AN: El ingrediente secreto de la institucionalidad

Por Luis Manuel Aguana

Comencé mis notas del año 2012 con el tema de la Institucionalidad (ver La Institucionalidad: ¿cómo se come eso? http://ticsddhh.blogspot.com/2012/01/la-institucionalidad-como-se-come-eso.html) en ocasión de las ofertas electorales de los precandidatos de la oposición que participarían en las primarias que ocurrirían pocas semanas después para la elección del candidato de la MUD al 7-O/2012. Y lo hice porque me llamó mucho la atención el lamentable discurso de algunos de ellos, particularmente los de los partidos tradicionales, en las ofertas que hacían a los electores.

Y en el 2015 siento que es importante, ahora más que nunca, comprender a cabalidad lo que significa la reconstrucción institucional de la Asamblea Nacional, ahora que empezamos a ver candidatos a diputados prometiendo cosas que no tienen nada que ver con los puestos a los cuales aspiran, sin comprender bien el rol que estos deberían jugar en una institución como esa.

De acuerdo a Juan Ignacio Jiménez la responsabilidad del Congreso (Asamblea Nacional en nuestro caso) va más allá del conocido asunto de las leyes. Su verdadero papel es el control del Poder del Ejecutivo: “En su concepción teórico-empírica más connotada, el Congreso representa al pueblo; el Ejecutivo es su fideicomisario y, como tal, sujeto a la rendición de cuentas por su gestión; todos los demás aditamentos que se añadan a la labor del Congreso son casuísticos y circunstanciales, por más que algunos a fuer de repetidos, parezcan haber alcanzado el rango de consustanciales. El primero de estos rasgos es el poder de legislar. Dar leyes no es atributo indeclinable del Congreso, por más que, a fuerza de darlas haya venido a llamársele Poder Legislativo. Nada obsta al análisis que el poder de legislar se entregue al gobierno como parte del paquete en fideicomiso, y prueba de ello es que la función de dar normas  de carácter reglamentario se considera casi universalmente función de Gobierno…”. (1) De esto último tenemos un rollo larguísimo en Venezuela…

Entonces, si esto es así, los aspirantes opositores al legislativo no deberían enfocar sus campañas a ofrecer "sacar a Maduro", o hacer ofertas que no están al cabo de poder cumplir, sino a decirnos cuales deberían ser las soluciones para controlar a los delincuentes que nos desgobiernan, si es que llegan a ser la mayoría como lo pregonan. Ese debería ser el enfoque, si tomamos al parlamento como el sitio donde está representado "el pueblo" y el lugar político por excelencia donde se deberían formular las políticas que corrijan u orienten la acción del gobierno.

El Ex Procurador General de la Republica, Jesús Petit Da Costa, profundo conocedor del Derecho, en un reciente artículo nos indica claramente que aunque llegaran a esa mayoría poco o nada podrían hacer con ella (ver Jesús Petit Da Costa, Salirse de la encerrona parlamentaria http://jesuspetitdacosta.blogspot.com/2015/06/salirse-de-la-encerrona-parlamentaria.html), al menos en eso que están equivocadamente ofreciendo a los venezolanos.

Entonces, mas allá de poder "hacer algo" para salir del rumbo al  despeñadero al cual nos lleva el régimen, la cabal comprensión del rol que deberán jugar los actuales candidatos y futuros diputados opositores, no solo por parte de ellos mismos-que es bastante pedir- sino de aquellos que los elegimos, debe pasar por conocer la naturaleza de la institución de la estamos hablando y exigir lo que se necesita para que esta mejore sustantivamente.

El solo hecho de considerar a esa institución como un trofeo de caza que debe ser capturado, y que debería representar los intereses de todos los venezolanos, es decir al “pueblo”, pone a dudar si realmente se entiende realmente cual es su naturaleza. Y aunque se lograra esa mayoría, es natural poner en tela de juicio si las personas que lleguen a ejercer su conducción, lo hagan de manera cabal. Solo basta ver que aun teniendo una representación importante AHORA, poco o nada hemos obtenido los venezolanos de eso, ya sea por acción u omisión de sus integrantes.

