miércoles, 24 de enero de 2018

Una solución política

Por Luis Manuel Aguana

En una escena de la extraordinaria producción cinematográfica “El Patriota”  (“The Patriot” en idioma original), cuando se debatía en una asamblea en Charleston, Carolina del Sur, ir a la guerra o no con los ingleses para independizar a los Estados Unidos, Benjamín Martin, el personaje protagonizado por Mel Gibson, se oponía a ir a la guerra con los ingleses. Dijo claramente: “Esta guerra no se peleará en las fronteras ni en los campos apartados, la batalla vendrá a nosotros. Los niños la verán como es de cerca y muchos de ellos morirán…”. La participación de los ciudadanos en esa guerra se terminó imponiendo y Martin tuvo que meterse de lleno, perdiendo a dos de sus hijos en ella, no porque él la buscara sino porque la guerra lo encontró a él. No quería la guerra pero no pudo hacer nada para evitarla.

La llamada “Masacre del Junquito” donde perdieran la vida el ex Inspector del CICPC Oscar Pérez y su grupo de la resistencia armada en contra del régimen de Nicolás Maduro a manos de los cuerpos de seguridad del régimen y un colectivo armado de la parroquia “23 de Enero”, ha desatado una reacción en cadena inesperada por el régimen, pero también la exacerbación hacia una salida violenta de esta pesadilla que ya lleva casi 20 años.

Ya muchos venezolanos creen que no existen soluciones distintas a la violencia para acabar con este grave estado de cosas en Venezuela. La creación de una matriz de opinión que apunta a la multiplicación de grupos semejantes a los que organizó Oscar Pérez van precisamente en el sentido de una “solución” violenta del conflicto que se nos presenta ante un régimen que pretende sojuzgar al pueblo venezolano mediante el uso de la fuerza. Es claro que al régimen ya no le queda otro camino que masacrar a los opositores a fin de imponerse y mantenernos a todos en un estado de pánico porque ellos usufructúan inconstitucionalmente el poder. De eso se trata una dictadura.

Sin embargo, algunos venezolanos no nos dejamos llevar por esa amenaza para argumentar que la solución de este conflicto no puede ni debe seguir por el camino que el régimen trata de imponer que no es otro que el de la violencia desatada. En el terreno de la violencia ellos llevarán siempre la ventaja porque ilícitamente disponen a su antojo de la violencia del Estado, que por su propia naturaleza debe ser ilimitada porque sobre ella debe descansar el cuido final de los ciudadanos. Pero al estar la violencia institucional en las manos de un régimen forajido, el resultado es el que vimos el 15 de enero en El Junquito.

¿Por qué razón creen ustedes que los conflictos que se dan en el mundo se tratan de resolver desde la arena política? Porque apartando la secuela de muerte que trae el no hacerlo, la solución violenta no es duradera. Siempre queda alguien descontento cuando la imposición es por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón. Y es por eso que la convención general es que quienes detentan las armas institucionales en todo el mundo deben estar subordinados al poder civil y no al revés. Esa es la gran conquista de la civilización.

Pero cuando, como en nuestro caso, las cosas se voltean y se salen de control quedando la violencia institucional al mando de quienes tienen un comportamiento delictual, una de las reacciones naturales más comunes de la gente es solucionar el problema con más violencia, cuando precisamente transitar ese camino es tratar de apagar un fuego con gasolina.

Sin embargo el problema lo tenemos todavía. ¿Cómo solucionarlo sin acudir a la violencia? ¿Es posible una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral del problema? El régimen tiene de rehén a la institución del voto, que es el instrumento fundamental de resolución de conflictos en democracia. Sin un voto administrado por una entidad independiente y no controlada por el gobierno, se desnaturaliza su finalidad y en lugar de ser un instrumento de resolución de conflictos, se convierte en el elemento más útil del autoritarismo para legitimar el secuestro institucional del país.

Lamentablemente el grado de degradación moral e institucional al que ha llegado la oposición oficial hace que el régimen juegue con ellos al ejercicio electoral permanente a su antojo, trayéndolos a ese terreno a su discreción y bajo sus condiciones. Los venezolanos presenciamos de nuevo un llamado ilegal a unas elecciones presidenciales con unas condiciones en las cuales el gobierno tiene todas las de ganar de nuevo, alargándose así el sufrimiento de un pueblo que no ve cómo “salir” de este desgobierno sin hacer uso de la violencia.

La dirigencia política venezolana ha sido incapaz de parir una solución de estadistas capaz de conducir a la población indignada fuera de esta tragedia, subrogándose una vez más a los designios de una dictadura que usa el voto para atornillarse en el Poder. Son ellos los primeros en hablar de primarias y precandidaturas para “competir” en una elección arreglada, bajo la rectoría de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué puede salir de allí? Claramente más hambre y desesperanza para los venezolanos.

¿Qué podemos hacer los venezolanos? ¿Ir a votar por ese fraude ya cantado? ¿Concurrir a ese carnaval electoral que ha tapado una masacre de la que todavía los venezolanos no se sobreponen? Es hora de escuchar otras soluciones que salgan del seno de las instituciones más respetadas de la sociedad y que ya se están dando a conocer.

