domingo, 20 de octubre de 2019

Un arma ciudadana

Por Luis Manuel Aguana

Una de las preguntas y observaciones más recurrentes del publico en la entrevista realizada por José Domingo Blanco, Mingo, en su programa de RCR750 del 15 de Octubre (ver RCR750 – Por todos los medios, martes 15/10/2019, en https://youtu.be/VgYy07LB3_Y) a la Dra. Blanca Rosa Mármol de León y al Ing. Enrique Colmenares Finol, principales Directivos de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, refirieron al hecho que la propuesta que hacemos es ingenua o peor aun irrealizable. Porque, ¿de dónde salen estos ingenuos (por no decirnos idiotas) para proponernos una consulta en el medio de la más feroz tiranía, que ha provocado el éxodo más grande del continente, una consulta a un pueblo muerto de hambre, muriendo por enfermedades? ¿Como la van a hacer? ¡Están locos! Y oyendo a la Dra. Mármol y al Ing. Colmenares con solo breves minutos para responder, creo que llegue a comerme las uñas hasta los codos.

Y lamentablemente esa es la primera impresión. Y como todos sabemos, las primeras impresiones matan. Y esa primera impresión realmente puede matar este retoño que está naciendo como una posibilidad verdadera para la recuperación de la libertad en Venezuela.

Y es que la explicación no es fácil y lo primero que recuerda la gente son las malas experiencias donde los políticos destruyeron con los pies lo que en la sociedad civil construimos con las manos el 16 de Julio de 2017, donde lo primero que hicieron fue decir que nuestra consulta no era vinculante, cuando esa expresión popular está perfectamente contemplada en el Artículo 5 de la Constitución de 1999 como una manifestación de ejercicio directo de la Soberanía Popular. Con esa consulta pudieron remover a Maduro del ejercicio del poder, contando con ese mandato de los votos de los ciudadanos, decidiendo a continuación un Gobierno de Transición, con todo el respaldo de la Comunidad Internacional, manifestado ese mismo día.

En otras palabras lo que sucedió con Juan Guaidó el 23E sin los votos de los venezolanos, se pudo hacer el 16 de julio de 2017 con respaldo de esa consulta popular, con ahorro de mucho sufrimiento de este pueblo en estos últimos dos años. Pero la oposición oficial vendió a su mama por un par de chancletas. En lugar de hacer eso y restearse trancando el domino de una partida ganada, se transaron por unas elecciones de Gobernadores y Alcaldes (Elecciones Regionales el 15 de Octubre de 2017), negociando así la voluntad popular.

Entonces, ¿fue la Consulta Popular la culpable de que quienes debían cobrar lo que el pueblo ordenó, no lo hicieran el 16J? La consulta fue el medio, el instrumento para poner al régimen en el cadalso, pero no hubo la altura política necesaria en la conducción de la oposición oficial para terminar de cerrar la soga alrededor del cuello de los delincuentes del régimen y terminar de ahorcarlos. Quienes nos aducen que "otra consulta no es necesaria" son instrumentos ciegos de quienes no quieren ser puestos de nuevo en esa situación y ahorcados por la voluntad del pueblo.

Pero esa es solo una parte de la historia. Vamos al presente. Nosotros si sabemos que una Consulta Popular pone al régimen en el cadalso de la historia de Venezuela, pero también sabemos que el régimen se ha encargado de destruir al país a tal extremo que permitir lo que pasó el 16J resulta una ilusión. Para ellos eso no puede volver a pasar. Eso pudo suceder porque la oposición oficial negocio la consulta antes del 16J con el pueblo encendido en las calles, con la contraprestación de ir a unas elecciones regionales en Octubre de 2017, solo que el régimen se encontró con un contundente rechazo en votos capaz de removerlo en esa consulta, y la falta de una oposición oficial con la grandeza política necesaria hizo el resto.

Hasta este punto hemos puesto en claro que no es una consulta al soberano en sí misma el problema. Y ahora, en este preciso momento, el problema se centra en dos cosas: 1) que el mandato del Depositario de la Soberanía se exprese, y 2) que se cumpla.

¿Cómo lograría expresarse el pueblo soberano en el medio de una tiranía? Ese sería el primer paso. La respuesta es que debemos primero construir una Consulta Popular, que sabemos que es un instrumento para el ejercicio directo de la Soberanía Popular, y convertirla un arma ciudadana. Los venezolanos estamos en este momento inhabilitados para disparar esa arma ciudadana. Pero podemos construirla. Somos nosotros, nadie más, quienes podemos hacerlo porque solo los venezolanos conocemos que es lo que se puede aplicar en Venezuela. Ningún país puede hacerlo por nosotros. Y eso es lo que hemos hecho en ANCO, construir un arma ciudadana. Pero ¿cómo y quién la dispara?

