sábado, 1 de septiembre de 2018

¿En dónde está el debate?

Por Luis Manuel Aguana

 “Lamentablemente cuando todos deberíamos estar trabajando juntos por la unidad para el cambio político de verdad hay muchos especialistas en crear falsas expectativas que han sumado muchas frustraciones en el pueblo de Venezuela. Hay incluso, varios candidatos a ser presidentes en el exilio designados por ese Tribunal. Hay una lucha feroz por quien va a administrar las cosas….Y si luchamos porque tenga vigencia en Venezuela el Estado de Derecho, no podemos promover llegar al Poder violándolo, porque no queremos cambiar, o no debemos cambiar un poder autocrático y dictatorial como el actual por otro al servicio de algunos intereses. Hay algunos que se ufanan en el exterior de ser financistas y que controlan a los Magistrados que nosotros designamos y los ponen al servicio de intereses muy particulares. Pues nosotros no estamos al servicio de esos intereses…” (ver Asamblea Nacional sesiona en rechazo a las medidas económicas, intervención del Diputado Omar Barboza, Presidente de la Asamblea Nacional, cierre de las intervenciones, 21 de agosto de 2018, en https://youtu.be/GsTrD9xDZkI, min 1:14:35)

La controversia que hizo pública -sin que nadie se lo preguntara- el Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, en su alocución de cierre de la sesión de los Diputados del 21 de agosto de 2018, entre la Asamblea Nacional y el TSJ legitimo en el exilio, por la designación de un Gobierno de Transición que comience a poner fin a la tragedia que viven los venezolanos, me hizo recordar una máxima de mercadeo que es muy conocida desde hace mucho tiempo en las escuelas de negocios alrededor del mundo, cuando se trata de ubicar la estrategia de sus empresas cuando pierden la brújula: ¿En qué negocio está usted?

Efectivamente, cuando los especialistas dicen que McDonald’s no está en el negocio de las hamburguesas, sino en el de la comida rápida, o Ford no está en el negocio de los automóviles sino en el del transporte, se empieza a entender un poco a lo que me estoy refiriendo. Barboza nos está diciendo que la Asamblea Nacional está en “el negocio” de poner gobiernos, y nosotros, por el contrario, estamos diciendo que la Asamblea Nacional y el resto de los Poderes Públicos están en “el negocio” de darles solución a los problemas de quienes los eligieron. Entonces todo está en dilucidar quienes están comprendiendo mejor su rol en toda esta tragedia.

Si bien es cierto la Asamblea Nacional tiene constitucionalmente la responsabilidad de llenar de forma inmediata el vacío de poder ocasionado por la sentencia condenatoria de Nicolás Maduro Moros, no menos cierto es que al no ejercerlo con la oportunidad debida, nos está causando un daño a los venezolanos. Esto traería como consecuencia que exijamos que la Asamblea Nacional cumpla ese mandato de forma inmediata por porque es su responsabilidad; o que el TSJ legitimo lo asuma por solicitud de los interesados por la vía jurisdiccional. Esto es, los venezolanos les ponemos un juicio a esos irresponsables que le dan largas a un problema que requiere de atención inmediata.

Algunos hemos cerrado filas alrededor de los Magistrados que se constituyeron como Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, quienes fueron objeto de una descomunal persecución política por parte del régimen, y para colmo están siendo maltratados por quienes deben ser sus principales protectores, los Diputados de la Asamblea Nacional. Las palabras de Barboza reseñadas al comienzo de esta nota así lo corroboran. Los llama vendidos y negociadores de un posible gobierno en el exilio, centrando la discusión en que están socavando la legitimidad de la Asamblea Nacional para designar ese gobierno, afirmando directamente que los Magistrados están “al servicio de intereses particulares”.

En otras palabras centra el debate en el quien nombra ese gobierno cuando lo verdaderamente importante ES QUE SE NOMBRE ESE GOBIERNO INMEDIATAMENTE. Si ellos estuvieran interesados ya lo hubieran hecho porque tienen la facultad constitucional para hacerlo, y que nadie les está discutiendo, más aun al declararse la falta absoluta por la condena del corrupto Nicolás Maduro Moros. Pero no lo han hecho por intereses que distan de ser los del pueblo de Venezuela. Entonces allí se pierde el debate que verdaderamente importa.

