Por Luis Manuel Aguana
La sentencia condenatoria del TSJ
legítimo en Bogotá a Nicolás Maduro Moros por corrupción y legitimación de capitales,
pone a todo el mundo político a correr dentro y fuera de Venezuela (ver TSJ en
el exilio sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por
corrupción, en https://www.lapatilla.com/2018/08/15/tsj-en-el-exilio-sentencio-a-nicolas-maduro-a-18-anos-y-3-meses-de-carcel-por-corrupcion/).
Dentro, porque los venezolanos sabremos
definitivamente si la oposición oficial reunida en la Asamblea Nacional
respaldará a los Magistrados que se constituyeron en Tribunal Supremo de
Justicia legítimo fuera de nuestras fronteras, o terminarán apoyando al régimen
al sabiendas de la culpabilidad demostrada durante las audiencias que se realizaron
en Bogotá.
Y fuera, porque la Comunidad
Internacional deberá tomar una decisión definitiva si respaldar o no las
decisiones de la justicia venezolana legítima que a pesar de toda la
adversidad, ha demostrado que si se puede actuar sujetos al Estado de Derecho,
con completa independencia entre los poderes legítimamente constituidos, y en
el supremo interés de Venezuela y los venezolanos.
Sin embargo está operando en toda
su extensión una fuerza contraria, consecuencia de lo que di en llamar en una
pasada nota el "fenómeno de TSJ-L" (ver El fenómeno del TSJ legítimo
en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/el-fenomeno-del-tsj-legitimo.html) en donde desde mucho tiempo antes de comenzar el juicio de Nicolás
Maduro Moros las fuerzas políticas reunidas en la Asamblea Nacional vieron con
mucho recelo que los Magistrados designados por ellos se comportaran con
autonomía y vida propia, constituyéndose como Tribunal Supremo de Justicia en
el exilio.
Se salieron fuera de la esfera de influencia
de la Asamblea Nacional, sin acatar las órdenes políticas de aquellos que
fueron sus mentores para resultar designados como Magistrados del TSJ. Ese
quiebre se produjo cuando terminaron siendo perseguidos con sus familias y
tuvieron que huir del país, y completamente sin el apoyo de la Asamblea
Nacional.
La oposición oficial al ver esos intentos
“independentistas” de los Magistrados enviaron al "embajador" Luis
Florido como emisario a todos los países donde se residenciaron, para
advertirles que "no se les ocurriera" tomar decisiones sin la "aprobación"
de sus "jefes políticos" Ramos Allup,
Borges y Barboza. ¡Qué triste papel el de Florido como diputado de un
partido tan aguerrido como Voluntad Popular! Al ver que estos
"muchachos" resolvieron no pararle al esas "advertencias",
que más se parecen a las que hacían los matones de Don Vito Corleone como jefe
de la mafia de la novela de Mario Puzo, resolvieron jugar "hard
ball", emprendiéndola con una trama de descalificación de su Presidente,
Miguel Ángel Martín Tortabu.
En una acusación sin fundamento, la Directiva
de la Asamblea Nacional se movilizó como no lo habían hecho antes en el caso de
la doble nacionalidad de Maduro para denunciar que el Presidente del TSJ
legítimo tenia "doble nacionalidad". Ni siquiera les sonó la flauta,
como aquel burro de la novela, para registrar en los archivos de la misma
Asamblea Nacional, los documentos consignados por el Magistrado Martin para
concursar para ese alto cargo. Si lo hubieran hecho habrían encontrado la
renuncia a su nacionalidad española mucho antes de aplicar como Magistrado.
Pero la maniobra era quebrarle las piernas a quien consideraban el jefe de esa
"sublevación" independentista del Poder Judicial.
Véase bien lo que hasta aquí está pasando.
Diputados de la oposición en posiciones de dirección del Poder Legislativo se
están dedicando a sabotear e interferir con las decisiones de otro poder
independiente, pretendiendo mantener el control de esos Magistrados tal y como
lo hace el régimen, y a la más rancia usanza de la 4ta República. ¡Eso es
precisamente lo que queremos erradicar! Pero el siguiente paso le fue subiendo la
escala a la amenaza mafiosa.
El periodista José Domingo Blanco denunció en
su cuenta de Twitter que el Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza,
conjuntamente con su ex Presidente, Julio Borges, se reunirían en
Bogotá con la Fiscal Luisa Ortega Díaz para "negociar" detener el
juicio de Nicolás Maduro (ver https://twitter.com/mingo_1/status/1023569054030868480?s=03)). La denuncia de Mingo el mismo día de la reunión logro abortar el encuentro donde
supuestamente esa "oposición" negociaría con Ortega dejarla tranquila
de las tropelías en contra de los Derechos Humanos que ha cometido, en un
futuro gobierno posterior de esa oposición, e incluso con la posibilidad de una
posición relevante en esa administración, a cambio de congelar el juicio,
difiriendo las audiencias que se estaban llevando a cabo en Bogotá en el juicio
en contra de Maduro. Esa técnica la conoce muy bien la Dra. Ortega como bien lo
saben todos los presos políticos que aún siguen estando detenidos porque todavía
no han tenido la primera audiencia por falta del Ministerio Público.
