martes, 8 de mayo de 2018

La disyuntiva de la Asamblea Nacional

Por Luis Manuel Aguana

“En consecuencia, este máximo Tribunal, EXHORTA a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (subrayado nuestro) (Decisión del TSJ legítimo ordena continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros, en

Este fue el exhorto que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado por el Parlamento, única institución de representación popular de Venezuela reconocida en todo el mundo, para que se procediera inmediatamente a la designación de un Gobierno de Transición en Venezuela de acuerdo con la Constitución. Léase bien, el TSJ legítimo fue muy claro a la Asamblea Nacional: “iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República”.

¿Ha iniciado la Asamblea Nacional algún procedimiento para la transición Constitucional de la Presidencia de la República? ¿Ha convocado la Asamblea Nacional al Vicepresidente de la República –al margen de que este tampoco cumple con los requisitos para el cargo de Presidente- para iniciar el proceso de transición del gobierno de Maduro a otro gobierno distinto y legítimo? ¿Han debatido los ciudadanos Diputados de la Asamblea Nacional qué hacer con el gobierno ante la falta simultánea del Presidente y del Vicepresidente no prevista en la Constitución?

La Directiva de la Asamblea Nacional en una sorpresiva comunicación al TSJ legítimo el 7 de Mayo de 2017, indicó que “la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada por esta Asamblea Nacional al decidir que Nicolás Maduro abandonó el cargo de Presidente de la República” (ver Carta de la Asamblea Nacional a los Magistrados del TSJ legítimo  https://twitter.com/AsambleaVE/status/993653953538744327?s=03).

Si bien es cierto que los Diputados DECLARARON el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro aplicando el Artículo 233 constitucional, lo cierto es que NO INICIARON NINGUN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ni en el momento que hicieron esa declaratoria, ni ahora cuando les fue requerido formalmente por los Magistrados del TSJ legítimo a consecuencia de un juicio penal en contra de Maduro. Hábilmente los honorables Diputados escurrieron el bulto de enfrentar la decisión política que conlleva asumir que ellos tienen la responsabilidad ante los venezolanos de iniciar ese procedimiento.

Pero tal vez estemos ante algo de una mayor envergadura aquí. ¿Quiénes enviaron esa comunicación al TSJ legítimo? Una Directiva de la Asamblea Nacional compuesta por Diputados de dudosa calificación opositora. Para nadie es un secreto que el partido a quien corresponde la Presidencia de esa Asamblea Nacional (UNT) ha sido sospechoso en reiteradas oportunidades de proteger al régimen. Basta recordar de cual partido fueron los Diputados que no asistieron al momento de la designación de los Rectores del CNE (ver http://sunoticiero.com/por-ausencia-de-tres-diputados-de-unt-an-no-pudo-nombrar-a-rectores-del-cne/).

Estas ausencias dieron lugar a que el gobierno a través del TSJ de entonces nombrara a los Rectores con todas las implicaciones electorales que ello trajo para Venezuela. Y aunque estos Diputados fueron “sancionados” por su partido con suspensión, siempre quedó la duda razonada de la “ayudita” que UNT le prestó muy a tiempo al régimen.

Ahora bien, al margen de las sospechas fundadas que tenemos los venezolanos en relación con ese partido, queda por saber si todos los Diputados de la oposición en la Asamblea Nacional están de acuerdo con esa comunicación encabezada por UNT, salida entre gallos y medianoche. ¿Están de acuerdo AD, PJ o Voluntad Popular en dejar eso así como lo acaba de dejar UNT y sus acompañantes en la Directiva de la Asamblea Nacional, en un descubierto respaldo al régimen? A los venezolanos nos encantaría saber en una votación abierta del Parlamento, quienes quieren y quienes no quieren que Maduro salga de Miraflores. Ese es el verdadero fondo el problema.

Desnudar a quienes encubren al régimen desde la Asamblea Nacional es un imperativo del cual no se podrán escapar los Diputados por más que la Directiva que preside Omar Barboza desee proteger a los traidores, y seguir disfrutando de una posición que el pueblo les dio, sin responder a las urgentísimas necesidades que presentamos los venezolanos, y que se comenzarían a resolver con un cambio inmediato de gobierno.

Estoy muy consciente de que no todos los Diputados de la Asamblea Nacional concuerdan con el criterio de su Directiva. Ya la llamada Fracción 16J solicito la discusión de la decisión del TSJ legítimo y fue arbitrariamente rechazada por la Directiva de la Asamblea Nacional. Ningún Diputado puede permanecer callado o indiferente ante ese atropello y deben someter a votación esa decisión de su Directiva. De esa manera al menos sabremos quienes de ellos están resueltos a promover un cambio en nuestro país a riesgo de sus propias vidas y bienes, tanto las de ellos como las de sus familiares.

Los jueces del Tribunal Supremo de Justicia legítimo ya están pagando -empezando por el propio Presidente, Miguel Ángel Martín- con el exilio, el encarcelamiento, los allanamientos y persecución de sus familias, la decisión que tomaron de trabajar en el exilio para encontrar una solución legítima y constitucional a este régimen de criminales y terroristas. Los Diputados de la Asamblea Nacional les deben al menos ese apoyo, sin buscar subterfugios legales, cumpliendo con las decisiones que los magistrados legítimos están tomando con miras a la recuperación de la República.

En una nota pasada señalaba el término “inmolación política” (ver Inmolación política, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/04/inmolacion-politica.html) como la que cabe para las acciones que le corresponden ahora a los Diputados de la Asamblea Nacional, porque señalaba que todavía a ellos les faltaba la peor parte, luego de autorizar el juicio a Nicolás Maduro después de la decisión del TSJ legítimo de enjuiciarlo por Corrupción Propia y Legitimación de Capitales. Y esa parte no es de ninguna manera fácil, y en lo personal no creía que tuvieran las intenciones de acometer eso. Esa pobre comunicación que enviaron me dio la razón, aunque aun espero que el cuerpo legislativo pueda corregir el entuerto.

Ser Diputado de la Asamblea Nacional en esta hora aciaga del país comporta un sacrificio para con el pueblo venezolano. Ya los Magistrados del TSJ legítimo están poniendo su parte en ese sacrificio. No es como solía ser en la época democrática del país. Y si aquellos que se postularon para ser Diputados esperaban otra cosa, entonces se engañaron a sí mismos, como tal vez algunos de ellos pretenden engañar a Venezuela con esa comunicación infeliz.

A mi juicio la Asamblea Nacional está en una disyuntiva. O inician el procedimiento para la transición constitucional, como les exhorta el TSJ legítimo ahora, exponiéndose a un cierre y persecución por retaliación del régimen, o igualmente serán cerrados y perseguidos cuando la Constituyente ilegitima decida definitivamente anularlos y perseguirlos una vez consumado el atraco electoral del 20 de Mayo. Al menos ahora mismo existe la oportunidad de constituir un Gobierno de Emergencia constitucional porque todavía existen como institución, independientemente que el régimen acate o no sus decisiones. Cualquier gobierno que ustedes designen será legítimo con todas las implicaciones nacionales e internacionales que eso tiene.

Bien decía Sir Winston Churchill: “El que se humilla para evitar una guerra, se queda con la humillación y con la guerra”. Sres. Diputados: no se humillen para evitar la guerra, van a tenerla igual solo por el hecho de estar allí. No podrán escapar al juicio de la historia. Es tiempo de terminar el trabajo que comenzaron con la autorización del juicio a Maduro. No defrauden a Venezuela…

Caracas, 8 de Mayo de 2018

Twitter:@laguana

jueves, 3 de mayo de 2018

¿Y después de Maduro qué?

Por Luis Manuel Aguana

La dinámica política surgida a raíz de la autorización del enjuiciamiento por corrupción a Nicolás Maduro, está definiendo la ruta que seguirán los acontecimientos que, con el favor de Dios y los venezolanos, terminarán con la tiranía narcomilitarizada que gobierna en Venezuela.

Efectivamente el TSJ legítimo ha solicitado y le ha sido concedida la autorización para enjuiciar a Nicolás Maduro Moros por corrupción desde la Asamblea Nacional. Eso es un hecho irrebatible al margen de las formas en las que fue realizada tal autorización, independientemente de la opinión adelantada por algunos juristas en relación al acuerdo votado en mayoría el 17 de abril. El fondo es que a Maduro le fue autorizado un juicio y ahora ocupa el puesto ilegalmente.

En fecha 26 de abril de 2018 el Dr. José Vicente Haro y la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, conocidos y distinguidos abogados venezolanos de seriedad indiscutible, dirigieron comunicación formal al la Asamblea Nacional (ver en https://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/989625760813060099?s=03), con el fin de que este cuerpo determine la situación jurídica constitucional de la Presidencia de la República, luego del Acuerdo del 17 abril de 2017, con relación al enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros por el caso Odebrecht.

En este escrito claramente se expone que Maduro debe estar separado de sus funciones como efectivamente lo establece el Artículo 380 del COPP (Código Orgánico Procesal Penal) al haberse iniciado un juicio por corrupción en su contra: “Artículo 380. Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido suspendida e inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el proceso.”.

Las consecuencias políticas de ese hecho son categóricas y no pueden desconocerse; y extraña que esto haya quedado descolgado desde la autorización del juicio. La persona que ocupa la Presidencia de la República, no puede seguir ejerciendo el cargo y queda separado temporalmente hasta que el juicio termine, quedando su situación a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, órgano que conoce la causa. De tal manera que hoy mismo tenemos en Venezuela una vacante en la Presidencia de la República que debe ser ocupada inmediatamente de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Entonces, el trabajo de la Asamblea Nacional no concluyó con la autorización del juicio a Nicolás Maduro Moros, estando muy lejos de haberse desembarazado de la responsabilidad que tienen con los venezolanos.

El escrito de los juristas es categórico y les corresponde a los Diputados tomar una decisión de acuerdo a esa solicitud acerca de quién debería estar ejerciendo en este momento la Presidencia de la República de acuerdo con la Constitución vigente.

Sin embargo, al margen de cuál sea en definitiva la solución constitucional que la Asamblea Nacional le de a la sucesión presidencial en Venezuela, hay algo en toda esta historia que pasa inadvertido y motivo de esta nota: no se pueden realizar nuevas elecciones en Venezuela mientras: a) exista un sistema electoral pervertido, y b) no se desmonte todo el sistema institucional creado para sostener al régimen estos últimos 20 años.

La primera condición la hemos revisado a profundidad en este blog por varios años, así que se las ahorraré. Para aquellos interesados, por favor lean mis notas en este sitio desde el año 2011 relativas al CNE y el sistema electoral venezolano.

En el caso de la segunda condición, la cosa es más complicada. A los venezolanos se les ha convencido que basta con salir de Maduro para que las cosas mejoren. No, no basta. Es una condición necesaria pero no suficiente. Se hace necesario regresar a los controles constitucionales mínimos y a las formas institucionales básicas de control del gobierno, así como discutir unas nuevas, producto de la destrucción del país y los nuevos escenarios internacionales.

Pero ¿cómo hacemos eso si el próximo heredero de Miraflores nace con el pecado original de la Constitución de 1999? Con todo ese poder concentrado para nombrar ministros en ministerios inventados a discreción, ascensos militares sin control, crear y destruir instituciones, disponer a su arbitrio del dinero de todos los venezolanos, por solo nombrar algunas de sus atribuciones, cualquier persona que ocupe el puesto presidencial nos llevará a la ruina, si es que eso es ahora posible. Cualquiera, así sea la Madre Teresa de Calcuta, si la pudiésemos revivir y convencerla para que sea Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el punto de vista estrictamente político y constitucional, más temprano que tarde, el proceso contra Maduro y su gobierno de delincuentes debe llevarnos a su sustitución. Sin embargo no puede ser que esa sustitución sea “para llamar a elecciones” como lo gritan los políticos de la oposición oficial. Esa sustitución debe ser para conducir al gobierno y garantizar gobernabilidad en la peor época de nuestra historia, por un periodo suficiente para reordenar al Estado, para luego asegurarles a los venezolanos elecciones de nuevos poderes públicos con un sistema institucional limpio y saneado.

Esa es en el fondo nuestra exigencia. Los coros de toda la oposición oficial le repiten como un mantra  a los venezolanos que una vez que salgamos de Maduro -cosa que de por si es difícil- haremos elecciones y vendrá la abundancia. ¡Qué vaina con seguir mintiéndole a la gente! Pareciera que no se ha aprendido nada.

Entonces, ¿y después de Maduro qué?  Si no cambiamos el sistema institucional del país a fondo antes de cualquier elección, aquellos que una vez se sintieron esperanzados por un cambio inmediato de cosas se sentirán traicionados y con toda razón. Y no valdrá promesa electoral futura que nos salve de volver a sufrir lo que costo tanta sangre resolver, entrando en un ciclo interminable de inestabilidad y violencia. ¿Porque creen ustedes que no descansaremos hasta hacerles comprender a los venezolanos que la manera formal, correcta e institucional de evitar eso es cambiando el sistema institucional del país con un llamado al Constituyente Originario al través de una Consulta Popular, que le de al pueblo la prerrogativa para cambiar su futuro? Desde la Alianza Nacional Constituyente (ANCO) seguiremos trabajando en eso sin importar lo que pase en el país.

Ustedes dirán que fatalista luce tal aseveración, y realmente lo es. No tiene ningún sentido que los venezolanos hayamos pasado por 20 años de sufrimiento si no salimos de esto con una enseñanza para el futuro, traducido en grandes cambios que corrijan los errores que nos trajeron a esta tragedia. Si no los corregimos entre todos, no habrá valido la pena tanta muerte y tanto dolor de la familia venezolana. De nosotros y de ustedes depende eso...

Caracas, 3 de Mayo de 2018

Twitter:@laguana