Por Luis Manuel Aguana
Mucho ha sucedido en este medio año sin Nicolás Maduro Moros en el poder. Y a la luz de los acontecimientos de estos meses, confieso que me he equivocado en la apreciación de la realidad; y que era necesario que las aguas se tranquilizaran un poco para ver el fondo. Deseo comenzar explicando que la palabra “tutelaje”, tal y como la hemos venido utilizando, no es la que mejor se aplica actualmente a la situación venezolana y la hemos usado erróneamente. Veamos porqué.
Desde el 3 de enero, fecha de la extracción de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores por la fuerza militar de los Estados Unidos, los venezolanos hemos estado creyendo que los EEUU habían “intervenido militarmente” en nuestro territorio; y a partir de ese momento Venezuela se había convertido en un país ocupado por una fuerza extranjera y el régimen gobernante impuesto por la fuerza invasora se había automáticamente convertido en títere de los EEUU, y este en consecuencia en su tutor. Y esto, aunque en la práctica haya sido así, no es en realidad lo que sucedió.
Ciertamente, los militares venezolanos depusieron sus armas ante una fuerza imposible de detener, y cuya amenaza clara y abierta seguía pendiendo sobre las cabezas de quienes sucedieron a Maduro en el poder. El mismo presidente de los EEUU declaró ante los medios el mismo día de la Operación Resolución Absoluta que su gobierno “administraría a Venezuela” (“We're going to run the country”, Trump dixit).
Ahora bien, esas palabras del presidente de los EEUU se quedaron en la mente de todos como si en realidad los EEUU nos hubiera invadido, cuando en realidad lo que sucedió técnicamente, de acuerdo a las explicaciones que le dieron a su propio Congreso, fue “una operación de aplicación de la ley respaldada por fuerzas militares (law enforcement/military extraction operation)”. Y que “Se enmarcó dentro de las acciones de la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) y la lucha antinarcóticos del Comando Sur y el Departamento de Justicia”.
Si en realidad se hubiera ejecutado una operación militar como la realizada en Irak en 2003, con el respectivo permiso del Congreso norteamericano, esto es, si hubiera existido para Venezuela una AUMF como la de 2002 en contra de Irak (Authorization for Use of Military Force Against Iraq, Resolution of 2002), ese cuento de “We’re going to run the country” fuera legalmente válido en los EEUU.
¿A dónde quiero llegar? Que la única manera que tienen los EEUU de forzar a las autoridades venezolanas a cumplir sus órdenes desde la Casa Blanca es la coacción. De acuerdo al DRAE: “Coacción: 1. f. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo”. En otras palabras, en Venezuela no hay tutelaje, lo que hay es coacción.
Imagino las toneladas que deben pesar los expedientes de cada uno de quienes conforman la trilogía del poder en Venezuela, que ya son públicos, notorios y comunicacionales, para que no les pase lo mismo que a Maduro y la razón por las que Delcy Rodríguez y sus delincuentes en su gabinete aún se encuentren en el poder.
Y esta también es la razón por la cual cualquier alternativa distinta al poder ejecutivo en Venezuela, como la que muchos hemos solicitado públicamente de una Junta de Gobierno de Transición, no tiene en absoluto ningún sentido para los EEUU, porque ella no estaría en la misma posición de recibir las mismas órdenes, ni estarían sujetas a la misma coacción. Y la explicación es simple y se resume en el siguiente párrafo:
“La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por sí sola, no implica automáticamente que Estados Unidos pueda jurídicamente actuar en Venezuela como si hubiera realizado una invasión y una ocupación militar. Si la Administración fundamentó la operación como una misión limitada de aplicación de la ley, esa caracterización restringe las facultades que puede derivar de ella. Para justificar acciones equivalentes a las de una potencia ocupante, sería necesario apoyarse en hechos y fundamentos jurídicos adicionales, cuya suficiencia seguiría siendo objeto de debate tanto en el derecho constitucional estadounidense como en el derecho internacional” (ver conversación con ChatGPT, en https://chatgpt.com/share/6a7524a6-cf10-83ea-8f3b-7928c368b16b).
