Por Luis Manuel Aguana
No será esta la única ni última oportunidad donde recurro a la historia política de Venezuela para resaltar los momentos duros que estamos viviendo y la fragilidad de la memoria, de la que no deberían sufrir quienes pretenden el favor de las mayorías para dirigir el país.
Se le atribuye al filósofo y escritor norteamericano de origen español, George Santayana, la frase “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, que fue luego levemente modificada a “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”. Sin embargo, en el caso venezolano, la cosa es casi patológica. Y no es solo que hayamos olvidado nuestra historia y estemos condenados a repetirla, sino que, a pesar de conocerla bien, deliberadamente no aprendemos de ella, aunque sepamos que la experiencia fue exitosa, y se trate de nuestra propia historia republicana. Y como consecuencia, seguimos tercamente dando tumbos sin dirección específica, de error en error.
El contexto político venezolano cambió drásticamente después del 3 de enero, y lo que era políticamente válido antes de esa fecha dejó de serlo a partir de ella. Sin embargo, mucha dirigencia política, tanto dentro como fuera del país, continuó sus vidas “as usual”, accionando en contra del régimen de Delcy Rodríguez de la misma manera en que antes lo hacían en contra de Maduro. Asombrado, profundicé en ese hecho en una nota publicada el mes siguiente (ver Desafíos políticos de una Venezuela tutelada, en https://ticsddhh.blogspot.com/2026/02/desafios-politicos-de-una-venezuela.html).
¿Y por qué creo que se debe insistir en alertar a la población de ese error? Porque Venezuela ha perdido sus referentes. Se han ido secando paulatinamente las fuentes de donde salía la sindéresis y la seriedad. Esta no es la Venezuela de finales del siglo pasado, donde todavía vivían personajes de la talla de Arturo Uslar Pietri y Ramón J. Velásquez, conocedores y protagonistas como ningunos de la historia contemporánea de Venezuela, que podían salir públicamente en programas de audiencia nacional para alertar de cualquier desviación del camino político que se estaba tomando. Hoy solo contamos con el recuerdo de cómo procedían. Y lo mejor que podemos hacer para honrar la memoria de esos colosos intelectuales es intentar hacer lo mismo, aunque sea muy pequeño en comparación, porque el hueco que dejaron es gigantesco.
Ante la grave pregunta que nos hacemos todos de qué hacer ante la presente situación política del país, nos estamos dejando llevar sin pensar por lo que dicen quienes lideran los bandos, porque al decir de las mayorías, “ellos saben lo que hacen”, sin debate, sin discusión. Solo hay la expresión polarizada “Si no estás conmigo, estás contra mí”. O peor aún: “Si no estás conmigo, estás con el régimen”, sin grises, solo blanco o negro. Y ese fue el mismo razonamiento del chavismo originario que llevó a la completa destrucción de lo que se construyó en la última experiencia democrática de Venezuela. Y eso es inaceptable…
En este largo camino que nos ha llevado una y otra vez a proponer que sea el pueblo venezolano el que decida qué hacer con el país, nos hemos encontrado con múltiples obstáculos, pero a mi juicio uno de los mayores ha sido el aferramiento de los factores políticos a modelos preestablecidos para resolver los problemas del país, pasando por alto que estos modelos ya no se ajustan al contexto político cambiante del entorno. Y uno de esos modelos, el principal, es el electoral.
Una solución electoral debe estar completamente contextualizada al momento político. Y eso fue lo que precisamente ocurrió en 1958, luego del desplazamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Los factores políticos de entonces entendieron su momento y detectaron que no era posible utilizar el marco electoral del antiguo régimen y procedieron a darse uno completamente nuevo. Veamos:
“En Venezuela, en el año 1958 el Acta Constitutiva de gobierno que se constituyó el 23 de enero, dejó en vigencia el régimen constitucional precedente, que era el de la Constitución de 1953, con las modificaciones que la Junta de Gobierno pudiera adoptar no convocándose a una Asamblea Constituyente. En esta decisión, sin duda, había una motivación práctica: convocar elecciones para una Asamblea Constituyente, elaborar una Constitución y luego convocar a elecciones para constituir los nuevos Poderes conforme a la nueva Constitución, era entrar en un proceso que podría romper la propia unidad que se buscaba establecer, la propia tregua política y la despersonalización del debate, y quizás caer en una lucha interpartidista máximo. Por ello, se dejó en vigencia el régimen constitucional de 1953. a pesar de que se haya opinado que lo que debió haber hecho la Junta de Gobierno era derogar la Constitución de 1953 y poner en vigencia la de 1947 y realizar todo el proceso político al amparo de ésta. Sin embargo, esto no se hizo: como señalamos, se dejó en vigencia la Constitución de 1953 y se fue directamente a un proceso electoral, de acuerdo a la Ley Electoral que se había dictado en mayo de ese mismo año 1958 por Junta de Gobierno, a los efectos de elegir al Presidente de la República y a una Asamblea-Congreso que debía elaborar la nueva Constitución”. Por eso, el primer compromiso del Pacto de Punto Fijo fue la defensa de la constitucionalidad, y esta era la establecida en la Constitución de 1953, con las modificaciones establecidas por el Gobierno de facto” (ver Allan R. Brewer-Carías, Constitución de 1961, Enmiendas No 1 y 2, Pág. 14-15, en https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/08/47.-CONSTITUC-1961-ENMIENTS-1-y-2.pdf) (resaltado nuestro).
Como se verá, la ruta finalmente escogida en 1958 no fue la de convocar primero al Constituyente a través de la Junta de Gobierno, ya que, de acuerdo a los factores políticos completamente estructurados de aquel entonces, esa ruta podría romper la frágil unidad y la tregua que se buscaba, evitando la lucha interpartidista. Prefirieron dejar correr la antigua Constitución de 1953 y convocar a elecciones generales de acuerdo a un nuevo Estatuto Electoral, para elegir un nuevo Presidente y una nueva Asamblea-Congreso que redactaría una nueva Constitución.
Y esa ruta funcionaría exactamente igual hoy si existieran unas fuerzas políticas vertebradas y estructuradas, capaces de generar un pacto de convivencia como el Pacto de Punto Fijo debido a la altura política de los partidos existentes en 1958. Esos partidos desaparecieron en estos últimos casi 30 años, convirtiéndose en cascarones vacíos al servicio de una tiranía. Todos los partidos, sin excepción, fueron corrompidos y destruidos por el régimen. La población se encuentra profundamente decepcionada de los partidos políticos y desconfía de la institución partidista, que debe ser sometida a una profunda revisión en una Asamblea Nacional Constituyente.
El hecho de que esta destrucción haya traído como consecuencia el aglutinamiento hacia una única figura de liderazgo político opositor, no desestima, sino que más bien refuerza un cambio en el paradigma, porque estaríamos repitiendo el fenómeno político de Hugo Chávez Frías de 1998, que provocó una Constitución bajo la égida de una sola parcialidad política, que nos condujo a la Constitución de 1999 a la carta del caudillo de turno.
El retroceso político provocado en estos últimos casi 30 años nos ha hecho retroceder más de un siglo. De allí que concluyamos que la ruta correspondiente ahora debe ser la que siempre se había seguido en el país: “convocar elecciones para una Asamblea Constituyente, elaborar una Constitución y luego convocar a elecciones para constituir los nuevos Poderes conforme a la nueva Constitución”.
Este es el camino más ajustado a la actualidad que vive la ruina política del país y se corresponde con la propuesta que ANCO publicó en su último comunicado del 19 de abril, con las variantes correspondientes, que contextualizan la actual realidad política venezolana (ver Comunicado ANCO, 19 de abril de 2026, en https://ancoficial.blogspot.com/2026/04/comunicado-anco-al-pueblo-venezolano-y.html).
En primer lugar, y con la ayuda del regente del país, los EEUU, el país político opositor debe organizarse para convocar a una Consulta Popular Extraordinaria para que el pueblo declare expresamente la ilegitimidad de las presentes autoridades provenientes del mandato usurpado por Nicolás Maduro Moros, preso de la justicia norteamericana, y al mismo tiempo apruebe la designación de una Junta de Gobierno que conduzca una transición. Esa convocatoria está garantizada por el poder de la participación popular establecida en la Constitución de 1999.
En segundo lugar, la conformación con base en nuestra tradición republicana de una Junta de Gobierno con profundo sesgo tecnocrático, ordenada por los mismos venezolanos a través de la Consulta Popular, e “integrada por venezolanos de reconocida capacidad y probada experticia en la administración pública, seleccionados con base en su honestidad y competencia técnica, y no en función de cuotas o compromisos partidistas o económicos”, como se expresa en el comunicado de ANCO. Esto sería exactamente lo que debe seguir luego de la desaparición de Maduro, extraído por los EEUU.
En 1958, esa extracción corrió por cuenta de unas Fuerzas Armadas apegadas a la institucionalidad del país. Sin embargo, la intervención de los EEUU produjo los mismos efectos. Lo que ocurrió el 3 de enero de 2026 tiene, en esencia, las mismas consecuencias políticas de lo que ocurrió el 23 de enero de 1958.
De allí en adelante, esa Junta de Gobierno deberá garantizar lo mismo que la de 1958, con la diferencia de que su mandato no concluiría con unas elecciones generales, sino en una convocatoria constituyente por iniciativa popular. Esto es, establecer un nuevo Estatuto Electoral Ad Hoc, que se ocupe de 2 cosas: la reorganización técnica y operativa del Poder Electoral para garantizar elecciones justas, libres y auténticas; y la organización de unas elecciones constituyentes a la brevedad posible, manteniendo la Constitución de 1999 como marco de referencia y actuación política hasta la promulgación de una nueva Constitución.
Si la actual dirigencia política opositora sigue persistiendo en el error de ir a un proceso electoral con lo que queda del régimen de Nicolás Maduro Moros y sus mismas estructuras electorales, sin antes seguir una ruta como la antes descrita, en lugar de sacarnos del problema, profundizarán y alargarán el sufrimiento de los venezolanos. Por primera vez contamos con la ayuda de la fuerza que se requiere de un tutor para recorrer un camino seguro, que nos garantice la vía del restablecimiento de la constitucionalidad del país.
Por eso el mensaje de ANCO dirigido a la Comunidad Internacional y a los EEUU en particular, en función del tutelaje que este ejerce sobre Venezuela: “ANCO hace un llamado formal y urgente a la comunidad internacional y, de manera particular, a los Estados Unidos de América, en su condición de potencia con tutelaje reconocido sobre el proceso venezolano desde el pasado 3 de enero, a que desplieguen toda su influencia en los ámbitos correspondientes, con el fin de que el pueblo venezolano ejerza su soberanía popular y conduzca su proceso de restauración democrática y republicana, en los términos esbozados”. Tal vez esta sea la última oportunidad de recuperar la sindéresis y la seriedad…
Caracas, 21 de abril de 2026
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