¿En dónde está el debate? ¿El debate está en si Capriles es o no es un corrupto por haber recibido un dinero de Odebrecht; o el debate está en las implicaciones políticas de una sentencia condenatoria de Nicolás Maduro Moros por corrupto? Alguien está muy interesado en que no se hable de la condena de Maduro sino que el debate principal se pierda y solo se hable que el TSJ legitimo “mencionó a Capriles” en unos documentos que no fueron generados ni por el TSJ legitimo, ni por la Fiscal General de la República, sino por las pruebas que enviaron en paquete cerrado desde Brasil, indicando que Maduro había solicitado 50 millones de dólares y solo le entregaron 35 para la campaña donde fue “electo”, y en donde se encuentran mencionados un grupo de personajes del régimen con Henrique Capriles, que al decir de Euzenando Acevedo, encargado de los negocios de Odebrecht en Venezuela, este último también recibió dinero para asegurar la presencia de su empresa en Venezuela después de las elecciones, porque fue Capriles, y no otro, el principal contendor de Maduro en esas elecciones.

No se podía mencionar otro opositor porque el único que compitió en esa campaña con opción de triunfo fue Henrique Capriles en ese caso de corrupción de Maduro, y eso hay que investigarlo. El TSJ no se pronuncia en esa sentencia por la inocencia o culpabilidad de ninguno de los mencionados allí, sino solamente por la culpabilidad de Nicolás Maduro Moros. Entonces, ¿cuál es el escándalo de Henrique Capriles y sus defensores? La única respuesta posible: desarticular la sentencia de culpabilidad de Nicolás Maduro Moros y el reflotamiento de la imagen de un muerto político.

Ahora bien, hay que recetar “Ubicatex” al Presidente de la Asamblea Nacional. ¿El debate está en que sea el TSJ legítimo o la Asamblea Nacional quien designe el gobierno de transición? ¿O el debate está en sustituir a Nicolás Maduro por una sentencia firme de corrupción, para resolver inmediatamente los gravísimos problemas que sufrimos los venezolanos?

El Presidente de la Asamblea Nacional despotrica del Secretario General de la OEA en esa sesión de la Asamblea Nacional para confundir a los venezolanos diciendo que Almagro “fue utilizado” por factores que pretenden desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional para designar un gobierno. Pero, Luis Almagro lo que hizo fue defender la legitimidad de las decisiones del TSJ legitimo, (cosa que al final terminaron admitiendo los diputados) y que de no hacerlo la Asamblea Nacional se haría cómplice del régimen. Esa verdad le molestó muchísimo a quienes ya tenían el paredón listo para fusilar al TSJ legítimo en la Asamblea Nacional.

Gracias al Secretario General de la OEA los diputados no desmantelaron al TSJ legítimo, que era lo que pretendían hacer, si nos atenemos a esas tenebrosas palabras de su Presidente. Esa torpeza le hubiera ahorrado al régimen la sentencia condenatoria de Nicolás Maduro Moros, y hubiese desplomado el argumento de vacío de poder invocado por el TSJ legítimo para el nombramiento de un nuevo gobierno, porque la preocupación de los diputados no era resolvernos la crisis, sino quien se haría cargo del próximo gobierno de transición. Pero al desviar el debate, el problema queda sin tratamiento, como efectivamente pasó, dejándole a la Asamblea Nacional el camino abierto para resolver ese “enojoso asunto” del gobierno de transición para abordarlo cuando a ellos les de la gana. Pero lamentablemente las cosas en Venezuela no están pasando a la velocidad que desean los ciudadanos Diputados que encabeza Omar Barboza.

El regreso a clases y a las actividades generales que comienzan después de agosto le subirá inusitadamente la temperatura a la protesta social, haciendo indispensable que se tomen medidas urgentes en relación a la situación venezolana. Solo un Gobierno de Emergencia Nacional en el exilio podría hacerlo con el auxilio de la comunidad internacional. El sentido de urgencia de la dirigencia política opositora dista mucho de ser el de la población venezolana. Pareciera que no se montan en el Metro ni en carritos por puesto, o no compran pan, o no les cortan la luz, o no van a los supermercados donde ya el nuevo salario está multiplicando exponencialmente los precios para dejar muy atrás ese nuevo salario mínimo. Si creen que no decidiendo el problema se acaba, la situación misma decidirá por ellos.

