domingo, 19 de agosto de 2018

Gobierno de Emergencia: ¿quien debe decidir?

Por Luis Manuel Aguana

Es todavía muy pronto para evaluar en su justa dimensión y profundidad el alcance de las decisiones tomadas por el régimen de Nicolás Maduro en materia económica. Después de su sentencia condenatoria, Maduro y su régimen huyen hacia delante con unas medidas económicas desesperadas que intentan cuadrar un círculo imposible de cuadrar, tratando de inventar una economía diferente de la que rige en el mundo civilizado. Pero el análisis que priva aquí no es económico, es profundamente político. A ningún economista serio le cuadrará un tipo de cambio anclado a una criptomoneda inexistente, ni que el salario mínimo se multiplique por 36 de la noche a la mañana sin ninguna base de sustentación.

Aunque Maduro jure encima de la Biblia que no seguirá imprimiendo billetes sin respaldo, la maquinaria de la economía se moverá inexorablemente sola con sus propios mecanismos, como bien lo saben los economistas. Tratando de resolver el problema facial de poder manejar cifras inimaginables hasta hace pocos años en Venezuela, en el medio de la hiperinflación jamás vista antes en este planeta, no se está incidiendo en las causas sino en las consecuencias del desastre provocado por estos aprendices de brujo.

Nadie en el régimen se está ocupando de la producción, porque ese nunca ha sido el problema de los comunistas, odian todo aquello que represente esfuerzo para producir porque viven del esfuerzo de otros. Han destruido en 5 años el 50% del tamaño de la economía venezolana, como lo destacó recientemente el economista José Guerra (ver Guerra: En cinco años Venezuela ha perdido el 50% del tamaño de su economía, en http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/guerra-en-cinco-anos-venezuela-ha-perdido-50-del-tamano-de-su-economia/), y ahora pretenden terminar lo que comenzaron, destrozando lo que queda del sector privado, el último bastión de la producción del país.

Pero de lo que se trata aquí es de una cuestión de supervivencia: o sobreviven ellos intentando imponer a troche y moche un modelo económico fracasado en el mundo, o sobrevivimos los venezolanos saboteando a como de lugar ese intento. Por alguna razón han visto que no es viable lo que hasta ahora ha pasado creando dinero inorgánico y produciendo una terrible hiperinflación. Ven con asombro que ellos mismo se han empobrecido y empobrecido al resto de los venezolanos, y creen que solo con tener una riqueza no realizada debajo de la tierra es suficiente para fundamentar un sistema económico.

Que por favor alguien le explique a este régimen que no es suficiente con estar sentado sobre un barril de petróleo. Hay que sacarlo, venderlo y cobrarlo con todos los costos asociados que ello implica, para que eso pueda ser considerado como un valor de cambio en el mercado internacional, como hasta ahora se ha hecho con la riqueza petrolera en Venezuela desde hace mas de 100 años, con la explotación del pozo Zumaque I en 1914. Pero eso no lo quieren o no lo pueden entender.

Y como creo que el régimen no lo puede y no lo quiere entender, ha llegado a una etapa en la que ya nada de lo hagan no logra sino agravar la situación de los venezolanos, haciendo que el problema, no económico sino político, se reduzca a una solución simple pero increíblemente difícil: Maduro y su régimen deben ser desplazados del poder.

Aquí ya deben cesar las discusiones de economía o si la agenda económica del régimen es o no es una locura. Esa dejo de ser la discusión desde hace varios años. Solo que ahora el problema es de una gravedad extrema, de vida o muerte: “Me lleva el o me lo llevo yo, pa’ que se acabe la vaina” como bien decía el estribillo de una vieja canción de Carlos Vives.

En este sentido está planteada una discusión ahora mismo en la Asamblea Nacional en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legitimo acerca de la condena a Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales, y que di a conocer en mi nota anterior (ver Una decisión del Soberano, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/08/una-decision-del-soberano.html). Luego de ese nuevo “programa económico” (porque hay que llamarlo de alguna manera) dado a conocer por el gobierno hace pocas horas se multiplica la responsabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional de sustituir en gobierno de Nicolás Maduro a consecuencia de la sentencia del TSJ legitimo.

