A estas alturas ha quedado muy claro, luego de las diversas interpretaciones de prominentes juristas venezolanos, que las inhabilitaciones para optar a cargos de elección popular, realizadas por instituciones controladas por el régimen de Nicolás Maduro Moros, en contra de dirigentes políticos opositores resultan irritas e ilegales, y son producto de lo que ya hemos repetido hasta el cansancio: estamos en una tiranía de la cual podemos esperar cualquier medida en contra de sus detractores para mantenerse en el poder.
Sin embargo, eso es lo que resalta en la superficie cuando en el fondo de lo que en realidad tenemos que preocuparnos es el porqué todavía la política pasa por encima de la justicia y es utilizada, en mayor o menor medida, como una herramienta para sojuzgar a los enemigos políticos. No es extraño entonces que una tiranía aplique semejante restricción sin contemplaciones en un país cuya primera enmienda a la primera Constitución en democracia (1961), se realizara en 1973 con el objetivo de inhabilitar al dictador Marcos Pérez Jiménez para evitar que fuera electo Presidente de la República o que pudiera desempeñar cargos de representación política en el Congreso. Mal podríamos entonces sorprendernos que este cuchillo oxidado aún se encuentre en el arsenal político venezolano.
Efectivamente, el momento político venezolano de la época dictaba que era muy posible que el exdictador Pérez Jiménez, le disputara al status quo de la política venezolana, la Presidencia de la República, a pesar de todos los crímenes cometidos en los 10 años de la dictadura perezjimenista, razón por la cual se legisló para cerrar el paso a esa posibilidad: Constitución de 1961, Enmienda No. 1, Artículo 1: “No podrán ser elegidos Presidente de la República, Senador o Diputado al Congreso, ni Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes hayan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme, dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de presidio o prisión superior a tres años, por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o con ocasión de estas…”. Se podría decir que el anterior es un ejemplo clásico de la política construyendo los caminos de la justicia en un caso que ellos consideraron “justo” y sobre el cual no existía ningún precedente.
En la actualidad “…el derecho a ser electo en Venezuela es un derecho político que sólo puede restringirse de acuerdo con la Constitución de 1999 y con la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante sentencia judicial dictada en un proceso penal conforme a las normas del Código Orgánico Procesal Penal, cuando un juez impone a un condenado la pena de inhabilitación política, que es siempre una pena accesoria a la pena principal de prisión o presidio” (ver El derecho político de los ciudadanos a ser electos para cargos de representación popular y el alcance de su exclusión judicial en un régimen democrático, Allan R. Brewer-Carias, 2011, en https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/09/703.-796-.-Brewer.-INHABILITACI%C3%93N-POL%C3%8DTICA-EN-LA-LOCGR-Y-VIOLACI%C3%93N-DE-LA-CONVENCI%C3%93N-AMERICANA-DDHH.-marzo-2011.pdf).
De acuerdo a este destacado jurista –y que resulta también la opinión general de los expertos en la materia- la inhabilitación política sale de una sentencia de un Tribunal como pena accesoria a una pena de prisión o presidio. En otras palabras, no es una decisión que salga del escritorio de un funcionario, sino de un tribunal de justicia.
Pero en Venezuela han existido casos donde la política ha impedido el giro de la rueda de la justicia, permitiendo que personas que debieron ser inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos por haber cometido delitos llegaran a posiciones que les dieron puerta franca para destruir el país. Al no existir las inhabilitaciones políticas que debieron por principio estar allí, el país ha pagado las consecuencias lamentables de que haya prevalecido la política sobre la justicia. Tal es el caso de Hugo Chávez Frías y todos los oficiales sobreseídos por el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992.
“El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general…. El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numeral 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de “ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa” (ver El sobreseimiento de Chávez, Juan José Caldera, 2007, https://rafaelcaldera.com/wp-content/uploads/2018/01/EL_SOBRESEIMIENTO_DE_CHAVEZ-Juan-Jos%C3%A9-Caldera.pdf
De acuerdo al propio ex presidente Rafael Caldera, citado por J.J. Caldera, en entrevista realizada el 2 de junio de 2003, “…la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio Presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el Gobierno del Presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…”.
Pero esas palabras del expresidente Caldera revelan que Chávez es sobreseído por razones de política, aplicada desde los tiempos del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, que si bien pueden ser o no compartidas por algunos, pasan por supeditar la política a la justicia, porque Hugo Chávez Frías y sus sediciosos en justicia debían continuar enjuiciados, sentenciados, presos e inhabilitados.
