No seré yo quien deje de responsabilizar a la institución armada de no haber cumplido con su deber constitucional de garantizar la institucionalidad del país. Son responsables y siguen siendo responsables, así sus jefes hayan distorsionado el objetivo de esa institución. Pero de allí a hacer leña del árbol caído a los únicos que pueden hacer algo para salir de esta tragedia política, hay mucho trecho. Ya están lo suficientemente desprestigiadas para eso. Sigo estando en la acera de quienes todavía piensan que son necesarias unas Fuerzas Armadas dignas, defensoras del territorio y garantes verdaderos de la Constitución, y que en esa institución aún existe el germen para el necesario cambio de actitud que haga posible un giro en el actual estado de cosas.
En las FFAA, cómo en todas las instituciones, hay gente valiosa que efectivamente si entiende el problema del país y la necesidad de un cambio estructural. Eso lo han demostrado con creces las cárceles militares llenas de oficiales que han disentido del régimen, e incluso que han dado su vida en las mazmorras, debido a que los delincuentes que gobiernan tienen terror a que ese sentimiento sea masivo en las Fuerzas Armadas. Eso no se ha terminado y creo que en lo que debemos insistir los venezolanos, no es en lo terrible que ha sucedido con la Fuerza Armada -que es evidente y que debe desaparecer- sino en lo bueno que todavía queda, manteniendo en lo posible, mensajes para que lo rescatable que quede allí no se extinga definitivamente.
Desde mucho antes de llegar Hugo Chávez al poder, existían indicadores ciertos del proceso de descomposición existente en las FFAA. El hecho mismo de la existencia de un sujeto como Chávez dentro de la institución armada era un síntoma claro de la necesidad de cambios, no solamente en las FFAA sino en toda la estructura política del Estado venezolano. Cómo se demostró posteriormente, Chávez fue parte de una estrategia de infiltración ideológica de largo plazo en la institución, de la cual lamentablemente fuimos víctimas, además de la institución armada, todos los venezolanos.
La sociedad en su conjunto debe seguir exigiendo a la Fuerza Armada el fiel cumplimiento de su obligación Constitucional. ¿Y por qué? Porque los militares son los únicos profesionales a los que la Nación mantiene desde que estudian su carrera hasta que fallecen. No salen a la calle a buscar trabajo después de graduarse al tener su vida garantizada, e incluso tienen la oportunidad de cursar y ejercer carreras civiles. La Nación les otorga ese trato preferencial precisamente por eso, porque ellos son el último bastión en la defensa de su institucionalidad. Los militares y policías que han cumplido ese juramento a la Nación deben ser honrados y reconocidos, como deberán serlo en algún momento todos aquellos que han sufrido por haberlo hecho efectivo.
Sigo creyendo, como lo he afirmado desde hace muchos años, que cualquier Fuerza Armada, institucional, militar y policial, tiene la obligación de intentar algo para el desplazamiento de un régimen que ha violado la Constitución. Esa es la esencia del Art. 333 Constitucional. Y como ya sabemos, hay militares y policías que lo han intentado, cumpliendo con su juramento, al costo de sus vidas o de su libertad. Hay todavía oficiales presos en las mazmorras del régimen. Eso no puede ser dejado de lado por más que la crítica justifique que la institución, como un todo, todavía responda y mantenga, por razones ideológicas o de corrupción, al régimen en el poder.
Allí todavía hay oficiales dignos, y a mi juicio lo que debemos hacer todos, civiles y militares, es plantear caminos para cambiar esa situación que no solo les compete a los militares. De modo, pues, que en lugar de quemar un pedazo del árbol caído de la FFAA, haciendo catarsis justificada por nuestra frustración acerca del cómo las han destruido y por qué todavía no se han pronunciado a favor de un cambio, la sociedad en su conjunto más bien debería estar buscando cauces en positivo para que los militares que si deseen cumplir con su juramento, en este momento tan difícil del país, lo puedan efectivamente hacer.