Entonces, las Instituciones no son solo organismos muertos que se crean por una Constitución o una Gaceta Oficial, la cosa es mucho más complicada que esa. Es entender cabalmente que ellas son los instrumentos de los que dispone del Estado para ejercer la acción de gobernar. En palabras de Jiménez : “La acción de gobierno no es función administrativa, sino intrínsecamente política, en el sentido más vulgar del arte de lo posible y en el más técnico de asignación autoritaria de prioridades, de acuerdo a la captación por el gobernante de las demandas del grupo gobernado.”(1). Y en el caso de la Asamblea Nacional, esa asignación de prioridades debe forzar al Ejecutivo en una línea de dirección de acuerdo a las demandas de sus representados, “el pueblo”, ejerciendo cabalmente el rol que le corresponde.

Pero eso requiere de un ingrediente secreto (que en realidad no lo es tanto pero en la Venezuela actual podría considerársele como tal) que hace que todas las instituciones, incluyendo esa que se elegirá el 6D, haga lo que debe hacer, y que se explica muy bien en la reciente nota homenaje de Gustavo Coronel en ocasión del fallecimiento de Julio Cesar Arreaza, a los 92 años (Gustavo Coronel, Julio César Arreaza, 1924-2015 http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2015/03/julio-cesar-arreaza-1924-2015.html).

“Julio César no era un petrolero ni había tenido extensa experiencia gerencial pero era un hombre de mucho sentido común y de una honestidad a toda prueba”, nos explica Coronel. Y la función encargada  a Arreaza por el Presidente de la nacionalización petrolera, de acuerdo al relato, era evitar que la empresa se contaminara de los apetitos políticos: “si ustedes reciben alguna vez una recomendación para emplear a alguien por conexiones políticas, hagan esto. Y tomó un papel, lo arrugó entre sus manos y lo botó en el cesto de la basura. El Dr. Arreaza sabe que ese es mi propósito y estará pendiente de que ello se haga así.”. Y si todos conocimos a la PDVSA de antes del pito de Hugo Chávez, sabemos que Julio César Arreaza cumplió cabalmente su tarea, por la que los venezolanos le debemos un reconocimiento póstumo por su honestidad y porque comprendió cabalmente la importancia de esa misión en esa institución clave de la nación, y la realizó con muchísimo éxito.

Las Instituciones se construyen con personas honestas, no es de otra manera. Y no solo de la honestidad moral sino ética y profesional. Ese es el ingrediente secreto que hace que no distorsionen su propósito. Sin él, cualquier esfuerzo que se haga se perderá, así sean las mejores mentes quienes lo hagan, porque solamente los honestos saben para que están allí-propósito-, y poseen la fuerza necesaria para encausar la labor por el camino correcto. La gran pregunta que entonces debemos hacernos los venezolanos es: ¿es ese en su mayoría el material por el que votaremos el 6D? Si la respuesta es negativa, no esperemos cambios significativos aunque tengan la mayoría. Pero si la respuesta es positiva, aunque sean minoría, tal vez veamos cambios importantes en el destino del país.

Y así sea que tengamos todos que convertirnos en el filósofo griego Diógenes de Sinope, buscando al hombre honesto con una linterna a plena luz del día, no nos quedará otra sino conseguirlas, si deseamos que las instituciones hagan lo que deben hacer cuando les toque hacerlo…

Caracas, 3 de Julio de 2015

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(1)   Juan Ignacio Jiménez, Política y Administración, Cap 2-3, 1970.

Venezuela, República Federal (IV)

Por Luis Manuel Aguana

Hace un tiempo atrás escribí una nota que titulé “La Institucionalidad: ¿Cómo se come eso?” (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2012/01/la-institucionalidad-como-se-come-eso.html) donde expresaba lo difícil que era comunicar constructos complejos a la mayoría de la población; y que por el deplorable estado de la educación venezolana no solo difícilmente lee bien sino que además ha sido sometida a una suerte de lavado cerebral, a través de mensajes ideologizantes atiborrados de odio todos los días por el sistema de medios masivos del Estado.

Indicaba que en el caso de la institucionalidad la cosa era muy difícil ya que no es solo decir que hay que rescatarla, sino explicar que sin ella no se puede llegar a tener aquellas cosas que el común de la gente si comprende, porque es lo que más tiene cerca como problemas de vida, traducido en las necesidades tangibles que tiene y con las cuales juega la dirigencia política tradicional cuando buscan los votos.

