Convención constitucional

Por Luis Manuel Aguana

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No existe nada más cruel y perverso que encerrar a alguien en un laberinto. Y más aún si ese laberinto tiene escondida a una bestia que come carne humana, como en uno de los mitos más famosos de la mitología griega, el Laberinto de Creta que contenía al Minotauro, suerte de bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. A Venezuela se la convirtió en un laberinto con una bestia adentro, dónde aquellos que se quedan tarde o temprano son víctimas de la bestia-régimen que se pasea a sus anchas en esa trampa sin salida.

Y al igual que en ese laberinto mitológico, los venezolanos damos vueltas y vueltas por los mismos pasillos buscando infructuosamente la salida, y la bestia que los conoce siempre nos encuentra. Lo más triste de la historia es que quienes deben guiar la búsqueda para salir de eso proponen los mismos lugares, los mismos pasillos, confundidos como el resto, con el resultado conocido por todos de una bestia triunfante y eternizada que siempre nos encuentra y nos come en su juego sin fin. Ni una idea nueva, ni una manera diferente de cómo enfrentar a la bestia. Y lo increíble es que quien que se salga de ese círculo vicioso de las mismas malas ideas, son rechazados sin oírlos. Es parte de la misma confusión y cansancio.

El laberinto venezolano es especial. Su construcción comenzó con la propuesta constituyente de un candidato golpista que los venezolanos compramos sin conocer de que se trataba y cuya confusión ha perdurado hasta nuestros días. Hasta quienes nos dedicamos a estudiar a profundidad ese tema caímos en la trampa de la bestia.

Comenzamos con una sentencia del 19 de enero de 1999 de la antigua Corte Suprema de Justicia, que con ponencia del Magistrado Humberto la Roche, autorizó una Consulta para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, en los siguientes términos: “...puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Esa sentencia histórica modificó la vida de los venezolanos.

¿Y bajo que sustento el máximo tribunal del país autorizó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuyo propósito fundamental es crear una nueva Constitución? Bajo el principio esgrimido en la sentencia, que sostiene que es el pueblo el que “…retiene siempre la soberanía ya que, si bien puede ejercerla a través de sus representantes, también puede por sí mismo hacer valer su voluntad frente al Estado. Indudablemente quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce. De allí que el titular del poder (soberanía) tiene implícitamente la facultad de hacerla valer sobre aspectos para los cuales no haya efectuado su delegación”. Esto es en definitiva indiscutible. La soberanía popular esta por encima de cualquier consideración, y si esta desea modificar las bases del Contrato Social establecido, puede perfectamente hacerlo.

De esta forma el el recién electo gobernante golpista pudo cambiar las bases fundamentales del país con el auxilio de un pueblo engañado en una campaña electoral que atribuyo las culpas de todo lo malo que nos sucedía a la Constitución de 1961. Pero la cosa no termino allí. La Asamblea Constituyente convocada incluyó en su texto la posibilidad que el pueblo pudiera convocarse de nuevo con una Asamblea Constituyente, estableciendo tres artículos específicamente para ese llamado. Los artículos 347, 348 y 349 le ponen reglas a una nueva convocatoria Constituyente. ¡Y allí estuvo la trampa! Parecía una consideración de amplitud pero no lo era. A partir de allí las reglas estaban condicionadas a lo que la bestia-régimen decidiera en materia electoral. Esas reglas funcionan bien pero en una democracia, no en un régimen que controla todas las ramas del poder público.

Y nosotros caímos en esa trampa, buscando hacer cumplir unas reglas a un poder intrínsecamente autoritario. De esa forma convocar ese supra poder constituyente para doblegar el autoritarismo de la bestia-régimen es poco menos que imposible. Parecía que nosotros mismos nos impusimos la jaula donde nos encerramos y tiramos la llave.

Pero el Poder Constituyente, NO TIENE PORQUE ESTAR EN LA CONSTITUCIÓN PARA PODER EJERCERLO. De hecho somos los ciudadanos los que decidimos cómo hacerlo porque ES UN DERECHO HUMANO. Veámoslo en las palabras del Dr. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, en una entrevista realizada en febrero de 2014:

“Efectivamente (la Constituyente) puede estar en una Constitución o puede no estarlo. En la nuestra está, en la de 1961 no estaba….¿Por qué digo porque puede no estarlo? Porque ES UN DERECHO HUMANO, es un derecho inherente a la persona humana, esto es, está por encima de la misma letra constitucional. Es algo supraconstitucional. Es como los Derechos Humanos. Hay Derechos Humanos que no están en la Constitución, por ejemplo el tema en Europa y los Estados Unidos que está en pleno debate es el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y se está reconociendo en varios países como un Derecho Humano…Con la Constituyente pasa lo mismo. Se reconoció en Francia, no lo establecía la Constitución francesa monárquica, no lo establecía pero se reconoció como un derecho inherente a los franceses, y como parte de su Soberanía…. De la misma manera paso con los americanos. No estaba en las constituciones de la Confederación norteamericana pero ellos lo reconocieron como un derecho inherente a su Soberanía y a ellos como ciudadanos, como personas. Entonces la Asamblea Constituyente, el Poder Constituyente es algo que puede o no estar en la Constitución. Si está en la Constitución, okay, puede estarlo. Si no está en la Constitución eso no significa que no exista, y que no se pueda manifestar y presentar, y no pueda expresarse.” (ver Constituyente de Calle, video entrevista al Dr. José Vicente Haro, en https://youtu.be/CoygzadEA1g).

