domingo, 24 de abril de 2016

Pacto y Constitución

Por Luis Manuel Aguana

No ha sido una sino varias veces que nos han preguntado si tenemos una propuesta constitucional que hacer en el caso de la discusión del tema de la reestructuración del Estado en una posible y necesaria ANC. Y la respuesta ha sido invariablemente la misma: No, pero si unos lineamientos para la discusión porque ese es un tema que compete a la ANC.

Sin embargo convengo en que si se tuviera un proyecto listo a ser sometido a la consideración de los ciudadanos constituyentistas, la discusión iría definitivamente más rápido en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la idea no es hacer un texto sino construir un Pacto Social de convivencia que haga perdurable cualquier cosa que se escriba como producto de ese Pacto. Lo que hace que las constituciones sean cumplidas es la solidez de ese Pacto institucional, la credibilidad que tengan de el las fuerzas políticas que lo suscriban. Ese es en realidad el secreto de la duración y el cumplimiento de una Constitución.

¿Y qué está mal del pacto actual? Que los venezolanos somos los que llevamos la peor parte como gobernados, teniendo quienes nos gobiernan la mejor parte. ¿Que trato puede ser bueno si se basa en que el 80% lo maneja el que administra y el 20% el dueño de la soberanía? El Presidente con su Poder Ejecutivo administra el 80% de nuestros ingresos por la vía constitucional y el resto del país solo ve hasta un máximo de 20% a través del Situado Constitucional (Art. 167.4).

Y de paso de ese 20% que llega a las regiones solo un 20% llega a las Alcaldías, con lo que los Alcaldes de todo el país se tienen que apañar con hasta un máximo del 4% del Presupuesto Nacional para hacerle frente a las demandas del diario vivir ciudadano. ¿Qué clase de pacto es ese? ¿No debería ser la cosa completamente al revés? ¿No deberían tener las regiones más, y a su vez Alcaldes, aun mas de ese pedazo? Esto es, 20% el Poder Ejecutivo y 80% las regiones y de ese 80, 20% a las gobernaciones (ahora tienen el 80%) y las Alcaldías el 80%, esto es el 64% del Presupuesto Nacional, un 60% más que ahora. Eso sí sería un pacto más justo para todos.

Del  pacto actual está mal que un Presidente decida a su leal saber y entender que hacer con el 80% bajo su completa discrecionalidad, como ha ocurrido en los últimos 17 años, cuando antes, al menos esa administración era sometida al escrutinio de un Congreso que la controlaba. Pero aun así, los administradores, la clase política del país, decidían a quien le daban y a quién no, cuales proyectos de desarrollo regional ejecutaban y cuáles no, de acuerdo a las conveniencias políticas del momento. Ahora simplemente se ha agravado la discrecionalidad porque ahora la chequera está sin control, drenándose para  afuera del país los recursos de la población para comprar apoyos políticos. Simplemente ya el pacto no es aceptable para una parte, nosotros los ciudadanos de este país.

Pero no era solo una cuestión de recursos. El pacto desigual entre gobernantes y gobernados de la constitución pasada y presente aseguraba que el gobierno tuviera el suficiente poder para garantizar estabilidad ante un golpe militar en una naciente democracia. Pero lo que no garantizaba era que esos gobernantes se enriquecieran como efectivamente lo hicieron, arruinando lo que se deseaba garantizar. Eso lo demostró –y lo sigue demostrando- Hugo Chávez en 1992.

Pero, ¿quién construye ese Pacto? ¿Los constitucionalistas? ¡Por Dios, no! ¡Los políticos deben construir ese nuevo Pacto Social! Y eso me recuerda una anécdota con abogados que viví hace poco más de 20 años, en una de mis más interesantes experiencias en los negocios  internacionales. En esa oportunidad conocí a un importante hombre de negocios que me citó a una reunión en uno de los hoteles más exclusivos del mundo en los Estados Unidos.

En la sala de reuniones de la suite presidencial del hotel, el personaje se presenta con un señor que no abrió la boca en toda la reunión de negocios. Al hacer la introducción me indica, “este señor es mi abogado. El oirá todo lo que hablemos y no hablará”. Al escuchar eso le pregunté cual era la razón. Inmediatamente comprendió y me dijo: “Nosotros discutiremos el negocio, definiremos los términos y el alcance de lo que deseamos hacer, luego él pondrá eso en el lenguaje correspondiente y lo constatara con nosotros para ver si eso se corresponde con lo que acordamos. El no define el negocio, ese es nuestro trabajo. El de él es hacerlo legal…”. Eso no se me olvidó más nunca.

La anterior anécdota describe lo que significa llegar a un texto legal, pero con la previsión de acordar antes el pacto que le de estabilidad y durabilidad a ese texto legal. El Pacto lo definen las fuerzas políticas con la presencia de los abogados constitucionalistas. Luego estos lo pondrán en el lenguaje correspondiente en un texto legal llamado Constitución.