Y si explicar que hay primero que rescatar la institucionalidad como requisito fundamental para conseguir poner a funcionar las cosas más sencillas del país, imagínense lo que significa explicar que además de eso, es necesario el cambio del sistema político que tenemos y del cual han vivido-y todavía viven- como sanguijuelas muchísimas generaciones políticas desde tiempos inmemoriales, y salir vivo del intento.

Y el cambio del sistema político pasa por establecer un nuevo sistema de reglas sobre cómo organizar la institucionalidad, porque no basta reconstruir una institución para que esta funcione si su existencia se desarrolla en un ambiente tóxico que la vuelve a deformar. Para muestra un botón: de que sirve poseer una excelente institución municipal si esta no es lo suficientemente autónoma para darle calidad de vida a los  habitantes de su jurisdicción, porque el sistema político en el cual se desenvuelve, establecida en el ordenamiento jurídico y constitucional, no se lo permite.

¿Qué sentido tiene elegir Alcaldes y Gobernadores si constitucionalmente los recursos que requieren para sus gobiernos locales no dependen de ellos sino de las prioridades que asigne el partido de gobierno de turno? ¿Qué sentido tiene que un oficial trabaje para mejorar su institución militar si al final de quien depende su ascenso y su calidad de vida no es de la institución que lo vio desarrollarse profesionalmente sino de la genuflexión ante el Presidente por el motivo político que sea? ¿Qué sentido tendría establecer de una vez por todas, una carrera judicial para los jueces sin la garantía que quienes lleguen a ocupar las más altas posiciones no sean objeto de negociaciones políticas, sujetos a llamadas telefónicas para cambiar decisiones en un Tribunal Supremo?

Y así sucesivamente se podrían citar innumerables ejemplos. Visto así, no solo tenemos el problema de la reconstrucción institucional sino el de la reconstrucción de algo sumamente más profundo y más estructural, que necesita ser comprendido a cabalidad en todos los niveles de la sociedad venezolana. A eso es lo que llamamos la reconstrucción del sistema político.

¿Y cómo se entiende eso? Nuestra propuesta fundamental y primer objetivo a conseguir en el Proyecto País Venezuela es desmontar la actual forma centralizada del Estado, estableciendo un Estado Federal Descentralizado en una nueva Constitución, y redefiniendo las instituciones dentro de esa nueva forma descentralizada de concebir la República (ver  http://proyectopaisviaconstituyente.blogspot.com/). Y vaya que esto ha sido difícil de explicar.

Algunos se preguntan en qué les beneficiaría tener ese nuevo sistema. Para responder eso, hagamos un ejercicio de imaginación política con un ejemplo de actualidad. Con el presente sistema, la actuación de los partidos políticos en las elecciones parlamentarias se centra en conseguir en cada Estado la mejor figuración electoral posible frente al resto de los adversarios políticos traducida en mas parlamentarios, que sumados todos a nivel nacional puedan ser fuerza suficiente para imponerse en el parlamento. Una vez allí, los Diputados electos de todos los Estados por el partido en cuestión, trabajan en bloque, a la marcación del partido, no del Estado que les dio su respaldo.

La lealtad entonces de esos Diputados no es para con los electores de su región, sino para con el partido que los puso allí para seguir “líneas” y negociar su voto en bloque  con las otras fracciones en función de los intereses que se manejen en un momento determinado. Esta situación no es nueva, es la forma en la cual operan los partidos de acuerdo al sistema político que tenemos en la actualidad. Por supuesto en cada región, los posibles candidatos se pelean a muerte por los puestos salidores y prometen cosas que no están al alcance de cumplir con tal de ser electos.

En un sistema Federal Descentralizado, las regiones serían autónomas y poseerían en un  Congreso Nacional una representación que deviene de su condición de región y otra en su condición de jurisdicción con habitantes. Se elegirían en el Estado los Diputados y Senadores, con las reglas que se hayan  establecido en su Constitución Regional, con sus propias instituciones electorales regionales, producto de una Constituyente Regional. Los partidos allí se matarían, ya no por elegir a quienes representen al partido de esa región particular sino para elegir dentro del Estado a quienes representarán a los habitantes de su región ante el Congreso Nacional. Diferente ¿verdad?