Caracas, 1 de Septiembre de 2018

Twitter:@laguana

jueves, 30 de agosto de 2018

El carnet de una patria secuestrada

Por Luis Manuel Aguana

En el momento de la efervescencia de los movimientos de calle del 2014 escribí una nota que titulé “País Secuestrado” (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2014/04/pais-secuestrado.html). Recibí algunas invitaciones de medios de comunicación de radio y televisión para explicar esa nota, en la que comparaba a Venezuela con una vivienda secuestrada por una banda de delincuentes y se presenta una situación de rehenes. Cada personaje en esa trama tenía un rol y un comportamiento: los secuestradores, la familia secuestrada, los policías afuera y los vecinos de la casa.

En aquel entonces, hace 4 años cuando di cuenta de este secuestro, decía que consideráramos que Venezuela era “la casa donde vivimos y un día dejamos entrar pacíficamente a unos individuos porque pensábamos que iban a ayudarnos a arreglar nuestra casa. Al pasar el tiempo los individuos se adueñaron de la casa y lo relegaron a usted y a su familia a un solo cuarto e instauraron reglas draconianas para comer, usar el baño y circular por la casa”. Pues bien, el secuestro no ha terminado y por el contrario se ha profundizado con herramientas sofisticadas para la dominación de los dueños de la casa.

Esas herramientas producto de la utilización impropia de la tecnología para el control de las personas, se ha sofisticado cada día que pasa, al no resolverse todavía el problema político del país. Los secuestradores poco a poco, y haciendo uso de la fuerza han obligado a punta de pistola a hacer que la gente haga lo que desean para mantenerse en el control de la situación, valiéndose de los instrumentos de vigilancia y control más sofisticados de la era tecnológica en la que vivimos, lo que les ayuda muchísimo a continuar en el poder. Es en ese contexto que debemos analizar el uso de una tarjeta que ha ido evolucionando hasta convertirse en eso que llaman “Carnet de la Patria”.

Comencé al dar cuenta de este fenómeno en el 2013 (ver Más allá del racionamiento electrónico, en
http://ticsddhh.blogspot.com/2013/06/mas-alla-del-racionamiento-electronico.html): "El gobierno al hacer un uso intensivo de estas herramientas para incidir en la vida de las personas sin el debido control ciudadano, como existe en otras partes del mundo-menos en Venezuela-, nos deja solo a nosotros, los técnicos, con alguna responsabilidad ética de no permitirlo, en la medida de nuestras posibilidades. Pero de permitirlo, los expertos se hacen cómplices. Ya hemos publicado de la inexistencia en Venezuela del Derecho de Autodeterminación Informativa y que es en cierta medida la causa por la cual los gobiernos pueden hacer uso indiscriminado de la información de los ciudadanos (ver Censo 2011 y el Derecho a la Autodeterminación Informativa en http://ticsddhh.blogspot.com/2011/08/censo-2011-en-venezuela-y-el-derecho-la.html)".

Sin embargo, la oposición no tomo debida cuenta de la advertencia.  El régimen continuó su labor de araña tejiendo una red que dura mucho en tejer envolviéndonos en ella a todos los venezolanos.  Los políticos deben entender que no se le pueden dar largas a este problema. Y eso es lo que están haciendo ahora los Diputados en la Asamblea Nacional al no tomar las decisiones que el país les reclama. Un minuto que pasa, un minuto en el que perdemos más de nuestros derechos. De allí que no se puede seguir esperando.

