Por Luis Manuel Aguana
En junio del año pasado, un grupo de venezolanos comprometidos, entre
los cuales tuve el honor de participar, introdujimos una solicitud ante el TSJ
legítimo para que
este Alto Tribunal procediera a la designación de un Consejo de Gobierno de
Emergencia Nacional, con el objeto del restablecimiento del orden
constitucional y democrático en Venezuela (ver solicitud completa en https://tinyurl.com/y7x87ldb). Esa solicitud obedeció a
que en ese momento era absolutamente necesario, como lo sigue siendo ahora, que
Venezuela contara con un liderazgo sobre la que descansara la conducción de la
oposición venezolana habida cuenta de la omisión escandalosa de la Asamblea
Nacional de designar un gobierno legítimo en Venezuela. Así como la nuestra, se
sumaron otras solicitudes similares de venezolanos desde dentro y fuera del
país.
Una de
las razones principales por las cuales esa solicitud, ni ninguna de las otras,
cristalizó en un Gobierno de Emergencia Nacional que en el exilio condujera en
ese entonces la lucha opositora, fue la presión intensa que realizaran los
Diputados miembros de la directiva de la Asamblea Nacional para evitar esa
decisión, amenazando incluso a los Magistrados que se les ocurriera actuar de
manera independiente (ver mi nota del 16 de agosto de 2018, Una decisión del
Soberano, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/08/una-decision-del-soberano.html).
¿Que
buscábamos en realidad con esa decisión del TSJ legítimo?: que se designara un
Gobierno al margen de los intereses y de la corrupción política que desde la
Asamblea Nacional albergaban factores estrechamente ligados de una u otra
manera con el régimen. Que Venezuela pudiera contar con un Gobierno de
Transición que fuera de verdad independiente y que volviera a poner la
institucionalidad dislocada del país en el riel del Estado de Derecho. Que se
designaran personalidades que todos los venezolanos respetáramos, de una
probidad indiscutible y a toda prueba, con la suficiente experiencia de Estado
como para conducir este barco que hace aguas por todos lados, a un puerto seguro, para luego de una profunda
reconstrucción, se pudiera volver a colocar en el océano de la política, a
través de un proceso electoral auténticamente libre.
¿Que
termino pasando? Que la Asamblea Nacional retrasó el proceso de toma de
decisiones hasta llegar al 5 de Enero de 2019, con la designación de una nueva
legislatura que a duras penas, y empujada por el pueblo venezolano terminó por
designar un Presidente Encargado el 23 de Enero. Eso que queríamos que
ocurriera el primer semestre de 2018, efectivamente ocurrió pero a medias el
año siguiente, con la Ley del Estatuto para la Transición, adefesio con el que
gobierna la Asamblea Nacional y todos esos políticos comprometidos con
intereses bien lejanos a los del pueblo venezolano, a los que queríamos a toda
costa evitar. Por supuesto al existir efectivamente un gobierno legítimo, toda
la Comunidad Internacional se volcó a reconocerlo, como efectivamente
esperábamos que así ocurriera si el TSJ legítimo lo hubiera designado.
Si bien
es cierto ese Gobierno de Emergencia en los términos solicitados al TSJ
legítimo no se concretó, confiamos en ese momento en que la conducción política
del proceso llevada a cabo por Juan Guaidó como Jefe de Estado, aun cuando
mediatizado por la Ley del Estatuto para la Transición, pudiera efectivamente
conducirnos a una salida ordenada del régimen, al ver la presión ciudadana y el
sólido respaldo dado a su investidura por la ciudadanía y por los principales
polos de poder y Estados democráticos de Occidente, como fue el caso del
Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
Sin
conocerse en toda su profundidad el acuerdo al que llegó el liderazgo opositor
con los miembros del alto gobierno de Maduro para concretar el Cese de la
Usurpación, ya que aun no se ha publicado el documento de 15 puntos cuya
existencia se ha corroborado por declaraciones del mismo Elliott Abrams,
representante especial del Departamento de Estado, el país pudo conocer a
través del portal Armando.info los detalles de la operación del 30A, que de
haber sido exitosa, el TSJ de Maikel Moreno y al Alto Mando Militar de Vladimir
Padrino quedarían intactos (ver La Conjura de los Testaferros, en https://armando.info/Reportajes/Details/2556), formalizándose
una unión que ya sabíamos existía como concubinato.