Luego de esa extensa explicación los venezolanos caemos en cuenta del engaño. Pareciera que la Constituyente que esta expresada en los tres artículos constitucionales arriba citados, ES LA ÚNICA que podemos esgrimir. Pues no. Chávez nos aplicó que porque somos un pueblo soberano si podíamos convocar una Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución de 1961, que no lo tenía establecido, pero que no podríamos hacerlo si queríamos cambiar la actual, sino bajo las reglas y términos impuestos por la Constitución de 1999. ¿Y a cuenta de qué? Seguimos siendo un pueblo soberano, ¿o no? Y eso, como dice el Dr. Haro en su exposición, fue lo que hicieron los franceses y los norteamericanos. Y lo hicieron, el primero convocando al Tercer Estado, la plebe francesa, propuesto por el abate Enmanuelle J. Sieyès (ver El abate Sieyès y la Revolución francesa, en  https://www.elhistoriador.com.ar/el-abate-sieyes-y-la-revolucion-francesa/ y ¿Qué es el Tercer Estado? de Enmanuelle J. Sieyès, en https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/09/sieyes-que-es-el-tercer-estado.pdf) y el segundo convocando delegados de la Confederación norteamericana a una Convención Constitucional para elaborar la Constitución de los Estados Unidos (ver La convención constitucional, Gobierno de los EEUU, en  https://static.america.gov/uploads/sites/8/2016/04/The-Constitutional-Convention_Spanish_508.pdf).

De hecho, a partir de ahora mismo podríamos convocar, tal y como lo sugiere el Dr. José Vicente Haro,  a una Convención Constitucional, como lo hicieron los norteamericanos en su momento en 1787, y utilizar ese mismo nombre que expresa en toda su extensión lo que se persigue, compuesta por delegados de cada uno de los Estados de Venezuela bajo las reglas que decidamos, no las que decidió Chávez en la Constitución de 1999. Nadie en la Comunidad Internacional y menos aun ni los Estados Unidos ni la Unión Europea pudieran estar en desacuerdo con una solución de este tipo para Venezuela, porque sus propios Estados fueron paridos bajo esa misma fórmula. Y ese es precisamente el problema que tenemos al frente, la construcción institucional de las manos de los delegados legítimos del pueblo venezolano, de un Estado destruido hasta los cimientos.

Ahora bien, en agosto de 2013 mi estimado profesor y amigo, Agustín Blanco Muñoz, de la Cátedra Pío Tamayo de la UCV, introdujo el concepto “Constituyente de Calle” , tratando de significar la necesaria participación popular que debe tener este instrumento, lo más alejado posible de la institucionalidad corrupta del régimen a través de su CNE, trasladando  su ejecución a la sociedad civil organizada: “Y así, en un momento determinado la lucha-constituyente pacífica de calle estará convocada, respaldada y ejecutada por miles de actores que actúan en forma de una red de movimientos que mantienen su autonomía en medio de una diversidad de pensamiento pero con un propósito común: hacer una nueva historia. Visto de esta manera, la Constituyente Originaria se promoverá y ejecutará desde la calle. Sin firmas ni CNE. La fuerza social-pueblo-colectivo será el arma impulsora de otros tiempos. No irá por lo circunstancial sino por lo trascendente. Sus resultados no serán para "ya" pero sí para otra historia” (ver ¿Cómo organizar la Constituyente-calle? Por Agustín Blanco Muñoz, en http://constituyevenezuela.blogspot.com/2013/08/como-organizar-la-constituyente-calle.html).

Posteriormente ese concepto es traducido en términos constitucionales por el Dr. José Vicente Haro, diferenciando esa expresión de lo que se definió en la Constitución de 1999: “Creo que es importante diferenciar….cual es la diferencia entre una Constituyente de calle y una Constituyente como la prevista en la Constitución. La Constituyente prevista en la Constitución de 1999 es una Constituyente que está sujeta a unas reglas de Convocatoria, incluso a unas reglas de iniciativa,….. Esa es la constituyente que está establecida en la Constitución. Pero hay una regla en materia del poder constituyente, y esto es la clave, y es que el Poder Constituyente de hoy no puede atar, no puede condicionar el Poder Constituyente del mañana. ¿Qué quiero decir? El Poder Constituyente de 1999 establecido en la Constitución de 1999, no puede atar, no puede condicionar el Poder Constituyente de hoy. ¿Qué significa eso? Que esos requisitos establecidos en la Constitución no necesariamente se deben cumplir si hablamos de una Constituyente de calle…..Con respecto a lo que es constituyente de calle, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la Constituyente de calle no está atada a las reglas ni a las premisas establecidas en la Constitución de 1999, y por lo tanto no debe pasar por el CNE, no es necesario pasar por el CNE, y es una Constituyente que así como lo hizo el pueblo francés, así como lo hizo el pueblo americano, y así como lo hicieron muchísimos pueblos, efectivamente se puede activar en la calle con la participación de los ciudadanos…Como hicieron los franceses, ellos mismos se organizaron un órgano electoral, representados por los ciudadanos, y establecieron unas reglas y unos parámetros para las votaciones….” (resaltado nuestro) (ver José Vicente Haro, en el video referenciado previamente).

Si hacemos valer ese principio doctrinario, el Poder Constituyente que construyó este estado de cosas en el país NO PUEDE ATAR NI CONDICIONAR el Poder Constituyente que convoquemos hoy, con otras reglas y otras condiciones. En la gravísima situación en la que se encuentra el país, completamente des-institucionalizado y sin representación política legítima alguna, buscando las salidas a este laberinto construido para que una bestia nos devore; y vista ya la decisión inequívoca del pueblo venezolano de dar por concluido el régimen de Nicolás Maduro Moros en una Consulta Popular, donde 6,4 millones de venezolanos expresaron su mandato de desalojo, tenemos el derecho de convocar sin más consultas a una Convención Constitucional, con reglas propuestas por la sociedad civil, y con delegados provenientes de todos los rincones del país y de todas las tendencias políticas, para decidir el futuro de Venezuela.