Ese intento, como todos saben, fue fallido y
el juicio continuó a pesar de los de las tentativas opositoras, no sólo de
desbancar los esfuerzos de condenar a los corruptos que han destruido a Venezuela (entre otras razones porque ellos también
están en la lista de Odebrecht) sino que en el camino hubieran detenido el
principal proceso que se llevaba en el TSJ legítimo en el exilio, dejando muy
mal parado al Alto Tribunal.
Pero la cocina del diablo no se detiene. Los
partidos de la oposición oficial saben lo que viene después de esta decisión
del TSJ en contra de Maduro, y han reiteradamente desestimado la tesis del
vacío de poder esgrimida por el TSJ legítimo, diciendo que ese juicio no es
importante porque Maduro no era ya presidente desde que la Asamblea Nacional
declaró el "abandono del cargo" en enero de 2017, y que ellos
"ya no tienen que hacer más nada".
Nada más alejado de la realidad, como lo han
demostrado sus actuaciones, al persistentemente haber ignorado el mandato del
16J-2017 ordenado por el pueblo venezolano, y el mandato legal del TSJ legítimo
para designar un gobierno que sustituya a Nicolás Maduro. Lo que sigue a
continuación de esa sentencia es la designación de un Gobierno de Emergencia
Nacional por parte del TSJ legítimo. Pero eso los partidos de la oposición oficialista
no están dispuestos al permitirlo.
En una denuncia hecha pública en su cuenta de
Twitter por Carlos Ortega, Presidente de la CTV (ver https://twitter.com/CarlosOrtegaCTV/status/1029195409942618113?s=08),
el régimen se habría agavillado con algunos diputados de la oposición oficial y
un Magistrado para impedir el fallo de ayer. Aunque la noticia llega tarde
porque ya eran conocidos esos intentos, lo nuevo es que desde el mismo TSJ legítimo
hay Magistrados conspirando para desmontar al Tribunal. ¿Qué tal? Los
tentáculos pueden ser muy largos cuando se dispone del dinero de la corrupción.
Al no poder parar la sentencia de Maduro lo
que le queda a la conspiración montada desde la Asamblea Nacional es el
desconocimiento abierto al TSJ legítimo.
Recuerden que aún desconocemos el informe que aún prepara la Consultoría
Jurídica de la Asamblea Nacional en relación a la sentencia del 2 de julio de
2018 que obliga a la Asamblea Nacional a designar un nuevo gobierno en
Venezuela. Ahora con la sentencia condenatoria de Maduro se hace impostergable.
O lo hace la Asamblea Nacional o lo hace el TSJ legítimo. Y sabemos cuál es la
decisión ya tomada de la oposición oficialista: meter en una gaveta esa
decisión, tal vez la más importante de la Venezuela actual. De allí que no les
quede otra que ir de frente en contra del TSJ legítimo con una última carta
deslegitimadora: el informe del Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional. No
quieren, por un montón de razones que analizaremos en su oportunidad, que esa
decisión este fuera de su control.
La Directiva de la Asamblea Nacional informo
a través de su Presidente Omar Barboza en fecha 10 de julio de 2018 –antes de
la sentencia de Maduro- que había propuesto “esperar
la opinión de la Consultoría Jurídica de la AN sobre la notificación que
enviaron este lunes los magistrados del @TSJ_Legitimo y la opinión de
@lortegadiaz” (ver https://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/1030158962019262464).
La espera ha sido sospechosamente muy larga, e incluyó el tiempo que tomó de
juicio de Maduro, la sentencia y todos los intentos de destruir esa decisión,
así como algo muy importante: las vacaciones de la Asamblea Nacional.
Ahora a la Directiva de la Asamblea Nacional,
que ha intentado desbancar al TSJ legitimo, le toca decidir qué hacer con la
papa caliente que acaba de salir con la sentencia de Maduro, pero lo quieren
hacer desde una Comisión Delegada -en cogollito pues- para pasarse por arriba una
posible decisión de los Diputados en Plenaria. Así es que se juega la pelota
caribe de la política en Venezuela. Ese informe no se ha hecho público todavía
y de su contenido dependerá si los políticos de la Asamblea Nacional
respaldarán o no la decisión del Alto Tribunal en el exilio.
No somos adivinos para saber en qué tónica vendrá
ese informe, pero sin llegar a ver algo podrido podemos saber que algo está
descompuesto solo por el olor. Y la Directiva de la Asamblea Nacional, su Consultoría
Jurídica y ahora la Comisión Delegada hieden como la Morgue de Bello Monte. Mi
pregunta al pueblo de Venezuela: ¿Logrará la Asamblea Nacional finalmente sabotear
el esfuerzo de los Magistrados del TSJ legítimo de designar un Gobierno de
Emergencia Nacional que responda al sufrimiento de este país? ¿Permitiremos que
ese cogollo desconozca la sentencia de Maduro e impida que el pueblo de
Venezuela tenga un Gobierno que verdaderamente trabaje desde fuera para
sacarnos de este infierno? La decisión final debería ser como siempre, del
soberano…
Caracas,
16 de Agosto de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
