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lunes, 26 de noviembre de 2018

Gorrín-Andrade: dos aspectos de un caso de corrupción

Por Luis Manuel Aguana

La trama de corrupción destapada a raíz de la acusación hecha pública desde los Estados Unidos según la cual el conocido empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, sobornó a media clase política en Venezuela con los reales de los venezolanos, tiene implicaciones inimaginables.

Todos teníamos la presunción que el colaboracionismo opositor era financiado con las arcas del régimen y los reales de los venezolanos, pero ni idea de cómo ni con quien. Pero poco a poco se irá conociendo con mucho más detalle el tamaño de ese iceberg del que solo conocemos la punta porque chocamos con él. Mucho que conocer todavía. Solo 1000 millones de dólares –un billón americano- manejó el dúo Gorrín-Andrade. Imagínense si solo eso es una punta de miles que existen…

Por ahora solo deseo destacar dos aspectos que se han hecho públicos y que a mi juicio son extremadamente importantes, mas allá de conocer quiénes son los opositores que han disfrutado a costillas del hambre y la muerte de sus compatriotas.

El primero de ellos lo destaca en su cuenta de Twitter el Embajador Diego Arria desde su exilio: “Los activos robados a Venezuela por Gorrin-Andrade y otros son nuestros y no debe permitirse q USA se quede con ellos. AN debe activarse con Ley Rescate” (ver https://twitter.com/Diego_Arria/status/1065292709211054082). Obviamente lo primero que se destaca es que hay que recuperar el dinero convertido en bienes por estos ladrones.

Como bien informa el Embajador Arria, una Corte Federal en el Estado de La Florida en los Estados Unidos, ha instruido al Departamento del Tesoro norteamericano para que los bienes incautados a los implicados en este gravísimo caso de corrupción sean liquidados (ver entrevista de NTN24 a Diego Arria, en  https://youtu.be/ClAa5TbWSyg).

Tiene razón el Embajador Arria al prender las alarmas porque como bien dice, el origen de estos bienes son activos del patrimonio de los venezolanos, que fueron apropiados indebidamente por estos delincuentes, por lo que deberán regresar al Tesoro público de Venezuela una vez que sea recuperada la democracia en nuestro país. Esta medida que se tome de liquidación de bienes por parte del Departamento del Tesoro norteamericano deberá ser solo para mantener esos fondos en custodia hasta su debida repatriación; y estos a su vez deberán ser dispuestos por un gobierno legítimo.

Pero varias preguntas me nacen al oír ese planteamiento. Por un lado es cierto que deberemos movernos con urgencia en los Tribunales norteamericanos, cosa que Arria menciona en su entrevista, pero ¿quién debe hacerlo? ¿Los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes desde Diciembre de 2017 están en eso de una “Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción” que va a tener casi un año entre discusiones y consultas pero que aun no sale? ¿Y porque aún no sale?

Efectivamente el 14 de Diciembre de 2017 los venezolanos nos enteramos que la Asamblea Nacional aprueba un Proyecto de ley con un nombre muy sugestivo, “Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción” (ver noticia del Carabobeño, en https://www.el-carabobeno.com/an-aprobo-proyecto-ley-recuperacion-activos-producto-la-corrupcion/). Lamentablemente no conocemos todavía su contenido pero por el nombre suponemos que va en la misma línea de la propuesta realizada por el Embajador Arria en relación a la necesidad de una Ley Rescate.

El 20 de Abril de 2018, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, el Diputado Freddy Superlano, informa públicamente que su Comisión presentará a la opinión pública venezolana y al Cuerpo Diplomático el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción, el siguiente 23 de Abril de 2018 (ver noticia de la AN en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_ley-de-recuperacion-de-activos-producto-de-la-corrupcion-sera-presentada-este-lunes-23-de-abril). Ese iba a ser el último evento público para su retorno a la Comisión “para la discusión y elaboración del informe de lo arrojado en la consulta pública para su posterior presentación a la plenaria”.