Como verán, nada de lo aquí expresado es invento de este escribidor que lo único que hace es no referir a la figura mencionada como Asamblea Constituyente, para precisamente diferenciarla del engaño montado en la Constitución de 1999, que tiene sus propias reglas de convocatoria, aunque en el fondo ambas tengan el mismo propósito: “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Esas son las elecciones que debemos hacer con la ayuda de la Comunidad Internacional. Esa elección de delegados  podría constituirse en la solución del problema de Venezuela, así como lo fue el Hilo de Ariadna para salir del Laberinto de Creta y que la Convención Constitucional se convierta en la espada definitiva para ponerle fin al Minotauro…

Caracas, 6 de Junio de 2021

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Negociadores o estafadores

Por Luis Manuel Aguana

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Después que el Gobierno Encargado confirmara una negociación con el régimen en México o Noruega (ver Noticiero Digital, Negociación con Maduro podría darse en México o Noruega, en https://www.noticierodigital.com/2021/06/negociacion-con-maduro-podria-darse-en-mexico-o-noruega-confirmo-guaido/) me surgieron algunas interrogantes que deseo compartir con ustedes. La única manera en que alguien negocie su casa para venderla por usted, es si a ese alguien tiene en su bolsillo un poder legal u autorización suya para hacerlo. De otra manera la persona que hace eso sin su autorización lo estaría estafando, no solo a usted sino al resto del mundo porque le estaría haciendo creer a todos que usted estuvo de acuerdo con la venta de su casa, sin contar que se estaría quedando con su dinero. Si esto que luce tan  simple como escandaloso se comprende fácilmente para el caso de su casa, lo aplicamos para el futuro de su país en el caso de aquellos que negocian la crisis venezolana en los escenarios internacionales, la gente lo ve de lo más natural sin escandalizarse.

Los negociadores del régimen hace tiempo que perdieron legitimidad y no representan los intereses de los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro Moros, a pesar de ser ilegitimo de origen por la manera en que se dio su primera Presidencia al ser candidato luego de la muerte del Galáctico, ya que la Constitución se lo impedía abiertamente, al estar ejerciendo como Vicepresidente al momento que Dios nos hiciera el favor de llevarse a su jefe:  “Artículo 229 No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”. Si ya Maduro era ilegitimo desde ese mismo momento en el 2013, no lo era menos el 2018 al forzar una elección presidencial adelantada a través de una Constituyente ilegítimamente convocada por ese mismo personaje ilegitimo el año anterior. Si a eso le sumamos que los venezolanos no concurrimos a esas elecciones ocurridas en mayo de 2018 y la Comunidad Internacional no reconoció esa elección, podemos concluir que ese “negociador” está inhabilitado para hablar por los venezolanos.

Por otro lado, tenemos al Gobierno Encargado de Juan Guaidó. Se ha abierto un hueco negro legal después que los venezolanos decidiéramos rechazar en una Consulta Popular la elección parlamentaria del régimen realizada el 6 de Diciembre de 2020 y la finalización del periodo constitucional de la Asamblea Nacional electa en Diciembre de 2015. A partir de ese momento el tema de la legitimidad de Guaidó se sustenta en el reconocimiento internacional que ha tenido desde su juramentación el 23 de Enero de 2019. Esta legitimación política que le ha concedido la comunidad internacional para al menos tener una contraparte válida frente al régimen de Maduro, no puede ser sustentada a lo interior de Venezuela para indicar que Guaidó es representante legitimo de los venezolanos. Vuelvo a mi ejemplo de la casa. Si los vecinos dicen que yo soy el dueño la casa donde vivo, esa declaración no puede ser esgrimida como base para que yo se la venda a otro. Debo demostrar que yo soy el propietario con documentos en la mano en el Registro de la Propiedad.

Nos parece excelente que los Estados Unidos y otros países consideren a Guaidó como Presidente AFUERA DE VENEZUELA, pero a lo interno la cosa es diferente. Esa condición NO ES SUFICIENTE para que pretenda negociar una casa que es de los venezolanos. Debe demostrar propiedad y nosotros no se la hemos concedido con una elección válidamente convocada. Sin embargo, esa condición de Presidente afuera de Venezuela al parecer tampoco se está sosteniendo, al decir del Director de la Oficina de Washington para America Latina (WOLA), Geoff Ramsey, quien el 1ro de Junio declaró en su cuenta de Twitter que "De los casi 60 países que en un momento aceptaron a Guaidó como presidente, todos menos siete han retirado silenciosamente la designación de sus comunicados oficiales de este año" (ver @@GRamsey_LatAm, en  https://twitter.com/GRamsey_LatAm/status/1399696005801652224). Justamente esos siete que menciona Ramsey son los únicos que han aceptado a los embajadores de Guaidó. Al menos el mundo se está sincerando.

Todo lo anterior sin contar con la inconstitucionalidad en la que incurrieron los Diputados de la Asamblea Nacional al modificar el Estatuto de la Transición de 2019 y extender las atribuciones de la Comisión Delegada sin tener las atribuciones constitucionales para eso, y que quedó a cargo de la Asamblea Nacional del 2015 luego del vencimiento de su último período. Súmenle a ese cuadro de ilegitimidad la cantidad de diputados que decidieron no continuar en sus curules después del 5 de Enero 2021, cuántos de ellos se exiliaron y cuantos quedan en el país. Cualquiera que sea esta cifra neta, ¿creen ustedes que ese número le de a la actual Directiva de esa Asamblea Nacional de 2015 suficiente piso político para negociar con nadie el futuro de los venezolanos? Buena pregunta…

Y algunos me dirán, ¿y entonces? Esos son los bueyes con los que hay que arar. Y yo les contesto: Gracias, pero NO GRACIAS. En primer lugar porque no podemos hacerlo. Los venezolanos, los dueños de la casa, dijimos en una Consulta Popular que Maduro tiene que irse para poder hacer una elección libre en Venezuela. Que unas elecciones libres se hacen en libertad y por eso fue que se autorizo a que cualquier venezolano gestionara ante la Comunidad Internacional “…activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad” (3ra pregunta de la Consulta Popular, Diciembre 2020). Guaidó puede hacer solo eso, está limitado por un mandato popular.

Ante tal cuadro de ilegitimidades de parte y parte, comente en una nota anterior que era imposible continuar sosteniendo esa situación ante los venezolanos y el mundo (ver Crisis de representatividad: Participación versus elección, en https://ticsddhh.blogspot.com/2021/05/crisis-de-representatividad.html) y la única manera de abordar ese tema es la participación popular como único recurso que nos queda a los venezolanos. Los únicos que podemos vender nuestra casa somos los venezolanos. Y solo nosotros reunidos podemos tomar esa decisión. Si por la gravedad de la crisis se está esgrimiendo una negociación entre partes ilegítimas, con mayor razón podemos argumentar que quienes tenemos legítimamente ese derecho podemos pasar por encima de las legalidades también y proponer soluciones más ajustadas a una legitimidad de origen.

