Bases Constituyentes

Por Luis Manuel Aguana

El nombre fue sugerido por uno de los más respetables juristas venezolanos, quien al leer nuestra primera versión del documento “Bases Constituyentes, Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio”, sentenció que eso representaba más que unas meras reglas para la elección de constituyentes para una Asamblea Nacional Constituyente, rebautizando el documento de trabajo, que antes llevaba el nombre de Bases Comiciales. Eso fue hace más de tres años. Así de largo ha sido el camino recorrido.

La primera versión de las Bases Constituyentes de la Alianza Nacional Constituyente se hizo pública durante su lanzamiento en el Colegio de Ingenieros de Venezuela el día 17 de Marzo de 2016 (http://ancoficial.blogspot.com/2016/03/lanzamiento-de-la-alianza-nacional.html). La siguiente versión se publicó el 12 de junio de 2016, y la que estuvo publicada hasta ayer correspondió a la versión del 12 de Noviembre de 2016. Se ha venido ajustando en base a las diferentes opiniones fundamentadas de muchos factores políticos y sociales del país en la medida que hemos avanzado en el proceso. Las Bases no están escritas en piedra.

Desde anoche publicamos en nuestro blog en la red, de fecha 21 de febrero de 2017, una nueva actualización más ajustada a las observaciones realizadas a las primeras versiones de la Alianza, que deseo comentar más allá de su contenido -porque las pueden ustedes mismos leer- sino en su significado en el proceso en el que nos hemos empeñado un importante número de venezolanos (pueden descargar el documento desde http://ancoficial.blogspot.com/p/documentos-fundamentales.html).

Pero, ¿por qué comentar este documento ahora y no antes? Porque las personas, que poco a poco han venido enterándose del proceso Constituyente de carácter Originario que estamos impulsando, están cayendo en cuenta de la importancia que este proceso tiene en el desenvolvimiento del problema político en donde estamos metidos en Venezuela y las razones que tenemos para proponerles esta ruta de acción a los venezolanos.

Lo primero que debo decir es que este es un documento inédito. Puede sonar presuntuoso pero posiblemente nunca antes en el mundo moderno nadie haya propuesto nada semejante. Tal vez el antecedente más cercano sea cuando en 1789 el eclesiástico y político francés Emmanuel Joseph Sieyès, propuso su tesis del Tercer Estado en el que indicaba que este se constituía como la “una nación completa y que no necesita a los otros dos estados: el clero y la nobleza” (ver https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Estado). Veamos:

 “Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del Tercer Estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del Tercer Estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: ésta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí. La primera medida de la Asamblea fue votar la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano»….Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos, y por esa fecha el Rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la Asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio la Asamblea se nombró a sí misma «Asamblea Nacional Constituyente».” (ver https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa).

El pueblo pasó por encima de sus gobernantes –la monarquía- y se constituyeron en Asamblea Nacional Constituyente, con sus propias reglas de actuación. Nadie se paseó allí por la idea de que las reglas según las cuales se constituiría esa Asamblea Constituyente debían pasar por los poderes constituidos para poder deliberar y tomar decisiones respecto a qué hacer con el país. Eso era como que si se le hubiera preguntado al Rey que hacer para salir de él. De allí en adelante es un hecho sin discusión en el mundo que la categoría “pueblo” está por encima de aquellos que gobiernan pues estos devienen su poder precisamente de la Soberanía Popular.

El documento del que estamos hablando aquí y proponemos al pueblo venezolano tiene ese antecedente histórico, según el cual los Poderes Constituidos del Estado deben subrogarse al Poder Constituyente Originario –esto es, al Pueblo- y a sus propias reglas de actuación. Para algunos esto suena escandaloso, pero para sorpresa de muchos ese principio fundamental está contenido en el Artículo 347 de nuestra Constitución de 1999.

Las Bases Constituyentes constituyen el “aterrizaje” de nuestro Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente, la manera estructurada de hacerlo posible. No se puede soñar un nuevo país sin decir cómo se puede hacer realidad. Se han interpuesto innumerables obstáculos, no solo aquellos que devienen de la actual realidad política venezolana sino de la natural resistencia al cambio de aquellos que siempre han vivido de hacer mal las cosas. Muchos factores en contra de una propuesta que le abriría cauce a la creatividad de nuestro pueblo para resolver sus problemas. Pero hemos sido persistentes.

¿De qué se trata este documento? Con base a nuestro derecho a la participación política consagrado en la Constitución, un grupo de venezolanos redactamos un manifiesto para la historia denominado Bases Constituyentes, donde aquellos que lo suscriban -denominados Activadores- nos constituimos en todo el país en Juntas Activadoras del Poder Constituyente Originario (JAPCOs), cuya misión tiene tres objetivos fundamentales: 1) Recoger las manifestaciones de voluntad del 15% del Registro civil y Electoral en todo el país (Artículo 348); 2) Alcanzado y superado ese mínimo del 15% constitucional, proceder a convocar a un Proceso Constituyente de carácter Originario; 3) Estar en la disposición de defender la voluntad del pueblo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por encima de cualquier desconocimiento que haga el Poder Constituido al Poder Constituyente Originario.

