¿Será posible que el día de hoy marque un antes y un después del constituyentismo latinoamericano? Puede ser. Hoy 7 de mayo de 2023, los chilenos eligen 50 representantes populares para llamado Consejo Constitucional, que tendrán la responsabilidad histórica de aprobar o rechazar, de acuerdo al procedimiento establecido, el texto del Anteproyecto de Constitución que será presentado por la Comisión Experta designada por el Congreso de Chile el 6 de junio del presente año.
El nuevo proceso constituyente, en pleno desarrollo en Chile, se da luego del rechazo de un 62% del pueblo chileno al primer proyecto constitucional presentado a su consideración el 4 de septiembre de 2022, y me convence todavía más de las profundas diferencias que tenemos los países latinoamericanos entre nosotros mismos para abordar los cambios, a pesar de la insistencia de muchos de que la llamada “fiebre” de Constituyentes se presenta por las mismas razones en todos nuestros países.
Aún teniendo Chile los más altos indicadores de desarrollo en Latinoamérica, el país político chileno consideró necesario colocarse de nuevo en la “zona delicada” de inestabilidad para revisar su texto fundamental, concepto que definiera el Dr. Roberto Viciano Pastor, Director del Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, y Coordinador General del Observatorio Latinoamericano sobre el proceso Constituyente de Chile, en la oportunidad de la primera discusión de la Constituyente chilena: “Los procesos constituyentes han surgido en América Latina, como también en otras partes del mundo, cuando aparece una importante crisis social. Si no hay una importante crisis social ningún Estado, ningún país se introduce en una zona delicada, en una zona en la cual es inestable, por definición, como es la de definir de nuevo las reglas de funcionamiento del Estado, de la economía, de la sociedad…” (ver Ideologización Constituyente, en https://ticsddhh.blogspot.com/2022/09/ideologizacion-constituyente.html).
Y al parecer, a pesar de tener los mejores indicadores de desarrollo de Latinoamérica, los chilenos consideran que existe una crisis social en el país que amerita un ajuste en el Pacto Social que los rige como Nación. Es importante señalar que la discusión de si esa crisis fue inducida o no por factores radicales de la izquierda chilena todavía está en el tapete. Pero esa no es la razón de esta nota, ya que independientemente del cómo se llegó a la convocatoria Constituyente, lo que sí es relevante para el destino de los chilenos es como se abordó en principio esa discusión, y como se desarrollará hasta parir un nuevo Pacto Social que le de estabilidad política a Chile
Luego del desastre político ocurrido para el Gobierno del Presidente Boric con el rechazo popular al proyecto constitucional en septiembre de 2022, los factores políticos agrupados en el Congreso diseñaron un mecanismo muy distinto para abordar la discusión Constituyente. En lo que al parecer todos acordaban fue que era necesaria una nueva Constitución para Chile. Y en un procedimiento mucho más controlado que el anterior, los políticos chilenos decidieron que el nuevo texto Constitucional no fuera redactado de buenas a primeras por unos Constituyentes electos, sino por una Comisión Experta de 24 personas, designada por el mismo Congreso, que produjera un Anteproyecto para someterlo a la consideración de un grupo más reducido de representantes populares, llamado Consejo Constitucional, constituido por 50 personas.
Tal vez el nombre de Comisión Experta no fuera el más apropiado porque era claro que estaría compuesta por políticos de todas las tendencias. Debió quizás haberse llamado Comisión Política. Pero como en todos los países, incluyendo el nuestro, los políticos están devaluados, de allí que el Congreso chileno decidiera crear un Comité de Admisibilidad (llamado también de Arbitraje) compuesto por 14 juristas reconocidos para garantizar que el texto producido por la Comisión Experta se ajuste a unas Bases Constitucionales acordadas previamente y que no fueran violadas bajo ningún concepto.
Se redactaron 12 Bases Constitucionales que funcionan como un marco que no puede ser traspasado por la nueva Constitución, como por ejemplo el nombre del país y su carácter democrático, emblemas nacionales, tres Poderes Públicos independientes, el respeto a los Derechos Humanos, respeto a los pueblos indígenas, la garantía a las libertades fundamentales, subordinación de las FFAA al poder civil (ver Bases Constitucionales del proceso Constituyente, en https://lupaconstitucional.malaespinacheck.cl/2023/03/05/cuales-son-las-bases-constitucionales-del-proceso-constituyente/).
Una vez elaborado el Anteproyecto definitivo de Constitución, la Comisión Experta entrega al Consejo Constitucional, que tiene, desde el 7 de junio al 7 de octubre, tres meses para aprobar y/o modificar el Anteproyecto. Existirá también una Comisión Mixta compuesta por 12 miembros, 6 de la Comisión Experta y 6 del Consejo Constitucional electo, para buscar soluciones a cualquier diferencia presentada una vez sometido el Anteproyecto a la consideración del Consejo Constitucional.
Una vez hecho eso, el texto vuelve a la Comisión Experta que tiene 5 días para responder. Finalizado ese tiempo y con el texto de vuelta, el Consejo Constitucional revisa el trabajo final, y lo aprueba con 3/5 de sus miembros (30 Consejeros) o lo rechaza con 2/3 de sus miembros (33 Consejeros). De ser aprobado, someterán públicamente el texto al pueblo el 7 de noviembre de 2023, donde en poco más de un mes, el 17 de diciembre de 2023, será sometido a Plebiscito al pueblo chileno (ver Nuevo proceso paso a paso – Bloque político, en https://youtu.be/X3VeJLMgFjA).
Todo este procedimiento, más controlado, puede darle a Chile un texto Constitucional, más ajustado a las expectativas de todos, en el medio de las diferencias políticas extremas que se sucedieron en el marco de la discusión Constituyente del pasado intento que fracasó en 4 de septiembre de 2022.
Con sana envidia veo que los chilenos han respondido políticamente a la urgencia de obtener un Pacto Social conveniente para todos utilizando un procedimiento ajustado a su idiosincrasia política, mejorando claramente el procedimiento anterior que daba a los Constituyentes la responsabilidad directa de esa tarea.
Lo ocurrido en Chile trajo a mi memoria un procedimiento similar, utilizado en España en 1977 para la elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978, donde el Congreso de los Diputados creó una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un Proyecto de Constitución. La Comisión tardó aproximadamente 5 meses (entre agosto y diciembre de 1977) en cumplir su misión. La diferencia fundamental fue que en el caso español no se eligió una representación popular para la aprobación del Anteproyecto, sino que fue directamente sometido a Referéndum popular una vez que este fuera aprobado por ambas Cámaras del Congreso español (ver Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978, en https://app.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm).
Esta mezcla de procedimiento político y experticia jurídica, que ha dado a los españoles casi 45 años de estabilidad política, es lo que ha sido aplicado en Chile con las diferencias correspondientes ajustadas a su problema, dando al resto de los países latinoamericanos una lección de madurez política. Los venezolanos, al abordar un proceso Constituyente necesario en el país en virtud de la completa destrucción de la institucionalidad política, deberemos abordar el procedimiento más idóneo, como el que alcanzaron los chilenos, que nos garantice la mayor suma de estabilidad política. Ojalá que cuando lleguemos allí estemos como ellos, a la altura de ese compromiso…
Caracas, 7 de Mayo de 2023
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