Entonces, ¿por qué en lugar de proponer elecciones para cargos que no resolverán absolutamente nada con un régimen de malandros, no se propone un proceso electoral para elegir a verdaderos representantes del pueblo de Venezuela en toda la geografía nacional, y que reunidos con el suficiente poder político decidamos la suerte del régimen y de Venezuela, con el voto de los venezolanos, utilizando el auxilio técnico-electoral de la Comunidad Internacional? Eso tiene un nombre en nuestra Constitución y quienes ilegítimamente, de un bando y de otro, intentan estafar a los dueños de la casa, lo han ignorado deliberadamente. Solo así los venezolanos sabremos que quienes dicen querer resolver los problemas del país no quieren estafarnos, convocando a los verdaderos y legítimos dueños para que decidan su destino. Seguiremos en la lucha para que el pueblo decida…

Caracas, 4 de Junio de 2021

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Revocatorio otra vez o porque algunos venezolanos nunca aprenden

Por Luis Manuel Aguana

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Cuando escuche de nuevo la expresión “revocatorio de Maduro” no lo podía creer. No solo porque ya eso lo habíamos intentado dos veces antes de que se fueran algunos millones más de venezolanos del país (la primera vez con Chávez en el 2004 y la segunda vez con Maduro el año 2016), sino que la figura del Revocatorio fue la razón misma de la existencia del actual sistema electoral fraudulento del régimen, y cuyo debut lo tuvimos el año 2004. Los venezolanos debemos recordar que por allí comenzamos una larga lucha con muertos, presos, exiliados, destrucción económica, y todas las plagas que nos han caído con el castro-chavismo-madurismo.

Las máquinas SmartMatic nacieron con la palabra “revocatorio” en Venezuela. Sin embargo, al parecer algunos venezolanos aun no han aprendido esa sangrienta lección. Incluso hasta algunos notables abogados, extrañamente acomodaticios, hasta la consideren “jurídicamente válida” como fórmula a aplicarle a Maduro para salir de su régimen. Y yo me pregunto, ¿y en dónde estaba esa gente el año 2004? O en el año 2016 cuando unos tribunales de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo decidieron suspender el proceso revocatorio cuando “fueron admitidas a trámite querellas criminales presentadas por el oficialismo contra la recolección de firmas de abril” (ver Venezuela: El CNE paraliza referendo revocatorio a Nicolás Maduro, en  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37723172).

Puedo entender que Guaidó y sus muchachos hayan estado por su corta edad lejos de entender debidamente lo que pasamos los venezolanos con el Firmazo, el Reafirmazo, las “firmas planas” y los Reparos en el año 2004. Recuérdese que Guaidó tenía solo 15 años cuando llegó Chávez en 1998 y 20 cuando los venezolanos comenzamos una dura cruzada de salir de Chávez con los votos. Estábamos muy lejos en ese momento de imaginarnos que más de 20 años después estuviéramos hablando todavía de esto y menos aún que alguien tuviera la mente lo suficientemente retorcida para trampear abiertamente el mecanismo de pesos y contrapesos políticos que garantiza la estabilidad política de un país, que no es otra cosa que su sistema electoral. Pero el venezolano común aprendió después de mucha sangre derramada en las calles que el régimen que nos azota no se parará en nimiedades electorales para permanecer en el poder.

¿Por qué entonces todavía tenemos que escuchar de nuevo la expresión “revocatorio de Maduro”? En efecto, la figura está en la Constitución, como lo estaba en el año 2004 y el año 2016. ¿Qué cambió aquí? ¿Qué nos perdimos los venezolanos? Imagínense lo difícil que lo puso el régimen para levantar el 20% de firmas necesarias para revocarlo en el 2016 todavía estando en Venezuela los millones de venezolanos activos que ya se han ido del país. ¿Recuerdan que en el 2016 solo se abrían las maquinas en un horario específico y cuando se habilitaban no había línea o la maquina estaba dañada? ¿Y las colas impresionantes de aquellos que manteniendo la esperanza concurrían a ese sainete que creían en lo “democrático” del régimen? Se me pone la piel de gallina solo recordarlo. Pero eso al parecer no lo recuerdan los proponentes de esta nueva “crónica de una muerte anunciada”.

Pero lo más impresionante es la posición del gobierno norteamericano ante esa propuesta, expuesta por su embajador James Story (ver "Gobierno de Estados Unidos apoyaría un revocatorio contra Maduro", en https://youtu.be/7AADShLJukM). Como lo mencioné en mi nota anterior, los norteamericanos son pragmáticos. Cualquier cosa que salga, por más absurda que sea, y que les baje a ellos la presión de Venezuela es bienvenida porque es una posibilidad para que el “problema venezolano” se quede dentro de sus fronteras. Pero esa no es una solución para los venezolanos. Quedarnos con Maduro no es una opción. Y hay que insistir con ellos que la solución venezolana no puede ser solo para la Comunidad Internacional sino para quienes vivimos en este país. De allí que el espectro de soluciones a plantear a los Estados Unidos no está de ninguna manera completo todavía. Pero veamos esa nueva propuesta “revocatoria” en más detalle.

El solo hecho de iniciar de nuevo un proceso revocatorio constitucional en contra de Nicolás Maduro Moros, admite sin lugar a dudas que su presidencia es legítima así como la institución electoral que recibió esa solicitud. Admite a Maduro como Presidente, que no lo es sino un usurpador. Admite la legitimidad de la Asamblea Nacional que designó ese nuevo CNE. Y con la admisión de la legitimidad del CNE se admite de paso la “veracidad” del Registro Electoral sobre el que se sustentará el número de firmas necesarias para la convocatoria a ese supuesto nuevo revocatorio.