Al año siguiente 2014 volví sobre el tema (ver Control del Racionamiento o de la Insurrección,  en http://ticsddhh.blogspot.com/2014/03/control-del-racionamiento-o-de-la.html): "Como ya lo había señalado el año pasado, con un gobierno que ha demostrado hasta la saciedad ser criminal, retaliativo y practicante abierto del apartheid político, todos los venezolanos deberíamos estar muy preocupados porque se cruce esa base de datos de compras con la muy triste célebre Lista de Tascón y de la importancia de evitar que esto se desarrolle.¿Por qué el régimen anuncia esa tarjeta ahora? ¿Por qué se profundiza el esquema cubano en este preciso momento? Alguno pudiera decir que la crisis económica, de la que por cierto son ellos los responsables,  les obliga a racionar y controlar la venta de los productos de primera necesidad. Pero por la experiencia y los golpes recibidos desconfiamos que ese sea el único propósito de este sistema".

Y en efecto ese no fue su único propósito.  Ahora pretenden controlar quien puede cobrar su pensión que con todo derecho los trabajadores pagaron durante su vida laboral,  quien puede comprar gasolina, quien puede o no disponer de su dinero desde el exterior, y en el futuro quien puede o no puede hacer cualquier cosa en esta prisión en que se ha convertido Venezuela.

Ante las innumerables reacciones preguntándose que hacer con esto, las respuestas no son fáciles.  El régimen va cercando los pocos espacios de libertad restantes y la gente está empezando a entender que aquí hay un régimen autoritario que pretende gobernar sobre lo más íntimo de su vida personal.  Algo que yo ya advertía al negarme a censar en el 2011 (ver Porque no les abriré mi puerta, en http://ticsddhh.blogspot.com/2011/07/porque-no-abrire-mi-puerta.html), y en el 2013 al negarme a votar y colaborar a partir de ese año con un sistema electoral corrupto, hasta que retornara el Estado de Derecho y tengamos elecciones auténticas en Venezuela (ver Porque no les daré mi voto, en http://ticsddhh.blogspot.com/2013/11/porque-no-les-dare-mi-voto.html).

En esas ocasiones, tome una decisión personalísima, sin recomendarle a nadie que hacer. Cada venezolano debe tener una posición clara en relación a cómo proceder frente a lo que el régimen hace y actuar en consecuencia.  Mi posición ha sido y seguirá siendo la misma: Resistencia Civil frente a estos delincuentes.

Debemos tomar decisiones basándonos en el hecho que estamos secuestrados, y en situación de resistencia a los secuestradores, a la espera de una ayuda que debería aparecer pronto y de alguna forma. Es posible que la policía afuera decida entrar o no, pero mientras tanto, no cooperaré como rehén con los delincuentes que irrumpieron en mi casa, ni me echaran de ella porque es mi herencia de más de 200 años.

Es también posible que impidan que cobre una pensión que yo pagué y a la que tengo derecho, así sea poco.  Pero al igual que en una situación de rehenes nadie pensó que ocurriría, pero ocurrió; y todo el que coopere no ayuda a que termine el secuestro. Y si eso ocasiona que no cobre mi pensión, porque no suscriba ese "carnet" que viola mis derechos, eso lo consideraré la agresión que reciben los rehenes que no cooperan con los secuestradores, y contra los que seguiré luchando con lo único que manejo: ideas y convicciones. Eso si será imposible que me lo arrebaten.

Caracas, 30 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana

lunes, 27 de agosto de 2018

Ni un minuto más

Por Luis Manuel Aguana

A una semana del Acuerdo realizado en la Asamblea Nacional en relación a la sentencia realizada por el TSJ legitimo condenando a Nicolás Maduro Moros a 18 años y 3 meses de prisión, los venezolanos nos quedamos esperando que pasara algo, y paso lo que algunos esperábamos: NADA. La Asamblea Nacional muy hábilmente ratifico la decisión de enero del año pasado relativa al famoso “abandono del cargo” de Nicolás Maduro, Acuerdo sobre el que nunca iniciaron los  procedimientos correspondientes.

Emplazaron a los organismos de seguridad a cumplir con los Acuerdos de la Asamblea Nacional, reiteraron que está roto el orden constitucional, confirmaron que existe un vacío de poder en Venezuela, e instaron a iniciar una consulta con “todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo ordenan los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tal y como fuera reiterado en la consulta popular del 16 de julio de 2017.” (ver Acuerdo del 21 de Agosto de 2018, Ratificación de la decisión de la AN de declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros sobre su responsabilidad penal por hechos de corrupción, en http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-la-decision-de-la-asamblea-nacional-de-declarar-el-abandono-del-cargo-de-nicolas-maduro-moros-y-sobre-su-responsabilidad-penal-por-hechos-de-corrupcion-vinculados-a-la-empre).