Esa Asamblea Nacional Constituyente tendrá todos los poderes para proceder a destituir, si así lo considerara conveniente y necesario a los intereses del país, a todos o algunos de los Poderes Constituidos, procediendo en tal caso a instalar un Gobierno de Transición hasta culminar la redacción de un nuevo texto constitucional para luego convocar nuevas elecciones.

Las reglas para llevar a cabo ese proceso, están contenidas en ese documento, incluyendo cómo y quiénes lo conducirán, estableciendo los parámetros para la elección de aquellos que participarán como constituyentes en esa Asamblea Nacional Constituyente.  ¿De dónde sale la legitimidad de aquellos a quienes les toque conducir el proceso de acuerdo a esas Bases Constituyentes? Del mismo pueblo quien con su firma da su autorización para iniciar el proceso, con las reglas que ese mismo pueblo convocante aprueba a través de la Planilla de Recolección de Firmas, esto es, las Bases Constituyentes. Quien no las desee aprobar (están publicadas desde ya casi un año) está en su perfecto derecho de no firmarlas, pero de ser aprobarlas por un mínimo del 15%, del Registro Civil y Electoral, Venezuela debe entrar a un proceso de elección constituyente conducido por el Poder Originario, con esas Bases Constituyentes, tal y cual está establecido en la Carta Magna.

Dado el carácter novedoso de este proceso, y aun cuando la estructura fundamental sobre la cual está construida la propuesta no ha variado –Poder Constituyente sobre Poder Constituido- si han variado algunos aspectos relacionados con el detalle del cómo realizarlo en la redacción del documento desde su comienzo, siempre respetando el principio democrático y de representación proporcional. Es un dicho muy conocido “el diablo está en los detalles”, y permanentemente aparecen nuevas observaciones.

Pero eso no nos ha detenido en el proceso de la conformación de las Juntas Activadoras del Poder Constituyente Originario a nivel nacional. No es fácil conciliar la práctica –el levantamiento de las firmas- con el detalle de la implementación ya que nunca terminaríamos de arrancar. Esto nos lleva a estar ajustando el documento aun cuando haya firmas en proceso, y a explicar muy bien y permanentemente a los venezolanos las actualizaciones que hagamos de la implantación, y es por ello que las JAPCOs deben estar muy bien formadas e informadas de cada paso que de la Alianza para mantener actualizados a su vez a todos los que ya hayan firmado, en aras de garantizar la transparencia de todo el proceso constituyente originario.

“¿Dónde iremos a buscar modelos?  La América Española es original. Original han de ser sus instituciones y su Gobierno. Y originales lo medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos…” decía el Maestro Simón Rodríguez. Somos seres humanos y podemos equivocarnos y seguramente lo hemos hecho en este proceso. Sin embargo, de este gravísimo problema que tenemos los venezolanos solo saldremos con soluciones originales. Si alguien tiene alguna otra solución, bienvenida sea y la queremos conocer. Pero que su solución no sea destruir lo que hemos concebido, sin proponer otro camino que podamos seguir los venezolanos. Y lo menos que pedimos es que se nos muestre algo de la profundidad y seriedad con la que estamos planteando estas Bases Constituyentes, de una manera pública y abierta.

Desde la Alianza Nacional Constituyente creemos que esta es la vía constitucional, pacífica, democrática y participativa, muy concreta para recorrer el camino de lograr la libertad en Venezuela. Conlleva riesgos, esfuerzo, trabajo, costos de una manera continuada y permanente, en el desarrollo de una estrategia hasta conseguir el éxito. No es una manifestación espasmódica que pretenda salir en un día del régimen. Es un plan serio para reconstruir Venezuela, donde las movilizaciones tendrán su momento justo y serán para defender el principio universal de que es la Soberanía Popular la única que decide el destino de un país, incluyendo quitar y poner gobiernos, nadie más. Luego de tanta decepción, los venezolanos no nos merecemos menos que eso…

Caracas, 22 de Febrero de 2017

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Política, Ciudadanía y Constitución

Por Luis Manuel Aguana

¿En qué momento se separó la política de los ciudadanos? O tal vez la pregunta debería ser, ¿en qué momento la ciudadanía se distanció tanto de la política al punto que ésta dejo de ser, literalmente hablando, la relación entre la ciudad y el hombre, como indicaba Aristóteles? En la respuesta a esa pregunta posiblemente radique el porqué en Venezuela no existan “ciudadanos” tal y como se les conoce en otras partes, a las personas que ejercen unos derechos concebidos en términos políticos y se subroguen a unos deberes para con la ciudad donde viven y el país en general.

La política en Venezuela es concebida como una actividad conducida por los partidos políticos que electoralmente buscan el Poder. No es percibida como una actividad del ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su responsabilidad cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su calidad de vida y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen personas que viven juntas en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como habitantes. Esa es la razón fundamental por la cual la actividad política no se corresponde con una actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los habitantes de las ciudades en Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?