El Registro Electoral venezolano está viciado. De eso se encargaron Chávez, Maduro y Tibisay Lucena. Muchos estudios técnicos lo han demostrado fehacientemente, y para muestra un botón: “Esa conclusión nos lleva a poner de manifiesto una vez más la crucial pregunta, ¿dónde están los 19 millones de votantes que el CNE y el gobierno pregonan en las cifras oficiales? En otras palabras, la conclusión es obvia, la población votante no debería ser superior a los 11 millones de electores válidamente registrados. La respuesta a dicha interrogante, es tremenda, sobran más de 6 millones de votantes en el registro electoral lo cual permite ratificar una vez más, que el registro no sirve, que está hipertrofiado y ha sido manipulado por el CNE en acciones fraudulentas…” (ver Democracia y Elecciones en Venezuela, por Genaro Mosquera Castellanos, Pág. 46, https://tinyurl.com/mwwxdezy).

Sabiendo esto, ¿sobre qué numero se basará el 20% requerido en el Artículo 72 Constitucional de una nueva convocatoria para revocar el supuesto mandato del usurpador? ¿Sobre los 19 millones que ellos siempre han dicho que tienen en el RE, que ya de por si esta inflado en más de 6 millones de votantes virtuales, o en un número mucho menor luego de los más de 5 millones de venezolanos que se han exiliado huyendo de la desgracia del país y los otros 6 millones que no existen porque son virtuales? Porque obviamente serían menos las firmas requeridas. La respuesta a eso les dirá que tan interesado esta el régimen en aceptar un nuevo revocatorio ante la Comunidad Internacional para dar respuesta a esta nueva solicitud de quienes al parecer no han aprendido todavía la lección sangrienta que  la mayoría de los venezolanos si asimilamos al participar sin el CNE del régimen en la Consulta Popular del 7 al 12 de Diciembre de 2020.

El régimen aceptará encantado esa propuesta de revocatorio porque con eso esa “oposición” que ha olvidado lo que ha pasado en Venezuela, le regala un botellón de oxigeno que durará muchos meses, porque al perderlo, ya sea porque no lo puedan activar como en el año 2016, o que el CNE del régimen haga lo mismo que hizo en el 2004, sumarán a la tropa de alacranes que de una manera u otra han reconocido al régimen como un gobierno legítimo. Ellos dirán de nuevo que “se equivocaron” y el pueblo venezolano estará aun más jodido. Lamento el mal francés pero es así…

Quiero suponer que quienes están impulsando esta supuesta “alternativa” están claros en esa realidad y no son ningunos ingenuos de la política. Los venezolanos deberán preguntarse porque lo hacen. De nuevo, no existen ingenuos en la política, pero si debo destacar que hay un tema ético involucrado en el asunto. Solo por un mínimo de consideración a todos los muertos, desaparecidos, presos, torturados, exiliados y constantemente amenazados, nadie debería atreverse a faltarle el respeto a los millones de venezolanos que pusieron sus esperanzas en los dos primeros revocatorios y trabajaron a riesgo de sus vidas con las herramientas de la democracia y que fallaron porque tuvieron al frente a un régimen tramposo de malandros y delincuentes capaz de cualquier cosa. Eso es como si esa venezolana que hizo el esfuerzo de cruzar el Rio Grande sobre hombros para entrar a los Estados Unidos, al llegar medio muerta a la otra orilla la estuvieran esperando para darle una paliza y expulsarla. Esos que proponen ese revocatorio están haciendo el papel de aquellos que saben lo que pasará del otro lado y aun así proponen el viaje, excusándose después en que cada uno tomo su decisión. También debe haber ética y moral en lo que se propone después de todo lo que ha sufrido el pueblo de Venezuela para expulsar al régimen.

Los venezolanos debemos no solo evaluar muy detalladamente las propuestas que se hacen para salir del régimen, sino quienes las proponen y analizar por qué lo hacen. Somos nosotros los venezolanos quienes estamos en riesgo aquí, no los proponentes. A este punto hay mucha gente interesada en que esta situación continúe, buscando espacios donde quedar después de la tragedia utilizándonos para sus 15 minutos de notoriedad y fama. Ni revocatorio para un usurpador, ni elecciones regionales convocadas por una Asamblea Nacional y un CNE ilegítimos. Ya el pueblo decidió en una Consulta Popular el camino a seguir: Maduro y su régimen se tienen que ir inmediatamente para que este país tenga reconstrucción, paz y libertad. Seguiremos trabajando para hacer cumplir el mandato del pueblo venezolano.  

Caracas, 28 de Mayo de 2021

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Crisis de representatividad: Participación versus Elección

Por Luis Manuel Aguana

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La información que comenzó a circular por las redes en el sentido que EEUU había dado un plazo al Gobierno Encargado para resolver el problema de Maduro, forma parte de la desesperación de todos de encontrarle una solución a la crisis política en Venezuela (ver PanamPost EEUU da plazo a Guaidó hasta el 1 de diciembre para sacar a Maduro, en  https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2021/05/18/eeuu-plazo-guaido-sacar-maduro/).

Aunque el mismo Embajador James Story negara la especie (ver noticia en TalCual, en  https://talcualdigital.com/embajador-james-story-afirmo-que-eeuu-sigue-apoyando-a-guaido-y-a-la-oposicion/) es muy posible que el informante hubiera entendido que en esa nueva reunión con el G4 en Bogotá, efectivamente los EEUU hayan manifestado su inconformidad con más de dos años de fracasos financiados con el dinero retenido de los venezolanos y todavía Maduro siga atornillado en Miraflores; y que en un momento dado los norteamericanos pudieran haber dado un plazo máximo al reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente Encargado (este año y antes de las elecciones regionales). En todo caso Story puede desmentirlo ahora y mañana cambiar de posición por órdenes de su gobierno. Y eso tendría mucho sentido.

A mi modo de ver, no es un que se le haya dado un ultimátum al Presidente Encargado, sino la cuestión insoslayable de que si no se resuelve el problema de Maduro, los Estados Unidos tendrán que verse en la necesidad de darle curso a un reconocimiento que no desean a parte o la totalidad de la institucionalidad del régimen, como por ejemplo a esa Asamblea Nacional del 6D-2020, y en consecuencia, a las nuevas elecciones que se han convocado. Tener que lidiar con dos “gobiernos” resulta un serio problema para todo el mundo en la Comunidad Internacional y en especial para los Estados Unidos, y eso a juicio de ellos le daría una salida a los partidos para dedicarse a un nuevo ciclo político, con revocatorio incluido, para seguir en la rochela interminable de“deshacerse” del régimen, por supuesto en contra del mandato de  los venezolanos en la Consulta Popular de Diciembre de 2020.