De la Exhortación de los Obispos venezolanos en la Conferencia Episcopal Venezolana en ocasión de la celebración de su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria realizada el 12 de Enero(http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/273-exhortacion-de-la-cev-en-ocasion-de-celebrar-su-cix-asamblea-ordinaria-plenaria-dios-consolara-a-su-pueblo-isaias-49-13), extraemos este punto de una extraordinaria importancia en esta hora aciaga donde los venezolanos no saben que hacer:

“6. Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71). Si se negara este derecho o se entorpecieran las iniciativas para concretarlo, sólo quedarían dos posibilidades: pérdida definitiva de la libertad, con todas sus consecuencias, o acciones de resistencia y rebeldía contra el poder usurpador. Es el pueblo organizado quien tiene la última palabra. En unión con la mayoría de los venezolanos anhelamos que la dirigencia política y la sociedad civil presenten un proyecto de país creíble y realizable.”

Ya la Iglesia Católica venezolana señaló un rumbo posible. ¿Por qué no lo recorremos? Queda de nosotros en la sociedad civil instrumentar esa solución asumiendo nuestra responsabilidad como sujeto social con capacidad para cristalizar esa iniciativa. Ya lo hicimos una vez el 16J-2017. Ahora debemos mejorar sustantivamente esa experiencia, pero esta vez garantizando su efectivo cumplimiento. El cómo hacerlo es perfectamente posible pero hay que trabajar inteligentemente por ello.

Eso es lo que se llama una solución política al problema y es lo que espera de nosotros desde hace rato la comunidad internacional para poder canalizar la ayuda que desean darnos fervientemente. Desde fuera los gobiernos amigos no nos enviarán armas para resolver este conflicto. Y aquellos que apuestan por una salida violenta alargarán amargamente el sufrimiento de la población. Hay que apurarse, no esperemos que la guerra nos encuentre a nosotros porque no hicimos nada para evitarla…

Caracas, 24 de Enero de 2018

Twitter:@laguana

jueves, 18 de enero de 2018

Oscar Pérez, las implicaciones de un asesinato

Por Luis Manuel Aguana

El asesinato del Oscar Pérez por parte de una fuerza combinada de efectivos del régimen y un grupo paramilitar que opera en la parroquia “23 de Enero”, le dibuja a todo el mundo el cuadro real de la situación de violencia a la que está sometido el pueblo venezolano. Las declaraciones de los principales voceros del régimen confirman algo que ya sabíamos: sin importar los derechos humanos, sin importar cualquier condición, ya bien sea que te rindas o no, cualquier acto que la dictadura considere como una agresión a su estabilidad tendrá por respuesta la muerte. Oscar Pérez y su grupo se convirtieron el pasado lunes 15 en la prueba fehaciente de ello.

El caso de Oscar Pérez no ha sido todavía evaluado en su justa dimensión, no solo por sus implicaciones para el régimen por la violación de los derechos humanos de venezolanos que fueron masacrados en presencia prácticamente todo el mundo a través de las redes sociales, sino de su trascendencia en la política actual, las reacciones militares, así como en la reafirmación del carácter forajido del Estado que conduce Nicolás Maduro. Creo que el régimen ha desestimado las implicaciones de este vil asesinato, despachándolo como cualquiera de los que ha cometido desde el año 2002, siendo este muy diferente.

Al ya largo rosario de denuncias por delitos de Lesa Humanidad que se han realizado en la Corte Penal Internacional, ahora se añadirá otra de gravedad extrema: Crímenes de Guerra en contra de los principales responsables del régimen quienes ordenaron y ejecutaron esta operación. De acuerdo al Estatuto de Roma Articulo 8, Crímenes de Guerra, "2b-vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción." .

Fue evidente para todo el mundo que el lunes 15 de Enero de 2018, Oscar Pérez y su grupo depusieron sus armas y se encontraban a la espera de los periodistas y Fiscales del Ministerio Público, cuando irrumpieron a la escena un grupo de irregulares posteriormente identificados como paramilitares de un colectivo armado del 23 de Enero identificado con el régimen, dando como resultado la muerte de Oscar Pérez y sus acompañantes, en circunstancias que todavía no han sido aclaradas por las autoridades.

Esta incursión es inexplicable. No se entiende cual es la razón por la cual un operativo llevado a cabo por un comando especial de la GNB, el FAES, es sobrepasado por un colectivo armado con claras intenciones de exterminio en el sitio de los acontecimientos, dando al traste con el procedimiento de entrega de quienes se habían rendido, confirmando las propias palabras de Pérez en su video de que el régimen supuestamente había dado órdenes para su muerte. Esto es gravísimo.

Para terminar de agravar el asunto, Freddy Bernal, Ministro de Agricultura Urbana, confirma la presencia de estos irregulares en el sitio del operativo en contra de Oscar Pérez (http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/freddy-bernal-confirma-intervencion-colectivos-operativo-oscar-perez).

