Por Luis Manuel Aguana
¿En qué momento se separó la
política de los ciudadanos? O tal vez la pregunta debería ser, ¿en qué momento
la ciudadanía se distanció tanto de la política al punto que ésta dejo de ser,
literalmente hablando, la relación entre la ciudad y el hombre, como indicaba
Aristóteles? En la respuesta a esa pregunta posiblemente radique el porqué en
Venezuela no existan “ciudadanos” tal y como se les conoce en otras partes, a
las personas que ejercen unos derechos concebidos en términos políticos y se
subroguen a unos deberes para con la ciudad donde viven y el país en general.
La política en Venezuela es
concebida como una actividad conducida por los partidos políticos que
electoralmente buscan el Poder. No es percibida como una actividad del
ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su responsabilidad
cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su calidad de vida
y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen personas que viven juntas
en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como habitantes. Esa es la razón
fundamental por la cual la actividad política no se corresponde con una
actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en beneficio de la sociedad
en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los habitantes de las ciudades en
Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?
Una vez alcanzada la liberación
del territorio que ahora lleva el nombre de Bolivia, El Libertador, consciente
que el esfuerzo de la libertad era inútil sin educación, envió a su propio
maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla en esa nueva República.
Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo, al pasarle a Simón
Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que piensan muy
adelantados a su tiempo: no fue comprendido.
El Maestro Rodríguez sostenía una tesis,
a mi juicio muy avanzada tanto para su época como para la nuestra, según la
cual es una contradicción desear Repúblicas sin
republicanos. ¿Y cómo se resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De
la única manera que hay: formándolos en las escuelas para que las Republicas
que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se
pudieran sostener. De acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa
formación debía ser “la sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se
llamaría “ciudadanía”.
Decía el Maestro Rodríguez citado
por Arturo Uslar Pietri: “el que nada
sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En
las múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis
de Simón Rodríguez, “se trataba de
enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva
para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez”
en Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4,
https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4). De acuerdo a esa enseñanza, una primera aproximación
conceptual del ciudadano sería aquel que no puede ser engañado porque tiene una
educación, ni tampoco puede ser comprado porque tiene una base productiva que
lo impediría, basada en esa misma educación. Paradójicamente, si en el siglo
XIX un planteamiento como ese pudo haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos
porque todavía fracasa en pleno siglo XXI.
Debemos entonces crear el sustrato
necesario para que nazcan y se desarrollen aquellos que deben realmente hacer
la política: los ciudadanos. Si esto no es así, quienes terminarán haciéndola
serán los aventureros y los oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la
ciudad y el país, quienes buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio.
No en vano los resultados catastróficos que hemos tenido de las gestiones de
gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi
60 años desde 1958.
¿Se puede civilizar la política?
Esto es, ¿se puede hacer que quienes hagan la política sean los ciudadanos? Yo
creo que si es posible. A más de dos siglos de haber fracasado el Maestro
Rodríguez en su intento de crear ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer
Repúblicas sin republicanos. Salvo honrosas excepciones, quienes han ocupado
las principales posiciones en Venezuela han desestimado esa preocupación del
Libertador al enviar a su maestro a Bolivia.
Es imposible someter a un pueblo
culto consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores
altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos
humanos con altos grados de desarrollo social y económico.
Si la base de nuestro Pacto Social
fundamental, la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado
quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma
darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país,
conceptualmente estamos partiendo del modo equivocado. Eso nos condiciona en el
Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las
porciones que se repartan. Ese esquema condiciona y genera de por si la lucha por
el poder de quienes buscan repartir en su propio beneficio.
No se plantea en la Constitución
que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las
Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los
impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria
para resolver su diario vivir y su calidad de vida.
Al no ser eso así, queda en las
manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la
feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que
les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto
fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer
bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, generando corrupción y elites
corruptas.
El Municipio, unidad básica y
fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en
ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del
auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de
ese Pacto Social, desde hace varias Constituciones aún reparte la renta del
país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura
jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De
ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole
al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los
ciudadanos reciben la menor parte y solo gana quien reparte, que se queda con
el 80%.
En otras palabras, el Municipio,
el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su
trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el
reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o
mala administración de la parte más grande. Los impuestos nacionales como el
IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los
impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los
registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de
Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan,
quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena
o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre
en ningún lugar del mundo.
¿Puede ser ese un esquema viable?
¿Cómo pueden las personas consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en
las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede
tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de
entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no
está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin
criterio que deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.
Tenemos entonces ciudades repletas
de personas -habitantes- esperando que “alguien” resuelva que las calles están
rotas, que llegue el agua, que funcione el servicio eléctrico, que haya
trabajo, y pare usted de contar. Con las complejidades de hoy, los problemas se
han multiplicado exponencialmente y es imposible para pocas personas, aun
teniendo los recursos, poder administrarlos eficiente y oportunamente para las
grandes mayorías. Y cuando los recursos son escasos esa tarea es virtualmente
imposible.
Entonces debemos empezar por el
principio: volver al ciudadano. Plantearnos que un sistema que se base en que
alguien lejos del propio ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades
mejor que aquellos que habitan en sus propias comunidades, es un sistema que
debe ser sustituido por otro que efectivamente esté consustanciado con los
problemas de la gente. Pero que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder
político sino también los recursos y las responsabilidades, a fin de que las
comunidades puedan hacer contraloría y seguimiento cercano.
Para cambiar esa relación tóxica
que tenemos en la actualidad entre el Estado y la sociedad debemos discutir de
nuevo los términos de ese Pacto constitucional. No es el Estado el que debe
“darle” a los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben ejercer sus derechos
al asumir a conciencia su responsabilidad de conducir el Estado en todos sus
niveles. Y en ese Pacto establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.
En palabras más sencillas, los
ciudadanos no necesitan que la Constitución diga, por ejemplo, que los Estados
y Municipios tienen el derecho de recibir un Situado Constitucional de X
porcentaje de parte de un Estado benefactor, sino que diga que sus administradores
tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de cobrar los impuestos en
todos los órdenes que correspondan y la obligación de administrarlos y
ejecutarlos a favor de los ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y
que los ciudadanos de esas comunidades tienen el derecho y el deber de realizar
la contraloría ciudadana necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra.
La vieja máxima de no dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera
más antigua y elemental de crear responsabilidad ciudadana.
Y dadas esas atribuciones
constitucionales, entregarles asimismo la responsabilidad de velar por la
salud, seguridad, infraestructura, etc., que hasta ahora detenta el Estado
centralizadamente por construcción constitucional. Romper constitucionalmente
con la forma de Estado centralizada en los hechos, entregando a los Estados y
Municipios la autoridad y el derecho de administrar los recursos del país que
hasta este momento detenta un solo administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza
está el Presidente de la República.
El lugar por excelencia para
discutir ese nuevo estado de cosas y debatir un nuevo Pacto Social
constitucional, político y ciudadano se denomina Asamblea Nacional
Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo Pacto para las nuevas
generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel del ciudadano en la
política y a su vez por la redefinición del papel del Estado en esta nueva
ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e imponerlo como una nueva
forma de cultura ciudadana de concebir la política en el país, dejando a un
lado de una vez y para siempre, la separación y el enfrentamiento de la
política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al finalizar este sueño,
la política será la obra perfecta de los ciudadanos.
Caracas,
18 de Febrero de 2017
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