De acuerdo con el reportaje “La Conjura de los Testaferros”, que
describe en detalle la sucesión de eventos del 30 de Abril, los reales mal
habidos de Gorrín y la corrupción de los actores de este montaje tuvieron mucho
que ver con el arreglo de marras con el régimen y sus actores de la oposición.
Esto no hace más que reafirmar la complicidad que hemos denunciado muchas veces
de ambas partes con la tiranía y explica en mucho la razón por la cual no hemos
salido de ella, al cuidar ambas partes intereses que les son comunes. Si ese
movimiento del 30A hubiera tenido éxito, los intereses de todos quedan a salvo,
manteniéndose el mismo Alto Mando de Padrino y TSJ de Moreno, quedando la
“recuperación” de la democracia descansado en la corrupción de ambos factores.
De hecho se hubiera tratado de la Disneylandia de la corrupción formalizada en
cogobierno.
Esto también explicaría el porque de la negativa persistente de los
diputados al rechazar la cooperación del exterior para ponerle fin a la
violación de los Derechos Humanos de los venezolanos. No lo quieren hacer
porque una salida de raíz del régimen, daría al traste también con los negocios
de sus contrapartes de la oposición asociados a su sombra, poniendo en
evidencia quienes están y quienes no están en todo lo que ha pasado en
Venezuela en estos últimos 20 años.
Lo peor de todo esto es que muchos de los que deciden la aprobación del
Artículo 187 numeral 11 en la Asamblea Nacional, son cómplices de esta
lamentable situación. Incluso todos aquellos que debieran aceptar que estamos
en un estado de emergencia que amerita la aplicación del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) al pueblo
venezolano, de las claras violaciones a los Derechos Humanos y delitos de Lesa
Humanidad cometidos por Nicolás Maduro Moros, no lo aceptan porque están
escondiendo vinculaciones e intereses comunes con el régimen.
Entonces los venezolanos necesitamos que quien esté al frente de la
lucha opositora tiene necesariamente que estar completamente desligado de toda
esa basura, y al momento de una muy posible intervención humanitaria de la
Comunidad Internacional, pueda gobernar una transición sin la macabra
influencia de quienes han prevaricado con el dinero de la Nación, acompañado de
venezolanos de la talla que buscábamos cuando intentamos el recurso para la
designación de un gobierno desde el TSJ legitimo en el exilio.
Ante la posibilidad cierta que ocurra de una intervención humanitaria
del país por la legítima solicitud de los venezolanos de exigir la
Responsabilidad de Proteger (R2P) al mundo, el Diputado Presidente de la
Asamblea Nacional y Presidente Encargado Juan Guaido, tiene después del fallido
intento del 30A, la obligación separarse definitivamente de los factores
indeseables descritos anteriormente -así sean de su mismo partido- y actuar
independientemente, para conducir una transición de una manera transparente.
Esto es algo que los venezolanos exigimos luego de ver ese espectáculo
ofrecido el 30A donde se pretendía poner al frente de la recuperación del país
precisamente a quienes lo han destruido. En una nueva oportunidad sería muy
grave otro intento de una Operación Libertad que no traiga consigo la
liberación y sometimiento de aquellos que han asesinado, torturado y violado
los derechos humanos de los venezolanos, entregando las riquezas de nuestro
territorio en detrimento del pueblo. Ojalá el Presidente Encargado la aproveche,
porque el país así se lo está exigiendo y posiblemente no tenga otra...
Caracas,
10 de Mayo de 2019
Email:
luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
