Por Luis Manuel Aguana
No ha sido una sino varias veces que nos han preguntado si
tenemos una propuesta constitucional que hacer en el caso de la discusión del
tema de la reestructuración del Estado en una posible y necesaria ANC. Y la
respuesta ha sido invariablemente la misma: No, pero si unos lineamientos para
la discusión porque ese es un tema que compete a la ANC.
Sin embargo convengo en que si se tuviera un proyecto listo
a ser sometido a la consideración de los ciudadanos constituyentistas, la
discusión iría definitivamente más rápido en la Asamblea Nacional Constituyente.
Pero la idea no es hacer un texto sino construir un Pacto Social de convivencia
que haga perdurable cualquier cosa que se escriba como producto de ese Pacto.
Lo que hace que las constituciones sean cumplidas es la solidez de ese Pacto
institucional, la credibilidad que tengan de el las fuerzas políticas que lo suscriban.
Ese es en realidad el secreto de la duración y el cumplimiento de una
Constitución.
¿Y qué está mal del pacto actual? Que los venezolanos somos
los que llevamos la peor parte como gobernados, teniendo quienes nos gobiernan
la mejor parte. ¿Que trato puede ser bueno si se basa en que el 80% lo maneja
el que administra y el 20% el dueño de la soberanía? El Presidente con su Poder
Ejecutivo administra el 80% de nuestros ingresos por la vía constitucional y el
resto del país solo ve hasta un máximo de 20% a través del Situado
Constitucional (Art. 167.4).
Y de paso de ese 20% que llega a las regiones solo un 20%
llega a las Alcaldías, con lo que los Alcaldes de todo el país se tienen que
apañar con hasta un máximo del 4% del Presupuesto Nacional para hacerle frente
a las demandas del diario vivir ciudadano. ¿Qué clase de pacto es ese? ¿No
debería ser la cosa completamente al revés? ¿No deberían tener las regiones más,
y a su vez Alcaldes, aun mas de ese pedazo? Esto es, 20% el Poder Ejecutivo y
80% las regiones y de ese 80, 20% a las gobernaciones (ahora tienen el 80%) y
las Alcaldías el 80%, esto es el 64% del Presupuesto Nacional, un 60% más que
ahora. Eso sí sería un pacto más justo para todos.
Del pacto actual está
mal que un Presidente decida a su leal saber y entender que hacer con el 80% bajo
su completa discrecionalidad, como ha ocurrido en los últimos 17 años, cuando
antes, al menos esa administración era sometida al escrutinio de un Congreso
que la controlaba. Pero aun así, los administradores, la clase política del
país, decidían a quien le daban y a quién no, cuales proyectos de desarrollo regional
ejecutaban y cuáles no, de acuerdo a las conveniencias políticas del momento.
Ahora simplemente se ha agravado la discrecionalidad porque ahora la chequera
está sin control, drenándose para afuera
del país los recursos de la población para comprar apoyos políticos.
Simplemente ya el pacto no es aceptable para una parte, nosotros los ciudadanos
de este país.
Pero no era solo una cuestión de recursos. El pacto desigual
entre gobernantes y gobernados de la constitución pasada y presente aseguraba
que el gobierno tuviera el suficiente poder para garantizar estabilidad ante un
golpe militar en una naciente democracia. Pero lo que no garantizaba era que
esos gobernantes se enriquecieran como efectivamente lo hicieron, arruinando lo
que se deseaba garantizar. Eso lo demostró –y lo sigue demostrando- Hugo Chávez
en 1992.
Pero, ¿quién construye ese Pacto? ¿Los constitucionalistas?
¡Por Dios, no! ¡Los políticos deben construir ese nuevo Pacto Social! Y eso me recuerda
una anécdota con abogados que viví hace poco más de 20 años, en una de mis más
interesantes experiencias en los negocios internacionales. En esa oportunidad conocí a
un importante hombre de negocios que me citó a una reunión en uno de los
hoteles más exclusivos del mundo en los Estados Unidos.
En la sala de reuniones de la suite presidencial del hotel, el
personaje se presenta con un señor que no abrió la boca en toda la reunión de
negocios. Al hacer la introducción me indica, “este señor es mi abogado. El
oirá todo lo que hablemos y no hablará”. Al escuchar eso le pregunté cual era
la razón. Inmediatamente comprendió y me dijo: “Nosotros discutiremos el
negocio, definiremos los términos y el alcance de lo que deseamos hacer, luego
él pondrá eso en el lenguaje correspondiente y lo constatara con nosotros para
ver si eso se corresponde con lo que acordamos. El no define el negocio, ese es
nuestro trabajo. El de él es hacerlo legal…”. Eso no se me olvidó más nunca.
La anterior anécdota describe lo que significa llegar a un
texto legal, pero con la previsión de acordar antes el pacto que le de estabilidad
y durabilidad a ese texto legal. El Pacto lo definen las fuerzas políticas con
la presencia de los abogados constitucionalistas. Luego estos lo pondrán en el
lenguaje correspondiente en un texto legal llamado Constitución.