Eso explicaría muchas cosas, como por ejemplo el descabezamiento, por ahora mediático, de Guaidó, el movimiento masivo de la militancia partidista a entrar en ese proceso electoral, la búsqueda de tarjetas de votación para los partidos “opositores” que no la tienen, incluyendo las negociaciones con el régimen para la recuperación de la famosa tarjeta de la MUD UNIDAD de procesos electorales pasados.

El problema aquí es que los norteamericanos se van deslizando aceleradamente a preferir tolerar a Maduro porque eso es lo que hay, que a este saco de gatos incompetentes que no representan a nadie y que más bien se han convertido en el problema en lugar de la solución. Nadie como los norteamericanos como ejemplo de pragmatismo. Al fin y al cabo el problema es de los venezolanos, no de ellos aunque suene duro. Pero así es la política entre los países.

La gran pregunta es ¿qué haremos ante eso los venezolanos? ¿Aceptaremos de buena gana unas elecciones cuyo resultado sabemos de antemano y que no resolverá ningún problema  en el país y seguir con el alargamiento interminable de la crisis? ¿Aceptaremos un revocatorio chimbo de una autoridad usurpada? ¿Aceptaremos un CNE designado por una Asamblea Nacional que declaramos ilegitima en una Consulta Popular? ¿Aceptaremos de buena gana que este país empeore aún más (porque cualquier situación siempre puede ser peor) porque los partidos decidieron seguirle el tango al régimen para sobrevivir, dejando que la población se siga muriendo de mengua en los hospitales y en las calles comiendo de la basura, con una infraestructura productiva progresivamente inservible? Eso no se puede aceptar sin hacer nada. Y lo más terrible es que esa “oposición” crea que el régimen no profundizara su modelo comunal y autoritario inconstitucional para imponer cambios por la vía de los hechos que hagan que cualquier cosa que se logre en esas elecciones del régimen sea absolutamente anulado. Seguir luchando con las herramientas de la democracia en contra de unos delincuentes hace que cada día amanezcamos con menos derechos.

La Presidencia de Juan Guaidó la definirá, querámoslo o no, la Comunidad Internacional –y en especial los EEUU- cuando a su criterio vean que definitivamente ya no sirve más a sus intereses, y respaldarán al Presidente Encargado hasta que dejen de hacerlo, lo cual es exactamente el mismo caso de los militares con Maduro. De allí que en este momento hacer planes que impliquen la Presidencia Encargada de Juan Guaidó antes o inmediatamente después a esas elecciones regionales, que se llevarán a cabo con o sin el consentimiento de la Comunidad Internacional, conlleva el riesgo de quedarse con la brocha en la mano.

Lo dije antes como respuesta en un Foro chat donde me invitaron hace una semana: los venezolanos nos quedamos sin representación política (ver Las Conferencias Ciudadanas: el próximo paso de la Sociedad Civil, en https://t.co/wKDIPIUC2u). En consecuencia ante esa crisis de representatividad de una autoridad cuya legitimidad no depende de los venezolanos y la ya perdida de la dirigencia política, debemos concertar esfuerzos para representatividad legitima desde la sociedad civil partiendo de la participación popular, a pesar de lo que pase con la dirigencia política, que está buscando desesperadamente sobrevivir al tsunami de ilegitimidad por la falta de representación de los venezolanos, que cada día se presenta más evidente los ojos del mundo.

Debemos recordar la sentencia del TSJL a la solicitud de ANCO de encauzar las actividades de restablecimiento constitucional: “…cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país” (ver Auto de Ejecución de Sentencia, publicado el 30 de Noviembre de 2017, en http://ancoficial.blogspot.com/2017/12/auto-de-ejecucion-de-sentencia-tsj.html).

Este pronunciamiento dio origen a la Consulta Popular de Diciembre de 2020 y ahora a que la sociedad civil genere las acciones necesarias para hacer cumplir ese mandato del pueblo. Por eso formulamos el Pacto de Restablecimiento Constitucional y Democrático, en perfecta alineación con la Carta Democrática Interamericana de la OEA que indica “Articulo 6: La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia” (ver Carta Democrática Interamericana de la OEA, en https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm). Como ciudadanos estamos ejerciendo responsablemente un derecho de participación reconocido por el continente y que de paso está claramente establecido en nuestra Constitución vigente.

Las Conferencias Ciudadanas formuladas en el Pacto son el vehículo que motorizará esa participación de los ciudadanos y en consecuencia su representación legítima en todos los ámbitos de la vida nacional. De allí que se hace indispensable que contrapongamos la participación de los ciudadanos para evitar que se estafe de nuevo al pueblo venezolano con unas elecciones ilegitimas y mucho menos un revocatorio de unas autoridades que no son tales porque usurpan los poderes del Estado. Más temprano que tarde la Comunidad Internacional terminará reconociendo la rebeldía del pueblo venezolano a que se le imponga una ruta política embozalada y reconozca que la única salida de esta crisis pasa porque el pueblo venezolano decida qué hacer con su propio destino, utilizando los mecanismos que la misma Constitución establece. Seguiremos en rebeldía ciudadana por encima de quienes deberían defender nuestros derechos hasta que resolvamos la crisis de representatividad de una manera legítima y constitucional.

