Existe una cuestión de fondo en el caso del referendo acerca del Esequibo que me ha hecho mucho ruido desde que el régimen se sacó esa carta patriotera debajo de la manga para, de acuerdo a ellos, medir quien está o no con la “robolución”, y a la vez poner en circulación cifras diferentes que superen de cara al mundo que todavía tienen la fuerza suficiente en la calle para poner en duda un resultado electoral que claramente no tienen, como lo demostraron las primarias del 22 de octubre, pero que justifiquen una diferencia fraudulenta mínima a favor del régimen en las elecciones del 2024.
Y esa cuestión de fondo no es otra que la respuesta a la siguiente pregunta: ¿puede un régimen comprobadamente ilegítimo, no reconocido por propios y extraños, tomar decisiones que afecten el futuro de los venezolanos? ¿Puede alguien que se metió en nuestra casa a la fuerza y se la apropió como suya, venderla y que todo el mundo reconozca esa operación como válida?
Lo que pasa con ese referendo me recuerda, una nota que escribí hace casi 10 años donde describo que un extraño se metió en nuestra casa y ha permanecido en ella por la fuerza por más de 20 años (ver País secuestrado, en https://ticsddhh.blogspot.com/2014/04/pais-secuestrado.html). Y ahora el vecino, para remate, se mete también en nuestro patio trasero, y este usurpador que se adjudica ilegítimamente una propiedad que no es suya, pretende ahora preguntarnos a nosotros, los dueños legítimos, si el patio es nuestro o no, o si tenemos derechos sobre ese terreno para él tomar decisiones. ¿¡Qué vaina es esa!?
La principal cuestión de fondo aquí es si ese usurpador tiene el derecho de encarar ese problema con el vecino, porque esta casa no es suya desde un principio, y luego de recuperar los derechos sobre nuestra casa, entonces demostrar a las autoridades, con los documentos de propiedad en la mano, que el patio trasero es nuestro. ¡Pero primero es lo primero!
Pero nos hemos metido en una discusión tan completamente estéril como fuera de lugar, que pareciera que somos víctimas colectivas del Síndrome de Estocolmo, siguiéndole el juego a quienes como secuestradores, en principio, no tienen ningún derecho de disputar absolutamente nada sobre nuestra propiedad. Hasta que los venezolanos no resolvamos la cuestión primaria de una representación legítima de gobierno que presentarle al mundo, no es posible resolver con ningún país una situación de límites, y menos aún uno de la trascendencia que tiene el territorio Esequibo en la vida del país.
Hasta ahora el régimen ha tenido éxito en dividir las posiciones de la oposición política entre ir a votar o no en ese referendo, cuando lo que deberíamos estar haciendo todos es rechazar la calificación de un régimen ilegítimo para decidir sobre ese tema, que es en lo que si coincidimos todos los venezolanos, enviándole un mensaje al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, y a la Comunidad Internacional en general, que será completamente desconocido cualquier arreglo que se determine durante el transcurso de la gestión del régimen de Nicolás Maduro Moros, o cualquier otro, que no provenga de la representación legítima del pueblo venezolano.
Desde el 22 de octubre los venezolanos logramos finalmente una representación digna de la oposición. La condición fundamental que nos unió ese día de octubre fue decidir a favor de alguien que no estuviera subrogado al régimen y trabajara únicamente para desplazarlo, y no que conviviera con él. Desde ese momento los venezolanos tenemos una dirección opositora distinta y asimismo esperamos de ella conducción política clara y firme. No es cualquier cosa lo que esperamos luego de años de entrega opositora al régimen.
Quienes hemos, de una u otra forma, criticado abiertamente lo que han hecho por años los partidos seudo opositores, cuyas decisiones, por acción u omisión, han atornillado aún más al régimen, tampoco dejaremos de hacer las respectivas observaciones de la mejor buena fe, a esta nueva oposición en las materias que consideremos clave, como un aporte al objetivo común que al fin y al cabo tiene una oposición verdadera, que no es otro que salir a la brevedad posible de los criminales que gobiernan a Venezuela.