Es claro que al no haber existido juicio al ser suspendido debido a la aplicación de un sobreseimiento, no podía existir una sentencia condenatoria, que en el caso de Chávez era completamente esperable, ya que había confesado públicamente la responsabilidad de ser el jefe de esa insurrección con muertos incluidos, el 4 de febrero de 1992. En justicia, Chávez debía ser condenado, pero la política suspendió el juicio que lo convertiría en el primer inhabilitado de toda esta historia de inhabilitaciones políticas. Pero no un inhabilitado por la decisión de un político o un funcionario, sino por la decisión de un Tribunal Militar.
Más acertadas no podrían ser entonces las recientes declaraciones de la Magistrada Emérita del Tribunal Supremo de Justicia, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, que señalan que “Chavez nació inhabilitado, dio un golpe de Estado y la democracia lo perdonó” (ver Chávez nació inhabilitado, Entrevista a Blanca Rosa Mármol de León, en https://eltiempove.com/blanca-marmol-de-leon-chavez-nacio-inhabilitado-dio-un-golpe-de-estado-y-la-democracia-lo-perdono/), porque eso fue lo que ocurrió, pero la política impidió que la justicia realizara su trabajo, con las consecuencias que todos estamos padeciendo, y los demócratas al creer que eso quedaría allí, porque piensan todavía que la política debe estar sobre la justicia, terminamos todos los venezolanos pagando un altísimo precio con una tragedia que nos somete a todos.
¿Qué más prueba necesitan ver, tocar y sentir en carne propia los venezolanos para que se entienda de una buena vez que un sistema judicial mediatizado por la política trae miseria, hambre y corrupción, pero sobre todo injusticia? Que lo primero que tenemos que lograr luego de pasar esta tragedia es garantizar a través de una revisión profunda de la institucionalidad del país, y que exista una verdadera independencia del Poder Judicial, para que NADIE, ni siquiera el Presidente de la República, le pueda meter las manos al curso de la justicia. Y eso solo se logra convocando al Constituyente para Refundar la Nación. De esta manera se resolverá por sí sola cualquier futura inhabilitación política, porque finalmente garantizaremos vivir en un Estado de Derecho. Por sufrir esa injusticia, ojalá eso lo acabe de entender quienes pretenden sustituir a la tiranía en un futuro próximo, después de más de 50 años de inhabilitaciones políticas…
Caracas, 7 de Agosto de 2023
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Estimado Luis, siempre me complace leer tus escritos, porque aparte de estar en lo cierto y técnicamente bien fundamentados, generalmente coinciden con mis propios pensamientos, opiniones y convencimiento.
ResponderEliminarEn este caso, comparto totalmente tu planteamiento, nunca he entendido como la conveniencia política se sobrepone al derecho y la justicia de maneras insólitas. Coincido en la necesidad de refundar a la nación, porque en mi opinión, todo lo que señalas y más, es consecuencia del SISTEMA, es decir, esas cosas pasan porque el sistema lo permite, ya sea por acción o por omisión, básicamente en nuestro reservorio jurídico que se basa en la propia constitución, la cual soporta al sistema con columnas ausentes de cabillas.
Para que haya verdadera independencia de Poderes, se requiere un proceso constituyente que aplique una verdadera ingeniería constitucional y además actualice el marco jurídico adjetivo y complementario relacionado con las distintas ramas del derecho.
Un día de estos, cuando podamos coincidir nuevamente, te comentaré sobre una idea que viene dando vueltas en mi cabeza desde mi época de estudios de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (los cuales no culminé), que me han permitido generar un diseño muy particular de los Poderes del Estado, con una propuesta que incluiría un Sexto Poder al cual he denominado "El Suprapoder".
Este diseño implica equilibrar las cargas de "poder" y competencias para evitar los abusos, dependencias e interferencias entre poderes, de tal manera que cada uno ejerza sus funciones sin ningún tipo de presiones, y menos, provenientes del resto de los poderes.
En la actualidad, el exceso de poder ejercido por el Ejecutivo, deviene de la disposición de las armas (por un lado) y del dinero del Estado (por el otro), es así de simple, las razones pudieran ser obvias y creo innecesario explicarlo, pero, me parece que resolver esta especie de camisa de fuerza es lo primero que se debe resolver en el proceso de reingeniería constitucional para poder garantizar una verdadera independencia de poderes y en consecuencia, una verdadera democracia.
Un gran abrazo Luis !!!
Edgar