El Ministro de la Defensa tiene que explicar mucho a los venezolanos porque fueron sus funcionarios quieres estaban a cargo de esa operación donde resultaron muertos no solo Pérez y su grupo, sino civiles armados de un colectivo que no tenia porque estar allí, y explicar el paradero de otros que fueron mencionados por Oscar Pérez en su video -mujeres y niños- y fueron la razón por la que decidieron entregarse sin enfrentar al contingente de la GNB que los sitiaba en el Junquito.

¿Qué paso con esa gente que no ha sido mencionada? ¿Porque fue derrumbada la casa donde ocurrieron los hechos, impidiendo futuras investigaciones? ¿Porque el Ministro de Agricultura Urbana -que funcionalmente nada tiene que ver con eso- justifica la presencia de colectivos armados en ese operativo?  ¿Por qué el gobierno pretende cremar el cuerpo de Pérez a menos de 24 horas de su muerte, según fue informado, y no le entrega el cuerpo a su familia como corresponde? (http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/esposa-oscar-perez-exige-que-cremen-cadaver_219075). Por dolorosa experiencia se que las mismas autoridades impiden la cremación de una persona si su muerte se ha producido por accidente, homicidio o cualquier otra circunstancia no natural, aun cuando se le haya practicado una autopsia.

Muchas preguntas que apuntan a un escandaloso mensaje abierto y amenazante del régimen a la sociedad en su conjunto, que comprueba todo lo que hemos visto en las calles cuando lanzan los colectivos a agredir a las marchas, pero que a la vez demuestra su sorprendente debilidad y propias contradicciones.

¿Irán los militares a permitir ahora y en el futuro la superioridad de elementos irregulares armados y delincuentes en sus operativos? ¿Quién manda realmente en el Ministerio de la Defensa? Si realmente Maduro ordenó que se le preservara la vida a Oscar Pérez, ¿quien dio la contraorden por encima del Presidente? Y si eso ocurrió, ¿quién realmente tiene ese poder para disponer oficialmente de la vida de alguien por encima de la autoridad presidencial, sin ser esta una pena establecida en Venezuela?

Por otro lado, será muy interesante observar la reacción de los colectivos a este hecho. ¿A manos de quien murió  el jefe del colectivo Tres Raíces? ¿En el intercambio con el grupo de Pérez, o este ya había muerto cuando ocurrió y esa muerte fue entonces a manos de la GNB? Sería muy importante conocer la verdad, pero ahora será poco menos que imposible porque a todas luces las autoridades están muy interesadas en desaparecer las pruebas.

¿Estarán esos colectivos, luego de ver este resultado, interesados en apoyar al régimen en el futuro o buscaran venganza por una posible traición? Ambos protagonistas si saben verdaderamente lo que pasó allí y de eso se originaran más hechos que afectarán negativamente al régimen, cualesquiera que estos sean.

Pero existe un aspecto de toda esta tragedia que es preciso resaltar. Oscar Pérez intentó un camino que consideró correcto como ciudadano investido de autoridad, para restituir el orden constitucional conculcado por el régimen de Maduro en Venezuela, de acuerdo al Artículo 333 constitucional. Fue un oficial entrenado de la policía científica y utilizó su conocimiento para hacer cumplir la Constitución. Cada uno de nosotros tiene ese deber de acuerdo al Artículo 333 constitucional y el lo hizo, como pocos funcionarios lo han hecho. Se tomó muy en serio la Constitución y murió por eso.

Sin embargo hemos visto que quienes controlan las armas de la República -militares y policías- no han hecho hasta ahora lo mismo que Oscar Pérez hizo, por lo cual no es difícil suponer que hasta que eso no ocurra de una manera determinante, muy difícilmente veremos resultados positivos de recuperación de la democracia y la libertad por el camino de las armas. Tal vez Pérez con ese ejemplo intentó sumar esas voluntades armadas sin éxito, dejando un sabor amargo de desesperanza en muchos venezolanos que genuinamente creen que esa vía puede ser posible todavía.

Sin desestimar que en algún momento esos oficiales que Pérez intentó sumar con su ejemplo a la causa de la democracia, den ese paso extraordinario de valor y amor por Venezuela, hasta el punto de dar la vida por ese sueño de un país en libertad, a la sociedad civil desarmada no nos queda otra alternativa que continuar trabajando por una solución no violenta, pacífica, constitucional, democrática y electoral de esta crisis.

Y así como nosotros respetamos y no desestimamos que otros tomen el camino escogido por Oscar Pérez y sus oficiales, el pueblo venezolano debería respetar y no desestimar una solución que implique la participación directa y  soberana del pueblo de Venezuela para resolver la crisis, sin matarnos entre todos en el proceso. Estamos seguros de que eso es posible, así como que Oscar Pérez y su grupo, al defender con su vida a las mujeres y los niños que les acompañaban en el sitio de El Junquito, estarían de acuerdo con una solución que proteja a la población, porque ese es el espíritu de los héroes que como ellos, han escrito con su sangre la historia de Venezuela...

Caracas, 18 de Enero de 2018

Twitter:@laguana