Por Luis Manuel Aguana
La trama de corrupción destapada a
raíz de la acusación hecha pública desde los Estados Unidos según la cual el
conocido empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, sobornó a media
clase política en Venezuela con los reales de los venezolanos, tiene
implicaciones inimaginables.
Todos teníamos la presunción que
el colaboracionismo opositor era financiado con las arcas del régimen y los
reales de los venezolanos, pero ni idea de cómo ni con quien. Pero poco a poco
se irá conociendo con mucho más detalle el tamaño de ese iceberg del que solo
conocemos la punta porque chocamos con él. Mucho que conocer todavía. Solo 1000
millones de dólares –un billón americano- manejó el dúo Gorrín-Andrade.
Imagínense si solo eso es una punta de miles que existen…
Por ahora solo deseo destacar dos
aspectos que se han hecho públicos y que a mi juicio son extremadamente
importantes, mas allá de conocer quiénes son los opositores que han disfrutado a
costillas del hambre y la muerte de sus compatriotas.
El primero de ellos lo destaca en
su cuenta de Twitter el Embajador Diego Arria desde su exilio: “Los activos robados a Venezuela por
Gorrin-Andrade y otros son nuestros y no debe permitirse q USA se quede con
ellos. AN debe activarse con Ley Rescate” (ver https://twitter.com/Diego_Arria/status/1065292709211054082).
Obviamente lo primero que se destaca es que hay que recuperar el dinero
convertido en bienes por estos ladrones.
Como bien informa el Embajador
Arria, una Corte Federal en el Estado de La Florida en los Estados Unidos, ha
instruido al Departamento del Tesoro norteamericano para que los bienes
incautados a los implicados en este gravísimo caso de corrupción sean liquidados
(ver entrevista de NTN24 a Diego Arria, en https://youtu.be/ClAa5TbWSyg).
Tiene razón el Embajador Arria al
prender las alarmas porque como bien dice, el origen de estos bienes son
activos del patrimonio de los venezolanos, que fueron apropiados indebidamente
por estos delincuentes, por lo que deberán regresar al Tesoro público de
Venezuela una vez que sea recuperada la democracia en nuestro país. Esta medida
que se tome de liquidación de bienes por parte del Departamento del Tesoro
norteamericano deberá ser solo para mantener esos fondos en custodia hasta su
debida repatriación; y estos a su vez deberán ser dispuestos por un gobierno
legítimo.
Pero varias preguntas me nacen al
oír ese planteamiento. Por un lado es cierto que deberemos movernos con
urgencia en los Tribunales norteamericanos, cosa que Arria menciona en su
entrevista, pero ¿quién debe hacerlo? ¿Los Diputados de la Asamblea Nacional,
quienes desde Diciembre de 2017 están en eso de una “Ley de Recuperación de
Activos producto de la Corrupción” que va a tener casi un año entre discusiones
y consultas pero que aun no sale? ¿Y porque aún no sale?
Efectivamente el 14 de Diciembre
de 2017 los venezolanos nos enteramos que la Asamblea Nacional aprueba un
Proyecto de ley con un nombre muy sugestivo, “Ley de Recuperación de Activos
producto de la Corrupción” (ver noticia del Carabobeño, en https://www.el-carabobeno.com/an-aprobo-proyecto-ley-recuperacion-activos-producto-la-corrupcion/).
Lamentablemente no conocemos todavía su contenido pero por el nombre suponemos
que va en la misma línea de la propuesta realizada por el Embajador Arria en
relación a la necesidad de una Ley Rescate.
El 20 de Abril de 2018, el
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, el Diputado Freddy
Superlano, informa públicamente que su Comisión presentará a la opinión pública
venezolana y al Cuerpo Diplomático el Proyecto de Ley de Recuperación de
Activos producto de la Corrupción, el siguiente 23 de Abril de 2018 (ver
noticia de la AN en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_ley-de-recuperacion-de-activos-producto-de-la-corrupcion-sera-presentada-este-lunes-23-de-abril).
Ese iba a ser el último evento público para su retorno a la Comisión “para la discusión y elaboración del informe
de lo arrojado en la consulta pública para su posterior presentación a la
plenaria”.
Más de 5 meses después, el 11 de
Octubre de 2018, el Diputado Superlano informa que el Proyecto de Ley de
Recuperación de Activos producto de la Corrupción entraría “en segunda discusión en dos semanas ante el Parlamento nacional,
herramienta que tiene como propósito promover que los recursos que se mantienen
en el extranjero, por actos de corrupción, retornen al país y se inviertan en
beneficio de la población” (ver noticia en La Patilla, en https://www.lapatilla.com/2018/10/11/superlano-proyecto-de-ley-de-recuperacion-de-activos-producto-de-la-corrupcion-entrara-en-segunda-discusion-en-dos-semanas/).
A un mes de cumplirse el año de oírse
hablar por primera vez de esa Ley, el 14 de Noviembre de 2018, el Diputado
Superlano informó que “entre el 27 de
noviembre y el 04 de diciembre del presente año, son las fechas tentativas para
la segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de
la Corrupción ante el Parlamento nacional” (ver Prensa AN en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_hhh).
Y ustedes dirán ¿qué juego es
este? ¿Por qué un instrumento que ha demostrado con los hechos que estamos
viendo, ser tan necesario ante el desborde de la corrupción del régimen aun no
ha sido aprobado y menos aun dado a conocer públicamente? Porque es de hacer
notar que el texto de ese Proyecto no ha sido publicado en el sitio oficial de
la Asamblea Nacional ni en ningún otro sitio. Lo conocemos solo por el nombre y
las declaraciones de los Diputados.
El caso Gorrín-Andrade nos agarra
sin un instrumento legal para hacer frente a la recuperación de 1000 MILLONES DE DOLARES –que se
dicen rápido- en los Estados Unidos, con un Departamento del Tesoro
norteamericano a punto de liquidar lo que es patrimonio de los venezolanos. Lo
que nos hace preguntarnos, ¿será que parte del saco de dinero incautado a
Gorrín era precisamente para detener esa aprobación que desde hace más de un
año tiene la Asamblea Nacional en sus gavetas? Que conveniente…
Lo que me lleva a destacar el
segundo aspecto mencionado arriba que sucede a este drama de la Ley de marras,
y que es tan o más importante que el primero. ¿Están los Diputados de la
Asamblea Nacional, que han retrasado este asunto tan importante, y son a su vez
los llamados constitucionalmente para acordar la designación de un Gobierno de
Transición como consecuencia del Vacío de Poder institucional provocado por la
sentencia de Nicolás Maduro Moros el 29 de Octubre, ética y moralmente en
posición de hacer esa designación? ¿Le conviene a los venezolanos que todos esos
Diputados, colocados en tela de juicio –justos y pecadores- por el escándalo Gorrin-Andrade,
nombren un nuevo Gobierno que nos responda a nosotros y no a los intereses de
quienes estarían pagando por una decisión a su favor?
Esto es tan grave que si se
tratara de una empresa habría que cerrarla hasta realizar una auditoría que
determine quién es y quien no es ladrón. Si antes pensaba que no era
políticamente conveniente que la Asamblea Nacional designara un Gobierno de
Transición, ahora estoy seguro que no está en condiciones de nombrar un nuevo Gobierno
que cuide los intereses de los venezolanos. Todo el Parlamento está bajo
sospecha grave.
Lo de arriba nos deja con el
último resquicio de institucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo
en el exilio. Les queda a estos Magistrados asumir de inmediato la grave
responsabilidad para con los venezolanos para la designación de un Gobierno de
Emergencia Nacional, que integre personalidades de indudable reputación ante la
opinión pública nacional e internacional, con una hoja de servicios intachable a
favor de la República, para que inmediatamente se aboquen a los trámites legales
en los Estados Unidos para la recuperación de los activos del caso
Gorrin-Andrade y el rescate de la libertad de Venezuela. ¡Menuda tarea! Si la
corrupción no se detiene, nosotros tampoco podemos…
Caracas,
26 de Noviembre de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
