jueves, 10 de agosto de 2023

La inteligencia artificial de Manuel Rosales

Por Luis Manuel Aguana

English versión 

Una aclaratoria al comenzar: el título de la presente nota no va dirigida, como muchos mal pensados pudieran concluir, a insultar la inteligencia del otrora candidato presidencial de la oposición del año 2006 y actual Gobernador del Estado Zulia. Nada más alejado de mi intención, aunque a veces las declaraciones de los políticos, relacionadas con materias que desconocen, pudieran dar lugar a esa conclusión. Me recordó la oportunidad cuando Ramón Guillermo Aveledo, el entonces Coordinador de la MUD en el año 2013, intentara explicar a los venezolanos, que era una cosa sin importancia, que los criminales informáticos del CNE-PSUV hicieran lo que les viniera en gana con las máquinas electorales (ver De BIOS, Máquinas y Delincuentes, en  https://ticsddhh.blogspot.com/2013/04/de-bios-maquinas-y-delincuentes.html).

En esta oportunidad, Manuel Rosales, 10 años después y siguiendo el ejemplo que Aveledo dio, ahora nos intenta convencer de que “En el tiempo de la inteligencia artificial, lo más lógico no es que hagamos unas elecciones debajo de un árbol o contando los votos manualmente. Lo más lógico es hacerlo con un sistema automatizado y moderno” (ver Versión Final, Rosales tirotea las primarias, en https://versionfinal.com.ve/politica-dinero/rosales-tirotea-las-primarias-es-ilogico-realizar-un-proceso-debajo-de-un-arbol/).

No creo que cualquier explicación técnica que yo dé en este breve espacio convenza a este personaje, o cualquier otro que haya concluido en esa misma superficialidad de Rosales, de que lo declarado por el gobernador zuliano expresa, por decir lo menos, una ignorancia que podríamos calificar de culposa, que apunta a una intención abierta o encubierta de ocultar los delitos electorales que el régimen ha cometido desde que Jorge Rodríguez introdujo la automatización de los procesos electorales en Venezuela para el Referendo Revocatorio de Hugo Chávez Frías en el año 2004.

Pero la ignorancia no es un delito ni llamar a alguien ignorante un insulto. Mi padre, siempre educador, repitió hasta el cansancio que ignorante es el que ignora, y lo que necesita desesperadamente es educación, porque si no la tiene es sujeto de manipulación interesada por parte de otros. Recuerden al Libertador: “Un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción”. Y no dudo que lo de Rosales sea un caso de ignorancia, sino que cuando digo que es culposa, intento significar que una afirmación sin fundamento hecha por alguien que ocupa posiciones relevantes en la política y en el poder, hace daño a la población cuando pretende convencer a la gente de algo que desconoce, y su posición política le pone un altavoz con capacidad para engañar a la gente.

Es precisamente en los tiempos de la Inteligencia Artificial cuando las intenciones malsanas de las personas -o criminales- deben ser puestas en mayor observación y más aún cuando lo que se halla en juego es el ejercicio del poder. El cambio interesado en Venezuela del sistema de escrutinio manual de los votos en automatizado, hizo la diferencia por la manipulación automática de los resultados electorales, impidiendo que se manifestara la verdadera voluntad popular en todas las elecciones a partir del año 2004.

Al permitir por ley que fuera una máquina la que realizara el “escrutinio electrónico”, como se está llevando a cabo en Venezuela desde el año 2004, se abrió una peligrosísima Caja de Pandora, que cercenó el derecho de los testigos a “escrutar” si los votos en realidad se correspondían con la voluntad del elector, atestiguando desde el origen del dato su verdadera validez. El régimen cambió el escrutinio manual en automatizado, transformando ese escrutinio en una “auditoría” de solo un porcentaje de los votos. Mayor crimen contra la voluntad popular imposible. Y el primer ensayo en una elección abierta fue precisamente con Manuel Rosales en el año 2006, quien fue el primero en aceptar esos resultados.

La diferencia fundamental radica aquí en que un “voto electrónico” es un dato que no ha sido escrutado por un ser humano y entra al sistema sin transparencia. En cambio, si se usan las máquinas como auxiliar para la contabilización y no para escrutar lo que un ser humano decidió, ese voto escrutado por un ser humano con todas las garantías, se transforma luego de eso en un dato que entra a un sistema electoral automatizado. Desde el punto de vista de la transparencia hay una diferencia abismal entre ambos esquemas.

Al estar en el dominio electrónico sin ser escrutado por un ser humano, el “voto electrónico”, que es en el fondo la voluntad popular, puede ser transformado, tergiversado, mutado a los intereses de cualquier factor de poder a través de herramientas de programación. Sin importar quién diga lo contrario, cualquier programa computarizado puede ser alterado para producir los resultados deseados.