En ese estado de cosas, las personas que irían como representantes-Senadores y Diputados- del Congreso por un Estado, serían de diferentes partidos- nacionales y regionales- que se midieron en una región y que ya no irían a la capital en calidad de representantes de un partido sino de los ciudadanos de una región. Bajo ese nuevo sistema político, los partidos tendrían que organizarse de una manera diferente y con unos objetivos diferentes, más cónsonos con los intereses de los ciudadanos.

Al existir autonomía regional, cada Estado Federal defendería no solo el interés de su región como parte de un concierto de Estados Federales, sino tendría la responsabilidad de aportar al común una parte del producto de su trabajo y del desarrollo de su potencialidad regional. Eso implicaría un cambio radical en la institucionalidad del país, tanto del Estado regional como del Estado Federal. Ni decir que de ese desarrollo regional vivirían los habitantes de cada región de acuerdo con las propias potencialidades.

En ese nuevo estado de cosas, el movimiento de los factores de la producción (capital,  trabajo, conocimiento) se desplazaría de acuerdo a los polos de desarrollo regional y no sería más Caracas el centro desde el cual se “repartan” los beneficios. De la misma manera los factores políticos tendrían que buscar como acomodarse a esa nueva situación, haciendo realidad la descentralización del poder de acuerdo a ese nuevo sistema político.

Pero como ya indiqué, esto es solo un ejercicio de imaginación política. Imaginen todo lo que podríamos hacer si lo hacemos realidad, convirtiendo a Venezuela en una República Federal. Tenemos como ciudadanos el poder de hacerlo en una Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 14 de Mayo de 2015

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Federalismo del Siglo XXI

Por Luis Manuel Aguana

“Esta palabra “cargada de tantas resonancias emocionales” no es más que un fetiche. Solo la ignorancia de su historia y de su contenido le puede rendir tributo. Sin embargo el poderoso fetiche, sobrevive como una momia entre los vivos, en las fórmulas sacramentales del ceremonial Republicano. Las provincias venezolanas, no son más que ficciones de división político-territorial, y no realidades geopolíticas o socio-históricas como aquellas que han formado Estados federales, se llaman en nuestra constitución “Estados” y “entidades federales.” (1).

Así se expresaba Jorge Olavarría en relación al Estado Federal. No es posible continuar una discusión como la que hemos comenzado en relación al cambio constitucional propuesto en el Proyecto País Venezuela (ver https://docs.google.com/file/d/0B6yI0gUROWzDR29KUFBDQ0JPa2c/edit?pli=1) sin entrar a discutir este importante aspecto de nuestra historia republicana.

¿Es posible un Estado Federal, de las características planteadas en el Proyecto País, en la Venezuela de hoy? Algunos se preguntarán porque saco este tema que aparentemente no viene a lugar dentro de la discusión Constituyente. Pero en realidad es muy pertinente porque lo federal está en la partida de nacimiento de este país.

“El 21 de Diciembre de 1811 se aprobó la primera Constitución del mundo hispánico, y la primera que adopta la forma Federal del Estado” (2). Esa fue nuestra primera Constitución.  Olavarría fundamenta que esta destruyó la cohesión existente de la estructura de 4 poderes del gobierno colonial que había regido hasta ese entonces: 1.- El Capitán General; 2.- El Intendente y Real Consulado; 3.- La Audiencia; y 4.- El Ayuntamiento. De acuerdo a su historia, esta estructura no fue reemplazada por nada mejor, arrojando “las fuerzas sociales de la división de castas y razas, hasta ese momento tranquilas, pero potencialmente hostiles a la más cruel y violenta confrontación racial y clasista de nuestra historia….Y la Republica destruyó el Ayuntamiento, cambiándolo por provincias federales. La guerra arrasó con todo y de ella emergió una República Independiente que tuvo que construir su orden prácticamente de la nada” (3).

El mismo Libertador hizo duras críticas a la forma federal del Estado de la Constitución de 1811 en el Manifiesto de Cartagena del 15 de Diciembre de 1812, y a la cual atribuye la caída de la Primera República, entre otras razones por la discusión en torno a la subdivisión del país, en especial la Provincia de Caracas, que generó rivalidades y ambiciones de poder.