Caracas, 27 de Mayo de 2021

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Las Conferencias Ciudadanas: el siguiente paso de la Sociedad Civil

Por Luis Manuel Aguana(*)

Intervención en el Foro Chat

“Las Conferencias Ciudadanas: el siguiente paso de la Sociedad Civil”

promovido por la Coordinación de ANCO El Tigre,

Estado Anzoátegui, 21 de Mayo de 2021

Comienzo por agradecer la gentileza de los compañeros de la Coordinación de ANCO El Tigre por esta gentil invitación que me honra de mi tierra de Anzoátegui. Mucho ha sucedido desde la última vez que me dirigí a ustedes para explicar el tema de la Consulta Popular el 30 de Noviembre de 2020, días antes de la celebración de ese evento trascendental en la vida de los venezolanos. Aunque algunos todavía crean que la Consulta Popular, o mejor aún, las dos Consultas que hemos realizado hasta ahora, no han tenido todavía el efecto inmediato que algunos estaban esperando, eso de ninguna manera significa que nos hayamos cruzado de brazos en lo que es una tarea de todos y porque estamos desarrollando los instrumentos necesarios para hacer efectivo el mandato que el pueblo expresó del 7 al 12 de Diciembre de 2020.

Pero antes de entrar en esa materia que es el centro particular de esta intervención, deseo hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí, porque las cosas no suceden solas. Se requieren pasos previos firmes y estructurados para poder montarnos sobre una base solida de funcionamiento que nos permita alcanzar algo tan difícil como salir de este régimen. Y eso no se puede lograr si no estás preparado para ello y no haces la tarea que tienes que hacer. Culturalmente los venezolanos somos muy dados a creer que con un operativo que comienza y termina en días podremos resolver problemas estructurales que nos aquejan, que solo se pueden abordar con un trabajo serio, profesional y sostenido que puede durar mucho tiempo pero con resultados incontestables.

ANCO lleva muchos años trabajando para lograr que el pueblo se exprese en relación a la grave crisis que nos aqueja desde hace mas de 20 años y los primeros frutos los vimos recién en el año 2017 con una Consulta Popular que fue aprovechada políticamente por los partidos y ahora en el 2020 en otra Consulta popular que quisieron inicialmente manipular, y que luego de enderezada, porque aprendimos de los errores de la anterior, pretenden ahora ignorar. No se los vamos a permitir. Es por esa razón todo este andamiaje del que hablaremos hoy.

El 24 de Noviembre de 2017, un grupo de venezolanos pertenecientes a la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, entre los que tuve el honor de participar, introdujimos un RECURSO DE EJECUCION DE SENTENCIA ante el TSJL (Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, con sede en Washington, DC.), en nuestra condición de ciudadanos no investidos de autoridad (ver Recurso completo en http://ancoficial.blogspot.com/2017/11/recurso-anc-ante-el-tsjl-24-11-2017.html) para que la Sala Constitucional de ese Alto Tribunal, entre otras peticiones, declarara “en colaboración con las ciudadanías democráticas de Venezuela investidas de autoridad o no, el inicio de un procedimiento de restablecimiento constitucional (restauración democrática), frente a la inminente derogatoria de la vigente Constitución por un medio, mecanismo, procedimiento o actuación no previsto en ella” (resaltado nuestro) Esa fue la primera vez que asomamos el término “procedimiento de restablecimiento constitucional”.

¿Por qué ejercimos esta acción? Porque solicitábamos formalmente la ejecución de la Sentencia No.001/2017, que declaraba la nulidad de la Constituyente del régimen, no solo por el simple hecho de su necesaria ejecución, sino para algo tan importante como encauzar las actividades de restablecimiento constitucional, generando un procedimiento super extraordinario que ponerle al frente a la tramitación ilegítima de un proceso constituyente para cambiar la constitución y en el cual la ciudadanía, investida de autoridad o no, tenía y todavía tiene, la obligación de colaborar en el restablecimiento de la constitución vigente, como establece en el Artículo 333 Constitucional. Pedíamos en el pasado que el TSJL avalara UN PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO CONSTITUCIONAL conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad o no, que proponíamos en ese Recurso.

El TSJL ante la solicitud de ANCO sentenció que “…cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país” (subrayado nuestro) (ver Auto de Ejecución de Sentencia, publicado el 30 de Noviembre de 2017, en http://ancoficial.blogspot.com/2017/12/auto-de-ejecucion-de-sentencia-tsj.html).

Esta fue la base de concreto armado de la fundación jurídica sobre la que comenzamos a construir nuestro edificio constitucional para montar sobre ella la Consulta Popular de 2020. A partir de allí todos nuestros esfuerzos se concentraron en nuestra consigna “¡Que el pueblo decida!” con el que cerramos todos nuestros comunicados oficiales, hasta llegar a esa Consulta Popular a contravía de todas las voces que indicaban que “ya habíamos hecho una consulta en el año 2017”. No les hare ahora el recuento de la Consulta Popular de 2020 que ya he realizado en mis escritos públicos. Lo que si les diré aquí es que una vez hecha esa Consulta que es vinculante por naturaleza, se convierte en un mandato para todos los venezolanos, políticos o no políticos, investidos o no investidos de autoridad. Nadie escapa a ese mandato, como ahora lo pretenden hacer los factores políticos, que contrariando esa orden, pretenden hacer elecciones con el régimen en funciones.

Ahora bien, establecido ya el mandato de la Consulta Popular, procedimos a la redacción de un Pacto Ciudadano para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, que tomando como fundamento principal la ejecución de lo ordenado por el pueblo, describe las acciones que se deben llevar a cabo en un Procedimiento para el Restablecimiento Constitucional para dar así ejecución al Artículo 333 Constitucional. Entre estas acciones se encuentra la conformación de la Conferencia Ciudadana para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, órgano que tiene “la investidura de la autoridad que le deviene del mandato vinculante expresado del 7 al 12 de diciembre de 2020; instancia que asumirá la vocería, representación y coordinación de las acciones señaladas en este Acto Fundacional para el restablecimiento constitucional y democrático, y organizará coordinadamente el trabajo a nivel internacional, regional, municipal y parroquial, así como el despliegue de sus tareas” (ver Pacto completo en, https://ancoficial.blogspot.com/2021/02/comunicado-anco-acta-que-contiene-el.html).

La Conferencia es en sí misma una instancia de coordinación para la toma de decisiones conjuntas de las organizaciones firmantes del Pacto y así debe verse en todo nivel. No es una organización, ni pretendemos sustituir a ninguna organización por más pequeña que sea. Se agrupan en la Conferencia solo aquellas que hayan suscrito el Pacto y que lucharemos basando nuestra actuación en un criterio que nos pone en bajo un mismo paraguas: hacer cumplir el mandato del pueblo soberano en la Consulta Popular. En cada uno de esos niveles la Conferencia debe comenzar con un trabajo de organización interna para agrupar a todos los firmantes del Pacto en las diferentes escalas. La primera aproximación fue publicada hace apenas unos días (ver CCRCD – Documento Explicativo – 16-05-2021, en https://tinyurl.com/k4b5f725). Les invito a leerlo completamente.

El procedimiento de restablecimiento constitucional tiene dos protagonistas principales: los funcionarios investidos de autoridad, esto es, aquellos que ejercen los poderes públicos, y nosotros, el resto de los venezolanos, no investidos de autoridad, esto es la Sociedad Civil en su conjunto. Para efectos de la integración de la Conferencia Ciudadana hemos dividido en tres (3) bloques a la Sociedad Civil: 1) Los integrantes que fueron designados en su oportunidad por la Asamblea Nacional como Comité Organizador de la Consulta Popular; 2) Las organizaciones que se conforman en doce (12) Ámbitos de la Sociedad Civil de toda Venezuela que explicaremos a continuación; y 3) los Activadores formales del procedimiento para el restablecimiento constitucional.

Los doce (12) Ámbitos para la Sociedad Civil señalados son los siguientes: los siete (7) Ámbitos del Artículo 326 Constitucional (Económico, Social, Político, Cultural, Geográfico, Ambiental y Militar) más los Cinco (5) Ámbitos establecidos como problemas a atender de urgencia en el Pacto: Cambio Estratégico Institucional (reconstrucción institucional), la gestión internacional (3ra pregunta de la Consulta), la crisis humanitaria, incluyendo la pandemia del COVID-19, la venezolanidad en el exterior o diáspora, y la Organización electoral (elecciones justas, libres y verificables).

Un alto porcentaje de la sociedad civil venezolana se encuadra en alguno de esos doce (12) Ámbitos, si no es la totalidad. ¿Cómo se organizan esos integrantes? La mejor forma de explicarlo es a través del Consejo General de la Conferencia Ciudadana. Este está integrado por TODAS las organizaciones que a nivel nacional e internacional han suscrito el Pacto. Sin embargo es imposible que ese universo de organizaciones y personalidades que deseen aportar se manifieste si no se estructura de una manera representativa. De allí es que nace el Consejo Rector de la Conferencia que pretende agrupar a la representación de todas las organizaciones del Pacto. El Consejo Rector tiene setenta y siete (77) miembros llamados relatores y está compuesto por tres (3) bloques principales: 1) Cinco (5) relatores de de la Coordinación de la Conferencia Ciudadana; 2) Doce (12) relatores de las venticuatro (24)  entidades federales provenientes de la representación Federal de los Estados; y 3) Sesenta (60) relatores provenientes de la representación funcional (Ámbitos) de la Sociedad Civil. Esto es Cinco (5) por cada uno de los doce (12) Ámbitos anteriormente señalados. Cada grupo de cada Ámbito deberá reunirse y designar sus cinco (5) relatores al Consejo Rector. Asimismo las representaciones de las venticuatro (24) Entidades Federales deberán reunirse para designar doce (12) de ellos para representar al resto del país nacional en el Consejo Rector Nacional. En la medida que las organizaciones se vayan agrupando por Ámbito y Estados, se tendrá una representación más genuina y cercana a la realidad en el Consejo Rector Nacional y en consecuencia una representación más fuerte de la Sociedad Civil a nivel nacional.

Cada Entidad Federal deberá estructurar su propia representación siguiendo un esquema similar al descrito nacionalmente con un Consejo Rector en cada Estado, y designando democráticamente un Coordinador proveniente de las Conferencias que se organicen de la misma manera en cada Municipio y Parroquia. Desde el más bajo nivel se deberá establecer una Conferencia con una estructura similar. Es claro que no todos los Municipios y/o Parroquias tendrán la capacidad de organizarse siguiendo estos lineamientos porque esto dependerá del nivel de participación ciudadana que tengan en cada localidad pero necesariamente cada Estado deberá tener una representación genuina de su realidad de cara al Consejo Rector Nacional.

¿Qué se busca con este mecanismo y procedimiento? Que nadie se quede afuera y su voz vaya de abajo hacia arriba con propuestas concretas de acción que todas las organizaciones que suscribieron el Pacto apoyen y promuevan, así estas no provengan del mismo Ámbito. Esa es la fuerza que necesitamos tener para cualquier actividad que se decida en el país y fuera de él.

Lo descrito anteriormente es un esfuerzo inédito. Nunca se ha propuesto algo similar para organizar a la sociedad civil en todo el país. Este es el siguiente paso de la sociedad civil venezolana para tomar acciones directas frente al incumplimiento del mandato que el pueblo estableció en la Consulta Popular de Diciembre de 2020 y la Consulta Popular de Julio de 2017 así como la interceptación permanente de nuestra soberanía. Mientras cada uno vayamos por nuestro propio lado ejerciendo acciones aisladas en todo el país, el régimen y su oposición de alacranes y sobrevenidos seguirá haciendo de las suyas con los venezolanos. Este planteamiento ya dejo de ser una propuesta, y se encuentra en plena ejecución. Hemos sido muy celosos en establecer un mecanismo participativo y de toma de decisiones. Y como todo mecanismo nuevo requerirá de ajustes y mejoras con el tiempo por parte de todos. Pero es un paso firme y concreto hacia adelante y con un criterio común que nos unifica a todos: lograr el fin de la usurpación del régimen. Les invitamos a recorrer este camino y ser protagonistas persistentes en él. Esa constancia es la que con seguridad nos dará sus frutos traducidos en el restablecimiento de la Constitución, la democracia y la libertad.

Muchísimas gracias…

Caracas, 21 de Mayo de 2021

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(*) Luis Manuel Aguana es Directivo de ANCO, Alianza Nacional Constituyente Originaria, Doctor en Estudios del Desarrollo, MSc en Economía Internacional y Licenciado en Computación, de la Universidad Central de Venezuela.