lunes, 14 de octubre de 2019

Algo más que una Integración Ciudadana

Por Luis Manuel Aguana

En un importante acto celebrado el viernes 11 de Octubre en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con la asistencia de un nutrido grupo de ciudadanos preocupados por el país, se realizó el lanzamiento oficial de la propuesta de la Consulta Popular Plebiscitaria en el marco de una nueva agrupación de la sociedad civil: Integración Ciudadana (ver https://twitter.com/integracionciu1/status/1182845095734849536).

Esta nueva agrupación nace acompañando la propuesta de una de sus principales organizaciones fundadoras, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, quien conjuntamente con el Grupo de Análisis Político, GAP y otras organizaciones de la sociedad civil acogieron favorablemente la idea fundamental de convocar la Soberanía Popular para que decida el futuro de Venezuela a través de un instrumento que la Constitución brinda a los ciudadanos por encima de los Poderes Constituidos del Estado: una Consulta Popular,

Sin embargo lo que nos convoca a los venezolanos, no es deshacernos solamente de un régimen usurpador y castrador de libertades, sino para REPARAR LA SOBERANIA POPULAR seriamente dañada en 20 años de desmontaje por una organización criminal internacional. La institucionalidad venezolana está destruida. No es posible la convocatoria a un proceso electoral nuevo en Venezuela sin haber reparado la institucionalidad como un todo. ¿Y a quién corresponde hacer eso? ¿Al Gobierno Encargado de Juan Guaidó? ¿A las Fuerzas Armadas, que ya están destruidas? ¿O peor aún, a algún país extranjero? No. A nosotros, a todos y cada uno de los venezolanos.

La intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, Coordinador de Desarrollo Ciudadano de ANCO, lo describe a cabalidad: “Como ciudadanos, identificamos que la mayor usurpación que se ha cometido en Venezuela ha sido contra la soberanía popular, manifestada en: el no acatamiento del resultado electoral del pasado 6 de diciembre de 2015; la suspensión de la tramitación del referendo revocatorio en el año 2016; la autorización por parte del Tribunal Supremo de Justicia del proceso constituyente sin convocatoria popular, y sin la posibilidad de convocarse el referendo consultivo constitucional; la inobservancia de los resultados vinculantes de la Consulta Popular realizada el 16 de julio de 2017; la celebración de procesos electorales, entre ellos, el presidencial, sin las garantías establecidas en el artículo 298 constitucional, durante los años 2017 y 2018”. Esta lesión debe ser reparada. Es de demócratas y de las democracias hacerlo. Entonces, si registramos la magnitud del antagonismo y de la desinstitucionalización imperante, podemos entender nuestra obligación de producir el restablecimiento de los derechos del pueblo venezolano a través de la aprobación de un proceso cívico-democrático afincado en la soberanía popular, con reglas claras y compartidas, cuyos resultados sean aceptados incuestionablemente por la base social, los principales actores institucionales del país y la comunidad internacional, utilizando para ello cualesquiera de los medios de participación y protagonismo del pueblo enunciados en la Constitución, y abordando las materias y casos que vulneran la dignidad de las personas, la justicia y la vigencia de los derechos humanos”. (ver intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, en http://vitolopez.blogspot.com/2019/10/hay-que-estrablecer-la-constitucion-y.html).

¿Y en base a qué? Como bien indicó Urrieta Figueredo en su intervención, la Constitución vigente establece claramente una responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad Civil en los “Principios de Seguridad de la Nación”:

Artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil para dar cumplimento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

Si el Estado dejo de cumplir su responsabilidad como consecuencia de un secuestro criminal, nosotros no podemos evadirla. Eso es como la corresponsabilidad de los padres en el cuido de los hijos en un matrimonio: si uno falla o muere, el otro la asume.