¿Y qué cosas, por ejemplo, deberían definirse en ese Pacto?
En primer lugar que los venezolanos acerquemos el Poder a los ciudadanos como
una premisa base fundamental, con el fin
no solo de controlar lo que hacen los gobernantes, sino de hacer verdaderamente
efectiva la democracia. Y no existe mejor manera de hacer eso que balancear el
Poder de quien lo tiene ahora (el Poder Ejecutivo) a quienes no lo tienen (el
Parlamento, las regiones, los Municipios). Por otro lado, así como se define quien
debe tener el Poder, debe definirse de donde salen los recursos para que estos
lo ejerzan a favor del ciudadano. De allí debe partir toda la estructura para
que se garanticen sus derechos. Deberemos, como principio político fundamental,
Federalizar realmente al país. Veamos:
Allan R. Brewer-Carias, citado por la COPRE (1) indicaba en
1982: “Una efectiva descentralización política
administrativa del Estado venezolano, sin duda, requiere de una modificación
constitucional que reformule el esquema de nuestra forma de Estado y establezca
un Estado descentralizado, tomando como base la Federación….La autonomía
política tributaria, financiera y administrativa de los entes territoriales, en
cualquier sistema de descentralización político territorial, está directamente
relacionada con el sistema de distribución de competencias que se establezca. La
autonomía será inútil e inocua, como lo es el caso de Venezuela, si no se tiene
materia sobre la cual ejercerla: ¿De qué sirve que los Estados tengan autonomía
tributaria, si todas las materias imponibles se las ha reservado la
Constitución al Poder Nacional o al ámbito local?; ¿De qué sirve que los
Estados tengan una autonomía financiera y administrativa, si el crédito público
y la inversión del Situado Constitucional, depende de lo que disponga, centralizadamente,
el Poder Nacional?; en fin, ¿Para qué sirve la autonomía política, si el órgano
ejecutivo de los Estados no puede elegirse por la comunidad regional, y si bien
los Diputados a las Asambleas Legislativas son electos, estos, en su actividad,
no tienen, realmente, nada útil que
hacer, por la ausencia de competencias estatales en el corto período de
sesiones? (Nota: esta cita fue hecha antes de las elecciones de
Gobernadores y Alcaldes, pero lo demás permanece válido en la actualidad).
Frente a este panorama
desolador, la Constitución debe ser urgentemente modificada, y por supuesto,
solo dos vías están abiertas para enmendar la estructura organizativa del
Estado: terminar de centralizar el Estado, política y administrativamente, eliminando
los ribetes federales del Estado Unitario, haciendo desaparecer las Asambleas
Legislativas y los Estados mismos, y previendo simplemente demarcaciones
administrativas al Estado central, para
su eventual descentralización funcional y desconcentración, lo que propugnan
muchos; o, en la otra vía, establecer un auténtico sistema de descentralización
político-administrativo del Estado, aprovechando la estructura federal que nos
pertenece por tradición, para construir el Estado por dentro, revitalizando la política,
y la administración regional, y establecer un nuevo federalismo.”
Si era urgente la modificación constitucional que nos llevara
a ese nuevo federalismo en 1982 y no se hizo, imagínense lo urgente que será
ahora en el 2016, después que otra Constitución agravó aún más el problema en
1999. Ese PACTO entonces debe definir de entrada e inmediatamente si escogemos
el primer camino o el segundo, de una vez por todas en los más de 200 años de
vida republicana que tenemos. Y ya vemos donde el primero nos ha conducido.
Pero eso es una DEFINICION POLITICA de hacer realidad el
supuesto federal que todavía gravita en el venezolano. O centralizamos en el Pacto
o descentralizamos. No se puede ser una cosa y otra a la vez, como ha ocurrido
hasta ahora. Hay que interpretar el sentimiento nacional para poder llegar a
eso. Una vez definido, lo demás serán los derechos que la actual constitución
nos garantiza y que estarían ahora inmersos en una estructura federal de
gobierno, así como la redefinición de la nueva estructura federal para los
Poderes Públicos, descentralizándolos a favor de los Municipios, que son las entidades
más cercanas al Ciudadano . Ya eso es la labor de los Constitucionalistas, como
en el caso del abogado de la anécdota, consecuencia de una decisión política.
Un nuevo Pacto Social que beneficie al Ciudadano frente a
los gobiernos será tan perdurable como la constitución que lo contenga. Quedara
de nosotros entender la dimensión política que conlleva eso y sus implicaciones.
Es por esa razón que a esa Asamblea Nacional Constituyente deberán llegar
constructores de país, no simples buscadores de cargos públicos ni políticos electoralistas.
De eso dependerá el bienestar de nuestras nuevas generaciones…
Caracas, 24 de Abril de 2016
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
(1) Constitución y Reforma, Proyecto de Estado Social y
democrático de derecho, Comisión para la Reforma del Estado, COPRE, Págs.
91-92, ISBN: 980-6120-26-4, Agosto 1991
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