Es por esa razón que estas verdades tan grandes como un templo fueron reconocidas por la sentencia de la Corte Constitucional en Alemania del 3 de marzo de 2009, que prohibió el uso de computadoras para realizar elecciones en ese país: “108… La legitimación democrática de la elección exige la capacidad de controlar el proceso electoral, para así poder excluir o corregir manipulaciones y refutar sospechas injustificadas. Solo esto posibilita la confianza fundada en el debido orden de la conformación del órgano de representación. La obligación del legislativo y el ejecutivo de ocuparse de que el proceso electoral se conforme acorde a la Constitución y se realice debidamente no alcanza, por sí misma, para transmitir la necesaria legitimidad. Solo si el pueblo electoral se puede convencer por sí mismo de la legalidad del acto de transferencia, es decir, que la elección se realice “ante los ojos del público” (cfr. Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 7. Ed. 2002, § 31 Rn. 2) se puede garantizar la confianza del soberano en la ocupación del parlamento acorde a la voluntad del elector, necesaria para el funcionamiento de la democracia y de la legitimidad democrática de las decisiones estatales” (resaltado nuestro) (ver Corte Constitucional Alemana, Sentencia 2 BVC 3/07 - 2 BVC 4/07 – Inconstitucionalidad del E-Vote, en https://tinyurl.com/2st6t7mc). Luego de esta decisión, Rosales debería preguntarle a los alemanes si están contando votos manualmente debajo de un árbol…

Elecciones “ante los ojos del público”, es el principio fundamental que guía la elección manual. Que luego esos resultados, una vez confirmados por los testigos, en todas las mesas en escrutinio manual, pasen por los sistemas automatizados para su totalización es una cosa completamente diferente. La elección manual no es otra cosa que la garantía que exigimos los electores de hacer un escrutinio “ante los ojos del público” que garantice que se respetó completa nuestra voluntad y no de un porcentaje de ella, como ocurre en las elecciones en Venezuela, lo que permite a los que controlan las máquinas cambiar automatizadamente los resultados.

Elecciones manuales no significan elecciones sin computadoras, a pesar de que la ignorancia diga que se realizaran debajo de un árbol contando los votos manualmente. La inteligencia humana y no artificial de los venezolanos, indica que ese debe ser el camino para unas elecciones verdaderamente auténticas, no solo para unas primarias opositoras, sino para cualquier elección de funcionarios de elección popular después de salir de la tiranía. Eso no estará de ninguna manera reñido con los avances del mundo en materia de tecnología de la información, a pesar de la “inteligencia artificial” de aquellos que por ignorancia (o quién sabe si complicidad) todavía no saben que son utilizados interesadamente como tontos útiles por una tiranía…

Caracas, 10 de Agosto de 2023

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana

lunes, 7 de agosto de 2023

El primer inhabilitado

Por Luis Manuel Aguana

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A estas alturas ha quedado muy claro, luego de las diversas interpretaciones de prominentes juristas venezolanos, que las inhabilitaciones para optar a cargos de elección popular, realizadas por instituciones controladas por el régimen de Nicolás Maduro Moros, en contra de dirigentes políticos opositores resultan irritas e ilegales, y son producto de lo que ya hemos repetido hasta el cansancio: estamos en una tiranía de la cual podemos esperar cualquier medida en contra de sus detractores para mantenerse en el poder.

Sin embargo, eso es lo que resalta en la superficie cuando en el fondo de lo que en realidad tenemos que preocuparnos es el porqué todavía la política pasa por encima de la justicia y es utilizada, en mayor o menor medida, como una herramienta para sojuzgar a los enemigos políticos. No es extraño entonces que una tiranía aplique semejante restricción sin contemplaciones en un país cuya primera enmienda a la primera Constitución en democracia (1961), se realizara en 1973 con el objetivo de inhabilitar al dictador Marcos Pérez Jiménez para evitar que fuera electo Presidente de la República o que pudiera desempeñar cargos de representación política en el Congreso. Mal podríamos entonces sorprendernos que este cuchillo oxidado aún se encuentre en el arsenal político venezolano.

Efectivamente, el momento político venezolano de la época dictaba que era muy posible que el exdictador Pérez Jiménez, le disputara al status quo de la política venezolana, la Presidencia de la República, a pesar de todos los crímenes cometidos en los 10 años de la dictadura perezjimenista, razón por la cual se legisló para cerrar el paso a esa posibilidad: Constitución de 1961, Enmienda No. 1, Artículo 1: “No podrán ser elegidos Presidente de la República, Senador o Diputado al Congreso, ni Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes hayan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme, dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de presidio o prisión superior a tres años, por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o con ocasión de estas…”. Se podría decir que el anterior es un ejemplo clásico de la política construyendo los caminos de la justicia en un caso que ellos consideraron “justo” y sobre el cual no existía ningún precedente.