El 23 de noviembre, María Corina Machado (MCM) se pronunció, como conductora política de una nueva oposición, en torno al referendo Esequibo, solicitando la suspensión de la consulta en los términos siguientes: “…el referendo sobre el Esequibo es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Frente a esta realidad inminente, yo quiero apelar a la sensatez de todos los venezolanos, civiles y militares, y plantear la siguiente consideración: en primer lugar el referendo sobre el Esequibo debe suspenderse. En segundo lugar, conformemos el mejor equipo, con los mejores expertos, venezolanos y de todo el mundo, historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas, y crear un equipo que fortalezca nuestros argumentos y alinee todos los insumos para la defensa de Venezuela y nuestro territorio. Y en tercer lugar presentemos a la Corte Internacional de Justicia una contra memoria inobjetable, que demuestre los derechos de Venezuela al oeste del río Esequibo…” (ver María Corina Machado en X (antes Twitter), “Si el régimen no sabe o no quiere defender el #Esequibo, nosotros sí”, en https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1727665517597446283) (resaltado nuestro).
Ante esa posición es obligante opinar, porque esto forma parte, como ya he comentado en líneas anteriores, de dejar a un lado la cuestión de fondo de toda esta discusión, que no es otra que la competencia de estos criminales para dirimir la propiedad de todos los venezolanos sobre el territorio Esequibo, siguiéndole la narrativa al régimen.
MCM tiene completa razón en solicitar la suspensión de esa jugada del régimen de Maduro que no va dirigida a resolver el problema limítrofe con Guyana. Sin embargo, si hemos de aceptar, como lleva implícita esa declaración, el consejo de los mejores juristas del país, la jurisdicción de la CIJ, “conformando el mejor equipo con los mejores expertos”, es claro que eso no podrá salir de una decisión que tome el régimen actual, y menos aún cuando este ha decidido desconocer tal jurisdicción como política de Estado.
Esa posición supone, en primer lugar, un régimen abierto a ir a la CIJ, y en segundo lugar pensar que sea posible “apelar a la sensatez de todos los venezolanos, civiles y militares”, como en una suerte de tregua entre régimen y oposición política, donde unidos se decidan equipos multidisciplinarios, “sin importar sus preferencias políticas”. Conociendo, como conocemos, a este régimen criminal, estamos hablando de una situación poco realista, alejada de lo que debería ser ahora la contundencia de una oposición política frente a un régimen que impulsa una estratagema criminal que pone en riesgo el territorio venezolano.
Los opositores venezolanos no solo debemos exigir la suspensión del referendo como lo propuso MCM, sino también desconocer cualquier medida y sus consecuencias, que este régimen autoritario e ilegítimo tome en relación con nuestra reclamación del Esequibo, hasta tanto no exista en Venezuela un gobierno legítimo, y verdadero representante de los venezolanos. Esa declaración debe ser contundente y dada a conocer en todas las instancias e instituciones internacionales, y en especial al gobierno de la República Cooperativa de Guyana.
Es posicionamiento político, le enviaría un claro mensaje a todo el mundo que la mayoría de los venezolanos estamos dispuestos a someternos a la decisión de la CIJ pero cuando exista en Miraflores un gobierno democrático producto de unas elecciones libres, justas y verificables. Eso va en consonancia con las presiones de la Comunidad Internacional al régimen de Nicolás Maduro Moros para el levantamiento de sanciones, y sería un elemento adicional para congelar ese juicio que no puede tener, por parte de Venezuela, a una banda de criminales en el poder.
El trabajo arduo que se impone desde la legítima oposición política, es la descalificación completa del régimen para dirimir este grave asunto frente a Guyana en representación de los venezolanos, desconociendo sus decisiones a nivel nacional e internacional en la materia, que incluye su ausencia ante la CIJ para defender nuestra causa, y lograr que ese juicio se paralice hasta que Venezuela recupere su legítima representación. De otra manera vamos rumbo a perder de nuevo “soga y cabra”, como lo vaticinó acertadamente Alejo Fortique en 1845.
Caracas, 27 de Noviembre de 2023
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