Más de 5 meses después, el 11 de Octubre de 2018, el Diputado Superlano informa que el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción entraría “en segunda discusión en dos semanas ante el Parlamento nacional, herramienta que tiene como propósito promover que los recursos que se mantienen en el extranjero, por actos de corrupción, retornen al país y se inviertan en beneficio de la población” (ver noticia en La Patilla, en  https://www.lapatilla.com/2018/10/11/superlano-proyecto-de-ley-de-recuperacion-de-activos-producto-de-la-corrupcion-entrara-en-segunda-discusion-en-dos-semanas/).

A un mes de cumplirse el año de oírse hablar por primera vez de esa Ley, el 14 de Noviembre de 2018, el Diputado Superlano informó que “entre el 27 de noviembre y el 04 de diciembre del presente año, son las fechas tentativas para la segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción ante el Parlamento nacional” (ver Prensa AN en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_hhh).

Y ustedes dirán ¿qué juego es este? ¿Por qué un instrumento que ha demostrado con los hechos que estamos viendo, ser tan necesario ante el desborde de la corrupción del régimen aun no ha sido aprobado y menos aun dado a conocer públicamente? Porque es de hacer notar que el texto de ese Proyecto no ha sido publicado en el sitio oficial de la Asamblea Nacional ni en ningún otro sitio. Lo conocemos solo por el nombre y las declaraciones de los Diputados.

El caso Gorrín-Andrade nos agarra sin un instrumento legal para hacer frente a la recuperación de 1000 MILLONES DE DOLARES –que se dicen rápido- en los Estados Unidos, con un Departamento del Tesoro norteamericano a punto de liquidar lo que es patrimonio de los venezolanos. Lo que nos hace preguntarnos, ¿será que parte del saco de dinero incautado a Gorrín era precisamente para detener esa aprobación que desde hace más de un año tiene la Asamblea Nacional en sus gavetas? Que conveniente…

Lo que me lleva a destacar el segundo aspecto mencionado arriba que sucede a este drama de la Ley de marras, y que es tan o más importante que el primero. ¿Están los Diputados de la Asamblea Nacional, que han retrasado este asunto tan importante, y son a su vez los llamados constitucionalmente para acordar la designación de un Gobierno de Transición como consecuencia del Vacío de Poder institucional provocado por la sentencia de Nicolás Maduro Moros el 29 de Octubre, ética y moralmente en posición de hacer esa designación? ¿Le conviene a los venezolanos que todos esos Diputados, colocados en tela de juicio –justos y pecadores- por el escándalo Gorrin-Andrade, nombren un nuevo Gobierno que nos responda a nosotros y no a los intereses de quienes estarían pagando por una decisión a su favor?

Esto es tan grave que si se tratara de una empresa habría que cerrarla hasta realizar una auditoría que determine quién es y quien no es ladrón. Si antes pensaba que no era políticamente conveniente que la Asamblea Nacional designara un Gobierno de Transición, ahora estoy seguro que no está en condiciones de nombrar un nuevo Gobierno que cuide los intereses de los venezolanos. Todo el Parlamento está bajo sospecha grave.

Lo de arriba nos deja con el último resquicio de institucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Les queda a estos Magistrados asumir de inmediato la grave responsabilidad para con los venezolanos para la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional, que integre personalidades de indudable reputación ante la opinión pública nacional e internacional, con una hoja de servicios intachable a favor de la República, para que inmediatamente se aboquen a los trámites legales en los Estados Unidos para la recuperación de los activos del caso Gorrin-Andrade y el rescate de la libertad de Venezuela. ¡Menuda tarea! Si la corrupción no se detiene, nosotros tampoco podemos…

Caracas, 26 de Noviembre de 2018

Twitter:@laguana

lunes, 19 de noviembre de 2018

Las dos caras de la resistencia electoral

Por Luis Manuel Aguana

Intervención en la Cátedra Pío Tamayo de la UCV el 19-11-2018

De nuevo mi agradecimiento a la Cátedra Pío Tamayo y al Prof. Agustín Blanco Muñoz por esta nueva oportunidad para debatir los problemas de Venezuela, en especial en esta hora oscura donde el venezolano busca desesperadamente respuestas de su dirigencia política pero no las encuentran. Las respuestas deben y tienen también que salir de todos nosotros desde la sociedad civil. El día de hoy nos convoca la Cátedra a debatir para intentar darle respuesta a una grave pregunta: ¿Cuál es la resistencia a impulsar para enfrentar esta revolución-socialismo-comunismo-dictadura?

