La preocupación legítima manifestada por ciudadanos conscientes residentes en todo el mundo dentro y fuera de Venezuela, de poner o no sus datos personales en una página web para registrarse en unas primarias de la oposición oficial, SIN ANTES HABERSE DEFINIDO quién controlará ese proceso, es otro de los muchos capítulos de la loca historia electoral de esta tiranía que subyuga al país por más de 23 años, y que deberá contarse muy bien a las nuevas generaciones.
Efectivamente, el régimen ha encontrado una fórmula para que sea la misma población opositora la que les suministre los datos de quiénes son y donde están los electores de la oposición. Con el adelantamiento de esta recolección, la Comisión Nacional de Primarias, CNP, de la oposición oficial, podría entregar los datos que ahora están recogiendo al CNE para la actualización de su base de datos, una vez que concluyan exitosamente sus negociaciones. Nadie debería poder negociar con esa información sin el consentimiento del titular de esos datos.
En Venezuela no existe un marco jurídico especial y específico para la Protección de los Datos Personales de los ciudadanos. Todos los países latinoamericanos, con excepción de Cuba, poseen legislaciones que regulan fuertemente el almacenamiento, procesamiento, disposición y transmisión de los datos de las personas en manos de entidades públicas y privadas. En Venezuela, no existen obligaciones ni garantías para ninguna persona que entregue sus datos a cualquier organización, salvo las generales previstas para el Estado en su obligación de proteger la vida privada de los ciudadanos, el Habeas Data y comunicaciones personales, contenidas en los Artículos 28, 48, 60 y 281.3 de la Constitución de 1999, y algunas legislaciones especiales como la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,
En consecuencia, cualquiera en Venezuela puede solicitar, sin ninguna normativa que lo regule, información privada de los venezolanos bajo cualquier discurso, y lograr que se les entregue uno de los activos más preciados que una persona posee, que es su propia información de carácter personal. Aprovechando la oportunidad de las elecciones primarias, muchos venezolanos están cayendo en la trampa de revelar su inclinación política opositora a cualquier registro que se lo solicite, sin ninguna garantía de que el que los recolecte pueda vender, negociar o exponer públicamente esa información para su propio beneficio.
La normativa internacional más avanzada en el mundo es el acuerdo que en la actualidad rige la privacidad y la protección de los datos en la Unión Europea, titulado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece que es el usuario quién decide a través de un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, la posibilidad de que se utilicen sus datos, sin ser suficiente el consentimiento tácito o por omisión. En otras palabras, de existir una normativa como esa en Venezuela, la CNP o cualquier otro responsable de recopilar datos, no pudiera hacerlo sin informarles previamente a los usuarios que es lo que harán con ellos, estando sujetos a penas establecidas en esa normativa.
El RGPD entro en vigor en la Unión Europea en el año 2018, y casi inmediatamente Facebook, Google, Instagram y WhatsApp fueron acusados de incumplirlo: “Las denuncias han sido presentadas ante los organismos de protección de datos de Francia, en el caso de Google; Bélgica (Instragam), Alemania (WhatsApp) y Austria (Facebook), para “facilitar la coordinación europea”. Las multas máximas a las que se enfrentarían estas compañías, si se confirmase que vulneran el nuevo reglamento europeo, van desde los 3.7 00 millones para Google a los 1.300 para las otras tres empresas demandadas. Y es que el RGPD fija, en casos extremos, sanciones de hasta 20 millones o el equivalente al 4% de los ingresos globales anuales de la compañía en cuestión”. De acuerdo a esas denuncias los clientes debían “…aceptar que sus datos sean recopilados, compartidos y utilizados para publicidad dirigida o eliminan sus cuentas” (ver Facebook y Google, acusadas de incumplir la nueva normativa de protección de datos, en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/25/companias/1527268726_247540.html).
Cada país a través de una legislación de protección de datos, crea un organismo supervisor del cumplimiento de la normativa. Y como se aprecia en el caso anterior, la Unión Europea se lo tomó muy en serio. Y eso tiene una explicación natural y particular en Europa: antes de la llegada de sistemas automatizados de manipulación de datos masivos, siempre fueron las autoridades estadísticas de los países, los guardianes y garantes de los datos masivos de las personas por las obvias razones de planificación. La información estadística de los ciudadanos de los Países Bajos (Netherlands) estaba tan pormenorizada antes de la ocupación alemana que les permitió a los nazis el registro de la población judía y gitana para su deportación a los campos de exterminio. Las mayores cifras de exterminio de “grupos vulnerables” se registraron en lugares donde mejor estaban catalogados los datos de los ciudadanos. Es por esa razón que este asunto tiene una conexión directa con los Derechos Humanos y la vulnerabilidad de las personas, por lo que este problema debería ser muy sensible para nosotros que sufrimos una tiranía que pretende eternizarse en el poder.
Como comentaba en una nota pasada acerca de este hecho, ya algunos actores están comenzando a levantar datos de los venezolanos a través de páginas en la web, para ser utilizados en unas elecciones, sin representar a la legítima autoridad electoral del país. Eso incluye a la CNP o cualquier candidato interesado. A mi juicio, esto último constituye, por decir lo menos, un acto de lesa irresponsabilidad porque no existen garantías comprobadas de confidencialidad de nadie, por no existir normativas especiales y específicas que regulen esa actividad para entes que no son del sector público. Entonces, la única garantía de protección de datos la debe dar el Estado venezolano a los ciudadanos, a través de lo establecido en los Artículos 28, 48, 60 y 281.3 de la Constitución de 1999. Pero como ya sabemos, no existe Estado de Derecho en Venezuela…
Y ante la inexistencia de autoridades legítimas en el país -el actual CNE es una de esas autoridades ilegítimas, por haber sido designado por una Asamblea Nacional espuria y no reconocida- nadie podría recoger datos para una elección en Venezuela, hasta que exista un Poder Electoral Legítimo. De lo anterior se desprende entonces que tampoco nadie, público o privado, en la actual situación política de Venezuela, puede atribuirse la tarea de levantar por cuenta propia y por cualquier medio ningún dato de los venezolanos, si no es una autoridad legítima del país.
Por donde se le mire, lo que sucede en Venezuela es una completa locura. Y esa es la razón por lo que la oposición venezolana ignora abiertamente la existencia misma de la ilegitimidad de todos los Poderes Públicos, y ha resuelto mirar hacia otro lado y disponerse a ir a una elección presidencial con una banda de delincuentes, esperando tener éxito en ese despropósito. Esto es, partiendo de una situación de ilegitimidad abyecta, llegar a una situación de Poderes Públicos legítimos con aceptación de la Comunidad Internacional. Mayor absurdo es imposible de imaginar. Nada que comience de esa manera puede tener un final feliz.
Aun cuando todavía continúe la indefinición de quien controlará los datos y los votos de los ciudadanos de unas primarias opositoras, los venezolanos deberían examinar con cuidado quien les garantizará la confidencialidad de la información. Esto es, mirar con sumo cuidado a quien le entregarán los datos, preguntando qué es lo que harán con ellos y cómo se protegerán. No tengo que explicarles lo que haría un CNE del régimen con ellos, pero tampoco que lo que harían los partidos entregados a el a través de una CNP que negocia con un CNE ilegítimo. Para mí es la misma cosa. Es por eso que yo cortaría por lo sano y preservaría mi seguridad, no entregándoselos a nadie…
Caracas, 14 de Junio de 2023
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