Quedaron bien con todo el mundo, y de manera gatopardiana cambiaron los argumentos de antes pero para que todo quedara igual que el 9 de enero de 2017: congelado. La diferencia radica en que la situación política del país del 9 de enero de 2017 era muy diferente a la del 21 de  agosto de 2018, fecha del último Acuerdo. ¿Qué esperanza podemos tener los venezolanos que pase algo distinto, con un nuevo Acuerdo ratificatorio del que se hizo el 9 de enero de 2017, si hasta ahora no ha pasado nada con el Acuerdo de esa fecha? ¿Será que nos vieron cara de estúpidos?

¿Podía la Asamblea Nacional ratificar el “abandono del cargo” de Nicolás Maduro al 21 de agosto de 2018, cuando se había producido una elección presidencial inconstitucional en fecha anterior, el 20 de Mayo de 2018, que invalidaba completamente cualquier acto que realizara Maduro al juramentarse ante un ente ilegítimo? ¿Podía ignorarse que se habían convocado inconstitucionalmente unas elecciones a través de una ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, que no existía en enero de 2017?

El año pasado la Asamblea Nacional pudo perfectamente convocar al entonces Vicepresidente de la Republica Tarek El Aissami a que asumiera el cargo como Presidente o decidir acerca de su doble nacionalidad, como consecuencia del Acuerdo de Abandono del Cargo, para que este llamara a elecciones en los siguientes 30 días consecutivos, porque para esa fecha se estaba en los primeros 4 años del mandato constitucional, tal y como reza el Artículo 233 constitucional. Si el Vicepresidente lo ignoraba, la Asamblea debía tomar las decisiones a las que hubiera lugar para subsanar el vacío correspondiente. Ese era el procedimiento a seguir y deliberadamente lo ignoraron para perjuicio de los venezolanos.

El Acuerdo de la Asamblea Nacional del 21 de Agosto de 2018 pretende dejar en el limbo la designación de un Gobierno en sustitución del actual, con el peregrino argumento de la “imposibilidad” de poder llevar a cabo esa designación al detentar el régimen el poder de facto. Nada más lejano a la realidad. Independientemente que su designación no llevara un nuevo Presidente a Miraflores, era obligación constitucional de la Asamblea Nacional designarlo, de acuerdo a la Sentencia del 2 de julio de 2018 del TSJ legítimo:
                        
“SEGUNDO: Se impone a este Tribunal en cumplimiento del mandato supremo de asegurar la integridad de la constitución y el orden en ella establecido (artículo 334 del texto magno) poner fin al desorden institucional que reina actualmente en el Estado, el cual, en caso de extenderse, pudiera atentar contra las bases fundacionales de nuestra República; por lo que, LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por aplicación extensiva en la línea de suceder en el cargo de Presidente de la República, en virtud de la evidente falta absoluta que rodea actualmente la Presidencia de la República y la renuncia tácita en que incurrió el Vicepresidente Ejecutivo al optar por otro cargo público indebidamente asignado, QUE DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER APARTE DEL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUPRA MENCIONADO, PROCEDA A LLENAR EL VACIO CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales, previo nombramiento de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, depuración y actualización del Registro Electoral y Voto Manual, entre otras condiciones mínimas necesarias, ajustado en todo, a lo ordenado en la  sentencia de la Sala Electoral de este Máximo Tribunal de fecha 13/06/2018, Expediente SE-2018-001.” (ver Sentencia del TSJ-L declarando la Falta Absoluta en la Presidencia de Venezuela y decreta URGENCIA de llenar el vacío de poder conforme a la Constitución de la República, en el Twitter oficial del TSJ-L en https://twitter.com/TSJ_Legitimo/status/1014611587745886211) (subrayado nuestro).