¿Y qué cosas, por ejemplo, deberían definirse en ese Pacto? En primer lugar que los venezolanos acerquemos el Poder a los ciudadanos como una premisa base  fundamental, con el fin no solo de controlar lo que hacen los gobernantes, sino de hacer verdaderamente efectiva la democracia. Y no existe mejor manera de hacer eso que balancear el Poder de quien lo tiene ahora (el Poder Ejecutivo) a quienes no lo tienen (el Parlamento, las regiones, los Municipios). Por otro lado, así como se define quien debe tener el Poder, debe definirse de donde salen los recursos para que estos lo ejerzan a favor del ciudadano. De allí debe partir toda la estructura para que se garanticen sus derechos. Deberemos, como principio político fundamental, Federalizar realmente al país. Veamos:

Allan R. Brewer-Carias, citado por la COPRE (1) indicaba en 1982: “Una efectiva descentralización política administrativa del Estado venezolano, sin duda, requiere de una modificación constitucional que reformule el esquema de nuestra forma de Estado y establezca un Estado descentralizado, tomando como base la Federación….La autonomía política tributaria, financiera y administrativa de los entes territoriales, en cualquier sistema de descentralización político territorial, está directamente relacionada con el sistema de distribución de competencias que se establezca. La autonomía será inútil e inocua, como lo es el caso de Venezuela, si no se tiene materia sobre la cual ejercerla: ¿De qué sirve que los Estados tengan autonomía tributaria, si todas las materias imponibles se las ha reservado la Constitución al Poder Nacional o al ámbito local?; ¿De qué sirve que los Estados tengan una autonomía financiera y administrativa, si el crédito público y la inversión del Situado Constitucional, depende de lo que disponga, centralizadamente, el Poder Nacional?; en fin, ¿Para qué sirve la autonomía política, si el órgano ejecutivo de los Estados no puede elegirse por la comunidad regional, y si bien los Diputados a las Asambleas Legislativas son electos, estos, en su actividad, no tienen, realmente,  nada útil que hacer, por la ausencia de competencias estatales en el corto período de sesiones? (Nota: esta cita fue hecha antes de las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, pero lo demás permanece válido en la actualidad).

Frente a este panorama desolador, la Constitución debe ser urgentemente modificada, y por supuesto, solo dos vías están abiertas para enmendar la estructura organizativa del Estado: terminar de centralizar el Estado, política y administrativamente, eliminando los ribetes federales del Estado Unitario, haciendo desaparecer las Asambleas Legislativas y los Estados mismos, y previendo simplemente demarcaciones administrativas  al Estado central, para su eventual descentralización funcional y desconcentración, lo que propugnan muchos; o, en la otra vía, establecer un auténtico sistema de descentralización político-administrativo del Estado, aprovechando la estructura federal que nos pertenece por tradición, para construir el Estado por dentro, revitalizando la política, y la administración regional, y establecer un nuevo federalismo.”

Si era urgente la modificación constitucional que nos llevara a ese nuevo federalismo en 1982 y no se hizo, imagínense lo urgente que será ahora en el 2016, después que otra Constitución agravó aún más el problema en 1999. Ese PACTO entonces debe definir de entrada e inmediatamente si escogemos el primer camino o el segundo, de una vez por todas en los más de 200 años de vida republicana que tenemos. Y ya vemos donde el primero nos ha conducido.

Pero eso es una DEFINICION POLITICA de hacer realidad el supuesto federal que todavía gravita en el venezolano. O centralizamos en el Pacto o descentralizamos. No se puede ser una cosa y otra a la vez, como ha ocurrido hasta ahora. Hay que interpretar el sentimiento nacional para poder llegar a eso. Una vez definido, lo demás serán los derechos que la actual constitución nos garantiza y que estarían ahora inmersos en una estructura federal de gobierno, así como la redefinición de la nueva estructura federal para los Poderes Públicos, descentralizándolos a favor de los Municipios, que son las entidades más cercanas al Ciudadano . Ya eso es la labor de los Constitucionalistas, como en el caso del abogado de la anécdota, consecuencia de una decisión política.

Un nuevo Pacto Social que beneficie al Ciudadano frente a los gobiernos será tan perdurable como la constitución que lo contenga. Quedara de nosotros entender la dimensión política que conlleva eso y sus implicaciones. Es por esa razón que a esa Asamblea Nacional Constituyente deberán llegar constructores de país, no simples buscadores de cargos públicos ni políticos electoralistas. De eso dependerá el bienestar de nuestras nuevas generaciones…

 Caracas, 24 de Abril de 2016

Twitter:@laguana

(1)     Constitución y Reforma, Proyecto de Estado Social y democrático de derecho, Comisión para la Reforma del Estado, COPRE, Págs. 91-92, ISBN: 980-6120-26-4, Agosto 1991