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jueves, 31 de enero de 2019

La trampa de la Ley del Estatuto que rige la Transición

Por Luis Manuel Aguana

Dice la conseja popular “vísteme lento que voy de prisa”, tratando de significar que las cosas importantes para que salgan bien no se pueden abordar precipitadamente, por mas apurado que uno se encuentre. Ayer los Diputados de la Asamblea Nacional despacharon en una sola sesión el “Proyecto de Ley del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (ver noticia en http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/aprobo-proyecto-ley-del-estatuto-transicion_268617) como si se tratara de algo trivial, siendo absolutamente complejo, y realizado con la intención de sacar del camino a la Soberanía Popular (ver documento completo del Proyecto de Ley del Estatuto aprobado en https://tinyurl.com/y9nsa8jw).

A primera vista luce como obvio que es necesaria una ley que rija el proceso de transición que sabemos que ya tenemos encima. Pero el problema es cómo se aborde, ya que de su delicado equilibrio dependerá si salimos o no verdaderamente de la peor peste que le ha tocado vivir a Venezuela en toda su vida como Nación. No voy a repetir aquí la denuncia que ya he realizado en la nota anterior en relación al “Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”, aprobado el 15 de Enero (ver El 333 soy yo, en https://ticsddhh.blogspot.com/2019/01/el-333-soy-yo.html) pero creo, después de leer lo aprobado en la Asamblea Nacional, que este Proyecto de ley no es más que una trampa, versión corregida y aumentada de ese Acuerdo del 15 de Enero de 2019.

Aun cuando se haya avanzado un camino “empujado” para resolver la crisis política venezolana, si se llegado hasta aquí no ha sido precisamente por las grandes estrategias de la oposición oficial o la inteligencia de sus dirigentes, sino por la grandiosa presión realizada por el soberano pueblo de Venezuela por resolver una crisis monumental que no nos deja vivir. Y digo “empujado” porque primero fue la presión popular para que dieran la autorización para enjuiciar a Maduro y declararse el Vacío de Poder constitucional, luego para que Juan Guaidó entendiera que debía asumir la responsabilidad como Presidente Encargado desde el 10 de Enero, porque ya todo el planeta le había dado su respaldo, y ahora porque los partidos de esa Asamblea entiendan que no pueden ensuciar el plato de donde comen al tratar de no soltar el control para que esa transición fluya sin problemas. Tratare de explicar mejor esto.

La primera pregunta que debemos hacernos aquí es ¿se requiere una ley de transición para que se vaya el régimen, o se requiere una ley de transición para CUANDO se vaya el régimen? Nótese aquí la enorme diferencia entre ambos postulados porque de allí se derivan dos leyes completamente diferentes. Esto es ¿se plantea una ley con Maduro adentro o sin Maduro adentro? Todo parece indicar que la ley que se aprobó ayer en primera discusión es una ley con Maduro adentro de Miraflores. Y ESO ES INACEPTABLE, y menos aun con el apoyo unánime del mundo civilizado a la Presidencia Encargada de Juan Guaidó, comenzando por el respaldo de los Estados Unidos y la decidida actitud de su Presidente de desalojar a los comunistas.

Si la ley asume de entrada que Maduro ejerce funciones de usurpador y sigue en Miraflores a contravía de toda lógica y legislación posible, entonces es clara la presencia de artículos como el 18 que promueven incentivos para que funcionarios civiles y militares “se pasen de bando”, un sistema de “justicia transicional” y toda esa basura que implica tener medio gobierno de Maduro en la transición, dictando amnistías inaceptables para un pueblo con sed de justicia. La oposición oficial de la Asamblea Nacional debe acabar de entender que Juan Guaidó ES EL PRESIDENTE ENCARGADO CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA, que lo único que le falta es tener en el país el poder de fuego necesario para desalojar al delincuente de Miraflores y de Fuerte Tiuna. No tengo necesidad de describir aquí que lo puede tener en el momento que le de la gana. Y mientras tanto desojan la margarita, los delincuentes armados están secuestrando niños, asesinando y encarcelando personas al punto que en este solo mes hay el mismo número de muertos que en todo el año 2014 (ver BBC Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39956976).

¿Y entonces? ¿Por qué debemos tener una ley de transición que suponga que Maduro y sus funcionarios estén en el país? ¡Desalójenlos! Ahora si pueden proceder. Guaidó ya tiene el apoyo suficiente de una fuerza multinacional combinada para hacerlo. Ya Maduro es un problema militar-policial. Pero no, quieren una ley para negociar con Maduro. ¿Por qué? Veamos, porque lo peor no es eso.