Pero esta corresponsabilidad no es nueva, como lo reseñe hace un tiempo. En el trabajo de mi padre para optar el Doctorado en Derecho en la Universidad de Carabobo, en los años 60’s (ver Raúl Aguana Figuera, Consideraciones sobre el Derecho Militar Venezolano, en https://tinyurl.com/y4kw78s2), el Dr. Aguana establecía que la concepción ampliada de la Defensa Nacional incluía a todos los venezolanos, no solo a los militares: “… La continuidad del Estado en el orden del tiempo y del espacio descansa en la defensa de su existencia, protegiéndose de los agentes de descomposición que de manera constante inciden sobre el mismo, poniendo en peligro la comunidad organizada en Estado en cuanto a su seguridad interna y a su seguridad externa. Defensa nacional corresponde a todos los miembros de esa comunidad, esto es, a toda la ciudadanía compete, al igual que a los órganos públicos, la realización de los llamados grandes objetivos de carácter permanente de la defensa, que abarcan los campos políticos, económicos, social, militar, la promoción del bienestar ciudadano y de la sociedad en general, la supervivencia de nuestra cultura y los objetivos estratégicos” (resaltado nuestro).
Esa conceptualización, dada en el contexto de la Constitución de 1961, se renueva en el marco de la Constitución de 1999, donde todos estamos involucrados en el problema de defender la Nación, no solo los militares. La Constitución de 1999 les asigna a ellos responsabilidades muy claras en su Artículo 328, pero también al resto de los sectores en el Artículo 326. Si la institución armada se encuentra en estado de coma, porque se perdieron todos los valores morales, cívicos e institucionales, provocado –no hay que olvidar eso- por la decisión de los venezolanos de elegir a un golpista ideologizado en el poder, no queda solo de ellos la carga de su rescate y de la defensa de la Nación.
En este sentido, siempre nos hemos preguntado por qué el Gobierno Encargado y los partidos del G4 que lo sostiene, nunca designaron un Alto Mando Militar con oficiales de alta graduación (que existen y están en el exilio), profundamente conocedores del problema militar, capaces de diseñar una estrategia de rescate institucional, que le dé curso a las muchas inquietudes que aún existen dentro de las filas militares. Ese es un paso eminentemente civil –y crucial- con implicaciones a lo profundo de las FFAA, y es algo que se puede hacer ahora mismo.
Sin embargo, las motivaciones políticas de muchos dinosaurios existentes en los partidos políticos de la Asamblea Nacional de 2015, lo han impedido consistentemente. Le tienen terror a que algo diferente de ellos, que no puedan controlar, pueda entorpecer sus ambiciones de poder. Prefieren la continuidad del desastre del castro-chavismo-madurismo que afecta ahora mismo –no para el 2024- en hambre y destrucción al pueblo venezolano, apostando a unas elecciones que nunca los llevarán al poder, en su deseo absurdo de coexistencia con el régimen. No hay que olvidar tampoco que muchos de quienes ahora se sientan en esa Asamblea Nacional de 2015 hablando de “democracia y libertad”, e impiden cualquier acción estratégica de recuperación, fueron cómplices de la conspiración en contra del Presidente Carlos Andrés Pérez y responsables indirectos de la creación del engendro Chávez, destructor de las FFAA.
Lo que está pasando allí no es solo responsabilidad de la FFAA. No en vano la conseja militar según la cual no habría ningún incentivo de los uniformados para salir del régimen si el resultado termina siendo entregar el poder a individuos peores en corrupción y valores de los que existen en Miraflores. Hay que seguir haciendo un análisis mucho más profundo y menos superficial acerca de las razones verdaderas del porqué esa institución se autoflagela dejando que sus peores delincuentes la conduzcan. No es razón suficiente esgrimir la corrupción de los Altos Mandos cuando hay oficialidad media y alta honesta, pasando hambre como el resto de los venezolanos.
Esto en si mismo representa una calamidad mucho más grande que la destrucción conocida de toda la institucionalidad de las FFAA y del país: que se pueda hacer algo para que los militares puedan cumplir con su juramento y no se haga. Que nos quedemos en seguir culpando a los militares felones, sin profundizar en el problema, y sin decir una palabra de aliento a quienes si cumplieron y están presos y torturados; sin una condolencia a los familiares de los militares han asesinado en los calabozos del régimen por haber cumplido su parte del trato. Si hacemos eso, tal vez, solo tal vez, tengamos en algún momento de vuelta a unas FFAA que nos defiendan y rescaten al país. Eso es precisamente lo que habría que hacer de ahora en adelante.
Caracas, 14 de Julio de 2022
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