Y esta corresponsabilidad no es nueva. En el trabajo de mi padre para optar el Doctorado en Derecho en la Universidad de Carabobo, datado en los años 60’s (ver Raúl Aguana Figuera, Consideraciones sobre el Derecho Militar Venezolano, en https://tinyurl.com/y4kw78s2), el Dr. Aguana establecía que la concepción ampliada de la Defensa Nacional incluía a todos los venezolanos, no solo a los militares: “…La continuidad del Estado en el orden del tiempo y del espacio descansa en la defensa de su existencia, protegiéndose de los agentes de descomposición que de manera constante inciden sobre el mismo, poniendo en peligro la comunidad organizada en Estado en cuanto a su seguridad interna y a su seguridad externa. Defensa nacional corresponde a todos los miembros de esa comunidad, esto es, a toda la ciudadanía compete, al igual que a los órganos públicos, la realización de los llamados grandes objetivos de carácter permanente de la defensa, que abarcan los campos políticos, económicos, social, militar, la promoción del bienestar ciudadano y de la sociedad en general, la supervivencia de nuestra cultura y los objetivos estratégicos. (resaltado nuestro)

Y de acuerdo a esa conceptualización todos estamos involucrados en el problema de defender la Nación, no solo los militares. La Constitución de 1999 les asigna a ellos responsabilidades muy claras en su Artículo 328, y a la Sociedad Civil en el Artículo 326. Estamos ante una amenaza cierta a nuestra Seguridad Nacional y los militares, quienes deben ser los llamados a defenderla han sido neutralizados, y su cúpula se ha aliado a una organización criminal con vínculos extranjeros, dejando a la población desprotegida.

Nos toca entonces a los venezolanos una clara responsabilidad en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, por lo demás ya establecida como un deber en el Artículo 333. Integración Ciudadana es algo más que un grupo de organizaciones y ciudadanos comprometidos para darle cumplimento a lo que es un deber de todo venezolano. Es el primer paso de una ciudadanía que se ha dado perfecta cuenta de esta responsabilidad y está actuando en consecuencia, haciendo una propuesta diáfana a los venezolanos. Sumemos todos a ese esfuerzo para rescatar a Venezuela.

Caracas, 14 de Octubre de 2019

Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana

martes, 8 de octubre de 2019

Malla de seguridad institucional

Por Luis Manuel Aguana

Muchos de ustedes conocen para qué se utiliza en los circos la malla para los trapecistas. Todo aquel que haya visto el espectáculo sobre los trapecios sabe de qué se trata. Es una medida de seguridad para que los trapecistas que realizan esos actos extraordinarios donde se combinan la precisión del movimiento y la destreza física de los ejecutantes, puedan realizar sus actos sin arriesgar su vida. Si algo sale mal, la malla siembre estará abajo para atajarlos en caso de una caída de muchos metros. Al estar la malla todos disfrutamos las proezas del espectáculo. Sin embargo cuando la malla se retira, el espectáculo cambia. Ya los espectadores no están allí para ver lo bien que lo hacen los trapecistas y disfrutar de un buen espectáculo, sino para contemplar a alguien arriesgando su vida. La malla cambia la perspectiva del espectador.

Alguien podría decirme que no es así. Que quitar la malla de protección le pone emoción al espectáculo. Y sería verdad. Los seres humanos son así desde tiempos inmemoriales como aquel en el cual los romanos echaban a los cristianos a los leones en el Coliseo de Roma. A la gente le gusta llevar las cosas al límite. Gracias a Dios la humanidad avanzó y se crearon las instituciones que funcionan como esas mallas de seguridad, para impedir que la gente se mate. En otras palabras, para establecer un límite de funcionamiento de la sociedad al margen de los deseos personales de la gente. Esa malla hace objetivo el comportamiento de las personas y establece el orden institucional.

Pero ¿qué pasa cuando no está la malla? No existen barreras y solo queda lo primitivo, la fascinación de contemplar el espectáculo donde alguien vivirá o morirá, sin percibir en realidad el verdadero fondo de la ejecución, como en el ejemplo del trapecista, porque al quitar la malla la gente olvida que es esto último lo que en realidad se persigue. Con la malla se espera que todo funcione bien y con tranquilidad, porque hay un mecanismo seguro por si algo no sale como se esperaba.

Cuando intentamos explicar que una Consulta Popular Plebiscitaria es esa malla de seguridad institucional que tendríamos los venezolanos al convocar la Soberanía Popular, la gente percibe que le estamos poniendo un “requisito” “una etapa más” a la opción de la fuerza que al parecer se ha decretado como la solución del problema venezolano, cuando en realidad lo que estamos proponiendo es que en el acto de trapecistas donde se está ejecutando el espectáculo de nuestra tragedia, se tenga la seguridad necesaria para que esa opción de fuerza tenga el respaldo formal del pueblo de Venezuela, si es que a eso tenemos que llegar.