Los diputados no deberían de ninguna manera irse a un receso parlamentario dada la grave situación del país y mucho menos dejar su responsabilidad en manos de un super cogollo establecido en la Comisión Delegada para decidir cuál será la posición del Poder Legislativo en torno al vacío de poder constitucional de Maduro que sale como consecuencia de esa sentencia. Los venezolanos exigimos que se nos represente de manera adecuada para tomar las decisiones trascendentales a las que haya lugar como consecuencia de ese paquete económico que nos acaba de anunciar el régimen, que quiebra en la práctica a todo el mundo en este país.

Pero esa quiebra generalizada no le importa al régimen. Lo importante aquí es lo que haremos nosotros frente a esa nueva realidad. Si frente a esa nueva realidad anteponemos una actitud cobarde de aceptar sin chistar lo que nos imponen, eso es lo que precisamente tendremos. Y eso es lo que está haciendo el Presidente de la Asamblea Nacional al decir que la sentencia de Maduro “es inejecutable sin Estado de Derecho” (ver Barboza: Sentencia contra Maduro es inejecutable sin estado de derecho, en http://cronica.uno/barboza-sentencia-contra-maduro-es-inejecutable-sin-estado-de-derecho/). Yo me preguntaría que si como consecuencia de no haber Estado de Derecho en Venezuela dejaríamos lo que tenemos que hacer para el retorno de la legalidad. Eso es como si detuvieran a Omar Barboza por cualquier razón y sus defensores no ejercieran lo que tienen que ejercer en su defensa porque en Venezuela “no hay Estado de Derecho”. Se pudriría en las mazmorras del régimen.

¡Y claro que no hay Estado de Derecho! La situación dejo hace mucho tiempo de ser jurídica para ser política. Dada la trama de corrupción de Odebrecht, donde fueron repartidos millones de dólares tanto al régimen como a su oposición oficial para favorecer contratos de la República con esa empresa, veo sumamente cuesta arriba que la oposición oficial reunida en los partidos de la MUD en la Asamblea Nacional reúna las condiciones necesarias para decidir el curso de acción política para el bienestar de Venezuela.

Si bien es cierto que los partidos reunidos en la Asamblea Nacional tienen la responsabilidad constitucional para decidir un nuevo gobierno como ha sido de hecho desde el 9 de enero de 2017, cuando se declaró el Abandono del Cargo de Nicolás Maduro, no es menos cierto que esa Asamblea se encuentra disminuida, contaminada y corrompida por fracciones que han sido socias del régimen para mantener a Maduro en el poder, tratando de destrozar desde su Directiva el trabajo del TSJ legitimo, así como de partidos políticos que han sido acusados con sus principales dirigentes de haber aceptado sobornos de Odebrecht, y que buscarán desesperadamente asumir el control del país para evitar investigaciones posteriores. Si a eso se le añade la persecución política de diputados y dirigentes de partidos que no se han doblegado, ¿cuál puede ser el resultado de un acuerdo político para formar un gobierno hecho entre corruptos y perseguidos? Entonces la Asamblea Nacional no sería el mejor escenario político para que nazcan quienes conducirían al país en el peor momento de la historia de Venezuela.

Se explica entonces que la Directiva de la Asamblea Nacional no haya querido lavar ni prestar la batea en el nombramiento de un Gobierno de transición. Saben que tienen la responsabilidad constitucional, pero tampoco desean que sea el TSJ legítimo quien tome la decisión donde ellos no tengan el control. Y en el medio de esa tragedia estamos los venezolanos muriéndonos aceleradamente en el medio del más espantoso escenario económico jamás visto por la humanidad.

¿Debemos entonces aceptar ese chantaje de Barboza y su Directiva al decir que la sentencia de Maduro es “inejecutable” porque no hay Estado de Derecho en Venezuela para no hacer lo que les corresponde hacer? Eso es inaceptable. El debate inmediato planteado por la fracción 16J en la Asamblea Nacional (ver Fracción 16J tras madurazo: Exigimos la inmediata convocatoria a sesiones extraordinarias de la AN, en https://www.lapatilla.com/2018/08/18/fraccion-16-j-tras-madurazo-exigimos-la-inmediata-convocatoria-a-sesiones-extraordinarias-de-la-an/) es la respuesta legitima de la decencia que aún queda en la Asamblea Nacional al indicar: “Definitivamente firme la sentencia del legítimo TSJ, por todos conocidas, la Asamblea Nacional no puede evadirla e incumplir con sus responsabilidades evidentemente de carácter constitucional. La respuesta al trágico madurazo está en llenar la vacante constitucional. Esto sólo puede hacerlo la Asamblea Nacional, imposible de ser reemplazada por la Junta Directiva o la Comisión Delegada”. Pero eso es lo que desea precisamente hacer Barboza, sustituir la decisión de la Plenaria de los Diputados por lo que arregle un cogollo de una Directiva entregada al régimen.

Pero el país no se encuentra para esperar un segundo más para que se decida un nuevo gobierno en Venezuela. Barboza ni nadie puede ser un obstáculo para evitar que se cambie el rumbo suicida que lleva la República. Se podría decir que no están dadas las condiciones para que un nuevo gobierno sea nombrado desde la Asamblea Nacional por más legal que esta decisión pueda ser. Sería incluso hasta perjudicial para los intereses de Venezuela, que este nuevo gobierno provenga de una negociación con factores opositores agavillados con la corrupción del régimen. Urge entonces una decisión Política (con P mayúscula) no solo lo más apegada a la justicia, sino a la ética y la moral republicanas, como siempre lo exigía el Libertador en sus proclamas. Y quienes hasta ahora han demostrado en su actuar esa conducta que tanto se necesita en Venezuela, se encuentran fuera del país en una lucha sin cuartel para llevar a la cárcel a quienes han destruido a la Nación, en el TSJ legitimo en el exilio. Sumemos todos para que esa decisión sea respaldada por el pueblo de Venezuela.

Caracas, 19 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana


jueves, 16 de agosto de 2018

Una decisión del Soberano

Por Luis Manuel Aguana

La sentencia condenatoria del TSJ legítimo en Bogotá a Nicolás Maduro Moros por corrupción y legitimación de capitales, pone a todo el mundo político a correr dentro y fuera de Venezuela (ver TSJ en el exilio sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción, en https://www.lapatilla.com/2018/08/15/tsj-en-el-exilio-sentencio-a-nicolas-maduro-a-18-anos-y-3-meses-de-carcel-por-corrupcion/).  Dentro, porque los venezolanos sabremos definitivamente si la oposición oficial reunida en la Asamblea Nacional respaldará a los Magistrados que se constituyeron en Tribunal Supremo de Justicia legítimo fuera de nuestras fronteras, o terminarán apoyando al régimen al sabiendas de la culpabilidad demostrada durante las audiencias que se realizaron en Bogotá.

Y fuera, porque la Comunidad Internacional deberá tomar una decisión definitiva si respaldar o no las decisiones de la justicia venezolana legítima que a pesar de toda la adversidad, ha demostrado que si se puede actuar sujetos al Estado de Derecho, con completa independencia entre los poderes legítimamente constituidos, y en el supremo interés de Venezuela y los venezolanos.

Sin embargo está operando en toda su extensión una fuerza contraria, consecuencia de lo que di en llamar en una pasada nota el "fenómeno de TSJ-L" (ver El fenómeno del TSJ legítimo en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/el-fenomeno-del-tsj-legitimo.html) en donde desde mucho tiempo antes de comenzar el juicio de Nicolás Maduro Moros las fuerzas políticas reunidas en la Asamblea Nacional vieron con mucho recelo que los Magistrados designados por ellos se comportaran con autonomía y vida propia, constituyéndose como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Se salieron fuera de la esfera de influencia de la Asamblea Nacional, sin acatar las órdenes políticas de aquellos que fueron sus mentores para resultar designados como Magistrados del TSJ. Ese quiebre se produjo cuando terminaron siendo perseguidos con sus familias y tuvieron que huir del país, y completamente sin el apoyo de la Asamblea Nacional.

La oposición oficial al ver esos intentos “independentistas” de los Magistrados enviaron al "embajador" Luis Florido como emisario a todos los países donde se residenciaron, para advertirles que "no se les ocurriera" tomar decisiones sin la "aprobación" de sus "jefes políticos" Ramos Allup,  Borges y Barboza. ¡Qué triste papel el de Florido como diputado de un partido tan aguerrido como Voluntad Popular! Al ver que estos "muchachos" resolvieron no pararle al esas "advertencias", que más se parecen a las que hacían los matones de Don Vito Corleone como jefe de la mafia de la novela de Mario Puzo, resolvieron jugar "hard ball", emprendiéndola con una trama de descalificación de su Presidente, Miguel Ángel Martín Tortabu.

En una acusación sin fundamento, la Directiva de la Asamblea Nacional se movilizó como no lo habían hecho antes en el caso de la doble nacionalidad de Maduro para denunciar que el Presidente del TSJ legítimo tenia "doble nacionalidad". Ni siquiera les sonó la flauta, como aquel burro de la novela, para registrar en los archivos de la misma Asamblea Nacional, los documentos consignados por el Magistrado Martin para concursar para ese alto cargo. Si lo hubieran hecho habrían encontrado la renuncia a su nacionalidad española mucho antes de aplicar como Magistrado. Pero la maniobra era quebrarle las piernas a quien consideraban el jefe de esa "sublevación" independentista del Poder Judicial.

Véase bien lo que hasta aquí está pasando. Diputados de la oposición en posiciones de dirección del Poder Legislativo se están dedicando a sabotear e interferir con las decisiones de otro poder independiente, pretendiendo mantener el control de esos Magistrados tal y como lo hace el régimen, y a la más rancia usanza de la 4ta República. ¡Eso es precisamente lo que queremos erradicar! Pero el siguiente paso le fue subiendo la escala a la amenaza mafiosa.

El periodista José Domingo Blanco denunció en su cuenta de Twitter que el Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, conjuntamente con su ex Presidente, Julio Borges, se reunirían en Bogotá con la Fiscal Luisa Ortega Díaz para "negociar" detener el juicio de Nicolás Maduro (ver  https://twitter.com/mingo_1/status/1023569054030868480?s=03)). La denuncia de Mingo el mismo día de la reunión logro abortar el encuentro donde supuestamente esa "oposición" negociaría con Ortega dejarla tranquila de las tropelías en contra de los Derechos Humanos que ha cometido, en un futuro gobierno posterior de esa oposición, e incluso con la posibilidad de una posición relevante en esa administración, a cambio de congelar el juicio, difiriendo las audiencias que se estaban llevando a cabo en Bogotá en el juicio en contra de Maduro. Esa técnica la conoce muy bien la Dra. Ortega como bien lo saben todos los presos políticos que aún siguen estando detenidos porque todavía no han tenido la primera audiencia por falta del Ministerio Público.

Ese intento, como todos saben, fue fallido y el juicio continuó a pesar de los de las tentativas opositoras, no sólo de desbancar los esfuerzos de condenar a los corruptos que han destruido a  Venezuela (entre otras razones porque ellos también están en la lista de Odebrecht) sino que en el camino hubieran detenido el principal proceso que se llevaba en el TSJ legítimo en el exilio, dejando muy mal parado al Alto Tribunal.

Pero la cocina del diablo no se detiene. Los partidos de la oposición oficial saben lo que viene después de esta decisión del TSJ en contra de Maduro, y han reiteradamente desestimado la tesis del vacío de poder esgrimida por el TSJ legítimo, diciendo que ese juicio no es importante porque Maduro no era ya presidente desde que la Asamblea Nacional declaró el "abandono del cargo" en enero de 2017, y que ellos "ya no tienen que hacer más nada".

Nada más alejado de la realidad, como lo han demostrado sus actuaciones, al persistentemente haber ignorado el mandato del 16J-2017 ordenado por el pueblo venezolano, y el mandato legal del TSJ legítimo para designar un gobierno que sustituya a Nicolás Maduro. Lo que sigue a continuación de esa sentencia es la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional por parte del TSJ legítimo. Pero eso los partidos de la oposición oficialista no están dispuestos al permitirlo.

En una denuncia hecha pública en su cuenta de Twitter por Carlos Ortega, Presidente de la CTV (ver https://twitter.com/CarlosOrtegaCTV/status/1029195409942618113?s=08), el régimen se habría agavillado con algunos diputados de la oposición oficial y un Magistrado para impedir el fallo de ayer. Aunque la noticia llega tarde porque ya eran conocidos esos intentos, lo nuevo es que desde el mismo TSJ legítimo hay Magistrados conspirando para desmontar al Tribunal. ¿Qué tal? Los tentáculos pueden ser muy largos cuando se dispone del dinero de la corrupción.

Al no poder parar la sentencia de Maduro lo que le queda a la conspiración montada desde la Asamblea Nacional es el desconocimiento abierto al TSJ legítimo.  Recuerden que aún desconocemos el informe que aún prepara la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional en relación a la sentencia del 2 de julio de 2018 que obliga a la Asamblea Nacional a designar un nuevo gobierno en Venezuela. Ahora con la sentencia condenatoria de Maduro se hace impostergable. O lo hace la Asamblea Nacional o lo hace el TSJ legítimo. Y sabemos cuál es la decisión ya tomada de la oposición oficialista: meter en una gaveta esa decisión, tal vez la más importante de la Venezuela actual. De allí que no les quede otra que ir de frente en contra del TSJ legítimo con una última carta deslegitimadora: el informe del Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional. No quieren, por un montón de razones que analizaremos en su oportunidad, que esa decisión este fuera de su control.

La Directiva de la Asamblea Nacional informo a través de su Presidente Omar Barboza en fecha 10 de julio de 2018 –antes de la sentencia de Maduro- que había propuesto “esperar la opinión de la Consultoría Jurídica de la AN sobre la notificación que enviaron este lunes los magistrados del @TSJ_Legitimo y la opinión de @lortegadiaz” (ver https://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/1030158962019262464). La espera ha sido sospechosamente muy larga, e incluyó el tiempo que tomó de juicio de Maduro, la sentencia y todos los intentos de destruir esa decisión, así como algo muy importante: las vacaciones de la Asamblea Nacional.

Ahora a la Directiva de la Asamblea Nacional, que ha intentado desbancar al TSJ legitimo, le toca decidir qué hacer con la papa caliente que acaba de salir con la sentencia de Maduro, pero lo quieren hacer desde una Comisión Delegada -en cogollito pues- para pasarse por arriba una posible decisión de los Diputados en Plenaria. Así es que se juega la pelota caribe de la política en Venezuela. Ese informe no se ha hecho público todavía y de su contenido dependerá si los políticos de la Asamblea Nacional respaldarán o no la decisión del Alto Tribunal en el exilio.

No somos adivinos para saber en qué tónica vendrá ese informe, pero sin llegar a ver algo podrido podemos saber que algo está descompuesto solo por el olor. Y la Directiva de la Asamblea Nacional, su Consultoría Jurídica y ahora la Comisión Delegada hieden como la Morgue de Bello Monte. Mi pregunta al pueblo de Venezuela: ¿Logrará la Asamblea Nacional finalmente sabotear el esfuerzo de los Magistrados del TSJ legítimo de designar un Gobierno de Emergencia Nacional que responda al sufrimiento de este país? ¿Permitiremos que ese cogollo desconozca la sentencia de Maduro e impida que el pueblo de Venezuela tenga un Gobierno que verdaderamente trabaje desde fuera para sacarnos de este infierno? La decisión final debería ser como siempre, del soberano…

Caracas, 16 de Agosto de 2018

Twitter:@laguana