Por Luis Manuel Aguana
Ya es
pública, notoria y comunicacional la intención del régimen de adelantar las
elecciones que constitucionalmente están establecidas para el 2018,
independientemente del resultado del llamado dialogo en República Dominicana.
Se ha confundido el deseo de salir de este régimen lo antes posible, con el
deseo de cambiar constitucionalmente a un gobierno, y son dos cosas
completamente diferentes.
El
régimen está usando ese primer deseo de los venezolanos para continuar en el
poder, utilizando los medios que ya conocemos de secuestro de la institución
electoral, la propensión natural del venezolano de votar como medio de cambio
político pacífico legítimo, y una oposición entregada que usa el argumento
electoral como chantaje para continuar aprovechándose de los espacios
opositores, indicando que esa es la única manera de solucionar de manera
pacífica el problema político de los venezolanos. Esa confluencia de factores
tiene como resultado que los venezolanos no hayamos podido escapar de esta
trampa que lleva casi 20 años.
Los
venezolanos hemos caído de nuevo en el dilema equivocado entre votar o no votar,
llevados a eso astutamente por este régimen, cuando en realidad la disyuntiva
está entre aceptar o no aceptar una solución engañosa a la crisis venezolana.
Por un lado el gobierno desea que los opositores no voten porque tienen una
población de rehenes chantajeados por comida que si votarán por él, y por otro
lado la oposición oficial disminuida por su condición de colaboracionista
intentando sobrevivir, tratando de convencernos que si vayamos a hacerle el
juego a este régimen, porque “esa es la única manera constitucional, pacífica y
electoral para cambiarlo”. Resultado: de vuelta al círculo vicioso de
legitimación en las urnas de unos delincuentes por seis años más. Me resisto a
creer que estemos condenados a eso sin ninguna salida.
Y cuando
digo que son dos cosas diferentes salir de este régimen lo antes posible y
cambiar constitucionalmente a un gobierno, fundamento mi apreciación en que
ninguna elección en Venezuela, adelantada o no, es válida si esta se realiza en
el marco de una Asamblea Nacional Constituyente erigida de manera
inconstitucional, y que pretende constituirse en un suprapoder por encima del
poder electoral venezolano para convocar elecciones. Cualquier cosa que salga
de ella, ya sean decisiones, decretos, leyes, llamados a elecciones,
designación de funcionarios, etc., son írritos, nulos e inválidos por más que
los pseudo opositores de la MUD se los avalen. Por lo tanto no podemos continuar
la vida institucional de Venezuela sin antes desmontar ese mamotreto que impuso
el régimen para perpetuarse en el poder.
Cualquier
discusión en torno a elecciones que no tome en cuenta ese pequeñísimo detalle
es por decir lo menos, colaboracionista. Entonces no es que digamos “No y Si” a
las elecciones presidenciales, como señala el Padre Luis Ugalde en su última
disertación (Ver No y Si de las elecciones presidenciales, en http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/las-elecciones-presidenciales_221353),
es que NO se pueden hacer elecciones en Venezuela si antes no desaparece esa Asamblea
Nacional Constituyente inconstitucional, punto.
Me
pregunto porque importantes analistas políticos como el mencionado dejan de
lado sin discutir ese “pequeño” detalle cuando ese es precisamente el problema
que tenemos en Venezuela. ¿Es que pretenden tolerarlo y convivir con eso, en el
supuesto caso llegaran a ganar? Creo que la razón reside en que muchos
venezolanos creen –y algunos con buenas intenciones- que pueden lograr cambiar
un régimen de las características del actual solamente con elecciones, cuando
lo que hace falta es una propuesta alternativa que aplique un procedimiento de
restablecimiento constitucional que desarrolle a cabalidad los Artículos 333 y
350 de la Constitución.
Y ese es precisamente es el planteamiento de
la Alianza Nacional Constituyente. ¿Quién es el UNICO que puede desmontar políticamente el parapeto
constituyente de Maduro? El Soberano Pueblo de Venezuela, a quien le fue
conculcado ese derecho el 1ro de Mayo de 2017 con los Decretos
inconstitucionales 2.830 y 2.831. Y solamente el Soberano puede desmontarlo
mediante una Consulta Popular a la que debe ser llamado por todas las fuerzas
vivas de la Nación, especialmente la Iglesia y las Universidades, las dos
instituciones de más credibilidad del país y que pueden conformarse como los
ductores principales de la solución.
Ya la Iglesia Católica se pronunció en ese
sentido el 12 de Enero 2018 en su Exhortación Pastoral “Dios
Consolará a su Pueblo”, exponiendo que la sociedad civil “asuma su vocación de ser sujeto social con sus
capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el
rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).”
(Nro. 6 de la Exhortación Pastoral http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/273-exhortacion-de-la-cev-en-ocasion-de-celebrar-su-cix-asamblea-ordinaria-plenaria-dios-consolara-a-su-pueblo-isaias-49-13).
La Alianza Nacional Constituyente asumió completamente ese planteamiento y
tomado acciones para ese llamado, con la intención de hacerlo realidad porque
creemos seriamente que esa es la vía correcta para la recuperación de
Venezuela.
Entonces
esta Consulta Popular que planteamos no puede ser vista como una mera consulta
inocua en la que resultó la consulta del 16J, ni puede ni debe ser comparada
con ella. Forma parte de un procedimiento de restablecimiento constitucional
basado en los Artículos 5, 70, 333, 347, 348 y 350 que a) solicita el
desmontaje de una Constituyente no convocada por su legitimo depositario, el
Pueblo de Venezuela y anulación de todos sus actos ilegítimos; b) pregunta al
Pueblo si quiere o no una Constituyente con bases legitimas de amplia
participación; c) empodere al Constituyente para una renovación inmediata de
los Poderes Públicos, comenzando por el Poder Ejecutivo, y estableciendo un
Gobierno de Transición y Unidad Nacional, que termine con elecciones generales
en el marco de una nueva Constitución.
La
presión nacional e internacional derivada de tal planteamiento conduciría a la
convocatoria de tal Consulta Popular antes que dar paso a unas elecciones con
resultados cantados a favor del régimen, si es que esta es acogida por todos
los sectores que rechazamos unas elecciones presidenciales que no resolverán la
grave crisis por la que atravesamos los venezolanos y ni restituirá el Estado
de Derecho en Venezuela.
Deseamos
asimismo que la comunidad internacional acoja y presione por esta solución como
la salida constitucional que están pidiendo para obligar al régimen a contarse
debidamente y que definirá el futuro político del país, y no unas elecciones
que dejan fuera a mas de 4 millones de venezolanos que prácticamente han huido
de Venezuela y que no serán contabilizados en ese proceso electoral tramposo
del CNE, pero si en una Consulta que los convoque. Esta solución desmonta el
suprapoder inconstitucional inventado por el régimen y pone de nuevo al país en
un estado de gobernabilidad inmediato, para el comienzo de una etapa de
reconciliación, reencuentro y reconstrucción del país.
Esta
agenda alternativa para Venezuela es una solución constitucional, pacífica, electoral
y democrática que contraponemos al dilema de votar o no votar que nos están
imponiendo desde el régimen y su oposición entregada como la única solución de
la crisis. Los venezolanos creemos en el voto pero también creemos, como dijo
Aquiles Nazoa, en los poderes creadores del Pueblo. Hagamos efectiva esa
esperanza inmediatamente.
Caracas,
3 de Febrero de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
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