El deseo de las principales fuerzas políticas de la Asamblea Nacional es apoderarse políticamente del proceso de transición, dejando a Juan Guaidó como un instrumento desechable para esos fines. No es de su interés permitir que el joven Guaidó conduzca el proceso el tiempo que sea necesario sino que solo dure los 30 días que dice el Artículo 233, sin importar que Maduro SE QUEDE para negociar su salida, para luego conformar un Gobierno Provisional que por ningún lado está establecido en la constitución, a sabiendas que es imposible realizar unas elecciones en el lapso estipulado Es por eso que hablan de un “itinerario” que “libera” y posteriormente conforma un “Gobierno provisional” para luego celebrar elecciones libres (ver Artículos 2 y 26).

Pero el Artículo 233 constitucional es clarísimo. Quien conduce ese proceso hasta las nuevas  elecciones es el Presidente de la Asamblea Nacional devenido en Presidente Encargado de la Republica. Lo que pasa es que no quieren que sea Juan Guaidó, a quien el pueblo venezolano con su presión monumental invistió como Presidente el 23 de Enero. ¿Y porque no quieren? Porque les salió un outsider que ahora está, sin que ellos lo hayan planeado, en todas las planas de todos los periódicos del mundo por obra y gracia del pueblo venezolano. Se les creó un problema político que ahora están tratando de controlar y no hayan como hacer sino violando la Constitución que dicen defender, secuestrando el Artículo 333.

Pero como indique en mi pasada nota los venezolanos somos el 333. ¡El 333 soy yo! Si Juan Guaidó no puede técnicamente convocar un proceso electoral con todas las garantías en esos 30 días porque lo tendría que hacer con las estructuras trampeadas del régimen, entonces debe convocar a un proceso de Consulta Popular para preguntarle al pueblo venezolano si le concede o no el tiempo que requiera para rehacer el sistema electoral, tal y como lo estableció la Sala Electoral del TSJ legitimo en su histórica sentencia del 13 de Junio de 2018, que establece un Sistema Manual de Votación con depuración profunda del Registro Electoral y el nombramiento limpio de los Rectores del Consejo Nacional Electoral. Es el soberano Pueblo de Venezuela el que debe decidir si Juan Guaidó se queda o no, no la Asamblea Nacional. Nosotros decidimos.

Todo lo anterior sin contar que el pueblo le conceda en esa misma consulta el tiempo para aplicar las medidas necesarias en materia económica, social y humanitaria requeridas, asegurando la estabilidad política del país, para realizar esas elecciones en paz y seguridad. Creo que eso nos convendría a todos. De allí que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro les advirtiera a los partidos en entrevista realizada por Fernando del Rincón que respetaran la constitución en ese proceso, dejando a Guaidó como Presidente (ver Entrevista a Luis Almagro y Julio Borges en Conclusiones CNN 30 de Enero 2019
https://youtu.be/xW8c6KdiOrQ): “Nos extraña muchísimo y seria un despropósito jurídico ir por otro camino al respecto” indicó Almagro dando pleno respaldo a que Juan Guaidó conduzca el proceso hasta las elecciones de un nuevo Presidente.

Entonces, una Ley de Transición que se realice una vez que Nicolás Maduro este congelándose con Cilia Flores en Rusia, sería sustancialmente diferente a una ley donde se contemple que negociamos con el todavía en Venezuela, que es lo que está planteado en lo que aprobaron. Eso que aprobaron ayer es una trampa montada al pueblo venezolano para tergiversar su decisión del 23E. Si se respeta como debe respetarse la Constitución de 1999, esa transición la debe llevar a cabo, quiéranlo o no los partidos de la Asamblea Nacional, quien el pueblo de Venezuela decidió constitucionalmente que la llevara a cabo el 23 de Enero de 2019. Después ellos que se maten para acceder al gobierno, porque esa es su prerrogativa constitucional, pero que lo hagan compitiendo limpiamente y con todas las garantías en unas elecciones que convoque Juan Guaidó, Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Termino con las palabras de Almagro al final de esa entrevista: “…y el pueblo definitivamente es la legitimidad más alta que podamos tener en la política. Y esperamos nosotros que ese pueblo prevalezca para lograr las soluciones institucionales que Venezuela necesita. Es ese pueblo que tiene más poder que el que la gente puede pensar…” “…es el pueblo el soberano, es el pueblo el que va a recuperar la democracia en Venezuela, es el pueblo el que va a desbordar las instituciones que todavía no se han adaptado al sistema democrático, es el pueblo el que va a buscar las soluciones a la crisis humanitaria, es el pueblo el que va a responder para que haya unas elecciones libres y transparentes. Es ese pueblo venezolano que nunca se ha doblegado y con el cual todos tenemos que ser consecuentes. Todos tenemos que mantener el compromiso de respaldarlo en todas las ocasiones…” Almagro lo tiene clarísimo, ¡es el pueblo quien decide! Ya es hora que esa Ley de Transición se corresponda con la decisión que el pueblo debe tomar…