En varias oportunidades he asistido a esta Cátedra abordando diversos temas de carácter político, en especial el tema electoral, y hacia allá deseo enfocar algunas respuestas, en especial a pocas semanas de un nuevo proceso electoral convocado por el régimen el 9 de Diciembre.

Vine a la Cátedra el 21 de Octubre de 2013, en atención al proceso electoral del 8 de Diciembre de ese año para debatir “El comportamiento del sistema electoral el 8D-13, ¿Otra edición del mismo fraude-trampa?” y la pregunta obligada de asistir o no a ese proceso habida cuenta que, como indique en ese entonces, los técnicos estábamos convencidos de que no ha dejado de existir fraude electoral desde el Referendo Revocatorio de 2004.

Mi respuesta sigue siendo la misma de ese entonces: si vamos a llamar a la población a abstenernos de votar debería ser porque ese llamado forme parte de una estrategia consolidada entre todos los opositores, organizados entre sociedad civil y partidos no colaboracionistas del régimen, con una respuesta concreta a la población a la pregunta de qué hacer después que nadie vaya a votar. Eso nadie lo ha hecho ni lo ha intentado organizar hasta ahora.

Cinco años después de eso han pasado muchas cosas. El régimen demostró con creces que hacia trampas en las elecciones desde hacía mucho tiempo, ya no dicho por nosotros sino por el mismo proveedor de la tecnología electoral, SmartMatic, aunado al hecho que las autoridades del CNE siguen sin ser legítimas y completamente parcializadas a favor del partido del régimen. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguiremos endosando los resultados electorales a sabiendas de esa situación?

Decía en aquel entonces parafraseando al  Príncipe Hamlet en el Acto tercero, Escena Primera de la obra de William Shakespeare “Votar o no votar, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para la democracia, sufrir los golpes y dardos del insultante fraude o tomar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente, no convalidarlo con nuestro voto?” (ver Votar o no votar, he aquí la cuestión, en http://ticsddhh.blogspot.com/2013/10/votar-o-no-votar-he-aqui-la-cuestion.html).Y esa es la pregunta medular de este debate ¿Cómo se le hace frente a esa calamidad? ¿Cuál es la resistencia civil que debemos desarrollar ante esa situación?

A mi juicio aquí están presentes dos caras de la misma moneda de la resistencia electoral, y su aplicación dependerá de la disposición de la sociedad civil a enfrentar en ese terreno al régimen.

La primera de ellas es la que llamo la resistencia electoral pasiva, cuya manifestación es simplemente no acudir a convalidar un nuevo fraude. Quedarse en su casa sin enfrentar las hordas del régimen y que ellos se encarguen de ver como hacen para justificar los millones de votos que necesitan. Eso ya lo hicimos el 30 de julio de 2017 en las elecciones de la espuria Constituyente de Maduro y el 20 de Mayo de 2018 en las elecciones presidenciales inconstitucionales. Eso tuvo resultados: el 30 de Julio de 2017 Tibisay Lucena se saco del sombrero de mago electoral 8,1 millones de votos que nadie vio en los centros electorales y otra situación similar paso el 20 de Mayo. La consecuencia de eso fue que nadie en el mundo reconoció esas elecciones ni las anteriores. La gente no acudió porque no creyó en ese sainete electorero.

Luego de esa última elección, el 13 de junio de 2018, la Sala Electoral del TSJ legítimo en el exilio publicó una sentencia, resultado de la iniciativa de la Dra. Adriana Vigilanza, y en la cual puse mi granito de arena como testigo, que declara NULO E INAPLICABLE el uso del sistema automatizado de votación y escrutinio que actualmente existe en Venezuela para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como para la celebración de los referendos, en los términos señalados en el artículo 293.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y se ordenó  al Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano rector de los procesos electorales, “…la DEPURACION Y ACTUALIZACION del Registro Nacional Electoral, debiéndose efectuar las debidas correcciones sobre la identidad de cada ciudadano venezolano o extranjero habilitado para ejercer el voto, así como el diseño e implementación de un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y sólo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y totalización, sin que ello implique limitación del derecho de participación de los electores y de los partidos u organizaciones políticas, en plena garantía de la confianza pública del ejercicio del sufragio”. Igualmente se exhortó a la Asamblea Nacional a “iniciar el proceso de selección y designación de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan generar la imparcialidad, transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y supervisión de los próximos procesos electorales” (ver sentencia en TSJ Legítimo declara Nulo el Uso del Voto Automatizado para Elecciones en Venezuela, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/tribunal-supremo-de-justicia-declara.html) (resaltado nuestro).

