje) compuesto por 14 juristas reconocidos para garantizar que el texto producido por la Comisión Experta se ajuste a unas Bases Constitucionales acordadas previamente y que no fueran violadas bajo ningún concepto.

Se redactaron 12 Bases Constitucionales que funcionan como un marco que no puede ser traspasado por la nueva Constitución, como por ejemplo el nombre del país y su carácter democrático, emblemas nacionales, tres Poderes Públicos independientes, el respeto a los Derechos Humanos, respeto a los pueblos indígenas, la garantía a las libertades fundamentales, subordinación de las FFAA al poder civil (ver Bases Constitucionales del proceso Constituyente, en  https://lupaconstitucional.malaespinacheck.cl/2023/03/05/cuales-son-las-bases-constitucionales-del-proceso-constituyente/).

Una vez elaborado el Anteproyecto definitivo de Constitución, la Comisión Experta entrega al Consejo Constitucional, que tiene, desde el 7 de junio al 7 de octubre, tres meses para aprobar y/o modificar el Anteproyecto. Existirá también una Comisión Mixta compuesta por 12 miembros, 6 de la Comisión Experta y 6 del Consejo Constitucional electo, para buscar soluciones a cualquier diferencia presentada una vez sometido el Anteproyecto a la consideración del Consejo Constitucional.

Una vez hecho eso, el texto vuelve a la Comisión Experta que tiene 5 días para responder. Finalizado ese tiempo y con el texto de vuelta, el Consejo Constitucional revisa el trabajo final, y lo aprueba con 3/5 de sus miembros (30 Consejeros) o lo rechaza con 2/3 de sus miembros (33 Consejeros). De ser aprobado, someterán públicamente el texto al pueblo el 7 de noviembre de 2023, donde en poco más de un mes, el 17 de diciembre de 2023, será sometido a Plebiscito al pueblo chileno (ver Nuevo proceso paso a paso – Bloque político, en https://youtu.be/X3VeJLMgFjA).

Todo este procedimiento, más controlado, puede darle a Chile un texto Constitucional, más ajustado a las expectativas de todos, en el medio de las diferencias políticas extremas que se sucedieron en el marco de la discusión Constituyente del pasado intento que fracasó en 4 de septiembre de 2022.

Con sana envidia veo que los chilenos han respondido políticamente a la urgencia de obtener un Pacto Social conveniente para todos utilizando un procedimiento ajustado a su idiosincrasia política, mejorando claramente el procedimiento anterior que daba a los Constituyentes la responsabilidad directa de esa tarea.

Lo ocurrido en Chile trajo a mi memoria un procedimiento similar, utilizado en España en 1977 para la elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978, donde el Congreso de los Diputados creó una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un Proyecto de Constitución. La Comisión tardó aproximadamente 5 meses (entre agosto y diciembre de 1977) en cumplir su misión. La diferencia fundamental fue que en el caso español no se eligió una representación popular para la aprobación del Anteproyecto, sino que fue directamente sometido a Referéndum  popular una vez que este fuera aprobado por ambas Cámaras del Congreso español (ver Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978, en  https://app.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm).

Esta mezcla de procedimiento político y experticia jurídica, que ha dado a los españoles casi 45 años de estabilidad política, es lo que ha sido aplicado en Chile con las diferencias correspondientes ajustadas a su problema, dando al resto de los países latinoamericanos una lección de madurez política. Los venezolanos, al abordar un proceso Constituyente necesario en el país en virtud de la completa destrucción de la institucionalidad política, deberemos abordar el procedimiento más idóneo, como el que alcanzaron los chilenos, que nos garantice la mayor suma de estabilidad política. Ojalá que cuando lleguemos allí estemos como ellos, a la altura de ese compromiso…

Caracas, 7 de Mayo de 2023

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