Caracas, 31 de Enero de 2019

Twitter:@laguana

martes, 29 de enero de 2019

El 333 soy yo

Por Luis Manuel Aguana

Al mejor estilo del monarca Luis XIV de Francia con su famosa frase el “Estado soy yo”, los venezolanos tendremos que decir ahora “El 333 soy yo”. Cada venezolano debe urgentemente expresar “asumo la defensa de la constitución” en los términos del Artículo 333: Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. (resaltado nuestro)

De esa manera en lo personal he asumido ese compromiso al denunciar por este medio que la Asamblea Nacional, en una interpretación rebuscada de la Constitución, el 15 de Enero de 2019 promulgó un “Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución” (ver Acuerdo en http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-declaratoria-de-usurpacionde-la-presidencia-de-la-republica-por-parte-de-nicolas-maduro-moros-y-el-restablecimiento-de-la-vigenciade-la-constitucion) donde secuestró el Articulo 333 interpretándolo a su favor, y que en lugar de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución, lo usó de manera indebida para atribuirse las competencias constitucionales del Presidente de la República, burlando así la posibilidad que los venezolanos tuviéramos un Presidente Encargado con competencias completas a partir del 10 de Enero de 2019. Evitó también de esta manera que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designara un Presidente Encargado de la República a través de este artificio jurídico.

Al evadir el nombramiento de un Presidente Encargado de la República, conculcó unas atribuciones que son incompatibles con las funciones del Parlamento. De acuerdo al principio de separación de Poderes, la Asamblea Nacional como institución no podría asumir las funciones ni las competencias constitucionales del Presidente de la República, ni su Presidente puede ejercer como Presidente Encargado de la República al mismo tiempo. La Asamblea es la contralora por excelencia del Poder Ejecutivo. Eso sería como pagar y darse el vuelto. Al asumir las funciones como Presidente Encargado de la República el 23 de Enero, Juan Guaidó está obligado a renunciar inmediatamente como Presidente de la Asamblea Nacional y asumir el 100% de sus competencias, pero ahora se encuentra mediatizado por los partidos y por su Acuerdo inconstitucional.

Ahora bien, ustedes dirán ¿y porque este tipo se está preocupando por eso ahora si mas bien la Asamblea Nacional está tratando de que exista una transición lo más pronto posible? Y la respuesta es que precisamente está logrando TODO LO CONTRARIO al violar la constitución, utilizando el referido Acuerdo como un refugio ilegal para, de acuerdo a su juicio, restaurar la vigencia de la Constitución. No se puede restaurar la constitución violándola y peor aún, usando precisamente como argumento el artículo que dice que todos los venezolanos investidos o no de autoridad debemos contribuir al restablecimiento de su vigencia, pero no saliéndonos de ella sino actuando dentro de ella. Es por eso que en mi condición de ciudadano no investido de autoridad ejerzo mi derecho de vigilancia contralora para colaborar por su restablecimiento efectivo. ¡El 333 soy yo!

Esto parece una jerga de abogados pero no lo es. Juan Guaidó está operando como ejecutor de ese Acuerdo de la Asamblea Nacional y no como Presidente Encargado de la República. De allí que los nombramientos realizados hasta ahora estén enmarcados dentro del Acuerdo político de la Asamblea Nacional y no producto de las decisiones de un Presidente Encargado de la República. Ambas condiciones son esencialmente diferentes, y en algunos casos excluyentes, y por supuesto tienen consecuencias distintas.

Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema? En primer lugar la Asamblea Nacional está operando en una suerte de limbo jurídico donde tienen secuestradas las decisiones del Presidente Encargado. Guaidó no está gobernando, quien gobierna es la cúpula del G4 dentro de la Asamblea Nacional, lo que es muy diferente. El pueblo venezolano le dio a Juan Guaidó y a nadie más, el Poder el 23 de Enero de 2019. No se lo dio a Henry Ramos Allup, ni a Julio Borges, ni a Manuel Rosales, ni a Leopoldo López, se lo dio a Juan Guaidó. Menuda diferencia.