El CNE y la Asamblea Nacional han ignorado estas disposiciones y, sin cumplirlas, se disponen nuevamente a efectuar y participar en un nuevo proceso electoral el venidero 9 de diciembre de 2018 en las mismas condiciones fraudulentas conocidas. Esas elecciones desde ya son NULAS de acuerdo a esa sentencia del 13 de Junio de 2018.

Se podría decir que hay un antes y un después de esta sentencia histórica del TSJ legítimo, que da un giro importante a la cuestión electoral. Los venezolanos no se han percatado de lo trascendental de esa decisión, y que tiene muchísimo que ver en el cómo enfocar ahora la resistencia civil electoral ante el régimen.

A partir del 13 de Junio de 2018 las elecciones en Venezuela son manuales, así no lo quiera el régimen o el CNE. Al CNE se le ha ordenado la depuración del Registro Electoral y el “diseño e implementación de un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual…”.

En consecuencia los ciudadanos pueden desobedecer, pero esta vez de una manera activa, la participación en un nuevo proceso electoral que no reúne las condiciones que han sido ordenadas por una sentencia con este sistema automatizado viciado del CNE. De una manera práctica eso es lo que han hecho los estudiantes en sus elecciones internas para elegir su representación desde hace varios años, razón por la cual la oposición ha ganado consistentemente esos procesos a pesar de la violencia desatada por el régimen como acaba de ocurrir en la Universidad de Carabobo.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si la ciudadanía se activara y se organizara para contar sus propios votos en los circuitos de esas elecciones municipales del 9 de Diciembre, tal y como lo han hecho hasta ahora los estudiantes? Eso sería resistencia civil-electoral activa. No serían muchas mesas por circuito y el resultado, a pesar de una probable arremetida violenta, se asemejaría mucho a la real voluntad popular planteándosele al régimen un reto ciudadano que abordar en los municipios donde los partidos de oposición insistan en ir a votar por aquello de “no perder los espacios”. Entonces que esos partidos organicen esa resistencia en conjunto con la sociedad civil y levanten kioskos de votación manual para los ciudadanos que deseen enfrentar el fraude del CNE.

Para responder la pregunta de la Cátedra, mi respuesta sería que ambas caras, tanto la pasiva como la activa, se pueden impulsar hasta que la sentencia del 13 de Junio de 2018 se cumpla. Se trataría de una resistencia civil-electoral no-violenta que le demuestre permanentemente al mundo el rechazo de los ciudadanos a este sistema electoral viciado del régimen que nos desgobierna.

El 24 de noviembre de 2013 anuncié públicamente a través de un artículo que publique con el título “Porqué no les daré mi voto” (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2013/11/porque-no-les-dare-mi-voto.html) mi decisión de no votar más mientras existiera este sistema electoral perverso de la dictadura. Había internalizado y puesto en práctica, a contravía de todo el mundo, de mi familia, de mis amigos y seguidores, una sentencia fundamental: “El abstencionismo solo existe en DEMOCRACIA. En DICTADURA lo que existe es protesta cívica expresada en Lucha No Violenta”. El Prof. Agustín Blanco Muñoz me respondió con una nota que todavía le agradezco: “En la medida en que avance la capacidad de reflexión como la que tu pones de manifiesto en este artículo de compromiso y decisión, crecerán las posibilidades de enfrentar con claridad y acierto a este régimen que administra y conduce el alto mando de Venecuba encabezado por Fidel Castro y el G2”. Cinco años después creo que esa capacidad de reflexión de la sociedad ha avanzado y aunque todavía lejanas, creo que las posibilidades han crecido. El hecho que aun estemos aquí así lo demuestra…

Muchísimas gracias,

Caracas, 19 de Noviembre de 2018

Twitter:@laguana