Por Luis Manuel Aguana
No hay nada más aberrante en un argumento político que la tergiversación de la historia, en especial cuando se trata de la historia de otro país. Hacer uso de un hecho histórico fuera de contexto para convencer de manera engañosa a la gente en Venezuela, puede servir perfectamente para poner un sobrepeso indebido sobre el lado equivocado de la balanza de la opinión pública para decidir sobre materias de trascendencia nacional, aprovechándose de la desinformación de las personas. Aparte de poco ético es inmoral.
Tal es el caso del argumento utilizado una y otra vez por la dupla César Pérez Vivas-Nicmer Evans del llamado Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) en el sentido de que “Es absolutamente legítimo revocar a un ilegítimo. Imagine que eso no lo hubiese pensado la gente de la Concertación en Chile con el plebiscito que se hizo con Pinochet, nunca se hubiese hecho el plebiscito ni salido de la crisis en ese país” (ver Nicmer Evans “Es absolutamente legítimo revocar a un ilegítimo”, en https://talcualdigital.com/nicmer-evans-es-absolutamente-legitimo-revocar-a-un-ilegitimo/).
Este argumento que manipula la verdad histórica ha sido utilizado repetidamente en audios y entrevistas que ruedan incansablemente por las redes sociales por los principales impulsadores del revocatorio a Nicolás Maduro Moros en Venezuela. El Gral. de Ejercito Augusto Pinochet Ugarte fue ratificado como Presidente de la República de Chile en su Disposición Transitoria Decimocuarta: “Durante el período indicado en la disposición anterior, continuará como Presidente de la República el actual Presidente, General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, quien durará en el cargo hasta el término de dicho período…” (Pág. 85). Esto fue ratificado con la aprobación por plebiscito de la Constitución de Chile, el 11 de septiembre de 1980: “El texto de la nueva Constitución fue sancionado por Decreto Ley No. 3.464 de 11 de agosto de 1980 y se sometió a su aprobación por la ciudadanía en un plebiscito convocado para el día 11 de septiembre de 1980, por Decreto Ley N° 3.465 de 12 de agosto de ese año. Aprobado por mayoría absoluta en dicho plebiscito, fue promulgado como ' Constitución Política de la República de Chile, por Decreto Supremo No. 1.150 de los Ministerios de Interior y Justicia de fecha 24 de octubre de 1980” (ver Constitución Política de la República de Chile original de 1980, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 96, en https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/60446/3/132632.pdf)
Y voy más allá. En esa misma Constitución de 1980 la Junta Militar se reservó el derecho (aprobado por el pueblo el 11 de septiembre del mismo año) de someter a Plebiscito al octavo año (periodo presidencial aprobado en la Constitución) al ocupante de la Presidencia de la República establecido en las mismas Disposiciones Transitorias: “VIGESIMOSEPTIMA.- Corresponderá a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, titulares, proponer al país, por la unanimidad de ellos, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, la persona que ocupará el cargo de Presidente de la República en el período presidencial siguiente al referido en la disposición decimotercera transitoria, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso primero de esta Constitución, sin que le sea aplicable la prohibición de ser reelegido contemplada en el inciso segundo de ese mismo artículo. Con ese objeto se reunirán noventa días antes, a lo menos, de la fecha en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. La designación será comunicada al Presidente de la República, para los efectos de la convocatoria a plebiscito…”. (Pág. 92). Les invito a leer igualmente las disposiciones transitorias Vigesimoctava y Vigesimonovena para que entiendan mejor que paso en Chile en 1988.
De modo pues, que fue la misma Junta de Gobierno de Pinochet quien dispuso ese Plebiscito CONSTITUCIONALMENTE, y que estableció la posibilidad de una elección presidencial al final de su primer período luego de 1980, y que finalmente el mismo Pinochet acató sus resultados en 1988, porque no le quedo alternativa. Afirmar que el caso de Pinochet y de Maduro de alguna manera se parecen para repetirlo en Venezuela es una aberración que debería avergonzar a quienes insisten en sacar “democráticamente” a unos delincuentes por la vía de un Referendo Revocatorio.