En otras palabras, la Administración Trump no se puede justificar legalmente en los EEUU como si hubiera invadido militarmente el país, pero si puede coaccionar a los actuales gobernantes venezolanos de aplicarles lo mismo que le hicieron a Maduro, respaldados por el mismo razonamiento jurídico. Pero si lo hacen, la coacción termina. Tremendo problema para nosotros.
Pero también es esa la razón de la “fuerza” que mantiene semi amarrados a los perros de la represión política dentro del país y sentados en la misma mesa a los restos del régimen de Maduro con una oposición que no representa a nadie, porque ellos también están tan coaccionados como el régimen. Después de haberse llevado los reales del USAID, ustedes me dirán si también la “oposición” del dúo PJ-VP no deben también rendir cuentas a la Administración Trump por eso.
Resulta paradójico que la razón de la corrupción y crímenes de ambas partes sea el pegamento que los tiene unidos para “resolver” la crisis política de Venezuela en una mesa de negociación, que definitivamente no es tal. Es una mesa de cumplimiento de órdenes bajo coacción.
¿Es esa la única vía para resolver el problema de Venezuela? ¿Reuniendo a la fuerza a los delincuentes responsables y corresponsables del desastre y dictarles lo que tienen que hacer? Aunque pueda verse válida, esa no puede ser una buena manera de comenzar una nueva era de democracia y libertad. Pero los EEUU no podrían, por las razones antes expuestas, decidir un curso político diferente, salvo que se decidan formal y abiertamente a intervenir militarmente en el país, buscando en su país la legalidad de tal acción.
Pero la coacción ha servido también para otra cosa: cambiar las leyes para favorecer los intereses de los EEUU en Venezuela, en especial los petroleros. Era lógico suponer ese curso de acción, aunque eso haya hecho resurgir el sarampión antinorteamericano, siempre latente en una Latinoamérica históricamente izquierdosa. No deja igualmente de ser paradójico que esa decisión favoreciera indirectamente al país frente al regalo de crudo que el régimen había decidido hace años a los cubanos y los chinos. Al menos los EEUU pagan el precio de las facturas petroleras, aunque estén administrando los fondos por esa misma coacción al régimen, sin que los venezolanos tengamos vela en ese entierro. En algún momento estarán obligados a dar cuenta de eso.
Y aprovecho este momento para indicar que los norteamericanos no están aquí por petróleo y otros recursos más allá de las mismas razones por las que estuvieron los cubanos, los chinos, rusos e iraníes. Es claro que desean que las empresas norteamericanas tengan ventajas sobre cualquier otra en nuestros recursos petroleros. Y si los acuerdos realizados con ellos de acuerdo a las leyes son aceptables para las partes y PAGAN por el crudo y los impuestos, ¿cuál es el problema? Creo que esa es una discusión que tomo sesgos ideológicos interesados y que requiere de un marco de negociación aceptado entre ambos países una vez recuperada la legitimidad de todos los poderes públicos venezolanos.
A la luz de esta realidad, donde la coacción es la verdadera razón que sostiene lo que ha sucedido en el país desde el 3 de enero, difícilmente podremos exigirle a los EEUU otra cosa que no sea que termine de llevarse a la justicia norteamericana, por diferentes razones, los restos del régimen de Maduro y a la oposición que los encubrió por 27 años, y que su fuerza en el país se limite a proteger, por convenio y por solicitud, al gobierno venezolano que decidan dejar mientras se realizan elecciones libres, justas y verificables. La Constitución de 1999 habilita a la Asamblea Nacional para realizar tal cosa (Artículo 187.11 CRBV: Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país). De hecho, quizás eso sea lo que tengan en sus planes con los que están siendo coaccionados en una mesa de cumplimiento y yo solo me haya adelantado…
Caracas, 7 de agosto de 2026
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