Por Luis Manuel Aguana
No es
fácil concebir una propuesta alternativa sin decir que pasará después de que la
apliques. Hasta ahora nuestra propuesta plebiscitaria llega hasta la salida del
régimen de Nicolás Maduro Moros, como una solución al “cese de la usurpación”,
en contraposición a unas elecciones, que nadie en su sana lógica logra entender
como sirve para expulsarlo. ¿Cómo se expulsa a alguien del poder compitiendo en
elecciones precisamente con el que pretendes expulsar, y para colmo manejadas
por él? Si no fuera tan serio diría que es un chiste.
La lógica
supone que los debes expulsar previamente a través de un mecanismo
constitucional (esto es, cesar la usurpación), para luego de expulsado,
proceder a conformar un Gobierno de Transición que convoque a unas elecciones
libres. Pero esa lógica irrebatible -que no inventamos nosotros- está siendo
rechazada por la oposición oficial, al punto de ser ahora un estorbo para
quienes aprobaron el Estatuto de la Transición que fue el que la estableció.
Negociar
unas elecciones -y otras cosas importantes de la vida del país que aún no
conocemos- para convivir con el régimen, es lo que está a la orden del día de
la oposición oficial. No están siguiendo el orden establecido en el Estatuto de
la Transición, así nos digan que negocian para el “cese de la usurpación”. Lo
que nos están vendiendo va en contra del sentido común. De allí que todos los
venezolanos esperemos con cierta ansiedad el resultado de esas negociaciones de
Barbados (antes Oslo, Noruega) para pronunciarnos definitivamente acerca de esa
mamarrachada que lo único que ha tenido de exitoso es haberle dado más tiempo a
Maduro en el poder.
Luchando contra
esa lógica electorera hemos planteado el Plebiscito para que sea el pueblo
quien decida la continuidad del régimen de Maduro, aunque muchos se pregunten
cómo puede ser posible sacudirse una tiranía con votos. Pues de la manera en
que planteamos la secuencia, creemos que es posible si tenemos todo el apoyo de
la Comunidad Internacional.
Sin embargo, no
quiero detenerme aquí en el mecanismo del Plebiscito planteado, que creo que
está suficientemente explicado en mis notas anteriores (ver Porque un
Plebiscito SI y unas Elecciones NO en Venezuela, en http://ticsddhh.blogspot.com/2019/07/porque-un-plebiscito-si-y-unas.html,
Las tres fases del Plebiscito, en http://ticsddhh.blogspot.com/2019/07/las-tres-fases-del-plebiscito.html,
Plebiscito, que el pueblo decida el cese de la usurpación, en http://ticsddhh.blogspot.com/2019/07/plebiscito-que-el-pueblo-decida-el-cese.html),
sino ver un poco más allá, en lo que debería ocurrir al cesar la usurpación.
Y es allí donde
creo que debería empezar a desarrollarse más análisis porque es de lo que menos
se ha hablado en toda esta historia. El régimen y el castro-chavismo-madurismo
no se irán de la estructura del Estado ni de la realidad política venezolana inmediatamente
aunque los venezolanos lo decidamos y tengamos la ayuda externa para
expulsarlos del poder.
Habrá un periodo
especial de la vida del país que denominamos “transición” en el cual se
necesitarán tomar decisiones muy duras y difíciles que requerirán de mucha
experiencia política y sabiduría, cosas de las que consistentemente han demostrado
adolecer quienes nos han llevado hasta este momento a dos intentos fallidos de
recuperación utilizando la estructura criminal del régimen. Tanto en el 23F
como el 30A la oposición oficial realizó negociaciones fallidas encubiertas con
parte de esa estructura criminal, y que luego siguieron abiertas en Noruega y
Barbados. Si por alguna providencia la sociedad civil, a través de un proceso
plebiscitario, logra la recuperación de Venezuela de manos de estos
secuestradores, el control del país caerá constitucionalmente en manos
de los novatos que negociaron con el régimen. No se nos puede olvidar ese
detalle ni por un segundo.
No se nos puede
olvidar que los partidos que establecieron el Estatuto de la Transición y
acordaron a regañadientes que Juan Guaidó ejerciera un mandato mediatizado como
Presidente Encargado de la República, sin ejercer todas sus atribuciones
constitucionales, son las personas que gobernarían el país después de Maduro,
de acuerdo a ese Estatuto, y por supuesto de acuerdo al mandato constitucional
del Artículo 233. Sería poco menos que una ingenuidad pensar que la maraña de
corrupción política con la que se pensaba gobernar el 30A quedara disuelta
después del “cese de la usurpación”. ¿Cómo se puede evitar eso?
Algunos de
ustedes podrá decirme “pero Ud. lo que quiere es que nos coma el tigre” argumentando
que después que se vaya el régimen todas estas cosas se podrán controlar porque
estará gobernando “la oposición”. A aquellos que digan eso les deberé indicar respetuosamente
que se bajen de esa nube. El país estará completamente descuadernado y
destruido institucionalmente, por lo que cualquiera que le ponga las manos,
hará con él prácticamente lo que le venga en gana. ¿Contaremos con
instituciones para controlar la corrupción de los nuevos gobernantes y evitar
el “quítate tú para ponerme yo” que seguramente vendrá, que se aprovechará del
descontrol y del caos que nos dejarán? No, porque esas instituciones habrá que construirlas
durante el período de la transición. Pero, ¿y mientras tanto, qué?
Entonces durante
ese periodo especial de transición los venezolanos debemos exigir que no sea solamente
Juan Guaidó el que esté al frente del nuevo gobierno de Transición, como está
establecido en el Estatuto de la Transición, sino que sea un Consejo de
Gobierno que encabece el Presidente Encargado, que sea representativo de la
sociedad civil y compuesto por personalidades en las que el país confíe. Que no
esté solamente allí el país político que resulte heredero sino el país nacional,
con personalidades representativas de la vida del país, y con la suficiente
experiencia política y administrativa para apoyar el proceso complejo y difícil
que deberá encarar esta dirigencia novata, y sobre quien recaerá la
responsabilidad de conducir el país después de salir de la tragedia de este
régimen.
En este
sentido, la Asamblea Nacional, de acuerdo al Estatuto de la Transición, tiene
la obligación de “Articular acciones con
la sociedad civil para promover mecanismos de participación ciudadana que
legitimen el proceso de transición democrática y favorezcan la cesación de la
usurpación de los poderes presidenciales por parte de Nicolás Maduro Moros”
(Artículo 16.6 de la Ley del Estatuto que rige la Transición). ¿Y qué mayor
participación ciudadana que una representación calificada de la sociedad civil democrática
que conduzca conjuntamente con Juan Guaidó el destino del país, en el que sería
el momento más importante de la historia de Venezuela?
Esta
interpretación del Estatuto de la Transición a favor de los ciudadanos es
necesaria para salvaguardar los intereses de los venezolanos hasta que pueda
ser construida una base mínima de institucionalidad que proteja los intereses
de todos, comenzando por el Sistema de Justicia. Debemos lograr que luego de
esta tragedia el país no sea manejado por personas ni por partidos sino por
instituciones que puedan ser controladas por los ciudadanos. Y esto nos lleva
al siguiente paso de esta trilogía propuesta: un verdadero proceso
Constituyente de carácter Originario que de paso a una nueva
institucionalización de Venezuela.
Algunos podrán
decir que estoy adelantando demasiado los acontecimientos y tal vez tengan
razón. Sin embargo, ese Gobierno de Transición está en la obligación ética y
moral de tomar las decisiones que nos lleven sentar las bases de una nueva
estructura de funcionamiento político, económico y social del país después de
la destrucción socialista. Y eso NO LO PUEDE HACER solamente la fracción
política que resulte gobernante. Seria, además de excluyente, aberrante. En esa
histórica tarea deben y tienen que intervenir todos los venezolanos a través de
su representación genuina. Y eso no se puede lograr sino a través de un proceso
Constituyente Originario que convoque la representación legitima de todos los
ciudadanos. Juan Guaidó y ese Consejo de Gobierno tienen la altísima
responsabilidad de convocar y consultar al país la realización de un proceso
Constituyente de carácter Originario para rehacer las bases institucionales de
este país destruido. Y a la finalización de ese proceso constructivo, que
incluye el Poder Electoral, convocar a unas elecciones libres, justas y
transparentes que maneje el inicio de una nueva Venezuela.
Les invito a
pensar ahora en una nueva trilogía posible, compuesta por un Plebiscito para el
“cese de la usurpación”, un Consejo de Gobierno para la Transición, que incluya
a la sociedad civil como garantía de los ciudadanos de un gobierno decente
durante la transición, y finalmente la convocatoria al Constituyente Originario
que construya el país sobre nuevas bases políticas, económicas y sociales, para
la Venezuela de las nuevas generaciones.
Caracas, 3
de Agosto de 2019
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