Para los chilenos Augusto Pinochet era constitucionalmente legítimo para 1988, incluso con su nombre y apellido establecido en la Constitución en sus Disposiciones Transitorias. Y si alguno considera que esa Constitución no era válida porque fue aprobada en dictadura, no mas tiene que fijarse que los chilenos la consideraron legitima por más de 30 años luego de depuesta la Junta Militar de Gobierno, y es ahora que decidieron revisarla en una Asamblea Constituyente. Así que repetimos con más fuerza: MADURO ES ILEGITIMO PARA LOS VENEZOLANOS, Y ESO FUE REAFIRMADO POR EL MANDATO DE LA CONSULTA POPULAR DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE NO ES LEGITIMO REVOCAR A UN ILEGITIMO.
Pero con todo eso en mente, aún así dejare a mi estimado amigo Antonio Sánchez García, venezolano de origen chileno, para que complemente mejor la situación planteada ante esa propuesta revocatoria, trayéndoles al recuerdo parte de una extraordinaria nota publicada en el año 2015:
“Cabe preguntarles a quienes consideran al voleo de las apariencias que lo sucedido en Chile es perfectamente repetible en Venezuela; si entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro o entre la almirante Meléndez y el general Padrino López reinan las profundas e irreparables diferencias respecto de la suerte y el destino de nuestro país que reinaban en el Chile de la Junta Militar de Gobierno. Si El Aissami y Vielma Mora tienen el mismo respeto y la misma consideración respecto del papel que deberían jugar los partidos democráticos que tenía el general Matthei. Y cabe, sobre todo, preguntarse si los miembros del Estado Mayor anhelan irse a sus casas a disfrutar de una honesta y discreta jubilación. Si no tienen pesadas y gravosas culpas que saldar con la justicia nacional e internacional como para favorecer un cambio democrático en Venezuela. ¿Cree alguien con dos dedos de frente y una mínima sobriedad moral que la satrapía desea y favorece una transición a una democracia? ¿Cree alguien que las fuerzas armadas venezolanas tengan el patriotismo, la honestidad y la integridad moral que tuvieron los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas? Tengo las más serias dudas” (ver Pinochet y la transición: el plebiscito de 1988, por Antonio Sánchez García, en https://www.analitica.com/opinion/pinochet-y-la-transicion-el-plebiscito-de-1988/).
De ese artículo de Antonio Sánchez García se desprende, por más duro que a algunos les pueda parecer, que en la composición de esa Junta Militar de Gobierno presidida por Pinochet había individuos que estaban perfectamente dispuestos a acatar y hacer respetar la Constitución que habían aprobado en 1980, entre los cuales destacaba el General Fernando Matthei, cuya influencia fue decisiva para que Pinochet aceptara la derrota en ese plebiscito de 1988. ¿Ustedes creen que eso ocurriría en la Venezuela de Maduro y sus incontables ladrones, en especial los electorales? Como bien afirmó Sánchez García: “La suerte de Pinochet, de la Junta y de la dictadura había sido sellada por la misma dictadura. Sin presiones externas”. Y eso está muy pero muy lejos de pasar en Venezuela. ¿Qué es lo que se traen entonces quienes desean engañarnos con un revocatorio desde la oposición poniendo como excusa la supuesta “ilegitimidad” de Pinochet?
De todo lo anterior se comprueba que las condiciones que prevalecieron en Chile en 1988 no pueden ser comparadas a las que prevalecen en la Venezuela del régimen que nos desgobierna en el siglo 21, no solo porque Pinochet fue a un plebiscito que los mismos chilenos aprobaron 8 años antes de su ejecución, incluyendo el ejercicio de su presidencia, sino que la misma Junta se separó del poder al perderlo, convocándose posteriormente un proceso electoral presidencial bajo la tutela de los mismos militares.
