Por Luis Manuel Aguana
El comunicado publicado por
la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) (ver Comunicado ANCO: Que
el Soberano decida el futuro de Venezuela: PLEBISCITO SI, DIALOGO NO http://ancoficial.blogspot.com/2019/06/comunicado-anco-que-el-soberano-decida.html) pone oficialmente en el
debate público nacional e internacional la propuesta de una nueva ruta a
discutir para resolver la crisis venezolana, ante la “nada” ofrecida al país
por la oposición oficial, que la ha puesto a negociar -deliberadamente o no-
elecciones con el régimen ilegitimo de Nicolás Maduro Moros.
Los venezolanos presenciamos
asombrados que la solución que le dio finalmente la oposición oficial al
llamado “cese de la usurpación” fue negociar con un dialogo en Noruega
elecciones con Maduro y su banda de delincuentes. Esto ha resultado inaceptable
por quienes consideramos inválido reconocer con un instrumento democrático el
ilegitimo ejercicio del poder de Maduro, por lo que este debe abandonar primero
el poder que detenta ilegalmente antes de proceder con cualquier nuevo estado,
trancándose así inevitablemente el juego. Pero ¿cómo resolver esto?
Estamos en una situación de
posiciones irreconciliables con el contrario, a la que los países de la
Comunidad Internacional tratan de resolver mediando en la aplicación de un
instrumento electoral solo válido en democracia, y dándole beligerancia
política a un atajo de criminales que han asaltado el poder. Eso es intolerable
para la gran mayoría de los venezolanos, pero no así para la dirigencia
política que hasta ahora nos representa en los escenarios internacionales. Este
curso de acción política no es aceptada por los venezolanos.
En una nota pasada, adelante
como era posible destrancar el “abrazo mortal” en el que se encontraba
Venezuela con esta situación (ver Un plebiscito, la solución al abrazo mortal
de Venezuela, en http://ticsddhh.blogspot.com/2019/06/un-plebiscito-la-solucion-del-abrazo.html) que no es otra cosa que
ubicarse en el plano objetivo del problema. A nuestro juicio el curso de acción
de los venezolanos, al carecer de medios locales para desplazar a los
criminales en el poder, debería ser solicitar esos medios a la Comunidad
Internacional. Sin embargo no hay consenso de los países para aplicar una
solución de fuerza, tratando de imponer una solución negociada con el régimen.
Por otro lado la oposición oficial insiste en un supuesto “quiebre de las
Fuerzas Armadas” cuya espera nos ha costado mas vidas y sufrimientos que la
misma aplicación de la solución de fuerza desde el exterior que hemos
solicitado.
Para conciliar ambas
posiciones planteamos un justo medio: una solución que aun siendo electoral no
implique la aceptación del régimen a través de unas elecciones sino del
reconocimiento objetivo, para cualquier gobierno del mundo, de la legitimidad
que tiene la Soberanía Popular de los venezolanos para decidir sobre el
ejercicio del poder de quien lo esta detentando. Maduro y quienes lo sostienen
en el poder no pueden ignorar que la única fuerza objetiva que se le reconoce
afuera para sostenerlos en el poder es la voluntad legítima del pueblo
venezolano, y solo su voluntad puede desplazarlos. Eso es válido para cualquier
gobierno del mundo y por eso quieren que el problema se resuelva con
elecciones.
En este sentido el régimen de
Maduro no podría a negarse de cara al mundo a pasar por el escrutinio popular
mediante un Plebiscito que decida sobre su continuidad en el poder. Negarse a
eso implicaría por definición la aprobación general para su desalojo por medio
de la fuerza. Y por otro lado, la Comunidad Internacional no podría esconderse
para garantizar el clamor de los venezolanos de hacer que el veredicto de esa
Soberanía se cumpla con la fuerza que sea necesaria. Esa es la columna
vertebral del planteamiento plebiscitario. El resto son las garantías de las partes.
Veamos:
Garantías del régimen: nadie
del régimen aceptaría ir a un plebiscito -que sin duda alguna perderían- sin
conocer antes que ganarían con eso. Allí existen un cúmulo de condiciones que
estamos seguros que solicitarían quienes han cometido delitos de Lesa
Humanidad, robo comprobado a la nación, corrupción, legitimación de capitales,
narcotráfico, etc., y que en este momento manejan el poder. Estos criminales
desearán saber que les darían a cambio de abandonar el poder en caso de perder
el Plebiscito. Los Estados Unidos tienen sobrada experiencia en ese tipo de
negociaciones con delincuentes. Saben que se les puede conceder o no habida
cuenta de las sanciones que ya se han aplicado. El caso mas reciente es el del
General Hugo “Pollo” Carvajal. Esa rueda de negociación tendría que realizarse
bajo la amenaza creíble que el Plebiscito es el última alternativa que
plantearía unida la Comunidad Internacional al problema de Venezuela, previo al
agravamiento de las sanciones, e incluso la posibilidad de una intervención en
caso de no aceptarlo.
Pero el aspecto criminal solo
sería una parte del problema, también existe la dimensión política. Estamos
seguros que los criminales pedirían también garantías acerca de la
supervivencia política de su movimiento o el “legado” de su revolución. Un
Plebiscito planteado en los términos mas objetivos y democráticos debería
garantizarle al partido del régimen una participación porcentual equivalente a
los votos que ellos consigan en esa contienda electoral plebiscitaria. Nadie,
ni siquiera los socialistas europeos que tanto desean unas elecciones en
Venezuela, podrían negarse a un Plebiscito que garantice eso.
Garantías de la oposición: no
podríamos contar con que los opositores venezolanos concurran a un Plebiscito
con un sistema electoral en manos del régimen. Y por otro lado el régimen
negaría a contarse si no es con su CNE. Una propuesta intermedia sería
entregarle a un tercero imparcial, por ejemplo la OEA y la Unión Europea, la
administración electoral de los votos a través de un sistema de conteo 100%
manual, con apoyo automatizado de totalización. Esto es, boletas que se cuenten
una a una en cada mesa electoral, nacional e internacionalmente, y estas al
cerrar con los testigos de ambas partes, envíen los totales de la mesa a una
Sala de Totalización supervisada por todos. La contabilización será solo de
cuantos SI o NO existen, por lo que un Plebiscito como ese debería organizarse
y despacharse muy brevemente con la ayuda técnica internacional adecuada.
Otra garantía para la
oposición venezolana sería el desmontaje previo al Plebiscito de la Asamblea
Constituyente del régimen. No podríamos aceptar que luego de realizado el
proceso y decidido una nueva situación política para el país, el régimen la
cambie a cuenta de los “poderes supra constitucionales” de ese ente
inconstitucional. Pero lo más importante para la oposición sería la garantía
del cumplimento del resultado del Plebiscito. Nadie iría a votar si el régimen
desconoce luego los resultados. En ese aparte la Comunidad Internacional deberá
tener una presencia determinante para establecer las acciones a realizar para
que se cumpla la voluntad del pueblo de Venezuela. Allí todos los países
tendrán que coincidir de manera unánime que es solo la Soberanía Popular quien
debe decidir el futuro del país y ayudarnos a hacer que se cumpla su mandato,
sin excluir el uso de la fuerza.
Un punto determinante para
que una solución como esta sea posible es su aceptación por parte de la
oposición oficial y por supuesto del régimen. La respuesta a esto
paradójicamente no se encuentra en Venezuela. Aun cuando algunos venezolanos
podamos considerarla con simpatía, vemos con escepticismo que oposición oficial
la compre por múltiples razones, entre ellas los marcados intereses políticos
de la MUD/G4 que no han permitido hasta ahora tener una oposición unida para
concertar la salida del régimen. De allí las declaraciones del Secretario de
Estado norteamericano Mike Pompeo. Este es el tipo de soluciones que se le
imponen desde afuera a las partes cuando nadie se pone de acuerdo y se acelera
el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Para que se imponga una
agenda como esta es necesario que la Comunidad Internacional se convenza que
esta solución pacifica, constitucional y electoral es de muchísima mayor fuerza
y calidad, con resultados en estabilidad de largo plazo, que la que está
planteando el régimen y su oposición con un adelanto de elecciones
parlamentarias y posiblemente presidenciales. Un plebiscito restituye de
inmediato la legitimidad de las instituciones con una garantía de continuidad
constitucional. Un plebiscito que garantice la finalización constitucional del
régimen de Maduro, con una negociación previa de los términos de salida, le
daría continuidad legítima a la presidencia interina de Juan Guaidó Márquez
para conformar gobierno y convocar en su momento elecciones libres.
Es posible que surjan muchas
dudas y preguntas acerca de este planteamiento al país, incluso que es
igualmente una negociación, cuando hemos dicho infinidad de veces que no
queremos negociar con el régimen. Y eso sería cierto. Pero la alternativa es
sacarlos a la fuerza y eso es lo que no quieren hacer quienes nos pueden
ayudar. Y créanme que es lo que he recomendado hacer desde el inicio. Esta
alternativa representa reconocer que se requiere determinar con esos criminales
los términos para que abandonen el secuestro que tienen de Venezuela. Esto es
lo que hacen las autoridades antes de proceder a entrar cuando se presenta una
situación de rehenes, que es la que ahora tenemos en el país.
Por otro lado estamos seguros
que existirán muchas opiniones diferentes acerca de como se deben establecer
las garantías. Sin conocerlas, todas son válidas. Arriba solo mencionamos
algunas obvias, pero se debe dejar a quienes sean los designados para negociar,
el margen necesario para moverse con los detalles para que esto pueda
funcionar. Lo mas importante es que avancemos hacia una solución que ponga a
todos los venezolanos a decidir su futuro, y que nuestro destino no sea
determinado en un dialogo a espaldas de la nación, para que la solución pueda
ser duradera y estable.
Caracas, 9 de Junio de 2019
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