Pero lo central de la obra de Olavarría lo resume el siguiente párrafo: “Es mi firme convicción, que la mutación de esta pugna, del binomio gobierno-municipio (real y cierto) al binomio centralismo-federalismo (ficticio y artificial) va a ser la causa principal de que nuestras Repúblicas hayan estado siglo y medio persiguiendo el espejismo inalcanzable de las autonomías regionales, mediante la creación de ficciones estadales regionales que ciertamente nunca existieron en el pasado colonial, pero tampoco existieron en el presente republicano, cuando fueron decretados como meras elucubraciones de la alucinación del ejemplo del norte. Podemos subrayar, enfatizar y hasta exagerar las diferencias de los distintos componentes provinciales de la Capitanía General de Venezuela “agregada” en un todo homogéneo en 1777. Pero jamás llegaremos a los extremos de diferenciación que si tenían entre sí las trece colonias inglesas de norteamérica, las cuales si podían reclamar características de Estados soberanos, que por lo demás se justificaban por lo inmenso del territorio y lo primitivo de las comunicaciones de su tiempo” (4).

Nuestros fundadores, comenzando por Francisco de Miranda, vieron en el modelo norteamericano una salida a nuestra realidad, dada la fuerte autonomía de las provincias, sin embargo no previeron el caos que se originaria de la transición de un viejo a un nuevo modelo de Estado y toda la complejidad que eso conllevaría.

Solamente la división político territorial de la Provincia de Caracas, la mayor en población, y cuya extensión poca gente de ahora conoce, da una idea de la complejidad del problema de la división político-territorial de ese entonces: “Caracas era la más poblada de las provincias de Venezuela y su territorio solo seguía en extensión al de Guayana. Sus límites abarcaban desde el Morro de Barcelona; desde allí por la costa hasta donde más o menos está hoy Tucacas, y de allí hacia el sur-oeste por toda la Sierra de Aroa, hasta la Sierra de Siruma que la separaba de Coro y Maracaibo. Caracas encerraba dentro de su territorio ciudades como Valencia, Puerto Cabello, Barquisimeto, Carora, El Tocuyo, San Carlos, Calabozo, La Victoria, Villa de Cura, San Sebastián, y Barlovento. Es decir, todo lo que hoy son los Estados centro-occidentales y por el sur, todos los llanos del norte del Apure y el Orinoco que eran su límite, hasta la confluencia del río Zuata” (5).

Aunado a lo anterior, algunas provincias como Barcelona que se separó de Cumaná (que incluía a Sucre Monagas y el Delta) presentaban disputas de territorio en medio de esa división. Con todo esto tuvo que lidiar el Congreso de 1811, además del comienzo de la guerra por la Independencia.

El país pasó por la guerra y se asentaron las regiones. Pero nunca se cumplió la promesa federal de desarrollo territorial. Se generaron los caciques regionales y el país se dividió, quedando esa ilusión de federación, profundizada por pleitos de caudillos regionales, muchos de ellos jefes independentistas, que llevaron luego al país a una nueva guerra, esta vez Federal. Muy posteriormente Juan Vicente Gomez pone orden y reunifica al país acabando con esos caudillos regionales, centralizando de una vez por todas el desorden histórico. Por eso es que muchos autores como Olavarría indicaban que la federación en Venezuela ha sido un fetiche ilusorio que hemos reclamado, y que ha provocado muchos muertos en nuestra historia republicana.

Visto esto, ¿sobre qué bases podríamos nosotros pretender darle peso político a las regiones sin que se abra una vez más la Caja de Pandora del caudillismo y la violencia?

En primer lugar, mucha de la convicción sobre la cual se fundamentó el federalismo de 1811 estaba muy adelantada a su tiempo. Nadie podía decir que eso funcionara con tan poca experiencia que demostrar. Incluso el mismo Bolívar decía en el Manifiesto de Cartagena de 1812, que el federalismo era un “sistema improbado como débil e ineficaz desde entonces por todo el mundo sensato…”. En un mundo sin comunicaciones, en territorios sin arraigo y con disputas como los nuestros era previsible que una experiencia así fracasara EN ESE TIEMPO HISTÓRICO.