Maduro ES ILEGITIMO y concurrir a un Referendo Revocatorio lo asume de entrada como Presidente Constitucional en ejercicio, dejando de lado su condición de usurpador. Eso es lo que se niegan a aceptar quienes impulsan un Referendo Revocatorio, proceso que le es conveniente al mismo régimen, e incluso estaría dispuesto a financiarlo con los partidos de la oposición comprada. Si la oposición “pierde” ese revocatorio –cosa que pasara irremediablemente- nada le impedirá al régimen reclamar legitimidad ante la Comunidad Internacional, desvaneciéndose la figura constitucional del Presidente Encargado Juan Guaidó Márquez, porque el proceso fue avalado por los partidos opositores que aceptaron el Dialogo en México. ¿Será eso lo que en realidad busca la oposición oficial que ya no tolera a Guaidó? Podría ser…
Si bien es cierto que la figura del Referendo Revocatorio está en la Constitución en el Artículo 72, también lo está en ella la figura de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el Artículo 348. Si la oposición política deseara verdaderamente y de una manera legítima salir del régimen electoralmente, ¿no sería más consecuente con la situación de gravedad extrema del país convocar una Constituyente que un Revocatorio? En la primera se REFUNDARIA LA NACION, reconstruyéndose todos los Poderes Públicos, Presidencia incluida, y solo se requeriría solicitar para su aprobación la voluntad del 15% del Registro Civil y Electoral, a diferencia del 20% que requiere la convocatoria a un Referendo Revocatorio. ¿No les parece extraño?
Una Asamblea Nacional Constituyente decidiría el destino de Nicolás Maduro Moros y el resto de los Poderes Públicos, y puede designar un Gobierno de Transición hasta la aprobación de un nuevo texto constitucional con los cambios que realmente necesita el país, y convocaría a unas elecciones Parlamentarias y Presidenciales, con base al nuevo texto constitucional. ¿Es tan difícil de entender eso? Realmente no. Pero el problema está en que no podríamos ir a un proceso constituyente sin las garantías electorales mínimas y mucho menos con un régimen que tiene a la cabeza un usurpador que terminará contando los votos a su favor con sus maquinas trampeadas. Desde ANCO exigimos la convocatoria del pueblo a la REFUNDACION DEL PAIS, a un proceso Constituyente de carácter originario arbitrado por la Comunidad Internacional, como solución a la crisis venezolana, en contraposición a ese adefesio revocatorio con trampas propuesto por los partidos “opositores” bajo el paraguas del régimen.
Sin embargo a la oposición oficial parece no importarle ir a un proceso revocatorio en esas condiciones, como bien lo declara el Rector del CNE de la oposición oficial, Roberto Picón, designado por la ilegitima Asamblea Nacional del 6D-2020, al indicar que “A partir del 10 de Enero se puede introducir los papeles para iniciar el revocatorio” (ver noticia en Tal Cual, en https://talcualdigital.com/roberto-picon-a-partir-del-10ene-se-puede-introducir-papeles-para-iniciar-el-revocatorio/). Parecieran estar de acuerdo el régimen y su oposición en la negociación de ese revocatorio para el 2022.
Con mis disculpas anticipadas a los que hayan llegado tan lejos leyendo esta larga nota: Los venezolanos debemos ver con muchísimo cuidado la trampa que nos están montando con ese Referendo Revocatorio, y lo que realmente buscan los partidos opositores del G4/FA+Mesita en combinación con el régimen de Maduro. Ya dicen que vayamos a votar el 21N “para organizarnos mejor para ir al revocatorio” como evocando una profecía auto-cumplida, y hasta pusieron a declarar a favor al llamado Rector “opositor”. ¡Ojo con eso! Esa trampa consolidará a Maduro pero también les dará espacios de supervivencia a aquellos que son peores que el régimen, porque prefieren conformarse con las sobras que les arroje la tiranía para seguir medrando alargando esta tragedia, que defender a un pueblo que se muere de mengua. ¡No merecen el voto de ningún venezolano! Con esa estrechez de espíritu nunca podrán luchar por lo verdaderamente importante: la libertad de Venezuela.
Caracas, 29 de Octubre de 2021
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