Una vez alcanzada la liberación del territorio que ahora lleva el nombre de Bolivia, El Libertador, consciente que el esfuerzo de la libertad era inútil sin educación, envió a su propio maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla en esa nueva República. Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo, al pasarle a Simón Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que piensan muy adelantados a su tiempo: no fue comprendido.

El Maestro Rodríguez sostenía una tesis, a mi juicio muy avanzada tanto para su época como para la nuestra, según la cual es una contradicción desear Repúblicas sin  republicanos. ¿Y cómo se resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De la única manera que hay: formándolos en las escuelas para que las Republicas que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa formación debía ser “la sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se llamaría “ciudadanía”.

Decía el Maestro Rodríguez citado por Arturo Uslar Pietri: “el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En las múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis de Simón Rodríguez, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez” en Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4, https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4). De acuerdo a esa enseñanza, una primera aproximación conceptual del ciudadano sería aquel que no puede ser engañado porque tiene una educación, ni tampoco puede ser comprado porque tiene una base productiva que lo impediría, basada en esa misma educación. Paradójicamente, si en el siglo XIX un planteamiento como ese pudo haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos porque todavía fracasa en pleno siglo XXI.

Debemos entonces crear el sustrato necesario para que nazcan y se desarrollen aquellos que deben realmente hacer la política: los ciudadanos. Si esto no es así, quienes terminarán haciéndola serán los aventureros y los oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la ciudad y el país, quienes buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio. No en vano los resultados catastróficos que hemos tenido de las gestiones de gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi 60 años desde 1958.

¿Se puede civilizar la política? Esto es, ¿se puede hacer que quienes hagan la política sean los ciudadanos? Yo creo que si es posible. A más de dos siglos de haber fracasado el Maestro Rodríguez en su intento de crear ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer Repúblicas sin republicanos. Salvo honrosas excepciones, quienes han ocupado las principales posiciones en Venezuela han desestimado esa preocupación del Libertador al enviar a su maestro a Bolivia.

Es imposible someter a un pueblo culto consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo social y económico.

Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo del modo equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema condiciona y genera de por si la lucha por el poder de quienes buscan repartir en su propio beneficio.

No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su calidad de vida.

Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, generando corrupción y elites corruptas.

El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social, desde hace varias Constituciones aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los ciudadanos reciben la menor parte y solo gana quien reparte, que se queda con el 80%.

En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de la parte más grande. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.

¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo pueden las personas consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.

Tenemos entonces ciudades repletas de personas -habitantes- esperando que “alguien” resuelva que las calles están rotas, que llegue el agua, que funcione el servicio eléctrico, que haya trabajo, y pare usted de contar. Con las complejidades de hoy, los problemas se han multiplicado exponencialmente y es imposible para pocas personas, aun teniendo los recursos, poder administrarlos eficiente y oportunamente para las grandes mayorías. Y cuando los recursos son escasos esa tarea es virtualmente imposible.

Entonces debemos empezar por el principio: volver al ciudadano. Plantearnos que un sistema que se base en que alguien lejos del propio ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades mejor que aquellos que habitan en sus propias comunidades, es un sistema que debe ser sustituido por otro que efectivamente esté consustanciado con los problemas de la gente. Pero que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder político sino también los recursos y las responsabilidades, a fin de que las comunidades puedan hacer contraloría y seguimiento cercano.

Para cambiar esa relación tóxica que tenemos en la actualidad entre el Estado y la sociedad debemos discutir de nuevo los términos de ese Pacto constitucional. No es el Estado el que debe “darle” a los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben ejercer sus derechos al asumir a conciencia su responsabilidad de conducir el Estado en todos sus niveles. Y en ese Pacto establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.

En palabras más sencillas, los ciudadanos no necesitan que la Constitución diga, por ejemplo, que los Estados y Municipios tienen el derecho de recibir un Situado Constitucional de X porcentaje de parte de un Estado benefactor, sino que diga que sus administradores tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de cobrar los impuestos en todos los órdenes que correspondan y la obligación de administrarlos y ejecutarlos a favor de los ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y que los ciudadanos de esas comunidades tienen el derecho y el deber de realizar la contraloría ciudadana necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra. La vieja máxima de no dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera más antigua y elemental de crear responsabilidad ciudadana.

Y dadas esas atribuciones constitucionales, entregarles asimismo la responsabilidad de velar por la salud, seguridad, infraestructura, etc., que hasta ahora detenta el Estado centralizadamente por construcción constitucional. Romper constitucionalmente con la forma de Estado centralizada en los hechos, entregando a los Estados y Municipios la autoridad y el derecho de administrar los recursos del país que hasta este momento detenta un solo administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza está el Presidente de la República.

El lugar por excelencia para discutir ese nuevo estado de cosas y debatir un nuevo Pacto Social constitucional, político y ciudadano se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo Pacto para las nuevas generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel del ciudadano en la política y a su vez por la redefinición del papel del Estado en esta nueva ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e imponerlo como una nueva forma de cultura ciudadana de concebir la política en el país, dejando a un lado de una vez y para siempre, la separación y el enfrentamiento de la política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al finalizar este sueño, la política será la obra perfecta de los ciudadanos.

Caracas, 18 de Febrero de 2017

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