Es sumamente importante el punto “hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales” de acuerdo “a lo ordenado en la sentencia de la Sala Electoral” de fecha 13 de junio de 2018: esto es básicamente el nombramiento de Rectores legítimos, Depuración del Registro Electoral, y Voto Manual.  Nada más lejano a la conveniencia del gobierno ni de su oposición.

Aun si ese gobierno nombrado resultara perseguido, su legitimidad seguiría siendo incuestionable. Es exactamente el mismo caso cuando la Asamblea Nacional designó a los Magistrados legítimos el año pasado. Fueron perseguidos, pero eso no impidió que fueran designados, en sustitución de los Magistrados “express”, nombrados ilegalmente por la pasada legislatura presidida por Diosdado Cabello, en diciembre de 2015, porque esa era la obligación de la Asamblea Nacional.

Igualmente los nuevos Magistrados no pudieron ni llegar a su sede porque el gobierno desató una cruel persecución y cárcel para ellos. Entonces ¿cuál es el juego ahora? ¿Por qué no designar un nuevo Gobierno? ¿Es porque sería igualmente perseguido por el régimen? ¡No me digan! Aunque pudieron tomar previsiones para eso, no tenían intenciones de hacerlo porque los más fuertes (AD y compañía) ya tienen compromisos con el régimen de llegar al proceso electoral con el gobierno para el próximo diciembre. El tema para estos partidos no es cambiar a Maduro sino convivir con él y dar el chance a todos para llegar a diciembre para una nueva fiesta electoral, mientras todos nos morimos de hambre tratando de comprar comida con una moneda que cada día vale menos que el anterior y los venezolanos huyen en masa del país. Eso es criminal.

El escenario ahora es diferente de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional declino la designación de un Gobierno, y aun mucho mas diferente que cuando el pueblo se lo volvió a solicitar en la Consulta Popular del 16 de julio de 2017. Ahora hay una sentencia condenatoria a Nicolás Maduro Moros por corrupción propia y legitimación de capitales, que amerita no solo la urgencia de cubrir ese vacío constitucional de cara a la Comunidad Internacional, sino la de resolver de manera inmediata una situación de gravedad extrema de la economía y una crisis humanitaria con implicaciones de éxodo masivo de la población. Ahora más que nunca se justifica un Gobierno que urgentemente asuma la responsabilidad de tomar las decisiones que comiencen a resolver, con auxilio del continente, la situación crítica que padecemos los venezolanos, así no despache desde Miraflores, sino fuera del país.

No dudo que saldrá alguno a decir que si no es desde Miraflores no se puede gobernar. Y yo les diría que el TSJ legítimo está produciendo sentencias de validez incuestionable, como la sentencia de Maduro, y no están en la sede de Tribunal Supremo de Justicia en la Avenida Baralt. Esa insistencia de la Asamblea Nacional de auto limitarse porque “no se puede gobernar desde Venezuela” deja indefenso de una manera criminal al pueblo al que dicen representar. Pues bien, cuando los órganos del Poder Público se niegan a reconocer las demandas de los ciudadanos, tenemos el derecho legítimo de defendernos y concurrir a los órganos jurisdiccionales para solicitar lo que se nos niega.

A partir del 21 de Agosto de 2018 la Asamblea Nacional y la mayoría de las fracciones políticas que la conducen, decidieron por razones de su conveniencia –y no la del pueblo al que representan- alargar indefinidamente un problema que requiere de una atención inmediata, desatendiendo el grito de urgencia del país. Los venezolanos no podemos esperar ni un minuto más para que comiencen a llegar las soluciones y parar la destrucción de Venezuela. Desde el  28 de junio de 2018, un grupo de ciudadanos entre los que me honra participar, concurrimos al TSJ legítimo para solicitar la urgente designación de un Gobierno de Emergencia Nacional (ver solicitud completa en https://tinyurl.com/y7x87ldb) para comenzar a darle solución a los problemas que los venezolanos padecemos. Los Tribunales no están para decidir por sí solos una situación política sino a requerimiento de los ciudadanos impartiendo justicia. Y esa es la que ahora esperamos del TSJ legítimo. Ahora ellos tienen la palabra.

Caracas, 27 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana