Por Luis Manuel Aguana
Voy a comenzar por disculparme de antemano por “autocitarme”. Y no es que no lo haya hecho antes. Tengo acostumbrados a mis lectores a las concatenaciones de alguna reflexión o argumento hecho en el pasado en mi blog, citando pasajes de artículos anteriores. Pero en esta ocasión la “autocita” es especial porque se refiere a una de las bases fundacionales de mi tesis doctoral: la protección de datos y la privacidad de la información de carácter personal.
“Históricamente, antes de la llegada de sistemas automatizados de manipulación de datos masivos, siempre fueron las autoridades estadísticas de los países los guardianes de los datos masivos de las personas por las obvias razones de planificación. Sin embargo, no siempre su uso fue ese. La información estadística de los ciudadanos de los Países Bajos (Netherlands) estaba tan pormenorizada antes de la ocupación alemana que les permitió a los nazis el registro de la población judía y gitana para su deportación a los campos de exterminio ((1) Seltzer y Anderson, 2001, Pág. 486). Las mayores cifras de exterminio de “grupos vulnerables” se registraron en lugares donde mejor estaban catalogados los datos de los ciudadanos”.
“Tomando en consideración la grave historia de brutales violaciones y abusos a los Derechos Humanos señalada, se pone expresamente de manifiesto la importancia de la conservación y regulación de los datos de los ciudadanos, ya que su mal uso puede conducir a violaciones masivas de los Derechos Humanos, como indica la misma historia en el mundo, independientemente que se hayan usado o no sistemas automatizados de manipulación de datos, como en el caso de Rwanda, donde se procesaban reportes estadísticos y listados mensuales de nacimientos, muertes, matrimonios y listas anuales de la población clasificados por etnia, lo que permitió las operaciones de exterminio ((2) Seltzer y Anderson, 2001, Pág. 493). Esta posible utilización agrava notablemente el problema, teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los países” (Luis Manuel Aguana, Tesis Doctorado: El uso de las Tecnologias de Informacion y comunicaciones (TIC) para el control político y la limitacion al derecho a la privacidad: desarrollo de indicadores para su medición y su aplicación en America Latina, Pág. 166, en https://tinyurl.com/mkwvan4m)
¿Por qué me remito al pasado sangriento del exterminio en Europa? Porque la gente olvida la razón por la cual surgió el concepto de la protección de los datos de las personas en el mundo, y en especial en aquellos países que vivieron el horror persecutorio en carne propia. Es por eso que nacen las regulaciones férreas de protección de datos, especialmente en el viejo continente, y que aún no se comprenden completamente en nuestros países, incluyendo los EEUU, a pesar de haber vivido en Venezuela episodios traumáticos como el de las listas de Tascón y Maisanta.
Cuando escuché las explicaciones acerca del empadronamiento a la población dentro y fuera del país que ya están llevando a cabo desde el partido Vente y su coordinador electoral, el Arq. Humberto Villalobos, en nombre de María Corina Machado (MCM), me parecieron bien intencionadas y técnicamente viables, aun cuando a mi juicio se encuentren mal orientadas (ver Programa Venezuela Late – Entrevista a Humberto Villalobos, en https://youtu.be/vVCIn0Nkgr4).
¿Y por qué afirmo lo anterior? Veamos unos pasajes importantes de la conversación del Arq. Villalobos en el citado programa para comentarlo en cada parte:
“…nuestra legislación tiene el concepto de grupos de electores y la realidad es que prácticamente ningún partido está validado. Entonces, es casi como empezar de nuevo, pero resulta que estamos montando un sistema de identidad para todos los venezolanos y a mucho nos va a tocar a ir a o a hacerlo vía digital colocar nuestra firma, colocar nuestro rostro, colocar nuestras huellas” (resaltado nuestro).
La responsabilidad de la identificación ciudadana no le corresponde a un particular o entidad privada. Debido a que el ente del Estado responsable es el Consejo Nacional Electoral, CNE, poder que se encuentra en la actualidad en situación de ilegitimidad y en las manos de criminales electorales, la respuesta no puede ser que un privado haga o “adelante” ese trabajo, así sea por la mejor causa y buenas intenciones que demuestre. Simplemente no le corresponde.
Vente Venezuela, con el Arq. Villalobos al frente, se ha atribuido una labor —la identificación ciudadana nacional e internacional— que solo puede realizar el Estado venezolano, con todos los recursos que tal labor amerita. Ciertamente, la identificación de los ciudadanos venezolanos que se ha hecho hasta hoy en Venezuela ha sido completamente desnaturalizada, con registros de datos distorsionados y adecuados a los intereses políticos del régimen. Aun así, ningún particular puede asumir esa tarea por su cuenta en lugar del Estado. Eso es como tomar las armas como lo hicieron las autodefensas de Colombia porque el Estado colombiano fue incapaz de proteger a los dueños de fincas de la guerrilla.
El orden correcto es liberar primero al Estado del secuestro de sus captores (que todos sabemos quiénes son) para que un gobierno legítimo y con todo el poder constitucional ubique e identifique correctamente a los ciudadanos venezolanos en donde se encuentren, no solo para ir a una elección con un Registro Electoral limpio, sino para toda aplicación donde el Estado requiera conocer de los datos de los ciudadanos, con un Registro Nacional de Venezolanos Cedulados, completamente saneado de toda la basura que el régimen le inyectó en casi 30 años en el poder. Esto es, los datos necesarios para áreas fundamentales como salud, vivienda, seguridad, elecciones, etc. Es por eso que será necesario realizar un nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda con todas las garantías, intervenir al SAIME y rehacer el Registro Electoral cuando Venezuela sea liberada de estos bárbaros.
El plan técnico que presenta el Arq. Villalobos luce perfectamente válido para el Registro Electoral, aunque lo que correspondería de un grupo que pretende el poder como Vente Venezuela, es que ejerciendo posteriormente el gobierno, procedan a elaborar las especificaciones técnicas en un requerimiento de propuesta (Request For Proposal, RFP) para reconstruir el Registro Electoral, tal y como se necesita para realizar unas elecciones justas, libres y verificables, sometiendo ese RFP a una Licitación Pública Internacional (LPI). O bien no hacerlo si se decide que se pueden realizar los cambios con recursos técnicos propios, siguiendo esos requerimientos.
“Ese día que tomemos esos datos, lo vamos a aprovechar para que adicionalmente cada venezolano diga en todos los ámbitos que tenemos a nivel de municipio, a nivel de Estado, a nivel de nación, a qué partido o grupo de electores tú quieres apoyar y solo se aceptarán a aquellos que cumplan las condiciones mínimas establecidas en el reglamento donde se regirá esta elección. Entonces, eso lo vamos a resolver. ¿Qué estamos haciendo para que el resto se pueda resolver? Estamos tratando de adelantar procesos. Estamos aprovechando estos cuatro meses, no solo para adelantar lo del registro, sino para dar soluciones tecnológicas que les faciliten el trabajo al nuevo CNE. No estamos diciendo que nosotros vamos a hacer lo que hagamos eso porque sería muy loco que un partido fuera el que lo hiciera”.
Es importante que el Arq. Villalobos reconozca que ese trabajo para un “nuevo CNE” no es tarea de un partido. El problema es que desde ahora se está adelantando una labor que no le corresponde a un privado. Y aquí me remito a la acumulación de datos por parte de una entidad que aún no ejerce el gobierno, y los peligros que los ciudadanos están corriendo si esos datos caen en manos criminales.
Independientemente de que podamos creer —y yo lo creo seriamente— que las personas que están en esa labor son honorables, no existe ninguna garantía de que esos datos no sean violentados externamente o que el régimen, con la ilimitada cantidad de dinero que dispone, pueda obtenerlos corrompiendo personas. Todo esto sin contar que cualquiera pueda poner en duda el proceso, y que lo que se acusa al régimen al tergiversar los datos, también pueda ser atribuido ahora a quienes los levantan por ser parte interesada. No existe un tercero o garante en el medio que dé fe cierta de que eso no sea así. Es por eso que existen limitaciones en el mundo para que los privados y los públicos puedan almacenar información de las personas, y en especial sus preferencias políticas o de otra índole.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea es tajante a ese respecto en su Artículo 9 “Tratamiento de categorías especiales de datos personales”: “1. Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos destinados a la identificación unívoca de una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física” (ver RGPD de la UE, en https://tinyurl.com/v26kxjvw).
El Estado fallido donde nos encontramos puede dar lugar a que la advertencia que nos ha dado la historia de los Países Bajos o Rwanda reseñada al comienzo no pueda ser desestimada en estos tiempos. Aún no hemos salido de la barbarie del régimen castro-chavista-madurista que nos ha desgobernado por casi 30 años. Una pérdida de datos como los que se están recolectando en ese empadronamiento tendría implicaciones gravísimas que no deseo ni comentar en esta nota. En Venezuela no existen leyes de protección de datos y menos aún un respeto por la Constitución.
“Ok, punto número uno, no hay forma de que sea una lista Tascón, porque está dirigido a todos los venezolanos. O sea, no está dirigido a los azules, está dirigido a azules a rojos y a todos los venezolanos. Está dirigido a 31,6 millones de cédulas, las cuales ya están identificadas. O sea, la ventaja del arranca de empadronamiento es que arrancó contra una base de datos. O sea, cuando tú trabajas, si no estás en esa base de datos, nosotros no tomamos en cuenta tu dato para esto, Ok? La segunda parte que te estamos pidiendo, ubicación, una mejor ubicación, si está fallecido la persona, le estamos dando la oportunidad de que nos digan sus familiares que está fallecido. Y el último dato son tus datos filiatorios para darle una puntuación a cada ficha que creamos. Nosotros podemos recibir 10 fichas de la misma persona. Entonces, eso nos permite definir cuál fue la que obtuvo la mejor información y esa es la que usamos. Esto que estamos usando, básicamente, va a servir para generar un estudio que nos permita hacer la actualización del registro. Estos datos no son la modificación del registro, pero si nos van a permitir prepararnos para lo que eso significa”.
Lo que nos está indicando el Arq. Villalobos es que ya están en posesión de un Registro Electoral de 31,6 millones de personas que están depurando, intentando establecer datos que no se conocen, como ubicación actual de una persona y datos filiatorios, estableciendo que la operación es generalizada, sin color político. Pero el uso que se le puede dar a esa información depende de quien la posea. Y si el que la tiene decide ir contra alguien en especial y su familia, ya podría ubicar toda la cadena filiatoria.
En la actualidad existen 9 millones de venezolanos exiliados que no se sabe dónde están porque el registro de venezolanos está en ruinas. Pero eso paradójicamente es una protección para la gente en el contexto de un régimen autoritario que ha demostrado tener una mano muy larga para hacerse cargo de personas en otros países. Incluso dentro del mismo territorio venezolano es imposible conocer la ubicación de las personas porque han existido migraciones internas no detectadas porque no se ha realizado ningún censo desde hace poco más de 15 años. En estos momentos nadie puede saber si la muestra de una encuesta es representativa de una población porque esta se ha movido de lugar en todo ese tiempo. Nadie sabe con exactitud el número de personas en ninguna población del país. Este es un país sin estadísticas de ningún tipo desde hace más de una década. Imaginen lo grave de este asunto.
Cualquier grupo de datos de ciudadanos con direcciones actualizadas, afiliaciones políticas y conectores filiatorios sería un arma de incalculable valor para un régimen que persigue personas, las encierra, las tortura y las desaparece. Un régimen de la naturaleza del que tenemos esperaría que la depuración de ese registro avance para buscar apropiárselo porque tienen los recursos para lograrlo. Y nosotros le estamos haciendo el favor para avanzar en esa tarea con la ayuda de venezolanos llenos de buenas intenciones.
“Entonces, todos esos estudios son los que se van a resolver mediante este empadronamiento. Es un estudio. Es una encuesta gigantesca, porque es uno a uno. Y yo he aprendido en el tiempo que las encuestas uno a uno son como contar palitos. Cuando uno cuenta palitos, no hay apelación. O sea, tengo tanto rojo, tengo tantos azules, tengo tantos verdes. No es una encuesta estadística. Y eso es uno de los grandes formatos que nos va a permitir exigir. Cuando discutamos con el gobierno de los Estados Unidos, con la actual régimen venezolano, cómo debe ser la modificación, cómo debe ser la elección, vamos a tener un conteo de palitos que nos va a permitir decir con muchísima decisión lo que hay que hacer es esto, para tranquilidad de las personas”.
Es claro que un empadronamiento no es una encuesta estadística, pero se estaría utilizando como tal porque permitirá, como indica el Arq. Villalobos, discutir con el gobierno de los EEUU y el régimen venezolano cómo sería la elección. Pero hay un detalle que pareciera no haber entendido todavía después de más de una docena de pasadas negociaciones con quienes detentan el poder: el régimen no discute condiciones con la oposición, las impone. Lo hizo para el 28 de julio de 2024, donde obligó a MCM a presentarse a su Tribunal Supremo de Justicia para que le fuera revocada su inhabilitación, burlándose de ella y de los venezolanos, y que ni siquiera le fuera inscrita la candidatura a la persona por ella escogida para esas elecciones.
Si en realidad lo que desean en ese punto es información para una negociación con quien sea, conviertan ese empadronamiento en una encuesta anónima para ubicar venezolanos en todo el mundo para poder establecer con cierto grado de certeza la ubicación de los centros electorales necesarios en los países con mayor cantidad de venezolanos. Pero seguir la ruta de actualizar el registro sin ser un órgano del Estado venezolano pone en peligro a quienes huyeron de Venezuela y a los que aún se encuentran en el país.
Fuera de lo comentado, lo restante de la entrevista del Arq. Villalobos, que plantea elecciones manuales y transparencia del voto, se corresponde con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio del 13 de junio de 2018, que lamentablemente no he oído citar del Arq. Villalobos en sus intervenciones públicas. Sin importar que las organizaciones políticas y sus liderazgos no reconozcan el trabajo de la sociedad civil, celebro que MCM, como la principal líder opositora del país, y su partido hayan entendido la necesidad de un cambio en el sistema electoral y se encuentren trabajando para obedecer esa sentencia, que en 6 puntos resume lo que hay que hacer con el sistema electoral venezolano desde ya casi 8 años:
PRIMERO: Declaró nulo e inaplicable el sistema
automatizado de votación y escrutinio para toda elección de cargos de
representación popular.
SEGUNDO: Declaró la inconsistencia del Registro
Electoral y ordenó al CNE depurarlo y actualizarlo, con participación
obligatoria de universidades, partidos y la academia, antes de cualquier nuevo
proceso electoral.
TERCERO: Ordenó al CNE diseñar e implementar un
sistema de votación fundamentalmente manual, donde la tecnología sea auxiliar
—no protagónica— en beneficio de la transparencia y la confianza pública.
CUARTO: Exhortó a la Asamblea Nacional a designar
nuevos Rectores del CNE, independientes e imparciales, no vinculados a
organizaciones políticas.
QUINTO: Ordenó al Ministerio Público iniciar
investigaciones penales contra Rectores y funcionarios del CNE, así como por
los delitos cometidos en los contratos con Smartmatic y Bitza.
SEXTO: Remitió copia a la Sala Constitucional para
el control de constitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales que imponían la automatización obligatoria.
(ver Sentencia Electoral, Expediente No. SE-2018-001 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio de fecha 13 de junio de 2018, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/tribunal-supremo-de-justicia-declara.html).
Mis disculpas adelantadas por lo extenso de esta nota, pero consideré necesario alertar a quienes sin saberlo pueden estar cayendo en una trampa. Sin esperarlo, ojalá que los protagonistas políticos de esta nueva etapa electoral del país tomen en cuenta esta larga historia en beneficio y protección de los venezolanos, y no acepten por razones políticas participar nunca más en unas elecciones con el sistema electoral automatizado del régimen. Espero de verdad no equivocarme en esa aspiración…
Caracas, 11 de mayo de 2026
Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
(1)(2)
Seltzer, William y Anderson, Margo (2001). The Dark Side of Numbers: The Role
of Population Data Systems in Human Rights Abuse. Social Research, Vol. 68, No.2 (Summer 2001).
Ver referencia en https://tinyurl.com/y9fzdpcr
