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martes, 8 de mayo de 2018

La disyuntiva de la Asamblea Nacional

Por Luis Manuel Aguana

“En consecuencia, este máximo Tribunal, EXHORTA a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (subrayado nuestro) (Decisión del TSJ legítimo ordena continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros, en

Este fue el exhorto que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado por el Parlamento, única institución de representación popular de Venezuela reconocida en todo el mundo, para que se procediera inmediatamente a la designación de un Gobierno de Transición en Venezuela de acuerdo con la Constitución. Léase bien, el TSJ legítimo fue muy claro a la Asamblea Nacional: “iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República”.

¿Ha iniciado la Asamblea Nacional algún procedimiento para la transición Constitucional de la Presidencia de la República? ¿Ha convocado la Asamblea Nacional al Vicepresidente de la República –al margen de que este tampoco cumple con los requisitos para el cargo de Presidente- para iniciar el proceso de transición del gobierno de Maduro a otro gobierno distinto y legítimo? ¿Han debatido los ciudadanos Diputados de la Asamblea Nacional qué hacer con el gobierno ante la falta simultánea del Presidente y del Vicepresidente no prevista en la Constitución?

La Directiva de la Asamblea Nacional en una sorpresiva comunicación al TSJ legítimo el 7 de Mayo de 2017, indicó que “la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada por esta Asamblea Nacional al decidir que Nicolás Maduro abandonó el cargo de Presidente de la República” (ver Carta de la Asamblea Nacional a los Magistrados del TSJ legítimo  https://twitter.com/AsambleaVE/status/993653953538744327?s=03).

Si bien es cierto que los Diputados DECLARARON el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro aplicando el Artículo 233 constitucional, lo cierto es que NO INICIARON NINGUN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ni en el momento que hicieron esa declaratoria, ni ahora cuando les fue requerido formalmente por los Magistrados del TSJ legítimo a consecuencia de un juicio penal en contra de Maduro. Hábilmente los honorables Diputados escurrieron el bulto de enfrentar la decisión política que conlleva asumir que ellos tienen la responsabilidad ante los venezolanos de iniciar ese procedimiento.

Pero tal vez estemos ante algo de una mayor envergadura aquí. ¿Quiénes enviaron esa comunicación al TSJ legítimo? Una Directiva de la Asamblea Nacional compuesta por Diputados de dudosa calificación opositora. Para nadie es un secreto que el partido a quien corresponde la Presidencia de esa Asamblea Nacional (UNT) ha sido sospechoso en reiteradas oportunidades de proteger al régimen. Basta recordar de cual partido fueron los Diputados que no asistieron al momento de la designación de los Rectores del CNE (ver http://sunoticiero.com/por-ausencia-de-tres-diputados-de-unt-an-no-pudo-nombrar-a-rectores-del-cne/).

Estas ausencias dieron lugar a que el gobierno a través del TSJ de entonces nombrara a los Rectores con todas las implicaciones electorales que ello trajo para Venezuela. Y aunque estos Diputados fueron “sancionados” por su partido con suspensión, siempre quedó la duda razonada de la “ayudita” que UNT le prestó muy a tiempo al régimen.

Ahora bien, al margen de las sospechas fundadas que tenemos los venezolanos en relación con ese partido, queda por saber si todos los Diputados de la oposición en la Asamblea Nacional están de acuerdo con esa comunicación encabezada por UNT, salida entre gallos y medianoche. ¿Están de acuerdo AD, PJ o Voluntad Popular en dejar eso así como lo acaba de dejar UNT y sus acompañantes en la Directiva de la Asamblea Nacional, en un descubierto respaldo al régimen? A los venezolanos nos encantaría saber en una votación abierta del Parlamento, quienes quieren y quienes no quieren que Maduro salga de Miraflores. Ese es el verdadero fondo el problema.

Desnudar a quienes encubren al régimen desde la Asamblea Nacional es un imperativo del cual no se podrán escapar los Diputados por más que la Directiva que preside Omar Barboza desee proteger a los traidores, y seguir disfrutando de una posición que el pueblo les dio, sin responder a las urgentísimas necesidades que presentamos los venezolanos, y que se comenzarían a resolver con un cambio inmediato de gobierno.

Estoy muy consciente de que no todos los Diputados de la Asamblea Nacional concuerdan con el criterio de su Directiva. Ya la llamada Fracción 16J solicito la discusión de la decisión del TSJ legítimo y fue arbitrariamente rechazada por la Directiva de la Asamblea Nacional. Ningún Diputado puede permanecer callado o indiferente ante ese atropello y deben someter a votación esa decisión de su Directiva. De esa manera al menos sabremos quienes de ellos están resueltos a promover un cambio en nuestro país a riesgo de sus propias vidas y bienes, tanto las de ellos como las de sus familiares.

Los jueces del Tribunal Supremo de Justicia legítimo ya están pagando -empezando por el propio Presidente, Miguel Ángel Martín- con el exilio, el encarcelamiento, los allanamientos y persecución de sus familias, la decisión que tomaron de trabajar en el exilio para encontrar una solución legítima y constitucional a este régimen de criminales y terroristas. Los Diputados de la Asamblea Nacional les deben al menos ese apoyo, sin buscar subterfugios legales, cumpliendo con las decisiones que los magistrados legítimos están tomando con miras a la recuperación de la República.

En una nota pasada señalaba el término “inmolación política” (ver Inmolación política, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/04/inmolacion-politica.html) como la que cabe para las acciones que le corresponden ahora a los Diputados de la Asamblea Nacional, porque señalaba que todavía a ellos les faltaba la peor parte, luego de autorizar el juicio a Nicolás Maduro después de la decisión del TSJ legítimo de enjuiciarlo por Corrupción Propia y Legitimación de Capitales. Y esa parte no es de ninguna manera fácil, y en lo personal no creía que tuvieran las intenciones de acometer eso. Esa pobre comunicación que enviaron me dio la razón, aunque aun espero que el cuerpo legislativo pueda corregir el entuerto.

Ser Diputado de la Asamblea Nacional en esta hora aciaga del país comporta un sacrificio para con el pueblo venezolano. Ya los Magistrados del TSJ legítimo están poniendo su parte en ese sacrificio. No es como solía ser en la época democrática del país. Y si aquellos que se postularon para ser Diputados esperaban otra cosa, entonces se engañaron a sí mismos, como tal vez algunos de ellos pretenden engañar a Venezuela con esa comunicación infeliz.

A mi juicio la Asamblea Nacional está en una disyuntiva. O inician el procedimiento para la transición constitucional, como les exhorta el TSJ legítimo ahora, exponiéndose a un cierre y persecución por retaliación del régimen, o igualmente serán cerrados y perseguidos cuando la Constituyente ilegitima decida definitivamente anularlos y perseguirlos una vez consumado el atraco electoral del 20 de Mayo. Al menos ahora mismo existe la oportunidad de constituir un Gobierno de Emergencia constitucional porque todavía existen como institución, independientemente que el régimen acate o no sus decisiones. Cualquier gobierno que ustedes designen será legítimo con todas las implicaciones nacionales e internacionales que eso tiene.

Bien decía Sir Winston Churchill: “El que se humilla para evitar una guerra, se queda con la humillación y con la guerra”. Sres. Diputados: no se humillen para evitar la guerra, van a tenerla igual solo por el hecho de estar allí. No podrán escapar al juicio de la historia. Es tiempo de terminar el trabajo que comenzaron con la autorización del juicio a Maduro. No defrauden a Venezuela…

Caracas, 8 de Mayo de 2018

Twitter:@laguana

lunes, 16 de abril de 2018

Enjuiciemos nosotros a Maduro

Por Luis Manuel Aguana

Los ojos del mundo están de nuevo sobre la Asamblea Nacional de Venezuela a la espera de su decisión en relación a la solicitud del enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros realizada por el TSJ que ellos mismos nombraron.

Tengo la misma inquietud de todo el mundo porque tengo la desagradable impresión que si los diputados no actuaron como lo esperaba el pueblo de Venezuela el 16J, luego de la fulminante votación y mandato a quienes nos representan, entonces ¿cómo podríamos esperar que fuera diferente en esta ocasión?

Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. En este momento y particularmente después del 30 de julio de 2017, cuando el régimen ignorando la decisión del pueblo de rechazar una Constituyente no nacida de la soberanía popular el 16J, se montó sobre la Asamblea Nacional cercenando sus atribuciones constitucionales, y convirtiendo a los diputados electos legítimamente por el pueblo el 6 de diciembre de 2015, en barajitas desechables a las que persigue a su antojo.

Por más que la Asamblea Nacional se haya tratado de imponer sobre el mamotreto electo por Nicolás Maduro el 30 de Julio de 2017, prácticamente el Poder Legislativo del país ha sido anulado por el super poder de la Asamblea Constituyente de Maduro conducida por Delcy Rodríguez. Y aunque la Asamblea Nacional formalmente existe, en la práctica es una entelequia en vías de extinción definitiva por parte de la dictadura, aguardando su sentencia de muerte en un calabozo. Esa sentencia se hará efectiva cuando esa Constituyente inconstitucional imponga su desaparición con una nueva Constitución que se está terminando de cocinar en Cuba.

De modo que los diputados no están en la misma disyuntiva del 17J-2017 cuando el día anterior tenían el respaldo pleno del pueblo de Venezuela en una Consulta Popular. No. Ahora son prisioneros de un régimen que los amenaza abiertamente, con lo cual tomar una decisión a favor de enjuiciar la cabeza de todo este tinglado delincuencial tiene una connotación diferente que cuando pudieron hacer algo con el respaldo político más grande que se haya tenido en Venezuela.

En lo personal no creo que se inmolen y más abajo les explicaré porqué. Ya comenzó la controversia legal acerca de cuantos diputados son necesarios para autorizar el enjuiciamiento de Maduro. Algunos dicen que se requieren los 2/3 de los miembros como lo indica el Art. 110 de la Ley del TSJ, y otros dicen que no porque la Constitución, la ley superior, no lo indica. No entraré en esa discusión legal que al final es política. Si la Asamblea decide autorizar el enjuiciamiento de Maduro no será porque los pare eso. Lo legal siempre ha entrado después de lo político e invariablemente habrá una justificación legal que acompañe esa decisión.

Pero hay un aspecto por el que pocos se pasean. ¿Está esa Asamblea Nacional en condiciones para tomar esa decisión? Yo creo que no. Es como si se le pidiera a un preso o secuestrado que tomara una decisión en contra de su carcelero o secuestrador. ¿Podrá hacerlo libre de conciencia a sabiendas que puede ser torturado o perseguido por su secuestrador si no vota conforme a sus deseos? Esto sin contar con aquellos que son comprados por el secuestrador y que no cuento porque espero que sean casos aislados (recuerden que me enterraran en urna blanca).

La situación de los partidos opositores en la Asamblea Nacional no es tampoco la más prometedora. Muchos diputados se han apartado de sus partidos y formado nuevas fracciones políticas, una de ellas justamente en ocasión de lo ocurrido el 16 de julio de 2017. El caso reciente de la división del partido UNT con la nueva fracción parlamentaria denominada Prociudadanos es otro ejemplo de la atomización opositora en la Asamblea Nacional. El conglomerado actual de los diputados opositores no muestra por ningún lado esa unidad de diciembre de 2015, y por supuesto diferentes intereses. Muchos de ellos apoyan ir a elecciones con el gobierno el 20 de Mayo y es posible que ni siquiera les convenga, ni a ellos ni a sus partidos, el enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

En tal sentido, si estamos hablando de una decisión que compromete el futuro de todos los venezolanos, ¿no deberíamos nosotros tomar esa decisión? ¿No debería la Asamblea Nacional, conociendo la situación política en la que se encuentra, apartarse y dejar que los venezolanos decidamos que hacer con Nicolás Maduro Moros en una Consulta Popular?

Pero eso tal vez sea pedir demasiado. O tal vez no. Quizás la solución de compromiso para ellos, sin que se vean expuestos al repudio generalizado de la población por no hacer lo que corresponde hacer, que no es otra cosa que autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por un caso de corrupción generalizada, como lo es el caso de la Constructora Norberto Odebrecht y que ya llevo a prisión a un ex presidente en Brasil, sea que el pueblo de Venezuela lo decida. Que no sean los diputados sino sus mandantes quienes tomemos esa decisión. Enjuiciemos nosotros a Maduro.

Ciudadanos Diputados: dejen que el pueblo de Venezuela autorice el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. Dejen que el espíritu del 19 de abril de 1810 renazca en Venezuela cuando el pueblo decidió el destino del Capitán General de Venezuela, Don Vicente Emparan. Tal vez eso sea el inicio del cambio que hace falta, tal y como ocurrió con nuestra Declaración de Independencia y la promulgación de nuestra primera Constitución…

Caracas, 16 de Abril de 2018

Twitter:@laguana