Hemos llegado a la conclusión lógica que esa arma ciudadana debe apuntarse al régimen desde afuera del país y obligarlo a someterse al juicio de los venezolanos. No creemos que eso sea descabellado si desde afuera nos acompañan todos los países que dieron respaldo al gobierno del Presidente Encargado. Pero contarse en los términos que están definidos en el dispositivo diseñado, y que muy bien explicaron la Dra. Mármol y el Ing. Colmenares en el programa de Mingo. Toda la presión que se ejerza al régimen desde afuera por los países amigos sería con un único propósito, lograr que se exprese el pueblo, no en unas elecciones, sino en una Consulta Popular Plebiscitaria en los términos propuestos.

Deseamos describirles a los países amigos esos términos para que entiendan el alcance de lo que estamos proponiendo, en virtud de que cuando ellos hablan de “elecciones” para resolver el problema venezolano, lo que intentan expresar es que el pueblo se pronuncie de una manera pacífica, constitucional y electoral y eso no se puede hacer en Venezuela dado el estado de destrucción institucional de los poderes públicos del país –incluido el electoral- y hay que explicarles que eso solo se puede hacer recurriendo a la Soberanía Popular en su más pura expresión: que el pueblo se cuente a sí mismo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece, siendo este un instrumento mucho más válido que unas elecciones.

Una presión difusa sin objetivo preciso, simplemente para obligar que el régimen abandone el poder, como han venido haciendo los países amigos desde el exterior, lo que ha hecho es atornillarlo aun más, ocasionando un cambio en el comportamiento de los factores económicos en Venezuela. El éxodo continuo y masivo de venezolanos productivos ha producido una distorsión que ayuda a la permanencia de Maduro en el poder: el intercambio del ingreso por petróleo a ingreso por remesas, lo cual hace que la población se haya ido “acomodando” a su nueva condición de país mantenido, no ahora por el Estado por la vía de la renta petrolera, sino mantenido por sus propios familiares directos desde el exterior, lo que ha hecho es lograr que la situación de Venezuela entre en un círculo vicioso, que es aprovechado muy bien a favor de la continuidad de Maduro y sus ladrones en el poder, y también por aquellos sectores económicos que se han beneficiado históricamente de todos los gobiernos del pasado y del presente, que obligan a que la situación persista.

¿Cómo se detiene esta dinámica perversa? Que desde afuera se le imponga al régimen contarse dentro y fuera de Venezuela a través de una Consulta Popular constitucional, con la amenaza creíble de mayores sanciones, incluyendo una intervención militar de carácter humanitario. Los venezolanos no deseamos vivir mendigando la ayuda del mundo, pero de esta situación no podemos salir solos. El arma ciudadana que hemos diseñado solo puede ser impuesta y disparada, si es del caso, por la Comunidad Internacional. Y una vez realizada la Consulta, esto es, después que el régimen haya accedido a la presión sometida de las continuas medidas sancionatorias y amenazas creíbles, los venezolanos en esa Consulta estableceríamos la autorización al mundo para que ese mandato del pueblo soberano se cumpla en caso que el régimen lo ignore. En otras palabras la expresión del pueblo y su cumplimiento irían de la mano.

Necesitamos esa Consulta Popular Plebiscitaria, no solo como una expresión de la autodeterminación de nuestro pueblo de vivir en libertad sino para ordenar por parte del Depositario de la Soberanía lo que debe pasar en Venezuela después de la caída del régimen, brindándole respaldo popular a lo establecido en la Ley que rige la Transición del 5 de Febrero de la Asamblea Nacional. La Consulta Popular Plebiscitaria es un arma ciudadana diseñada no solo para ordenar la expulsión del régimen del poder sino para garantizar el respaldo del pueblo a esa decisión. Eso es lo que la Comunidad Internacional debe entender para ayudarnos a imponerla en el país y hacer que se cumpla. No es solo un sueño de ingenuos, sino una propuesta posible si todos los venezolanos la apoyamos y la hacemos conocer fuera y dentro del país.

Caracas, 20 de Octubre de 2019

Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana

lunes, 14 de octubre de 2019

Algo más que una Integración Ciudadana

Por Luis Manuel Aguana

En un importante acto celebrado el viernes 11 de Octubre en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con la asistencia de un nutrido grupo de ciudadanos preocupados por el país, se realizó el lanzamiento oficial de la propuesta de la Consulta Popular Plebiscitaria en el marco de una nueva agrupación de la sociedad civil: Integración Ciudadana (ver https://twitter.com/integracionciu1/status/1182845095734849536).