Este adefesio jurídico por el que están medio gobernando –porque Maduro todavía sigue en Miraflores- está permitiendo que se den esas negociaciones de amnistía con el régimen a través de esa ley que ahora administra –¡oh sorpresa!- Acción Democrática a través del primer Vicepresidente de la AN/Henry Ramos Allup, quien fue el que dijo que teníamos que calarnos al régimen en una transición, ¿qué tal? ¿A quien irá a perdonar y cuanto costará eso? Esto ha permitido que haya disminuido la velocidad de salida del régimen de Maduro, que ya todos veíamos fuera el fin de semana pasado, y se hayan nombrado como Embajadores a personas que, respetando su honorable condición de reconocidos venezolanos y salvo honrosas excepciones, no tienen la más absoluta experiencia en las funciones que les fueron encomendadas. Son de nuevo cuotas políticas de repartición, a la más vieja y rancia costumbre de los partidos. ¡¡¡¿Hasta cuándo?!!! ¿Es que no han sido suficientes 20 años de sufrimiento? ¿Es que no aprendieron nada? Maduro en el medio de esta repartidera gana tiempo y se queda. Ya el ex convicto del TSJ ilegal de la Av. Baralt está inventando dentro de muy poco una jugada seria en contra de Guaidó, y el tiempo sigue pasando.

¿Se están dando cuenta del porque es absolutamente importante que Juan Guaidó asuma sus competencias como Presidente Encargado de la Republica, y nombre desde su más absoluta conciencia el equipo que lo acompañará, comenzando por un nuevo Alto Mando Militar, asumiendo la responsabilidad plena por lo que pase? Pero eso no será así hasta que ocurra una de dos cosas: que se denuncie ese Acuerdo inconstitucional y lo derogue el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, o Juan Guaidó se ponga las 4 bolas y mande al carajo a la Asamblea Nacional y gobierne como Dios manda. Espero que pase lo segundo porque es lo más rápido, y porque si alguien está en riesgo aquí es precisamente él. Quien está apareciendo como responsable ante los venezolanos de esa transición negociada que están haciendo con ese Acuerdo, es Juan Guaidó.

Si Venezuela sale de estos delincuentes es porque Dios en su infinita misericordia nos está protegiendo, y no precisamente por las decisiones de quienes conducen el proceso. Gracias a Él un joven con kilometraje cero en política venezolana está al frente. Lo único que tiene para que lo guie es su amor por Venezuela, su conciencia y su determinación. Si no los usa, se lo comerá vivo lo más podrido de la clase política que le acompaña. Todos nosotros debemos ser entonces el 333 y evitar que se lo coman…

Caracas, 29 de Enero de 2019

Twitter:@laguana

lunes, 28 de enero de 2019

Guaidó: de la solución negociada a la solución inmediata

Por Luis Manuel Aguana

Se ha desatado en las redes sociales toda una discusión acerca del proyecto de Ley de Amnistía que a mi juicio no ha tenido que darse todavía en Venezuela, pero que ha sido consecuencia directa de cómo ha asumido la oposición oficial el tema trascendental de la transición política en Venezuela.

Estemos todos claros antes que nada: la oposición oficial, días antes de los sucesos del 23 de Enero de 2019, cuando Juan Guaidó encima de una tarima decidió asumir encargarse de la Presidencia de la República a petición del pueblo de Venezuela, ya había decidido en una Acuerdo el 15 de Enero como realizaría esa transición. Decidieron ir por la solución lenta de la negociación con el régimen, llamémosla solución negociada, porque esa era la manera de salvarles el cuello a muchos que han colaborado desde esa oposición, intentando convencer a los soportes del régimen –léase a los militares- de pasarse de bando y deponer a Maduro.

Algunos venezolanos rechazamos inmediatamente esa solución negociada, no solo por inconstitucional, al asignarse la Asamblea Nacional las competencias del Presidente de la República, en un intento de evadir el mandato constitucional de llenar el Vacío de Poder Institucional con la designación abierta de un Presidente Encargado de la República, sino porque evitaban de esa manera que el Vacío de Poder lo cubriera el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Eso hubiera sido catastrófico para ellos.

Pues bien, lo hicieron. Y dejaron en un limbo negociador con el régimen esa transición saliéndose con la suya. Así las cosas llegó el 23 de Enero y los partidos del G4 (AD-PJ-UNT-VP) pretendían dejar pasar esa fecha sin juramentar a un Presidente Encargado. Pero vino el joven Guaidó les aguó el acuerdo, aceptando sin consultarles su encargaduría ante el país. De allí que nadie de esa Directiva se parara a aplaudir la iniciativa, dejando que el Presidente se encargara de una manera que quedó para la historia como una “autoproclamación” al peor estilo Carmona, cuando desde el 10 de Enero Guaidó ya era Presidente desde el punto de vista constitucional. Eso les ha dado a nuestros enemigos dentro y fuera del país argumentos para despachar que no se juramentó de acuerdo a la ley y la constitución. ¿Cuál era el problema, luego de los hechos cumplidos, que la Directiva le juramentara en ese mismo acto como lo pedía a gritos el pueblo venezolano? Pregúntenle al G4 porque aun no han realizado el acto protocolar en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional.

Esa decisión de Juan Guaidó cambió instantáneamente la perspectiva de pasar a tener una solución lenta y negociada, a una rápida y precipitada, llamémosle solución inmediata, con el consiguiente apoyo irrestricto de toda la Comunidad Internacional. Y esa última es la que nos ha convenido siempre a los venezolanos, pero no a quienes han colaborado con el régimen, poniendo a Guaidó y a su partido VP en una línea muy difícil entre ser aplastados por el pueblo que requiere que Maduro se vaya inmediatamente y un Acuerdo que requiere que se vaya poquito a poco. Ustedes me dirán que nos conviene más a los venezolanos.

Y allí es donde se comienza a entender esa famosa Ley de Amnistía, que fue pensada para negociar con el régimen dentro de esa solución a cámara lenta de ese Acuerdo parlamentario de transición firmado el 15 de enero, cuando no teníamos el apoyo pleno de los cañones de los Estados Unidos.

Aun dándole el beneficio de la duda a Henry Ramos Allup de una negociación con medio régimen adentro de un gobierno de transición, como lo dice su detallada explicación de cómo este parlamentario considera se debe realizar una transición (ver Ramos Allup habla sobre la “transición”, en https://youtu.be/zzudMxJGnVU, min 0:52), porque de acuerdo con eso no tendríamos como evitar que el régimen perdurara, ¿cómo se justificaría eso ahora si la situación cambio 180 grados en un día y no lo necesitamos? No tenemos que meter medio régimen dentro de un gobierno de transición porque existe el suficiente respaldo internacional para sacarlos a todos a una cárcel norteamericana solo con pedirlo.

¿Qué justifica ahora una solución negociada y no una solución inmediata? ¿Los posibles muertos o el cuello de los colaboracionistas? Ya los muertos los hay todos los días en los hospitales, las calles, en las maternidades, en las cárceles, en todas partes. Es más, no se justifica ni una sola marcha más para que se vayan,  porque expone a nuestros hijos a la muerte, a manos de los facinerosos armados de estos delincuentes. La sola petición de ayuda internacional de un Presidente Encargado legítimo y constitucional, reconocido por todo el planeta sería más que suficiente para desalojarlos y encarcelarlos por lo que le han hecho al país.

Entonces lo que pareciera que retrasa la salida de Maduro y sus mil ladrones es otra cosa que tiene que ver más con los intereses de ese grupo que quiere una solución negociada y no los intereses del pueblo venezolano. Ya no se justifica ni un minuto más la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores con todo el apoyo recibido por Juan Guaidó. Lo que media es una decisión suya, de nadie más.

Entonces una Ley de Amnistía en ese contexto ES POSTERIOR, con Maduro y su régimen fuera del poder, no antes. Porque si antes se podía justificar porque los políticos de la oposición oficial querían “negociar” perdones en una solución negociada, en este momento YA NO SE JUSTIFICA, con la principal potencia del mundo respaldando con hechos y cañones la legalidad constitucional de Venezuela. Juan Guaidó está a una llamada de teléfono de sacar fuera del poder al dictador que solo tendría espacio para negociar el color de la braga anaranjada que le pondrán en prisión, parodiando el chiste del color del caballo blanco del Libertador.

La gravedad de lo que ha pasado en Venezuela justifica de sobra un tribunal al mejor estilo de Núremberg que decida si da o no amnistía a alguno e imparta justicia a todos los caídos, torturados y asesinados en este tiempo horrible que aun no ha terminado de nuestra historia contemporánea. A Juan Guaidó le toco por la Divina Gracia de Dios y no por otra cosa, la altísima responsabilidad de terminar de inmediato con esta tragedia e iniciar un tiempo nuevo de reconstrucción y reconciliación. Vuelvo a insistir como ayer, todavía esperamos que no nos defraude…

Caracas, 28 de Enero de 2019

Twitter:@laguana