Pero no fracaso en la Norteamérica de ese tiempo. Tal vez por las razones que aduce Olavarría pero también porque la herencia inglesa de hacer las cosas con orden y meticulosidad no son solo de este tiempo. Aquellos que hemos trabajado con anglosajones sabemos de su rigurosidad en el cumplimiento de los acuerdos, con lo cual la negociación y posterior cumplimiento de un Pacto Federal para ellos no representaba mayor problema, más aun si las distancias eran enormes. Pero en el caso de Venezuela la cosa es diferente. Si hoy aquí hacer que alguien cumpla algo es difícil, imagínense en la Venezuela de 1811.

Mucho ha pasado en el mundo desde ese tiempo, incluso desde que Olavarría publicó su libro (1988). Un mundo completamente conectado y a los ojos de todos donde no existen las distancias federales de 1811. La experiencia descentralizadora en Venezuela fue exitosa a partir de 1989. Sin embargo fue chucuta porque nunca se le entregaron las debidas competencias a los Estados, ni siquiera en “los términos consagrados” en la Constitución de 1961. El país reclamaba y reclama un desarrollo regional que su dirigencia fue incapaz de comprender, limitando los recursos y el desarrollo de todo el territorio de acuerdo a esa vieja aspiración histórica.

El discurso Ambrosio Oropeza-uno de los redactores de la Constitución de 1961-, del 25 de junio de 1960 citado por Olavarría (6) en el sentido de que en Venezuela nunca “pudo hablarse de una verdadera federación por la razón muy simple de que no han existido en ningún tiempo verdaderos Estados o Provincias con autonomía originaria que en virtud de un Pacto o compromiso convienen en renunciar a determinadas prerrogativas o derechos en beneficio de un poder superior o nacional, realizándose en tal forma el supuesto federal, que es la coexistencia en un mismo ámbito territorial y humano de dos soberanías: la que se integra en el Estado o Gobierno Federal con jurisdicción en todo el territorio y sus habitantes por renuncia de una parte de sus facultades de los Estados Miembros y la que estos se reservan para ser ejercitada autonómicamente en un espacio más limitado y sobre las personas que lo habitan…”, es rigurosamente cierto. Nunca se llegó a dar tal Pacto Federal de regiones autónomas.

Al centralizarse Venezuela a principios del siglo pasado, se sacrifico la autonomía- económica y política- de las regiones, por la paz en beneficio de todos. Las Constituciones regionales fueron letra muerta. Y eso funcionó muy bien mientras a los venezolanos les crecían los pantalones, en educación, salud y madurez política. ¿Han leído ustedes la Constitución del Estado Miranda? (ver http://web.archive.org/web/20090920135412/http://www.miranda.gov.ve/archivos_pdf/Constitucion.pdf). Eso es lo que hay que modificar en los 24 Estados para que juntos firmen ese Pacto Federal que nunca se ha discutido ni mucho menos realizado como lo indicó Oropeza. Un nuevo proceso Constituyente debe corregir esa situación que lamentablemente no se ha logrado luego de 26 Constituciones. Y la última agravó la deuda. Ya es hora de saldar esa cuenta con la historia.

Contraponemos entonces el Federalismo del Siglo XXI, capitalista y avanzado desde nuestra fundación como Nación, al Socialismo del Siglo XXI comunista y atrasado, que no tiene nada que ver con nosotros e impuesto por extranjeros. Contraponemos el Proyecto País Venezuela Reconciliada para reconstruir a Venezuela, al Plan de la Patria que lo que ha hecho es destruirla. Creo que nuestros próceres de 1811 estuvieron muy adelantados a su tiempo al concebir para Venezuela esa estructura del Estado. Eso no significa que estuvieran equivocados en el qué sino en el cuándo. La segunda década de este nuevo siglo, puede ser, al igual que lo fue la tercera del siglo pasado, el comienzo de la modernidad para Venezuela.  

Caracas, 21 de Mayo de 2014

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(1)       “Dios y Federación”…el fetichismo federal en el pasado, presente y futuro de Venezuela. Jorge Olavarría, Pag. 15,  Ed. Arte, ISBN 980-300-090-X,  Marzo 1988, Caracas-Venezuela

(2)       Ibid pag. 66

(3)       Ibid pag. 30-31

(4)       Ibid pag. 28

(5)       Ibid pag. 20

(6)       Ibid pag. 13