Ni Juan Guaidó, ni la Asamblea Nacional, ni nadie, pueden comprometer a Venezuela para entregar nuestro futuro al castrocomunismo, y menos aún existiendo en nuestra Constitución los mecanismos para ejercer de manera directa nuestra Soberanía. De allí a que exijamos una Consulta Popular establecida en el Artículo 70 Constitucional, completamente arbitrada por la Sociedad Civil con la ayuda de los organismos internacionales, para que sea el pueblo quien decida. Este principio se denomina internacionalmente AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS.

Cuando los Diputados de la Asamblea Nacional decidieron por nosotros el 1ro de Octubre cambiar la ruta que se estableció el 23 de Enero, y se reafirmó con la Ley del Estatuto para la Transición del 5 de Febrero, cambio completamente el juego político en Venezuela, y lo peor es que eso ha pasado por debajo de la mesa como un hecho intrascendente. Y eso es precisamente lo que quieren las partes que negociaron en Oslo-Barbados.

Lo que sigue ahora es el nombramiento de un CNE arreglado entre el régimen y su oposición oficial para una convocatoria a elecciones, sin haber eliminado de Venezuela el cáncer del castro-chavismo-madurismo. El Plebiscito que se propone es precisamente para eso: que el pueblo decida la cesación en el poder de ese cáncer. Asimismo, el plebiscito propuesto ordenaría la constitución de un gobierno de transición y unas elecciones libres después de haber fumigado al CNE y reestructurado todo el sistema electoral. ¿Cómo se puede esperar que ocurra una intervención extranjera sin tener eso arreglado antes? ¿Es que eso lo hará la fuerza internacional por nosotros? ¿O será “como vaya viniendo vamos viendo” como nos hemos acostumbrado los venezolanos? Como le respondí a una estimada amiga que me planteaba esa inquietud: pedir una intervención sin la autorización del pueblo es dejar que el que está armado decida por nosotros. Y el que decide dispone. Es lo que ha pasado en el mundo en todos los momentos de la historia en que esa decisión la han  tomado los que tienen los fusiles. Yo también quiero salir de esto pero manejando los eventos que se desatarán, especialmente cuando los fusiles no los tienes tú. Miren solo la Europa después de la II Guerra Mundial y cómo y quiénes se repartieron el mundo.

Es claro que una consulta en estos términos no sería permitida por el régimen. Es por eso que DEBE SER IMPUESTA DESDE AFUERA, por ejemplo, como parte del abanico de soluciones que se están discutiendo en el seno del Órgano de Consulta del TIAR de la OEA, recientemente convocado, so pena de continuar estrangulándolos, y con la garantía de que se aplicaría la fuerza externa en caso del desconocimiento del mandato que emane de esa Consulta. Esa fue nuestra propuesta en la Carta Pública dirigida a nuestro Embajador en la OEA porque consideramos ese escenario completamente pertinente (ver Carta Pública a Gustavo Tarre Briceño, en http://ancoficial.blogspot.com/2019/10/comunicado-anco-carta-publica-al.html).

Es por eso que la misma Consulta deberá establecer la autorización del Soberano para que los países que decidan hacer cumplir el mandato del pueblo lo hagan con la plena autorización de los venezolanos. Ni siquiera el Consejo de Seguridad de la ONU, con los votos en contra de China y Rusia, podría con eso. No se puede ver esta consulta de otra manera sino como un mecanismo idóneo para llegar constitucionalmente al desalojo del poder del régimen castro-chavista-madurista -no solo de Maduro- por la vía de una decisión soberana del pueblo.

Es por eso que no podemos quitarle la malla de seguridad institucional a la única manera que existe para remover al cartel criminal transnacional que se ha apoderado de Venezuela. La solución que los venezolanos necesitamos viene de afuera, pero no por eso significa que esta es tierra de nadie donde los venezolanos nos quedemos en la cola de las decisiones que otros tomen. Debemos proteger con ella lo único que le queda a los venezolanos después del arrase que han hecho con nosotros: la dignidad y el derecho de decidir nuestro destino.

Caracas, 8 de Octubre de 2019

Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana