lunes, 7 de septiembre de 2026

El insostenible maletinazo petrolero

Imagen resumen de la nota cortesía de AI Google Gemini

Por Luis Manuel Aguana

Versión en inglés

Antes de ir al fondo de lo que realmente quiero destacar en esta nota acerca del cuestionado acuerdo petrolero “con los EEUU” (coloco este término entre comillas y lo explicaré más abajo) que ha causado revuelo nacional e internacional, deseo primero poner un orden en las ideas para poder analizar adecuadamente esta situación.

De acuerdo a la Hoja Informativa (Fact Sheet) anunciada por la Casa Blanca el pasado 31 de agosto, el gobierno de los EEUU firmó un acuerdo con una empresa privada que logró una concesión petrolera con el régimen de Delcy Rodríguez (ver Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, The White House, August 31, 2026, en https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/).

Esta empresa, de nombre North American Blue Energy Partners (NABEP), de acuerdo a las informaciones que corren por las redes sociales, es propiedad del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, buscado en varios países de Europa por lavado de activos. Pero esa es otra historia…

La Hoja Informativa de la Casa Blanca solo señala los términos del acuerdo de EEUU con NABEP, sin mencionar —no tenían por qué hacerlo— lo que a su vez está acordado entre NABEP y el Estado venezolano. Esto es, los términos de las concesiones acordadas que cocinó el “rodrigato” con un delincuente buscado internacionalmente, aunque a través de la misma Hoja Informativa publicada se puede derivar que NABEP obtuvo del régimen de Delcy Rodríguez, en el marco de la nueva Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.978 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2026, concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.

Lo primero entonces que hay que destacar aquí es que el famoso “acuerdo” no está firmado entre el régimen y los EEUU, sino entre los EEUU y una empresa de maletín que fundó el Sr. Betancourt, que obtuvo unas concesiones petroleras del régimen venezolano, y de allí que colocara entre comillas el acuerdo “con los EEUU”. Los términos de ese acuerdo entre los EEUU y NABEP pueden decir “misa” como decían los viejos en mis tiempos de infancia, y en principio no nos afectarían. Lo que sí es importante a los fines del próximo futuro venezolano es la validez de lo que sí pudo firmar un régimen ilegítimo con un delincuente internacional.

Tal fue el salto atrás al que nos ha llevado la destrucción institucional del país de estos delincuentes que han desgobernado Venezuela, que el régimen de los Rodríguez modificó la Ley de Hidrocarburos para romper el monopolio del Estado venezolano para la explotación de nuestros hidrocarburos, al punto de poder concesionar directamente a empresas privadas.

Y eso no es malo en sí mismo porque, en los hechos, hemos regresado al esquema de las concesiones que realizaba el dictador Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX, quien otorgaba a sus más allegados estos contratos para que ellos a su vez las traspasaran a empresas y corporaciones internacionales, como la Standard Oil de New Jersey, adjudicándole a sus allegados los mejores lotes del territorio nacional para que se  enriquecieran conjuntamente con el gobernante de la noche a la mañana.

Digo que no es que no fuera necesario romper el monopolio del Estado venezolano sobre el petróleo, sino el cómo fue el primer paso para realizarlo. Y conociendo la trayectoria de los delincuentes que aún se encuentran gobernando a Venezuela, la manera no podía ser otra: un maletinazo petrolero con testaferros conocidos.

Nada más alejado de sus intenciones hacerlo a través de una licitación pública internacional, ofreciendo el lomito que se le adjudicó en concesión a NABEP por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”.

Allí pudieron perfectamente participar ExxonMobil o ConocoPhillips o todas las grandes del abanico petrolero mundial. Y cualquier deuda que el Estado venezolano pudiera tener con ellas se podía resolver sin problemas entre las partes dentro de la negociación.

Pero muchos de ustedes se preguntarán: ¿y cómo vendrían a participar en esa licitación si Venezuela aún carece de un Estado de derecho reconocido y un gobierno completamente ilegítimo que no puede garantizar inversiones como las que se plantea la recuperación de la producción petrolera venezolana? Y la respuesta es precisamente: NO SE PUEDE. Lo cual nos lleva a la secuencia trancada del plan de Trump-Rubio. No se puede recuperar económicamente a Venezuela sin que exista una transición política que lleve a un gobierno legítimo en Venezuela. Punto.

Este acuerdo entre NABEP-EEUU posterior a la concesión NABEP-Rodrigato NO ES SOSTENIBLE porque el primero depende del segundo y el segundo, la concesión, es revocable cuando exista un gobierno legítimo en Venezuela, así haya que negociar los costos de salida.

La única manera de que el presidente Trump pueda decir en una rueda de prensa que tiene el control sobre el petróleo venezolano, como ya lo ha dicho, es INVADIENDO AL PAÍS. De resto, lo que tiene es la coacción sobre los “extraíbles” para hacer la chapuza que terminaron de hacer con Alejandro Betancourt. Recuerden que la Administración Trump nunca ha admitido en su país una invasión a Venezuela el 3 de enero, sino una operación policial con apoyo militar.

Solo una invasión militar le permitiría a Trump decir lo que dice y garantizar por las armas que los 100 billones de dólares que se requieren invertir en nuestra industria petrolera los pongan las empresas petroleras más grandes y consolidadas con las garantías y la protección adecuada. De resto, deberán pedírselas a Betancourt y a Delsy… ¡Suerte con eso!

Muchos venezolanos continúan escandalizados porque los EEUU “nos están robando” el petróleo con ese “acuerdo”. Tranquilícense, no lo pueden hacer, ni siquiera con esa concesión chimba otorgada a NABEP. A menos que tengan los reales para movilizar eso a los niveles que esperan los EEUU en esa Hoja Informativa, y no los tienen… Y esto me lleva a lo que realmente es mi interés al escribir esta nota: lo que viene después.

Ninguna administración presente o futura de los EEUU puede esperar que un gobierno serio, producto de la voluntad popular en Venezuela, ratifique la concesión otorgada a la empresa de maletín de Betancourt. Lo menos que podría hacer es expropiarla por causa de utilidad pública y renegociar los términos que esa empresa sostuvo con los EEUU, si es que se decide mantener la concesión, en especial su alcance y duración.

Nadie pone en duda el interés histórico de Venezuela de mantener relaciones comerciales con los EEUU y más aún en el sector petrolero. Lo que no puede existir es una relación de subrogación de los intereses venezolanos a los de EEUU mediante un acuerdo que lesiona la soberanía del país.

Si lo que buscaba el presidente Trump era un impacto mediático cortoplacista con el supuesto aumento de la “reserva estratégica petrolera” de los EEUU, por motivos electorales, los hechos han demostrado que logró todo lo contrario. No hay tal “aumento”, ya que en la práctica ese acuerdo no se pondrá en marcha sin el dinero que requiere moverlo, y menos todavía a mes y días de las elecciones de medio término.

Creo que el presidente Trump lograría muchísimo más con su electorado latino en los EEUU si terminara de “extraer” lo que queda del régimen de Maduro, promoviendo una Junta de Gobierno de Transición hasta que ocurran elecciones libres, justas y verificables en Venezuela. Ojalá que el secretario de Estado Marco Rubio, quien es el que ha entendido con más claridad desde hace mucho tiempo la situación política venezolana de cara a los EEUU, pueda hacer reflexionar y corregir ese error cometido por la Administración Trump en Venezuela, para el beneficio futuro de ambas naciones.

Caracas, 7 de septiembre de 2026

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