Esta nueva agrupación nace acompañando la propuesta de una de sus principales organizaciones fundadoras, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, quien conjuntamente con el Grupo de Análisis Político, GAP y otras organizaciones de la sociedad civil acogieron favorablemente la idea fundamental de convocar la Soberanía Popular para que decida el futuro de Venezuela a través de un instrumento que la Constitución brinda a los ciudadanos por encima de los Poderes Constituidos del Estado: una Consulta Popular,

Sin embargo lo que nos convoca a los venezolanos, no es deshacernos solamente de un régimen usurpador y castrador de libertades, sino para REPARAR LA SOBERANIA POPULAR seriamente dañada en 20 años de desmontaje por una organización criminal internacional. La institucionalidad venezolana está destruida. No es posible la convocatoria a un proceso electoral nuevo en Venezuela sin haber reparado la institucionalidad como un todo. ¿Y a quién corresponde hacer eso? ¿Al Gobierno Encargado de Juan Guaidó? ¿A las Fuerzas Armadas, que ya están destruidas? ¿O peor aún, a algún país extranjero? No. A nosotros, a todos y cada uno de los venezolanos.

La intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, Coordinador de Desarrollo Ciudadano de ANCO, lo describe a cabalidad: “Como ciudadanos, identificamos que la mayor usurpación que se ha cometido en Venezuela ha sido contra la soberanía popular, manifestada en: el no acatamiento del resultado electoral del pasado 6 de diciembre de 2015; la suspensión de la tramitación del referendo revocatorio en el año 2016; la autorización por parte del Tribunal Supremo de Justicia del proceso constituyente sin convocatoria popular, y sin la posibilidad de convocarse el referendo consultivo constitucional; la inobservancia de los resultados vinculantes de la Consulta Popular realizada el 16 de julio de 2017; la celebración de procesos electorales, entre ellos, el presidencial, sin las garantías establecidas en el artículo 298 constitucional, durante los años 2017 y 2018”. Esta lesión debe ser reparada. Es de demócratas y de las democracias hacerlo. Entonces, si registramos la magnitud del antagonismo y de la desinstitucionalización imperante, podemos entender nuestra obligación de producir el restablecimiento de los derechos del pueblo venezolano a través de la aprobación de un proceso cívico-democrático afincado en la soberanía popular, con reglas claras y compartidas, cuyos resultados sean aceptados incuestionablemente por la base social, los principales actores institucionales del país y la comunidad internacional, utilizando para ello cualesquiera de los medios de participación y protagonismo del pueblo enunciados en la Constitución, y abordando las materias y casos que vulneran la dignidad de las personas, la justicia y la vigencia de los derechos humanos”. (ver intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, en http://vitolopez.blogspot.com/2019/10/hay-que-estrablecer-la-constitucion-y.html).

¿Y en base a qué? Como bien indicó Urrieta Figueredo en su intervención, la Constitución vigente establece claramente una responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad Civil en los “Principios de Seguridad de la Nación”:

Artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil para dar cumplimento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

Si el Estado dejo de cumplir su responsabilidad como consecuencia de un secuestro criminal, nosotros no podemos evadirla. Eso es como la corresponsabilidad de los padres en el cuido de los hijos en un matrimonio: si uno falla o muere, el otro la asume.

Y esta corresponsabilidad no es nueva. En el trabajo de mi padre para optar el Doctorado en Derecho en la Universidad de Carabobo, datado en los años 60’s (ver Raúl Aguana Figuera, Consideraciones sobre el Derecho Militar Venezolano, en https://tinyurl.com/y4kw78s2), el Dr. Aguana establecía que la concepción ampliada de la Defensa Nacional incluía a todos los venezolanos, no solo a los militares: “…La continuidad del Estado en el orden del tiempo y del espacio descansa en la defensa de su existencia, protegiéndose de los agentes de descomposición que de manera constante inciden sobre el mismo, poniendo en peligro la comunidad organizada en Estado en cuanto a su seguridad interna y a su seguridad externa. Defensa nacional corresponde a todos los miembros de esa comunidad, esto es, a toda la ciudadanía compete, al igual que a los órganos públicos, la realización de los llamados grandes objetivos de carácter permanente de la defensa, que abarcan los campos políticos, económicos, social, militar, la promoción del bienestar ciudadano y de la sociedad en general, la supervivencia de nuestra cultura y los objetivos estratégicos. (resaltado nuestro)

Y de acuerdo a esa conceptualización todos estamos involucrados en el problema de defender la Nación, no solo los militares. La Constitución de 1999 les asigna a ellos responsabilidades muy claras en su Artículo 328, y a la Sociedad Civil en el Artículo 326. Estamos ante una amenaza cierta a nuestra Seguridad Nacional y los militares, quienes deben ser los llamados a defenderla han sido neutralizados, y su cúpula se ha aliado a una organización criminal con vínculos extranjeros, dejando a la población desprotegida.

Nos toca entonces a los venezolanos una clara responsabilidad en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, por lo demás ya establecida como un deber en el Artículo 333. Integración Ciudadana es algo más que un grupo de organizaciones y ciudadanos comprometidos para darle cumplimento a lo que es un deber de todo venezolano. Es el primer paso de una ciudadanía que se ha dado perfecta cuenta de esta responsabilidad y está actuando en consecuencia, haciendo una propuesta diáfana a los venezolanos. Sumemos todos a ese esfuerzo para rescatar a Venezuela.

Caracas, 14 de Octubre de 2019

Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana