Por Luis Manuel Aguana
Se le atribuye a al estadista
francés Georges Clemenceau (1841-1929)
la célebre frase “La guerra es una
cosa demasiado seria para confiársela a los militares”. Pues voy a permitirme
robar esa frase para modificarla de esta manera: la Justicia es una cosa
demasiado seria para confiársela a los abogados.
Y a pesar de ser Venezuela un país que
ha sido influido y conducido por profesionales del derecho desde los tiempos de
su fundación, ningún Poder, de todos los que conforman la institucionalidad
venezolana, está tan atrasado y corrompido como lo está nuestro Poder Judicial.
Eso no significa que esta situación se deba a que haya sido conducido por
abogados, sino porque ha sido al que menor interés se le ha puesto. Por alguna
razón no ha sido “conveniente” para alguien en Venezuela tener una justicia
decente para todos.
Me voy a permitir la licencia de
comentar un Eje especializado como lo es el de la Justicia y la Seguridad
Jurídica, viéndolo desde la perspectiva de un “outsider”, como la de cualquier
venezolano preocupado por su país que se permite soñar una justicia JUSTA-valga
la redundancia-, al ser espectador de un desastre que luce imposible de
componer.
El Proyecto País esboza 8 objetivos:
1) Modernización y Autonomía del Poder Judicial; 2) Creación de la Corte
Constitucional; 3) Designación de los Jueces y Fiscales del Ministerio Público
mediante concurso público y garantizar la estabilidad de los funcionarios
Judiciales; 4) Respetar la autonomía del Congreso para designar a los
funcionarios de los diferentes poderes públicos bajo su competencia; 5)
Creación de las Cortes Supremas Regionales; 6) Regionalización del Poder Moral;
7) Respetar la autonomía del Parlamento Regional para designar los funcionarios
de los diferentes Poderes Públicos Regionales bajo su competencia; y 8)
Regionalización y modernización del Sistema Penitenciario (ver Proyecto País –
MID Táchira en https://docs.google.com/file/d/0B6yI0gUROWzDLXdIMzljSFVtWmc/edit?pli=1).
Lo que en el fondo subyace aquí es
la DESCENTRALIZACION del Poder Judicial y Moral, y que se le deje a cada región
establecer las pautas de funcionamiento de la Justicia, respetando la
competencia nacional e incluyendo una nueva instancia, la Corte Constitucional.
Como lego en la materia me interesé
en entender que significaba eso de incluir una Corte Constitucional y me
encontré con que los colombianos la introdujeron en su Constitución en 1991,
con la Constituyente que se realizó ese año en ese país. Hernán Olano García,
ex Secretario de la Corte Constitucional de Colombia, nos explica que es eso a través
de una sentencia aplicada en su país:
“El
sistema de protección de la Constitución se sirve de mecanismos propios e dos
modelos, el austriaco (concentrado) y el norteamericano (difuso), los que son
utilizados por la Corte Constitucional, que cumple la misión de asegurar
la constitucionalidad de las leyes o de las normas a ellas equiparadas. De ahí
que “La jurisdicción constitucional se ha establecido por la Constitución, como
función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales
especiales cuyo contenido consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Carta. Es la garantía básica del Estado
constitucional de derecho. Asegura
que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos (aquí quedan
comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos)
a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de
las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función
constitucional. Esta jurisdicción asume como competencia especialísima
la guarda de los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y
reiterada intención de todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y
su oponibilidad frente a todos los órganos del poder público”. Subrayado
nuestro (ver La Corte Constitucional en Colombia, Hernan Alejandro Olano García
en http://www.profesorjimenez.com.ar/cdroms/7jornadasderproceconst21220803/exposiciones/Olano%20Garc%EDa.pdf),
De lo anterior, en especial del párrafo
subrayado, cualquier lego notaría que necesitamos algo de eso en Venezuela.
Alguna instancia que le obligue a todos los poderes a SUJETARSE A LA
CONSTITUCION cosa que todos sabemos es lo que menos han hecho los Poderes
Públicos en Venezuela y en especial el Presidente de la República, en estos últimos
14 años. Y lo que me gusta más es que significaría NUESTRA GARANTIA como
ciudadanos que los Poderes se ciñan a la Constitución.
Pero lo verdaderamente central de
la propuesta del Proyecto País tiene que ver en la reordenación de la Justicia
en el ámbito nacional. Descentralizarla, llevándola a donde se necesita, garantizándoles
a los Magistrados su Autonomía y Estabilidad. Eso no es precisamente lo que
tiene Venezuela donde la mayoría de los Jueces son provisorios y sujetos a la
llamada de alguien para influir sobre la justicia.
Pero esto no es un problema nuevo
en el mundo. Muchos países se enfrentaron con esa dificultad durante la
creación de su institucionalidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, uno de
los Padres Fundadores de esa nación, Alexander Hamilton (1755-1804), fue el
autor de la idea del desempeño vitalicio de los Magistrados el cual defendió
con el siguiente argumento: “el organismo
judicial es el más débil de los tres organismos del Estado, porque no posee el
poder militar que tiene el organismo ejecutivo, ni el poder de disponer del
tesoro público y de dictar leyes, que tiene el poder legislativo. Solo posee el
poder de juzgar; pero con tal poder no puede defenderse del ataque de los otros
organismos. Un recurso para evitar ese ataque consiste en que los jueces que
tienen buena conducta no puedan ser destituidos; y posean, entonces,
independencia para juzgar la licitud o no licitud constitucional de los actos
de los otros organismos del Estado” (ver Sobre Jueces Vitalicios, Luis Enrique
Pérez en http://lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/176095-sobre-jueces-vitalicios).
De esa manera se aseguran en los Estados Unidos la Autonomía
y la Estabilidad de los Magistrados, indicando que “Los jueces, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores,
continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos una remuneración
por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su nombramiento.” (Constitución Política
de los Estados Unidos, Titulo III). Al desviarse de esa “buena conducta” pueden
ser destituidos por el Congreso. De allí realmente deviene la estabilidad de
ese sistema judicial.
Por otro lado la construcción
del sistema de justicia norteamericano es federal. De acuerdo a la
Constitución “Se depositará el poder
judicial de los Estados Unidos en una Corte Suprema y en los tribunales inferiores
que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo.” (Constitución Política
de los Estados Unidos, Titulo III). La Constitución norteamericana no prescribe
ni las facultades ni prerrogativas de la Corte Suprema ni la organización del
Poder Judicial. Eso lo hizo el primer Congreso de los Estados Unidos y los
Magistrados nombrados al crear el Poder Judicial Federal y la normativa
federal, al punto que el primer proyecto sometido al Senado de los Estados
Unidos fue la Ley Judicial de 1789 (ver La Corte Suprema de los Estados Unidos
en http://www.supremecourt.gov/visiting/foreigntranslations/spanishtranslation.pdf
).
En virtud de esa Ley
correspondió al Congreso la creación de los Tribunales Federales, inferiores a
la Corte Suprema, confirmación de los nombramientos de los Magistrados y
aprobación de fondos y presupuestos, del monto total del presupuesto federal
(ver El Sistema Federal Judicial en Los Estados Unidos en http://photos.state.gov/libraries/argentina/8513/faqUSA/fedjudsistema.pdf).
En otras palabras, el sistema Federal de Justicia norteamericano se corresponde
con la autonomía de los Estados para darle la justicia necesaria a sus
ciudadanos en su correspondiente nivel.
Quise
realizar esa breve descripción del sistema norteamericano de justicia y ver como
enfrentaron ellos el dilema de la Autonomía y la Estabilidad de los jueces,
porque así como ellos tienen resuelto ese tema en un entorno federal desde hace
mas de 200 años, nuestra propuesta apunta en esa misma dirección de
descentralización de la Justicia y logro de un sistema de Autonomía y Estabilidad
de los jueces, que creo es uno de las primeras construcciones que se tienen que
abordar en una próxima discusión Constituyente en Venezuela.
La mayoría
de los puntos de este Eje de Justicia y Seguridad Jurídica van en estrecha correspondencia
con los ejes Autonomía y Municipalización (Ejes 1 y 2). La Justicia y la
Seguridad Jurídica van de la mano de una concepción Federal del Estado. No se
puede pensar en una cosa sin pensar en la otra. De esa manera vamos viendo que
los problemas más urgentes de los venezolanos pueden ser resueltos si pensamos
como los Padres Fundadores norteamericanos: resolver primero lo importante de
la institucionalidad, sentando las bases en nuestra Constitución Política para
evitar las desviaciones humanas. Y aún sin ser abogado pero a lo Clemenceau, no creo que haya algo más
importante que la Justicia en un sistema democrático.
Caracas, 27 de Julio de 2013
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