En la actualidad “…el derecho a ser electo en Venezuela es un derecho político que sólo puede restringirse de acuerdo con la Constitución de 1999 y con la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante sentencia judicial dictada en un proceso penal conforme a las normas del Código Orgánico Procesal Penal, cuando un juez impone a un condenado la pena de inhabilitación política, que es siempre una pena accesoria a la pena principal de prisión o presidio” (ver El derecho político de los ciudadanos a ser electos para cargos de representación popular y el alcance de su exclusión judicial en un régimen democrático, Allan R. Brewer-Carias, 2011, en https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/09/703.-796-.-Brewer.-INHABILITACI%C3%93N-POL%C3%8DTICA-EN-LA-LOCGR-Y-VIOLACI%C3%93N-DE-LA-CONVENCI%C3%93N-AMERICANA-DDHH.-marzo-2011.pdf).

De acuerdo a este destacado jurista –y que resulta también la opinión general de los expertos en la materia- la inhabilitación política sale de una sentencia de un Tribunal como pena accesoria a una pena de prisión o presidio. En otras palabras, no es una decisión que salga del escritorio de un funcionario, sino de un tribunal de justicia. 

Pero en Venezuela han existido casos donde la política ha impedido el giro de la rueda de la justicia, permitiendo que personas que debieron ser inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos por haber cometido delitos llegaran a posiciones que les dieron puerta franca para destruir el país. Al no existir las inhabilitaciones políticas que debieron por principio estar allí, el país ha pagado las consecuencias lamentables de que haya prevalecido la política sobre la justicia. Tal es el caso de Hugo Chávez Frías y todos los oficiales sobreseídos por el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992.

“El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general…. El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numeral 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de “ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa” (ver El sobreseimiento de Chávez, Juan José Caldera, 2007, https://rafaelcaldera.com/wp-content/uploads/2018/01/EL_SOBRESEIMIENTO_DE_CHAVEZ-Juan-Jos%C3%A9-Caldera.pdf

De acuerdo al propio ex presidente Rafael Caldera, citado por J.J. Caldera, en entrevista realizada el 2 de junio de 2003, “…la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio Presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el Gobierno del Presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…”.

Pero esas palabras del expresidente Caldera revelan que Chávez es sobreseído por razones de política, aplicada desde los tiempos del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, que si bien pueden ser o no compartidas por algunos, pasan por supeditar la política a la justicia, porque Hugo Chávez Frías y sus sediciosos en justicia debían continuar enjuiciados, sentenciados, presos e inhabilitados.

Es claro que al no haber existido juicio al ser suspendido debido a la aplicación de un sobreseimiento, no podía existir una sentencia condenatoria, que en el caso de Chávez era completamente esperable, ya que había confesado públicamente la responsabilidad de ser el jefe de esa insurrección con muertos incluidos, el 4 de febrero de 1992. En justicia, Chávez debía ser condenado, pero la política suspendió el juicio que lo convertiría en el primer inhabilitado de toda esta historia de inhabilitaciones políticas. Pero no un inhabilitado por la decisión de un político o un funcionario, sino por la decisión de un Tribunal Militar.

Más acertadas no podrían ser entonces las recientes declaraciones de la Magistrada Emérita del Tribunal Supremo de Justicia, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, que señalan que “Chavez nació inhabilitado, dio un golpe de Estado y la democracia lo perdonó” (ver Chávez nació inhabilitado, Entrevista a Blanca Rosa Mármol de León, en https://eltiempove.com/blanca-marmol-de-leon-chavez-nacio-inhabilitado-dio-un-golpe-de-estado-y-la-democracia-lo-perdono/), porque eso fue lo que ocurrió, pero la política impidió que la justicia realizara su trabajo, con las consecuencias que todos estamos padeciendo, y los demócratas al creer que eso quedaría allí, porque piensan todavía que la política debe estar sobre la justicia, terminamos todos los venezolanos pagando un altísimo precio con una tragedia que nos somete a todos.

¿Qué más prueba necesitan ver, tocar y sentir en carne propia los venezolanos para que se entienda de una buena vez que un sistema judicial mediatizado por la política trae miseria, hambre y corrupción, pero sobre todo injusticia? Que lo primero que tenemos que lograr luego de pasar esta tragedia es garantizar a través de una revisión profunda de la institucionalidad del país, y que exista una verdadera independencia del Poder Judicial, para que NADIE, ni siquiera el Presidente de la República, le pueda meter las manos al curso de la justicia. Y eso solo se logra convocando al Constituyente para Refundar la Nación. De esta manera se resolverá por sí sola cualquier futura inhabilitación política, porque finalmente garantizaremos vivir en un Estado de Derecho. Por sufrir esa injusticia, ojalá eso lo acabe de entender quienes pretenden sustituir a la tiranía en un futuro próximo, después de más de 50 años de inhabilitaciones políticas…

Caracas, 7 de Agosto de 2023

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