Por Luis Manuel Aguana
En el momento completamente difuso que existe en Venezuela, donde no se distingue si en realidad vamos o no en el camino correcto, el país político sigue pidiendo elecciones. ¿Son buenas o malas unas elecciones si el plan de 3 fases de los EEUU no se ha completado? ¿Deberían los venezolanos quedarse tranquilos y con los brazos cruzados cuando la soberanía ha pasado por la fuerza a manos de una potencia extranjera, por más que esa potencia sean los EEUU? ¿Son ciertas las advertencias que indican que, si la guerra en el Medio Oriente se agrava, los EEUU nunca permitirán que los venezolanos dispongamos de nuestro petróleo libremente como corresponde?
Estas y un montón de preguntas más sugieren que el limbo político donde nos encontramos forma parte de una transición que comenzó ciertamente el 3 de enero, pero de la cual no se vislumbra final en el corto plazo —ni siquiera en el mediano plazo— si se toma en cuenta el crítico momento geopolítico del mundo.
Y lamentablemente lo único que conoce nuestra clase política muy atrasada es creer que todos nuestros males se resolverán buscando al más popular en unas elecciones, cuyas condiciones no están garantizadas por ningún lado. Solo con mirar que el señor de la servilleta del 28 de julio de 2024, y el resto de los rectores, todavía siguen acomodados en sus puestos en el CNE, con un sistema automatizado y una legislación electoral muertos de la risa, sin cambios en absoluto.
Sin embargo, el problema tiene mucho más fondo. Delcy Rodríguez tiene fecha de caducidad real. La Constitución le da esa caducidad, así el país y la presidente interina se encuentren tutelados por los EEUU debido a un acto de fuerza donde los militares capitularon ante esa potencia en una guerra no declarada que duró menos de 2 horas el 3 de enero de 2026.
De acuerdo al Artículo 234 Constitucional, “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”.
No creo que la Asamblea Nacional del hermano de la presidente interina decida la falta absoluta de Nicolás Maduro Moros hasta que se determine definitivamente su sentencia en el tribunal que le sigue juicio en Nueva York. Si tomamos en cuenta la historia de un juicio similar, el seguido a Manuel Noriega en los Estados Unidos, el mismo duró aproximadamente siete meses, comenzando el 6 de septiembre de 1991 y terminando con el veredicto de culpabilidad el 9 de abril de 1992 en Miami, Florida.
Haciendo un cálculo aproximado con esas fechas, el resultado nos indica que si a Delcy Rodríguez le dan las prórrogas necesarias hasta que el Tribunal de Nueva York sentencie a Maduro, tomando en cuenta que el 3 de julio se cumplen los 90 días y su prórroga, sumándole 7 meses adicionales aproximados al juicio de Maduro, la suma de tiempos pondría para febrero del año 2027 la declaratoria de falta absoluta, dejando como mínimo la obligación constitucional de los hermanos Rodríguez de llamar a elecciones para marzo o abril de 2027.
Pero este es el aspecto meramente constitucional. Sin embargo, es posible que quede para este año la convocatoria a elecciones, si el juicio de Maduro se acorta significativamente. Todo dependerá de qué tan sustanciado se encuentre ese caso y las pruebas en su contra sean lo suficientemente concluyentes para dar un veredicto relativamente rápido.
Los abogados de Maduro han solicitado la desestimación de su caso porque el acusado no puede sufragar los gastos de su defensa. Como muchos saben, los abogados que asisten a Maduro son los más caros en el ramo de defender delincuentes de ese nivel, y difícilmente el enjuiciado tenga con qué pagar con dinero que no sea precisamente el proveniente de los crímenes de los que se le acusa.
Pero yo me pregunto, ¿y todo este juicio ya no le está costando a los contribuyentes norteamericanos un montón de dinero, incluyendo traslados militares, movimiento de tropas de asalto para la extracción de Maduro y de toda una flota de barcos armados a las costas de Venezuela, agentes de la DEA, solo por mencionar los más evidentes? ¿Es que acaso ustedes creen que el juez del caso se va a parar en los gastos minúsculos de un defensor público –en comparación a todo lo que se ha gastado ya– para desestimar un juicio a todas luces necesario para los EEUU, solo porque los abogados no tienen cómo cobrar sus altísimos honorarios? ¡Por favor, un poco menos de insulto a nuestra inteligencia! Maduro y su gente serían unos idiotas —que no lo son— para pensar eso.
Pero volvamos a la situación de la presidente interina. Ese nombramiento de un defensor público retrasaría el caso de Maduro porque los nuevos defensores públicos tendrían que empezar desde cero la defensa del acusado, lo que le agregaría más tiempo a todo el proceso para la declaratoria de falta absoluta del presidente, más allá de marzo o abril de 2027, como ya indicamos, si el juicio de Maduro tarda aproximadamente lo mismo que el de Manuel Noriega, que es la base de cálculo utilizada en esta nota.
Sin embargo, algunos nos preguntamos si existirán elecciones después de ese período. Sí, la Constitución, violada a mansalva por el régimen en 27 años, prevé que, al existir una falta absoluta del presidente, aproximadamente en el 2027, deberían convocarse unas elecciones presidenciales. Pero, si a ver vamos, hablando de lo que seguiría constitucionalmente después de Delcy Rodríguez con la declaración de falta absoluta, ¿no debería ser el reconocimiento de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente de la República, con todo lo que ello implica?
Pues parece que a todos los sectores políticos no les gusta ahora esa opción y piden elecciones después de la declaración de la falta absoluta de Maduro. Pero el problema es que aún nos queda la decisión del tutor, los EEUU, que en virtud de una guerra ganada el 3 de enero, está ejerciendo el poder real en Venezuela. Bien podría, conservando las apariencias constitucionales del caso, alargar la presencia de Delcy Rodríguez u otro personaje conveniente a sus intereses en la presidencia de la República.
Y es allí donde quería llegar. No estamos hablando aquí de democracia, ni de autodeterminación del pueblo venezolano. Estamos hablando de regencia pura y dura de un Estado, los EEUU, sobre otro, Venezuela, y que se desenmascararía abiertamente y con todas sus letras ante los venezolanos, cuando verdaderamente toque decidir si hay o no elecciones, y que solo ocurrirían, pragmáticamente hablando, dependiendo de los intereses del momento de esa potencia. En ese momento deberemos tomar decisiones acerca de la actitud que deberíamos tener ante esa situación: ¿aceptar la regencia o resistirnos a ella?
Este es hasta ahora un tema del que no se habla porque aún no hemos salido de la resaca de la fiesta de la desaparición de Maduro de Venezuela y el comienzo del desmontaje del socialismo del régimen. Pero cuando la resaca termina, hay que volver a nuestro día a día por más imperfecto que sea. Solo nosotros podemos decidir si preferiremos seguir tutoreados o regentados después de la resaca o plantarnos al frente para reclamar nuestra autodeterminación. Chávez, Maduro y su socialismo del siglo XXI nos metieron en una guerra ajena y estas son las consecuencias. Podremos vivir en una tutela “esperando” ingenuamente un proceso electoral que, por la falta absoluta de Maduro, nos devuelva la soberanía. Pero lo que no podemos hacer es dejar esa decisión en el limbo, esperando que eso nos caiga del cielo, solo por la intención “desinteresada” de una potencia. Ese será nuestro siguiente reto…
Caracas, 26 de marzo de 2026
Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/
Email:
luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
No hay comentarios:
Publicar un comentario